Abajo de la alfombra

Abajo de la alfombra

La dirigencia tucumana elige tapar y esconder aquellas cosas que no tiene capacidad para resolver. Así se hicieron invisibles los gastos sociales y un decreto que designaba al ex gobernador. Como parte de esa misma política, al fiscal de Estado le preocupa que la prensa dé a conocer temas.

Abajo de la alfombra
La Legislatura ha tomado una decisión trascendental. Ha resuelto avanzar en la reforma política. En la vida de los tucumanos el concepto de la reforma política tiene un significado directo. El diccionario comarcano define como reforma política “la erradicación de las mañas electorales que le quitan autonomía al elector”. Implica la animadversión hacia un solo color político: el peronismo que, salvo los cuatro años bussistas, ha tenido las riendas de la provincia. Además esta reforma no es querida ni movida por el oficialismo. Es la oposición propulsada por el gobierno nacional la que promueve los cambios.

Los legisladores se han identificado por sus ambiciones y le han dado un título ambicioso a la comisión que tratará el tema. Y, precisamente, han creado un equipo de trabajo que dice ocuparse de una reforma política cuando en verdad se va a concentrar sólo en cuestiones electorales. Junto a temas como Junta Electoral, acoples, voto digital o bolsones no figura ni la restricción de la mentira ni la forma de frenar los ocultamientos en las estructuras del Estado. Ambos criterios de verdad que figuran en algunos proyectos de Transparencia o de Ética pública, devolverían confianza y credibilidad a la política. En los últimos tiempos, lamentablemente, en muchos ámbitos el vocablo política viene siendo utilizado con sentido peyorativo. No se oye en sectores sociales reducidos sino en mayorías que tienen claro cómo el interés personal suele ganarle la pulseada al interés general. Se escucha en los taxis o en un viaje en ómnibus. Esos síntomas de descomposición son los que debe combatir la reforma venidera.

20 años no es nada

Llegó el histórico 1 de septiembre. Nadie lo festejó. No era un cumpleaños. Era la fecha en que los legisladores no recibieron los gastos sociales como venía ocurriendo. Fue el primer mes después de que se tomó la decisión de que esos fondos no pudieran quedar en el bolsillo de los representantes del pueblo. Después de 23 años alumbra un cambio. Pero para que la modificación política se transforme verdaderamente habrá que esperar a que el presupuesto termine de exponerse. Justamente, el presupuesto durante la década alperovichista ha sido más secreto que los gastos sociales, reservados o de bloque comos supieron llamarse.

Durante ese tiempo tanto los titulares de la Legislatura como los presidentes de las comisiones de Hacienda se negaron a mostrar los presupuestos de cada año. No se trataba de los mensajes de sus whatsapp sino de dinero de los ciudadanos a los que ellos representan. Por eso cuesta tanto confiar en la decisión del Poder Legislativo. Hasta ahora no se cobró, pero qué se hará con los más de 150 millones que se dedicaban a esos “gastos sociales mentirosos”. Aún queda que la Justicia dirima por qué salieron y adónde fueron 650 millones que se esfumaron durante 2015 y que anduvieron por esta capital viajando en valijas porque alguien no quiso que se hicieran transferencias bancarias. ¿Es una caja política? ¿Ese dinero sirvió también para otras estructuras del Estado y para hacer política? ¿Aparte de los legisladores, quiénes más cobran esos emolumentos? ¿Hay ex legisladores que también cobraron de esa partida? ¿Hay un grupo selecto de empleados que, cuál anillo de protección, también reciben fondos extras? Estas preguntas nunca tuvieron respuestas. Es un secreto. Todas podrían tener un no como respuesta, sin embargo, el silencio ha sido siempre la contestación a esos cuestionamientos. Por lo tanto, se ha ocultado algo nuevamente.

Muchos legisladores confiesan que se sienten aliviados desde que se ha decidido este cambio en los mal llamados gastos sociales, pero falta la segunda parte. Los legisladores deberán fijarse una dieta varias veces mayor a la actual si es que quieren ganar lo que podían disponer hasta ahora. Pero, no obstante, ¿reducirán el presupuesto? Si no lo hacen, ¿cuál será el destino de esos fondos?

La sorpresa

La Argentina viene del innecesario ocultamiento de cifras vitales para una sociedad como las del Indec. Es entendible –pero no aceptable- que ante el primer inconveniente o duda la decisión de los hombres y de las mujeres públicas sea ocultar lo que pasa. En el marco de ese sistema se instala la incomprensible actitud del fiscal de Estado Daniel Leiva. El funcionario con rango ministerial le ha planteado a la Corte Suprema de Justicia su preocupación porque un expediente público haya llegado a manos de la prensa y que se haya difundido. Se trataba además del juicio en el que se dirime la legitimidad del cobro de los gastos sociales. “Existe otra circunstancia de honda preocupación institucional como es el hecho de que el proceso en cuestión fue objeto de numerosas y desprestigiantes (sic) publicaciones que toman como fuente indudable el acceso irrestricto del diario al expediente judicial, en razón de la transcripción textual de párrafos íntegros de los escritos presentados por la representación de la provincia de Tucumán, lo que da al proceso el carácter de una operación mediática”. El fiscal de Estado se preocupa porque la prensa difunde lo que es público. Dicho de otro modo sería: por dar a conocer lo que no quiere la autoridad pública que se sepa. Increíble planteo.

Uno de los pilares en los que se apoya la libertad de prensa es que los poderes públicos no ejerzan ni dominio político ni económico ni control sobre la producción de las noticias. El ejercicio libre de la prensa puede ayudar al control, pero también al ejercicio de la democracia y el hombre del gobierno provincial lo considera una preocupación. “Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos”, llegó a decir el egregio Nelson Mandela.

El colmo

El colmo del ocultamiento lo descubrió el periodista de LA GACETA Juan Manuel Asis (página 6). Detectó que el mismo día que asumió, Juan Manzur designó asesor ad honorem a José Alperovich. No cobraba un peso pero el Estado sí se comprometía a pagarle cualquier gasto que tuviera por ser asesor. Ese decreto se mantuvo oculto desde el 29 de octubre del año pasado. Imperdonable. Quisieron tapar que Alperovich había sido designado. El ex gobernador era un ciudadano más cuando se lo nombró, pero cuando se hizo senador siguió siendo. ¿Para qué? Las respuestas podrían llenar todas las páginas de este diario, pero si todo estaba en orden y correctamente, entonces, ¿por qué se lo ocultó? Para esa pregunta sobran los espacios físicos porque no tiene sentido su ocultamiento.

Cada uno de los ocultamiento de las cuestiones públicas siempre tienen escondido gastos o cuestiones que se desvían hacia los dineros públicos. Como si en estos últimos años la única forma de ejercer la política fuera a partir de abultadas billeteras. La persuasión, los liderazgos, el diálogo, el disenso y el debate han quedado subordinados al dinero. La reforma política tal vez debería contemplar que el diálogo se subordine a los billetes.

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