Por Roberto Delgado
10 Septiembre 2016
¿Caso aislado o deformación institucional? La fuga de “Pico” Peralta pone nuevamente en el tapete a la Policía. Queda cuestionada como un organismo ineficiente para cumplir su función de custodia de detenidos y a la vez como un organismo bajo sospecha de corruptelas para facilitar esa fuga. Y por detrás de esas dos variables igualmente inquietantes, subyacen inquietudes sobre los oscuros manejos de las comunicaciones y sobre los intereses creados en la relación con un sujeto al que los mismos policías ponen en la categoría de narcotraficante de cierta importancia, más que simple “transa”.
Esos supuestos intereses creados están en discusión ahora, mientras se dilucida cómo es posible que un “narco” de importancia haya estado alojado en una comisaría de pueblo perdido sin ningún tipo de custodia, excepto tres agentes encargados de la seguridad de toda la población. ¿Inoperancia o intencionalidad? Si fuera el primer caso, Delfín Gallo es el ejemplo de la contradicción: mandan al “narco” allí donde en noviembre pasado se rezó una misa en la calle para pedir ayuda al Altísimo porque los ladrones se habían robado los ventiladores de la parroquia.
De casos en los que hay presunción de inoperancia policial hay para dar varios ejemplos en las páginas de los diarios. En la ex Brigada de Investigaciones aún tratan de dar explicaciones sobre la fuga, el martes, del condenado por violación Miguel Alanís, quien estaba desde marzo alojado en una celda que ya ha sido noticia dos veces este año por apiñamiento de detenidos. Y de escapes de reos también arrastran culpas los policías federales. Los de la guardia de Tribunales federales acaban de ser sancionados, reemplazados y querellados por haber dejado que un preso se escape llevándose un arma de los custodios, y por haber apremiado a otro detenido para averiguar dónde había ido el prófugo.
Área en blanco
Volviendo al caso del escape de “Pico”, si en vez de inoperancia hubo alguna intencionalidad para enviarlo allí, con la supuesta idea de que un grupo comando lo pudiese rescatar fácilmente, como ocurrió, hay que decir que en la Justicia Federal desde hace tiempo están advirtiendo que hay que mirar los movimientos en el este de la provincia. “¿Qué pasa con el Este que está en blanco? Esa zona para nosotros es más grave”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán. Están en alerta porque desde Santiago del Estero se ha advertido en el último año que en varios puntos de esa área tucumana “en blanco” (en la que en teoría no pasa nada) se ha descubierto acopio de drogas. Y Delfín Gallo es punto de salida sin controles, por caminos y rutas destruidos y olvidados, hacia Santiago del Estero.
En este contexto, si “Pico” es un “narco” importante, Delfín Gallo deja de ser un sitio perdido para transformarse en un lugar más bien estratégico para fugas. Acaso se diluciden esos puntos oscuros en estos días en que la Policía trata de echarle la culpa a la Justicia por las idas y vueltas con el hombre, que había sido detenido por robo (lo cual es raro si se trata de un narcotraficante de importancia) y que había estado prófugo durante varios meses en una causa por drogas.
El asunto se suma a la polémica que hubo en las últimas semanas por la cantidad de detenidos por narcomenudeo (y por simple posesión) que no estaban realmente en prisión sino en una zona fantasma del sistema. Por falta de lugares, se les daba arresto domiciliario. Los policías mencionaron 83 casos. Fuentes de la Justicia Federal hablan de 200. Y el problema no es sólo con los casos de droga. No hay dónde alojar detenidos de todo tipo y por eso están abarrotadas las celdas de las comisarías. De noche, los fines de semana, una de las ocupaciones de los patrulleros policiales es el traslado constante de jóvenes detenidos por contravenciones policiales de una comisaría a otra, en busca de cupo. En ese caos, las fugas parecen desastres inevitables, de los que nadie es responsable.
Los policías drogados
Pero a ese caos se añade otra cuestión más grave, vinculada con el poder discrecional que tiene la fuerza de seguridad y que acaba de expresarse en un conflicto institucional profundo con la fiscala Adriana Giannoni. Ella ordenó examen toxicológico para 40 agentes a raíz de la violencia con que actuaron al irrumpir en una fiesta en “La Bombilla” el domingo 28. Sobre siete agentes, el examen dio positivo en cinco. Tenían rastros de cocaína. A raíz de eso, la fiscala recibió amenazas en una cuenta de Facebook.
El asunto saltó cuando los dueños de la fiesta, los Bachi, fueron llevados como detenidos ante la fiscala. Ahí dijeron que eran víctimas: los latiguearon, les dieron culatazos en las manos, balazos de goma, hubo un apuñalado y les rompieron y secuestraron sin orden judicial cinco motocicletas. Hubo una trifulca y un agente herido con un botellazo. Pero los funcionarios de seguridad fueron cautos. “No se puede permitir que el personal policial salga vapuleado”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Sólo un comisario explicó (en off) las motivaciones de lo ocurrido. “En esos lugares a veces tienen su propia ley”, dijo. No quiso dar su nombre “para evitar problemas con la Justicia”.
Pero los problemas están. ¿Qué ocurrirá si el análisis toxicológico que se hizo al resto de policías (33), que está en los laboratorios forenses de Salta, determina que todos habían consumido cocaína? ¿Alcanzará con la tibia defensa que hizo el médico Alfredo Miroli, al señalar que la hoja de coca “buena” puede dar positivo en un análisis de cocaína? Este conflicto llega en un momento en que ya hay problemas de fondo en el normal funcionamiento policía-Justicia porque trabajan por vías diferentes. Por eso permanentemente la fuerza de seguridad insiste con que ellos detienen y los fiscales sueltan. Es tan fuerte este juego de tensiones que ya hay casos en los que los fiscales ordenan liberar y los policías deciden aplicarle al detenido una contravención para cobrarle multa o dejarlo adentro unos días. Así se publicó con el caso de un supuesto ladrón en barrio Autopista Sur el 8/9.
Menos mentiras
El escándalo entre policías y vecinos de “La Bombilla” se replicó, aunque con menos violencia, en el barrio Oeste II, el martes 30. Los vecinos atraparon a dos arrebatadores, les dieron una paliza y cuando la policía trató de llevárselos (según el informe policial) se generó una trifulca que terminó con agentes heridos, un patrullero con los vidrios rotos y vecinos baleados con postas de goma. Ya no era un lugar con su propia ley, como “La Bombilla”. La Policía tuvo que dar marcha atrás en su vínculo con los vecinos, enviar patrullas y reunirse con ellos en una capilla para prometer más seguridad. “Tengan en cuenta que estamos en una Iglesia y que acá no se puede mentir”, les dijo una vecina y sellaron las paces.
Similar tensión hubo también en Alto Verde (Chicligasta) el miércoles, a raíz de los robos en la escuela. La respuesta del comisario Julio Medina ante la marcha de los vecinos fue de lo más inoportuna. “La fuerza está volcando su mayor esfuerzo. Por eso es que creo que esta movilización no era necesaria”, les dijo y después tuvo que remontar con muchas promesas el enojo de los estudiantes, que hasta reclamaron que “no queremos policías que duerman en la comisaría”.
Se trata de hechos puntuales ocurridos estos días, de diferente gravedad, vinculados con la forma de trabajar de la Policía. Más que casos aislados, parecen una deformación institucional de una fuerza que, como el barrio “La Bombilla” que menciona el anónimo comisario, sigue sus propias reglas, diferentes a las de la sociedad. Por eso los choques y la tensión. De eso se habló ayer en la gran reunión de seguridad en la Legislatura, a la que fueron los funcionarios del más alto nivel y los comisarios. Aunque el mea culpa oficial -según trascendió- fue que los casos aislados han sido sometidos a sumario y que la seguridad en Tucumán solamente necesitaría más hombres, más armas y más autos.
Esos supuestos intereses creados están en discusión ahora, mientras se dilucida cómo es posible que un “narco” de importancia haya estado alojado en una comisaría de pueblo perdido sin ningún tipo de custodia, excepto tres agentes encargados de la seguridad de toda la población. ¿Inoperancia o intencionalidad? Si fuera el primer caso, Delfín Gallo es el ejemplo de la contradicción: mandan al “narco” allí donde en noviembre pasado se rezó una misa en la calle para pedir ayuda al Altísimo porque los ladrones se habían robado los ventiladores de la parroquia.
De casos en los que hay presunción de inoperancia policial hay para dar varios ejemplos en las páginas de los diarios. En la ex Brigada de Investigaciones aún tratan de dar explicaciones sobre la fuga, el martes, del condenado por violación Miguel Alanís, quien estaba desde marzo alojado en una celda que ya ha sido noticia dos veces este año por apiñamiento de detenidos. Y de escapes de reos también arrastran culpas los policías federales. Los de la guardia de Tribunales federales acaban de ser sancionados, reemplazados y querellados por haber dejado que un preso se escape llevándose un arma de los custodios, y por haber apremiado a otro detenido para averiguar dónde había ido el prófugo.
Área en blanco
Volviendo al caso del escape de “Pico”, si en vez de inoperancia hubo alguna intencionalidad para enviarlo allí, con la supuesta idea de que un grupo comando lo pudiese rescatar fácilmente, como ocurrió, hay que decir que en la Justicia Federal desde hace tiempo están advirtiendo que hay que mirar los movimientos en el este de la provincia. “¿Qué pasa con el Este que está en blanco? Esa zona para nosotros es más grave”, dice el camarista federal Ricardo Sanjuán. Están en alerta porque desde Santiago del Estero se ha advertido en el último año que en varios puntos de esa área tucumana “en blanco” (en la que en teoría no pasa nada) se ha descubierto acopio de drogas. Y Delfín Gallo es punto de salida sin controles, por caminos y rutas destruidos y olvidados, hacia Santiago del Estero.
En este contexto, si “Pico” es un “narco” importante, Delfín Gallo deja de ser un sitio perdido para transformarse en un lugar más bien estratégico para fugas. Acaso se diluciden esos puntos oscuros en estos días en que la Policía trata de echarle la culpa a la Justicia por las idas y vueltas con el hombre, que había sido detenido por robo (lo cual es raro si se trata de un narcotraficante de importancia) y que había estado prófugo durante varios meses en una causa por drogas.
El asunto se suma a la polémica que hubo en las últimas semanas por la cantidad de detenidos por narcomenudeo (y por simple posesión) que no estaban realmente en prisión sino en una zona fantasma del sistema. Por falta de lugares, se les daba arresto domiciliario. Los policías mencionaron 83 casos. Fuentes de la Justicia Federal hablan de 200. Y el problema no es sólo con los casos de droga. No hay dónde alojar detenidos de todo tipo y por eso están abarrotadas las celdas de las comisarías. De noche, los fines de semana, una de las ocupaciones de los patrulleros policiales es el traslado constante de jóvenes detenidos por contravenciones policiales de una comisaría a otra, en busca de cupo. En ese caos, las fugas parecen desastres inevitables, de los que nadie es responsable.
Los policías drogados
Pero a ese caos se añade otra cuestión más grave, vinculada con el poder discrecional que tiene la fuerza de seguridad y que acaba de expresarse en un conflicto institucional profundo con la fiscala Adriana Giannoni. Ella ordenó examen toxicológico para 40 agentes a raíz de la violencia con que actuaron al irrumpir en una fiesta en “La Bombilla” el domingo 28. Sobre siete agentes, el examen dio positivo en cinco. Tenían rastros de cocaína. A raíz de eso, la fiscala recibió amenazas en una cuenta de Facebook.
El asunto saltó cuando los dueños de la fiesta, los Bachi, fueron llevados como detenidos ante la fiscala. Ahí dijeron que eran víctimas: los latiguearon, les dieron culatazos en las manos, balazos de goma, hubo un apuñalado y les rompieron y secuestraron sin orden judicial cinco motocicletas. Hubo una trifulca y un agente herido con un botellazo. Pero los funcionarios de seguridad fueron cautos. “No se puede permitir que el personal policial salga vapuleado”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Sólo un comisario explicó (en off) las motivaciones de lo ocurrido. “En esos lugares a veces tienen su propia ley”, dijo. No quiso dar su nombre “para evitar problemas con la Justicia”.
Pero los problemas están. ¿Qué ocurrirá si el análisis toxicológico que se hizo al resto de policías (33), que está en los laboratorios forenses de Salta, determina que todos habían consumido cocaína? ¿Alcanzará con la tibia defensa que hizo el médico Alfredo Miroli, al señalar que la hoja de coca “buena” puede dar positivo en un análisis de cocaína? Este conflicto llega en un momento en que ya hay problemas de fondo en el normal funcionamiento policía-Justicia porque trabajan por vías diferentes. Por eso permanentemente la fuerza de seguridad insiste con que ellos detienen y los fiscales sueltan. Es tan fuerte este juego de tensiones que ya hay casos en los que los fiscales ordenan liberar y los policías deciden aplicarle al detenido una contravención para cobrarle multa o dejarlo adentro unos días. Así se publicó con el caso de un supuesto ladrón en barrio Autopista Sur el 8/9.
Menos mentiras
El escándalo entre policías y vecinos de “La Bombilla” se replicó, aunque con menos violencia, en el barrio Oeste II, el martes 30. Los vecinos atraparon a dos arrebatadores, les dieron una paliza y cuando la policía trató de llevárselos (según el informe policial) se generó una trifulca que terminó con agentes heridos, un patrullero con los vidrios rotos y vecinos baleados con postas de goma. Ya no era un lugar con su propia ley, como “La Bombilla”. La Policía tuvo que dar marcha atrás en su vínculo con los vecinos, enviar patrullas y reunirse con ellos en una capilla para prometer más seguridad. “Tengan en cuenta que estamos en una Iglesia y que acá no se puede mentir”, les dijo una vecina y sellaron las paces.
Similar tensión hubo también en Alto Verde (Chicligasta) el miércoles, a raíz de los robos en la escuela. La respuesta del comisario Julio Medina ante la marcha de los vecinos fue de lo más inoportuna. “La fuerza está volcando su mayor esfuerzo. Por eso es que creo que esta movilización no era necesaria”, les dijo y después tuvo que remontar con muchas promesas el enojo de los estudiantes, que hasta reclamaron que “no queremos policías que duerman en la comisaría”.
Se trata de hechos puntuales ocurridos estos días, de diferente gravedad, vinculados con la forma de trabajar de la Policía. Más que casos aislados, parecen una deformación institucional de una fuerza que, como el barrio “La Bombilla” que menciona el anónimo comisario, sigue sus propias reglas, diferentes a las de la sociedad. Por eso los choques y la tensión. De eso se habló ayer en la gran reunión de seguridad en la Legislatura, a la que fueron los funcionarios del más alto nivel y los comisarios. Aunque el mea culpa oficial -según trascendió- fue que los casos aislados han sido sometidos a sumario y que la seguridad en Tucumán solamente necesitaría más hombres, más armas y más autos.
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