Por Federico Türpe
17 Septiembre 2016
la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
Decenas de muertos y heridos en las rutas. Aumento alarmante de casos de asma, bronquiolitis, conjuntivitis, tos, alergias, bagazosis, obstrucciones bronquiales, dermatitis y otras enfermedades respiratorias, oculares, de la piel y la garganta. Masivos cortes de energía eléctrica. Pérdidas millonarias por lucro cesante y equipos eléctricos quemados. Millones de pesos extra gastados en higiene de veredas, patios, techos, vestimenta, autos y aire acondicionados atascados. Fuerte contaminación del aire, del suelo y de los cursos de agua. Decenas de viviendas incendiadas y hasta personas y animales calcinados.
Esta es una abreviada síntesis de las dramáticas consecuencias de la quema de caña, práctica nefasta, egoísta y criminal que llegó para instalarse a Tucumán hace poco más de 30 años.
Desde hace un par de meses el cerro San Javier y la precordillera de Los Andes ha desaparecido literalmente para los habitantes del área metropolitana tucumana.
“El fin de semana acompañé a unos turistas extranjeros a pasear por San Javier y sentí vergüenza cuando los llevé hasta la hostería para que disfrutaran de la vista. Sólo vieron un enorme manto gris plomizo sobre la ciudad”, expresó esta semana una forista de LA GACETA bajo una nota de la edición digital referida a este problema.
En medio de ese “enorme manto gris plomizo” respira un millón de habitantes. El fenómeno se repite en cada ciudad y pueblo del interior de la provincia, aunque en la capital es aún más grave.
La quema de caña produce miles de toneladas de gas carbónico que a su vez aumenta los altos niveles de contaminación atmosférica por las emisiones de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y los xilenos emitidos por la producción industrial y el tráfico automotor, al igual que el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que provienen de las emisiones de las industrias, centrales eléctricas, y de las mismas quemas.
Las condiciones ambientales como la baja humedad, las heladas o los vientos, entre otras causas, pueden menguar o agravar la contaminación atmosférica. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2009 o en 2013, cuando hubo días en que en algunas zonas no se podía ver más allá de 100 metros. Imaginemos cómo estaban esos pulmones.
El mismo clima fue el que hizo que el año pasado la incidencia de la quema de caña no fuera tan fuerte como otras veces, aunque nunca lo suficiente como para que las guardias y los consultorios no estuvieran atestadas de pacientes, principalmente niños y ancianos, las franjas más afectadas.
No faltó el oportunismo político el año pasado, cuando desde el gobierno y desde el sector azucarero afirmaron que la quema de caña era una práctica que de a poco se estaba desterrando. Gestiones que fracasan cuando el clima no ayuda. Muy curioso.
Según datos oficiales, la quema de cañaverales eleva las obstrucciones bronquiales muy por encima del promedio y llega a afectar a más de una de cada cinco personas (el 22 %).
En zonas donde la contaminación alcanza sus picos, como por ejemplo en La Trinidad, este porcentaje supera al 30 % de la población.
Muertes comprobadas
Según informes de salud de Colombia, país donde se lucha contra la quema de caña desde 1973, el 10 % de las personas que llegan a enfermarse por problemas respiratorios vinculados a la caña, muere.
No hay estudios de este tipo en Tucumán, pero estos porcentajes representarían el 2,2% de los tucumanos con problemas bronquiales y el 3 % en La Trinidad, por ejemplo.
La Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Bioquímica de la UNT estudia este problema desde 1998 y sus integrantes señalan que la dermatitis, la tos, la conjuntivitis, las alergias y las obstrucciones bronquiales se hallan entre las afecciones más frecuentes y que la situación se agrava porque la mayoría de los cañaverales y todos los ingenios están en zonas muy urbanizadas, de manera que la población prácticamente respira humo.
En los últimos dos años, cinco personas fallecieron y 10 sufrieron lesiones graves, como consecuencia del humo esparcido en las rutas, o de viviendas alcanzadas por el fuego, según registros de la Policía.
Como dato aparte vinculado a la industria azucarera, pero igual de trágico, sólo en lo que va de 2016 ya murieron cinco personas y más de una decena resultaron heridas en accidentes de tránsito con rastras cañeras.
Según la Dirección de Defensa Civil de la Provincia este año se volvió a llegar al pico de llamadas con denuncias sobre incendios en cañaverales, lo que hace prever que concluirá 2016 con cifras similares a la de los peores años.
“Los cañeros optan por incendiar la caña para evitar costos laborales. De esa manera no pagan para pelar la planta. Pero estos siempre responsabilizan a otros. Es verdad que a veces la quema es accidental, pero en un porcentaje mínimo. Las intencionales son las que prevalecen”, afirmó Luis Eduardo Figueroa, jefe de los Bomberos Voluntarios de Concepción, en una reciente entrevista con LA GACETA.
Solo esta repartición tiene hasta 20 intervenciones por semana, pese a que a la mayoría de los incendios no acuden, cuando comprueban que no acarrean riesgos para personas o viviendas. “Este drama en primer lugar representa una grave contaminación del medio ambiente. Y la sufre en gran medida la gente con problemas bronco-respiratorios. Al mismo tiempo cuando el humo invade rutas, se transforma en un riesgo enorme para la circulación vehicular. Y también está el peligro que acecha a viviendas próximas a las quemas”, agregó Figueroa.
Todos los años el aeropuerto tucumano queda inoperable por horas o días a causa del humo lo que produce incontables inconvenientes. Este año ya tuvo que cerrarse en una oportunidad por un incendio cercano.
Leyes sobran
A través de una resolución de 2014, el Ministerio Público Fiscal instruyó a los fiscales con competencia penal en la provincia “para que asuman la competencia provincial en los hechos de incendio o contra la salud pública (Ley 24.051), cuanto afecten a las personas o al medio ambiente dentro de los límites de la provincia”, con base de los criterios sostenidos por la Procuración General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“Realicen los señores fiscales las acciones necesarias para ser notificados por la Policía ante la existencia de hechos de quema de cañaverales o cualquier otro atentado contra la salud pública en la provincia”, contempló la resolución oficial.
Los únicos que no se enteraron de esta resolución son los fiscales. Quizás porque están para cosas más importantes que salvar miles de vidas, como por ejemplo archivar causas por delitos de corrupción.
La ley 6.253 prohibe la quema de caña para cosecha. En 2007 la norma fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios tienen prohibido recibir caña quemada. El monto de la sanción por esta práctica se elevó en ese momento de $200.000 a $3 millones. En 2009 se aprobó una iniciativa que establecía que quienes fueran hallados quemando caña de azúcar en pie, quedarían detenidos.
Los hechos son contundentes: la caña se sigue quemando. ¿Por qué? Porque los ingenios la siguen recibiendo y moliendo. ¿Por qué? Porque no se conoce persona ni fábrica que a la fecha haya recibido una sanción efectiva por este delito. ¿Por qué? Porque es evidente que existe una red de complicidades que atraviesa a los tres poderes y a la industria azucarera y que esa red es más poderosa que el Estado. Hace que la Justicia no actúe, que la Legislatura no interpele a la Justicia que no actúa y que el Gobierno no controle ni sancione a los que queman ni a los que muelen caña quemada.
Todos los días escuchamos a funcionarios afirmar que están trabajando, combatiendo, luchando, etcétera, etcétera, mientras los tucumanos siguen respirando humo varios meses por año. Ideas sobran y leyes también, pero si la voluntad falta no hay solución posible.
Para aquellos que afirman que la prensa sólo critica y fiscaliza (como si esta no fuera su principal función), desde esta humilde columna hacemos un aporte. Con apenas 15 policías (honestos) se acabaría el problema, así de sencillo. Se apuesta un uniformado en la puerta de cada uno de los 15 ingenios e impide el ingreso de caña quemada. No se muele más caña incendiada, no se quema más caña, no se muere más gente…
Si hay honestidad y luego voluntad, lo demás es muy simple.
Esta es una abreviada síntesis de las dramáticas consecuencias de la quema de caña, práctica nefasta, egoísta y criminal que llegó para instalarse a Tucumán hace poco más de 30 años.
Desde hace un par de meses el cerro San Javier y la precordillera de Los Andes ha desaparecido literalmente para los habitantes del área metropolitana tucumana.
“El fin de semana acompañé a unos turistas extranjeros a pasear por San Javier y sentí vergüenza cuando los llevé hasta la hostería para que disfrutaran de la vista. Sólo vieron un enorme manto gris plomizo sobre la ciudad”, expresó esta semana una forista de LA GACETA bajo una nota de la edición digital referida a este problema.
En medio de ese “enorme manto gris plomizo” respira un millón de habitantes. El fenómeno se repite en cada ciudad y pueblo del interior de la provincia, aunque en la capital es aún más grave.
La quema de caña produce miles de toneladas de gas carbónico que a su vez aumenta los altos niveles de contaminación atmosférica por las emisiones de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y los xilenos emitidos por la producción industrial y el tráfico automotor, al igual que el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre que provienen de las emisiones de las industrias, centrales eléctricas, y de las mismas quemas.
Las condiciones ambientales como la baja humedad, las heladas o los vientos, entre otras causas, pueden menguar o agravar la contaminación atmosférica. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2009 o en 2013, cuando hubo días en que en algunas zonas no se podía ver más allá de 100 metros. Imaginemos cómo estaban esos pulmones.
El mismo clima fue el que hizo que el año pasado la incidencia de la quema de caña no fuera tan fuerte como otras veces, aunque nunca lo suficiente como para que las guardias y los consultorios no estuvieran atestadas de pacientes, principalmente niños y ancianos, las franjas más afectadas.
No faltó el oportunismo político el año pasado, cuando desde el gobierno y desde el sector azucarero afirmaron que la quema de caña era una práctica que de a poco se estaba desterrando. Gestiones que fracasan cuando el clima no ayuda. Muy curioso.
Según datos oficiales, la quema de cañaverales eleva las obstrucciones bronquiales muy por encima del promedio y llega a afectar a más de una de cada cinco personas (el 22 %).
En zonas donde la contaminación alcanza sus picos, como por ejemplo en La Trinidad, este porcentaje supera al 30 % de la población.
Muertes comprobadas
Según informes de salud de Colombia, país donde se lucha contra la quema de caña desde 1973, el 10 % de las personas que llegan a enfermarse por problemas respiratorios vinculados a la caña, muere.
No hay estudios de este tipo en Tucumán, pero estos porcentajes representarían el 2,2% de los tucumanos con problemas bronquiales y el 3 % en La Trinidad, por ejemplo.
La Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Bioquímica de la UNT estudia este problema desde 1998 y sus integrantes señalan que la dermatitis, la tos, la conjuntivitis, las alergias y las obstrucciones bronquiales se hallan entre las afecciones más frecuentes y que la situación se agrava porque la mayoría de los cañaverales y todos los ingenios están en zonas muy urbanizadas, de manera que la población prácticamente respira humo.
En los últimos dos años, cinco personas fallecieron y 10 sufrieron lesiones graves, como consecuencia del humo esparcido en las rutas, o de viviendas alcanzadas por el fuego, según registros de la Policía.
Como dato aparte vinculado a la industria azucarera, pero igual de trágico, sólo en lo que va de 2016 ya murieron cinco personas y más de una decena resultaron heridas en accidentes de tránsito con rastras cañeras.
Según la Dirección de Defensa Civil de la Provincia este año se volvió a llegar al pico de llamadas con denuncias sobre incendios en cañaverales, lo que hace prever que concluirá 2016 con cifras similares a la de los peores años.
“Los cañeros optan por incendiar la caña para evitar costos laborales. De esa manera no pagan para pelar la planta. Pero estos siempre responsabilizan a otros. Es verdad que a veces la quema es accidental, pero en un porcentaje mínimo. Las intencionales son las que prevalecen”, afirmó Luis Eduardo Figueroa, jefe de los Bomberos Voluntarios de Concepción, en una reciente entrevista con LA GACETA.
Solo esta repartición tiene hasta 20 intervenciones por semana, pese a que a la mayoría de los incendios no acuden, cuando comprueban que no acarrean riesgos para personas o viviendas. “Este drama en primer lugar representa una grave contaminación del medio ambiente. Y la sufre en gran medida la gente con problemas bronco-respiratorios. Al mismo tiempo cuando el humo invade rutas, se transforma en un riesgo enorme para la circulación vehicular. Y también está el peligro que acecha a viviendas próximas a las quemas”, agregó Figueroa.
Todos los años el aeropuerto tucumano queda inoperable por horas o días a causa del humo lo que produce incontables inconvenientes. Este año ya tuvo que cerrarse en una oportunidad por un incendio cercano.
Leyes sobran
A través de una resolución de 2014, el Ministerio Público Fiscal instruyó a los fiscales con competencia penal en la provincia “para que asuman la competencia provincial en los hechos de incendio o contra la salud pública (Ley 24.051), cuanto afecten a las personas o al medio ambiente dentro de los límites de la provincia”, con base de los criterios sostenidos por la Procuración General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“Realicen los señores fiscales las acciones necesarias para ser notificados por la Policía ante la existencia de hechos de quema de cañaverales o cualquier otro atentado contra la salud pública en la provincia”, contempló la resolución oficial.
Los únicos que no se enteraron de esta resolución son los fiscales. Quizás porque están para cosas más importantes que salvar miles de vidas, como por ejemplo archivar causas por delitos de corrupción.
La ley 6.253 prohibe la quema de caña para cosecha. En 2007 la norma fue modificada por la ley 7.459, por la cual los ingenios tienen prohibido recibir caña quemada. El monto de la sanción por esta práctica se elevó en ese momento de $200.000 a $3 millones. En 2009 se aprobó una iniciativa que establecía que quienes fueran hallados quemando caña de azúcar en pie, quedarían detenidos.
Los hechos son contundentes: la caña se sigue quemando. ¿Por qué? Porque los ingenios la siguen recibiendo y moliendo. ¿Por qué? Porque no se conoce persona ni fábrica que a la fecha haya recibido una sanción efectiva por este delito. ¿Por qué? Porque es evidente que existe una red de complicidades que atraviesa a los tres poderes y a la industria azucarera y que esa red es más poderosa que el Estado. Hace que la Justicia no actúe, que la Legislatura no interpele a la Justicia que no actúa y que el Gobierno no controle ni sancione a los que queman ni a los que muelen caña quemada.
Todos los días escuchamos a funcionarios afirmar que están trabajando, combatiendo, luchando, etcétera, etcétera, mientras los tucumanos siguen respirando humo varios meses por año. Ideas sobran y leyes también, pero si la voluntad falta no hay solución posible.
Para aquellos que afirman que la prensa sólo critica y fiscaliza (como si esta no fuera su principal función), desde esta humilde columna hacemos un aporte. Con apenas 15 policías (honestos) se acabaría el problema, así de sencillo. Se apuesta un uniformado en la puerta de cada uno de los 15 ingenios e impide el ingreso de caña quemada. No se muele más caña incendiada, no se quema más caña, no se muere más gente…
Si hay honestidad y luego voluntad, lo demás es muy simple.
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