Por Roberto Delgado
03 Septiembre 2016
la gaceta / foto de diego aráoz
Todos buscan drogas. Los policías federales, que se quejaban (por lo bajo) de la falta de reacción de la Justicia Federal para autorizar allanamientos, fue la autora de la detención del narco “Castells” el 26 de agosto en Aguilares. Tenía mucha fama y muchos antecedentes pero sólo un kilo de droga. También detuvo al “Chueco” en el barrio 20 de junio. Otro “narco” con poca sustancia: 270 dosis de “Alita de mosca” y 30 bagullos de marihuana. La Digedrop (policía de drogas peligrosas de Tucumán) atrapó a la “Gorda Rubia” y el “Panadero” el 20 de agosto en Villa Mariano Moreno. Tenían 16 tizas y 150 gramos de cocaína. La Gendarmería capturó el 30 a un tal “Ñato” con 100 dosis de cocaína. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (nacional) secuestró seis kilos de cocaína en la terminal de ómnibus. Detuvo a una mujer y a un adolescente. La Dirección Delitos Comunes (brigada de investigaciones) descubrió a la “Gorda Noelia” transportando droga en “La Bombilla”; los bicipolicías de Yerba Buena encontraron a dos jóvenes de clase media poniendo plantitas de cannabis en la senda del Funicular en el Parque Biológico; agentes descubrieron que cinco personas que estaban peleándose en Villa Amalia el viernes 26 tenían 300 gramos de marihuana, donde al día siguiente se detendría a un adolescente de 15 años con 250 ravioles. Y hasta personal de la Regional Este capturó en La Virginia a tres jóvenes con 100 gramos de “hierba”.
Todos buscan drogas. La hallan los hombres federales y de la provincia (son cinco equipos antidrogas en total) y los agentes comunes no se quedan atrás. Detienen gente a mansalva y en la mayoría de los casos intentan encontrar la conexión de los detenidos con alguna banda distribuidora de estupefacientes. Pero las informaciones que se dan para publicar no indican si eso se logra probar, como no sea simple narcomenudeo. Las detenciones masivas ya hace tiempo han saturado la capacidad de contención de los lugares de alojamiento (de hecho, desde hace un año y medio hay una crisis terminal de infraestructura para tener presos en cárceles y comisarías, que ha determinado que lugares como las seccionales 5a, 8a y 9a hayan sido clausurados) y muchos reciben el beneficio del arresto domiciliario. No lo dicen explícitamente. Es por razones de fuerza mayor. No hay dónde tenerlos.
Guerra a las drogas
Esta frenética actividad de busca de droga y “narcos” se vincula directamente con el impulso del Gobierno nacional a la guerra a las drogas. El martes pasado el presidente Mauricio Macri lanzó el plan nacional “Argentina sin narcotráfico” que contempla un programa amplísimo desde erradicación del “paco” y combate a los “narcos”, hasta la ayuda a los adictos, pasando por la radarización y la capacitación de las fuerzas. Un larguísimo enunciado que, hasta que se va en funcionamiento, merece algunas miradas positivas y otras inquietantes. Entre las primeras, están: 1) Una decisión aparentemente sincera de atender el problema. Se animaron a diseñar un plan y lo pusieron en papel. Lo venían anunciando desde que se dictó la emergencia en seguridad a comienzos de año y ya venía expuesto en las ideas del ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, que en su libro “El poder narco” (escrito con Sergio Berensztein) en 2014 hizo una seria advertencia con su mirada sobre drogas, inseguridad y violencia en la Argentina. 2) Se hace una convocatoria amplia con espacio de debate a las provincias. Entre estas se destaca Santa Fe, que tiene la experiencia del fracaso de las políticas de seguridad pero a la vez ha expresado y mostrado ese fracaso. Es la provincia más violenta y no esconde los datos y por ello es un gran laboratorio para estudiar el problema. Las otras provincias no han encontrado (o no han querido hallar) las claves para exponer y analizar sus datos. No los conocen.
Sin método de control
Puntos en contra: 1) este plan presenta el problema como una guerra contra el narcotráfico. Remite a la visión oficial y puede ser un tema semántico, pero corresponde al discurso policíaco difundido por los Estados Unidos durante el último medio siglo, cuya política antidrogas ha fracasado rotundamente y así lo ha reconocido el mundo, incluso el presidente Barack Obama. Política de combate, incautaciones, encarcelamientos masivos, mentalidad policíaca con un ritmo de detenciones mucho más rápido que la capacidad de creación de espacios. Eso ocurre acá y el problema no es nuevo. Las peleas entre la Nación y la Provincia por el alojamiento de los detenidos federales vienen desde mucho antes de que se empezara a presionar con más acciones. El caso de los presos VIP de El Manantial, de 2010, es un ejemplo: los hermanos Cristian y Fernando Achén estaban procesados por vender marihuana a estudiantes en Lules y se encontraban alojados en la comisaría de El Manantial porque no había lugar en la cárcel. Hace seis años.
Ahora aparece el conflicto por la falta de control a los que tienen arresto domiciliario. Lo tienen que hacer policías federales y la fuerza no tiene hombres suficientes para ponerlos de custodia, además, en sitios por lo menos inquietantes como “La Bombilla” o los barrios al sur de la capital, donde los agentes no son bien recibidos. Para 20 detenidos necesitan al menos 60 policías en tres turnos. Listo. No encuentran el método para controlar la prisión domiciliaria, dice bien el abogado Carlos Posse. Por ello es que se descubrió de casualidad (fue gente de la Brigada que investigaba un robo) que la “Gorda Noelia” estaba transportando droga en el mismo barrio donde fue detenida en septiembre del año pasado con casi 50 kilos de droga y donde tenía arresto domiciliario.
Engordando miedos
2) No está explícito un plan de seguridad nacional. ¿Es esta la gran estrategia? ¿Quién va a determinar las líneas de acción si no se ha hecho una reforma policial? Cuando difundió las cifras de delito en el país hace pocos meses, el mismo Gobierno reconoció que a causa del apagón estadístico sufrido con el desbaratamiento del Indec desde 2009 no hay datos claros sobre criminalidad. Indirectamente, este plan alude a que atacar de lleno el problema del narcotráfico hará disminuir la violencia en el país. Pero no hay indicadores serios de que la criminalidad y la violencia dependan de la droga. Es una explicación fácil, que engorda los miedos vecinales y esconde la falta de respuesta del fracaso del modelo. Los vecindarios donde son atrapados los “transas” y los adictos son escenarios conflictivos, llenos de carencias, donde las vidas transcurren en medio de ausencia de servicios y de reglas. Allí el salvajismo acecha y bien señalan las autoridades que imperan los conflictos intravecinales e intrafamiliares, más que el delito con fines de lucro. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las drogas en esos conflictos? Es una pregunta que no se hacen. No hay análisis de datos.
La cuestión no viene sola. La convicción oficial de que el problema de la violencia es la droga -ahora centrado en el narcomenudeo- ha llevado a la aparición de expertos que explican los fenómenos por televisión o medios escritos. Y se dan las coincidencias. No terminó de anunciarse el plan de Macri y hubo conmoción en La Matanza con la aparición de “maras” (pandillas al estilo salvadoreño) hechas de violencia, tatuajes y ritos de iniciación, aludidas por el jefe de la Policía Bonaerense, Cristian Ritondo, y explicadas caóticamente en redes sociales por el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, con datos tomados de “el rincón del vago”.
Los abandonados
3) Tampoco se sabe cómo se generan las adicciones. Lo dicen las madres del pañuelo negro, que reclaman que sus hijos son captados por los “narcos” en un marco de carencias tremendas. ¿Quién analiza la acción de Desarrollo Social en esos lugares? Un informe de esta semana de la Secretaría de Adicciones dice que desde hace ocho años se está capacitando en la problemática y en violencia de género a la Policía. Pero cada drama -como el expresado en la Marcha de la Hermandad de los Barrios del miércoles- expresa que la Policía es sinónimo de ausencia, coima o fuerza de ocupación en esos vecindarios.
El lunes pasado se cumplieron 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema de la Nación, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas. Unos 250 magistrados acaban de declarar que “la llamada guerra contra las drogas ha producido mayores daños a la sociedad que los que supuestamente fue llamada a reducir”. Las víctimas han sido los adictos, ha aumentado el consumo y el Estado gastó y gasta sumas incalculables en perseguirlos. Y promete gastar más. “El 70% de las causas que se tramitan en el fuero federal están vinculadas con delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico” (”La Nación”, 27/8). Consecuencia: más consumidores criminalizados y alejados de los efectores de salud. Cura imposible. Por ello se ve que en pocos meses se ha montado una Agencia Antidrogas en Tucumán pero no se ha dicho una palabra sobre por qué están paradas las obras en el centro de tratamiento para adictos en La Costanera.
Habrá que esperar a que se vayan decantando las propuestas del plan “Argentina sin narcotráfico”. Mientras tanto, la gran cacería ha comenzado. Por ahora es de adictos y pequeños distribuidores. La promesa es que, con el método de siempre, pero aumentado, algún día llegarán a los narcos grandes.
Todos buscan drogas. La hallan los hombres federales y de la provincia (son cinco equipos antidrogas en total) y los agentes comunes no se quedan atrás. Detienen gente a mansalva y en la mayoría de los casos intentan encontrar la conexión de los detenidos con alguna banda distribuidora de estupefacientes. Pero las informaciones que se dan para publicar no indican si eso se logra probar, como no sea simple narcomenudeo. Las detenciones masivas ya hace tiempo han saturado la capacidad de contención de los lugares de alojamiento (de hecho, desde hace un año y medio hay una crisis terminal de infraestructura para tener presos en cárceles y comisarías, que ha determinado que lugares como las seccionales 5a, 8a y 9a hayan sido clausurados) y muchos reciben el beneficio del arresto domiciliario. No lo dicen explícitamente. Es por razones de fuerza mayor. No hay dónde tenerlos.
Guerra a las drogas
Esta frenética actividad de busca de droga y “narcos” se vincula directamente con el impulso del Gobierno nacional a la guerra a las drogas. El martes pasado el presidente Mauricio Macri lanzó el plan nacional “Argentina sin narcotráfico” que contempla un programa amplísimo desde erradicación del “paco” y combate a los “narcos”, hasta la ayuda a los adictos, pasando por la radarización y la capacitación de las fuerzas. Un larguísimo enunciado que, hasta que se va en funcionamiento, merece algunas miradas positivas y otras inquietantes. Entre las primeras, están: 1) Una decisión aparentemente sincera de atender el problema. Se animaron a diseñar un plan y lo pusieron en papel. Lo venían anunciando desde que se dictó la emergencia en seguridad a comienzos de año y ya venía expuesto en las ideas del ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco, que en su libro “El poder narco” (escrito con Sergio Berensztein) en 2014 hizo una seria advertencia con su mirada sobre drogas, inseguridad y violencia en la Argentina. 2) Se hace una convocatoria amplia con espacio de debate a las provincias. Entre estas se destaca Santa Fe, que tiene la experiencia del fracaso de las políticas de seguridad pero a la vez ha expresado y mostrado ese fracaso. Es la provincia más violenta y no esconde los datos y por ello es un gran laboratorio para estudiar el problema. Las otras provincias no han encontrado (o no han querido hallar) las claves para exponer y analizar sus datos. No los conocen.
Sin método de control
Puntos en contra: 1) este plan presenta el problema como una guerra contra el narcotráfico. Remite a la visión oficial y puede ser un tema semántico, pero corresponde al discurso policíaco difundido por los Estados Unidos durante el último medio siglo, cuya política antidrogas ha fracasado rotundamente y así lo ha reconocido el mundo, incluso el presidente Barack Obama. Política de combate, incautaciones, encarcelamientos masivos, mentalidad policíaca con un ritmo de detenciones mucho más rápido que la capacidad de creación de espacios. Eso ocurre acá y el problema no es nuevo. Las peleas entre la Nación y la Provincia por el alojamiento de los detenidos federales vienen desde mucho antes de que se empezara a presionar con más acciones. El caso de los presos VIP de El Manantial, de 2010, es un ejemplo: los hermanos Cristian y Fernando Achén estaban procesados por vender marihuana a estudiantes en Lules y se encontraban alojados en la comisaría de El Manantial porque no había lugar en la cárcel. Hace seis años.
Ahora aparece el conflicto por la falta de control a los que tienen arresto domiciliario. Lo tienen que hacer policías federales y la fuerza no tiene hombres suficientes para ponerlos de custodia, además, en sitios por lo menos inquietantes como “La Bombilla” o los barrios al sur de la capital, donde los agentes no son bien recibidos. Para 20 detenidos necesitan al menos 60 policías en tres turnos. Listo. No encuentran el método para controlar la prisión domiciliaria, dice bien el abogado Carlos Posse. Por ello es que se descubrió de casualidad (fue gente de la Brigada que investigaba un robo) que la “Gorda Noelia” estaba transportando droga en el mismo barrio donde fue detenida en septiembre del año pasado con casi 50 kilos de droga y donde tenía arresto domiciliario.
Engordando miedos
2) No está explícito un plan de seguridad nacional. ¿Es esta la gran estrategia? ¿Quién va a determinar las líneas de acción si no se ha hecho una reforma policial? Cuando difundió las cifras de delito en el país hace pocos meses, el mismo Gobierno reconoció que a causa del apagón estadístico sufrido con el desbaratamiento del Indec desde 2009 no hay datos claros sobre criminalidad. Indirectamente, este plan alude a que atacar de lleno el problema del narcotráfico hará disminuir la violencia en el país. Pero no hay indicadores serios de que la criminalidad y la violencia dependan de la droga. Es una explicación fácil, que engorda los miedos vecinales y esconde la falta de respuesta del fracaso del modelo. Los vecindarios donde son atrapados los “transas” y los adictos son escenarios conflictivos, llenos de carencias, donde las vidas transcurren en medio de ausencia de servicios y de reglas. Allí el salvajismo acecha y bien señalan las autoridades que imperan los conflictos intravecinales e intrafamiliares, más que el delito con fines de lucro. ¿Cuál es el nivel de incidencia de las drogas en esos conflictos? Es una pregunta que no se hacen. No hay análisis de datos.
La cuestión no viene sola. La convicción oficial de que el problema de la violencia es la droga -ahora centrado en el narcomenudeo- ha llevado a la aparición de expertos que explican los fenómenos por televisión o medios escritos. Y se dan las coincidencias. No terminó de anunciarse el plan de Macri y hubo conmoción en La Matanza con la aparición de “maras” (pandillas al estilo salvadoreño) hechas de violencia, tatuajes y ritos de iniciación, aludidas por el jefe de la Policía Bonaerense, Cristian Ritondo, y explicadas caóticamente en redes sociales por el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, con datos tomados de “el rincón del vago”.
Los abandonados
3) Tampoco se sabe cómo se generan las adicciones. Lo dicen las madres del pañuelo negro, que reclaman que sus hijos son captados por los “narcos” en un marco de carencias tremendas. ¿Quién analiza la acción de Desarrollo Social en esos lugares? Un informe de esta semana de la Secretaría de Adicciones dice que desde hace ocho años se está capacitando en la problemática y en violencia de género a la Policía. Pero cada drama -como el expresado en la Marcha de la Hermandad de los Barrios del miércoles- expresa que la Policía es sinónimo de ausencia, coima o fuerza de ocupación en esos vecindarios.
El lunes pasado se cumplieron 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema de la Nación, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas. Unos 250 magistrados acaban de declarar que “la llamada guerra contra las drogas ha producido mayores daños a la sociedad que los que supuestamente fue llamada a reducir”. Las víctimas han sido los adictos, ha aumentado el consumo y el Estado gastó y gasta sumas incalculables en perseguirlos. Y promete gastar más. “El 70% de las causas que se tramitan en el fuero federal están vinculadas con delitos de consumo y sólo un 3% se relacionan con delitos de tráfico” (”La Nación”, 27/8). Consecuencia: más consumidores criminalizados y alejados de los efectores de salud. Cura imposible. Por ello se ve que en pocos meses se ha montado una Agencia Antidrogas en Tucumán pero no se ha dicho una palabra sobre por qué están paradas las obras en el centro de tratamiento para adictos en La Costanera.
Habrá que esperar a que se vayan decantando las propuestas del plan “Argentina sin narcotráfico”. Mientras tanto, la gran cacería ha comenzado. Por ahora es de adictos y pequeños distribuidores. La promesa es que, con el método de siempre, pero aumentado, algún día llegarán a los narcos grandes.
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