Rosario está cerca
Rosario está cerca
En ocho días los tucumanos se toparon de bruces con un duro presente. Dos supuestos “narcos” (José Antonio “Pico” Peralta y “La Gorda” Noelia) denunciaron que la Policía los detuvo para extorsionarlos. En Chaco se incautaron más de 100 kilos de marihuana que tenían como destino la provincia. El juez federal Fernando Poviña pronosticó que si no se toman medidas, estas tierras se transformarán en un nuevo Rosario. Y lo que es peor aún, los dirigentes políticos, con tantas idas y vueltas, demostraron que no hicieron un buen diagnóstico de la situación y, por ende, la solución que plantearon quedó cerca del papelón.

El magistrado había sugerido que la provincia se declare en emergencia para poder luchar contra el narcotráfico. Pensó en Rosario porque esa es una ciudad donde el narcotráfico creció de manera exponencial ante la inacción del Estado. Poviña estimó que con esta herramienta legal, en un acuerdo histórico con la Nación, la provincia podría tener cinco fuerzas (Policía local, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval) trabajando bajo el mando de una sola cabeza; fortalecer con recursos humanos a la justicia federal y provincial; gestionar la construcción de un penal federal para acabar con la crisis carcelaria y crear centros de atención para adictos.

El planteo de Poviña tiene su razón de ser. Casi no existe comunicación entre las fuerzas y mucho menos, intercambio de datos. El hallazgo de droga que hace una, puede poner en peligro la investigación de otra. En el fuero federal, sólo dos juzgados, que también atienden cuestiones previsionales, impositivas, ambientales y de lesa humanidad, por citar algunas, están sobrepasados. Y es una quimera pensar que la Justicia ordinaria será competente en las causas de narcomenudeo porque, como asegura la fiscala Adriana Giannoni, el Poder Judicial no cuenta con los elementos para hacer exámenes toxicológicos a 30 personas, mucho menos podrá hacer pruebas de campo a la droga que se secuestre, por ejemplo.

El juez federal desnudó las paradojas del discurso de Mauricio Macri. Hace pocas semanas lanzó el plan “Argentina sin Narcotráfico”. Juan Manzur fue uno de los gobernadores que aplaudieron a rabiar sus palabras. Prometió una guerra sin cuartel contra las grandes organizaciones, pero no dijo ni una palabra sobre qué hará con las personas que se detengan, puesto que Tucumán, como las otras provincias del NOA -región que se calentó con el narcotráfico- sufren por la crisis carcelaria. Tampoco precisó cómo ayudará para que la provincia pueda hacer prevención y recuperación de los adictos. A esta guerra no sólo se la gana con uniformes y causas judiciales. En esta tierra creció la oferta -la venta de sustancia- porque hay una mayor demanda -cantidad de consumidores- en todas las franjas sociales. En medio de este oscuro panorama, los dirigentes tucumanos perdieron la chance histórica de demostrarle a la sociedad que quieren evitar que el monstruo que genera muerte siga creciendo. Se preocuparon más en demostrar quién daría el primer paso en vez de sentarse a dialogar y a debatir qué es lo que necesita la provincia. Así nació un decreto que posiblemente no sea aceptado por la Legislatura si es que no se lo modifica.

El DNU está lleno de grises. Lo que se discutía en estos momentos era la conveniencia de declarar la emergencia en la lucha contra el narcotráfico; pero no, se optó por algo más profundo: que la emergencia sea por seguridad en general. No está mal que así sea, pero entonces deberán responder por qué no lo hicieron antes, ya que en la Legislatura opositores y oficialistas presentaron varios proyectos pidiendo esa Ley, planteos que nunca prosperaron. ¿Por qué? Nadie lo sabe.

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, no debió haberse sentido cómodo cuando le pidieron que argumentara el porqué del decreto. En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico, en el DNU del PE se autoriza a firmar convenios con las fuerzas de seguridad y con organismos que permitan luchar contra el narcotráfico. Y él fue el funcionario que puso su firma para que Gendarmería tuviera un destacamento en Monteros y que la Policía Aeroportuaria eligiera estas tierras como sede regional. Se sentó frente a la prensa a las pocas horas de haber llegado de Córdoba, donde logró que la Nación se comprometiera a duplicar los juzgados federales en la provincia y dos semanas después de confirmar que Tucumán colaboraría con la Unidad de Investigación Financiera para frenar el lavado de activos provenientes de este negocio.

El desconocimiento que existe sobre esta problemática no termina ahí. Al parecer, ya comenzaron los contactos con la Nación por este tema. La Provincia le habría pedido que los hombres de las fuerzas nacionales colaboraran en las tareas de prevención. A los funcionarios nacionales, que pareciera que tampoco están al tanto de lo que ocurre en estos lares, no les disgustó la idea y darían el OK para que gendarmes, federales y aeroportuarios también custodien las calles. Como es muy poco probable que se envíen más hombres, se aprovecharán los recursos humanos que existen aquí, se desarticularán los equipos especiales que tienen como misión investigar las organizaciones dedicadas a investigar a las redes del narcotráfico. Increíble.

Son al menos llamativos los pasos que da el Gobierno. Con aciertos y errores, Paul Hofer, secretario de Seguridad, insiste y defiende a capa y espada su plan integral, que no es otra cosa más que el compromiso de todas las áreas del Estado, más la colaboración de la Justicia, para lograr reducir los índices de inseguridad. Esa también es la esencia de la sugerencia de Poviña. Ambos piensan a largo plazo, no en soluciones mágicas e inmediatas. Los dirigentes no. Por desconocimiento o porque piensan en la tribuna, transitan por otro camino. Así será muy difícil vencer a los “narcos” que, justamente, se favorecen con este presente.

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