Por Juan Manuel Asis
28 Agosto 2016
Qué no sucedió en la semana que pasó. Lo más importante: pasó el 23 de agosto, una fecha política clave; porque exactamente un año después de los comicios de 2015 todos salieron a marcar la cancha pensando en 2017 y en 2019, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Fueron gestos y mensajes hacia la sociedad, algunos claros, otros no tanto.
En ese marco, buscando congraciarse con la ciudadanía, aunque en forma tardía, los ocupantes temporales de la Legislatura eliminaron una forma de otorgar subsidios. No porque mancharan al poder, sino a los representantes del pueblo, a los de ahora y a los de antes: hicieron desaparecer las ayudas sociales a personas (subpartida 514, según el manual de clasificadores presupuestarios de la Provincia). Pero todavía pueden habilitar otro tipo de subsidios: becas (513), a instituciones de enseñanza (515), para actividades científicas o académicas (516), a instituciones culturales y sin fines de lucro (517), a cooperativas (525).
Atención entonces a los listados actuales de las organizaciones inscriptas en la Dirección de Personas Jurídicas y en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). ¿Por qué? Los efectos negativos el sistema de acople dan la pista para tratar de entender la previsión. Cuando se instituyó este nuevo esquema electoral a través de la reforma constitucional de 2006 (en reemplazo de los Lemas), en la provincia existían sólo 100 partidos.
El acople multiplicó el número de organizaciones políticas para convertirlas en una mera boleta perdida en el cuarto oscuro. La operatividad de los partidos se redujo a ser una lista de candidatos donde sólo importa el primero. Se llegó así a las 600 organizaciones habilitadas para la elección del año pasado. Actualmente hay 465 pedidos de reconocimientos en la Junta Electoral Provincial (JEP) para funcionar como partido. En síntesis; desaparecieron los sublemas, emergieron los acoples.
Por analogía, sin ayudas sociales a personas, ¿se vienen los subsidios a entidades? El dinero que no se da por una ventanilla, si es para la acción política, debería salir por otra. Imaginación para ello sobra. Entonces; a observar los listados actuales; no vaya a ser que empiecen a multiplicarse las entidades y las solicitudes de nuevos aportes a la Legislatura. Allá por los noventa era popular decir que cada dirigente político llegaba al poder con una fundación bajo el brazo. La Dirección de Personas Jurídicas, por el inciso 1 del artículo 4 de la ley 8.367 interviene en el otorgamiento y cancelación de las autorizaciones para el funcionamiento de sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones. Si se canaliza por este lado la recuperación de los dineros “perdidos”; deberá observarse atentamente si ingresan carpetas de entidades nuevas en esos dos organismos estatales.
Hay que darles contención. Es la frase que se escuchó por lo bajo en los pasillos legislativos a la hora de pensar en aquellos que recibían ayudas sociales, y que respondían con lealtad de recibo a los parlamentarios. Otra forma de admitir que el gasto social era una inversión política. La prueba más contundente fue la decisión de voltearlos con la excusa de transparentar el sistema de ayuda; ya que implicó el reconocimiento tácito de que el mecanismo perdió su sentido para beneficiar los bolsillos de unos cuantos.
¿De cuántos? Menos de los 6.000 que había en otra Cámara, soltó un funcionario del cuerpo legislativo. Para esos muchachos, algunos de los cuales desfilaron desconcertados por el edificio de Muñecas y avenida Sarmiento: pan, agua y mucho aguante; según graficó un legislador del peronismo. Mucho aguante. Es decir, subsidiados y subsidiadores a dieta, por ahora; con y sin ironía. Los legisladores deberán soportar un tiempo indefinido que les aumenten la dieta -hoy cercana a los $ 40.000- para atender las necesidades sociales de otrora.
Ese ingreso extra, al que el legislador Reneé Ramírez lo identificó en $ 150.000 por mes, no puede “blanquearse” en cantidad porque verificaría que era la cifra que derivaban en ayuda social a unos cuantos privilegiados. Con retorno, claro. Es lo que debe demostrarse. Por de pronto, hay parlamentarios que tienen 10 colaboradores como personal político. Algunos entienden que la dieta debe actualizarse al nivel de un vocal de la Corte, un vocal del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo. La estiman en $ 120.000.
Deberán tener paciencia budista hasta que llegue el aumento para poder cobrarla. Máxime cuando la caída del 514 causó un indisimulable malestar dentro de las paredes del edificio legislativo. Son años de acostumbrarse a un régimen que se ganó el repudio generalizado; y una investigación judicial que está poniendo nerviosos a varios que se pasaron de la raya.
Es que el temor a perder la elección de agosto de 2015 -y con ello el poder que vienen ostentando desde el siglo pasado-, hizo que en el oficialismo sobrepasaran los límites de la prudencia y dieran una batalla desprovista de códigos, al borde de la legalidad. Contaron para ello con la complicidad de los que tenían responsabilidades de control y que miraron para otro lado. Pasó con los acoples, que se multiplicaron por las debilidades del sistema; pasó con los recursos para ayudas sociales antes de los comicios -que sospechosamente se incrementaron por esos días en más de $ 500 millones- y pasó con la publicidad oficial en Canal 10, donde casi se “olvidan” de una deuda del PJ por avisos proselitistas.
Aquella mencionada contención, ¿la puede dar el Ejecutivo? No la política, vinculada a los recursos para los socios sociales de los legisladores -hay que descubrirlos y lograr que se arrepientan para poner en evidencia un posible sistema de corrupción-, porque los intereses y las áreas de influencia territorial de los dirigentes no son los mismos. Sí la social, aunque restringida. Un referente del Poder Legislativo había dicho en tono de disgusto que derivará los pedidos que le hacían hacia las oficinas del PE. ¿Puede reemplazar este “servicio” el Ejecutivo? Nosotros no damos dinero a la gente, tenemos oficinas para atender a familias en riesgo; apunta Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social, estableciendo la sutil diferencia de mecanismos.
Es que la ejecución es completamente diferente; en la Legislatura la ayuda era directa, rápida, en mano; en el caso del PE, la burocracia del Estado retarda la respuesta. El papeleo es el contrapeso a cualquier celeridad. Irónicamente, la ayuda no es ejecutiva. Además, el PE debe realizar una evaluación social extra de las personas que requieren de medicamentos u otro tipo de colaboraciones. Todo es demora.
Discursos y fotos
En fin, los desbordes y la falta de controles le explotaron al Gobierno. Desde el oficialismo, a la vuelta del día 23, hicieron un par de gestos para tratar de congraciarse con la ciudadanía en función de las críticas y de las denuncias de la oposición: primero, al eliminar el devaluado gasto social en un intento de mostrar que este Poder Legislativo quiere ser distinto al anterior -que casualmente conducía Manzur-, aunque con muchas caras repetidas. Segundo, anunciar una reforma política electoral basada en la modificación de la ley de partidos políticos para atenuar los efectos negativos del acople en tiempos de votaciones.
La desaparición del subsidio a las personas llega un poco tarde, en virtud de la escalada de repudios en contra de los manejos legislativos, y la propuesta de cambio político aparece de forma temprana, atendiendo a que su aplicación es para 2019; no antes.
Desde la UCR, con matices, se objeta el acople: unos piden su eliminación (Cano), otros proponen limitarlo a uno (Radicales en Acción). En el fondo, unos plantean la reforma de la Constitución y otros no quieren tocarla. Le temen a la posible composición mayoritaria del FpV en una Convención. En el Gobierno, con su propuesta de alterar la 5.454, lo que están diciendo es acople, sí. Hay que ver la forma.
A esa oposición también la sacudió el 23 de agosto. El año después encuentra al Acuerdo para el Bicentenario con fisuras. Ese día, en un acto en el que se ratificó su continuidad como espacio político alternativo, se puso en evidencia su endeblez. Hubo ausencias notables del lado de radicales y un reconocimiento de Amaya de que las cosas no están bien en el grupo. Allí, los discursos centrales apuntaron a 2019, salteándose llamativamente el 17. Es que es el año que los puede fracturar: las candidaturas pueden detonar el conflicto, porque en los papeles hay lugar para dos y los apellidos que suenan son tres (Cano, Ávila, Amaya). Hay que terminar con el clientelismo en 2019 (Walter, macrista). Trabajar para una reforma política para que en 2019 tengamos elecciones como corresponde (Alfaro, peronista). Consolidar este espacio para ser gobierno en 2019, es el desafío (Cano, radical). ¿2017? Nada.
Además, la supervivencia del ApB no es sólo cuestión de apellidos sino de la evolución de la interna nacional. Un ala radical, con Alfonsín a la cabeza, quiere confrontar con el PRO en una interna; aquí, en Tucumán, Ariel García va a la Justicia por los tarifazos de los socios de 2015; los del PRO quieren enterrar la sigla “ApB” y reemplazarla por “Cambiemos”. El intendente Alfaro está en el medio, es el victorioso del 23 de agosto de 2015, pero debe ver nubarrones en la coalición. No por nada en su discurso de esta semana llamativamente reclamó “grandeza” para mantener ese espacio como alternativa al oficialismo. Sino seremos fracasados; advirtió. Para el futuro del ApB, 2017 es clave.
Lo común en los tres dirigentes del ApB fue Alperovich. Walter le achacó clientelismo; el jefe municipal planteó que debe ser un mal recuerdo y Cano sostuvo que el senador gobierna la provincia desde su casa. Un ninguneo explícito a Manzur. Es que justo en estos días, el ex gobernador tuiteó: compartiendo una cena de trabajo junto a los empresarios de los distintos sectores productivos de Tucumán. E incluyó una foto con Manzur y Jaldo en su mesa. Alperovich también hizo lo suyo a la vuelta del 23. Quiere, y dice, que lo miren.
En ese marco, buscando congraciarse con la ciudadanía, aunque en forma tardía, los ocupantes temporales de la Legislatura eliminaron una forma de otorgar subsidios. No porque mancharan al poder, sino a los representantes del pueblo, a los de ahora y a los de antes: hicieron desaparecer las ayudas sociales a personas (subpartida 514, según el manual de clasificadores presupuestarios de la Provincia). Pero todavía pueden habilitar otro tipo de subsidios: becas (513), a instituciones de enseñanza (515), para actividades científicas o académicas (516), a instituciones culturales y sin fines de lucro (517), a cooperativas (525).
Atención entonces a los listados actuales de las organizaciones inscriptas en la Dirección de Personas Jurídicas y en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). ¿Por qué? Los efectos negativos el sistema de acople dan la pista para tratar de entender la previsión. Cuando se instituyó este nuevo esquema electoral a través de la reforma constitucional de 2006 (en reemplazo de los Lemas), en la provincia existían sólo 100 partidos.
El acople multiplicó el número de organizaciones políticas para convertirlas en una mera boleta perdida en el cuarto oscuro. La operatividad de los partidos se redujo a ser una lista de candidatos donde sólo importa el primero. Se llegó así a las 600 organizaciones habilitadas para la elección del año pasado. Actualmente hay 465 pedidos de reconocimientos en la Junta Electoral Provincial (JEP) para funcionar como partido. En síntesis; desaparecieron los sublemas, emergieron los acoples.
Por analogía, sin ayudas sociales a personas, ¿se vienen los subsidios a entidades? El dinero que no se da por una ventanilla, si es para la acción política, debería salir por otra. Imaginación para ello sobra. Entonces; a observar los listados actuales; no vaya a ser que empiecen a multiplicarse las entidades y las solicitudes de nuevos aportes a la Legislatura. Allá por los noventa era popular decir que cada dirigente político llegaba al poder con una fundación bajo el brazo. La Dirección de Personas Jurídicas, por el inciso 1 del artículo 4 de la ley 8.367 interviene en el otorgamiento y cancelación de las autorizaciones para el funcionamiento de sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones. Si se canaliza por este lado la recuperación de los dineros “perdidos”; deberá observarse atentamente si ingresan carpetas de entidades nuevas en esos dos organismos estatales.
Hay que darles contención. Es la frase que se escuchó por lo bajo en los pasillos legislativos a la hora de pensar en aquellos que recibían ayudas sociales, y que respondían con lealtad de recibo a los parlamentarios. Otra forma de admitir que el gasto social era una inversión política. La prueba más contundente fue la decisión de voltearlos con la excusa de transparentar el sistema de ayuda; ya que implicó el reconocimiento tácito de que el mecanismo perdió su sentido para beneficiar los bolsillos de unos cuantos.
¿De cuántos? Menos de los 6.000 que había en otra Cámara, soltó un funcionario del cuerpo legislativo. Para esos muchachos, algunos de los cuales desfilaron desconcertados por el edificio de Muñecas y avenida Sarmiento: pan, agua y mucho aguante; según graficó un legislador del peronismo. Mucho aguante. Es decir, subsidiados y subsidiadores a dieta, por ahora; con y sin ironía. Los legisladores deberán soportar un tiempo indefinido que les aumenten la dieta -hoy cercana a los $ 40.000- para atender las necesidades sociales de otrora.
Ese ingreso extra, al que el legislador Reneé Ramírez lo identificó en $ 150.000 por mes, no puede “blanquearse” en cantidad porque verificaría que era la cifra que derivaban en ayuda social a unos cuantos privilegiados. Con retorno, claro. Es lo que debe demostrarse. Por de pronto, hay parlamentarios que tienen 10 colaboradores como personal político. Algunos entienden que la dieta debe actualizarse al nivel de un vocal de la Corte, un vocal del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo. La estiman en $ 120.000.
Deberán tener paciencia budista hasta que llegue el aumento para poder cobrarla. Máxime cuando la caída del 514 causó un indisimulable malestar dentro de las paredes del edificio legislativo. Son años de acostumbrarse a un régimen que se ganó el repudio generalizado; y una investigación judicial que está poniendo nerviosos a varios que se pasaron de la raya.
Es que el temor a perder la elección de agosto de 2015 -y con ello el poder que vienen ostentando desde el siglo pasado-, hizo que en el oficialismo sobrepasaran los límites de la prudencia y dieran una batalla desprovista de códigos, al borde de la legalidad. Contaron para ello con la complicidad de los que tenían responsabilidades de control y que miraron para otro lado. Pasó con los acoples, que se multiplicaron por las debilidades del sistema; pasó con los recursos para ayudas sociales antes de los comicios -que sospechosamente se incrementaron por esos días en más de $ 500 millones- y pasó con la publicidad oficial en Canal 10, donde casi se “olvidan” de una deuda del PJ por avisos proselitistas.
Aquella mencionada contención, ¿la puede dar el Ejecutivo? No la política, vinculada a los recursos para los socios sociales de los legisladores -hay que descubrirlos y lograr que se arrepientan para poner en evidencia un posible sistema de corrupción-, porque los intereses y las áreas de influencia territorial de los dirigentes no son los mismos. Sí la social, aunque restringida. Un referente del Poder Legislativo había dicho en tono de disgusto que derivará los pedidos que le hacían hacia las oficinas del PE. ¿Puede reemplazar este “servicio” el Ejecutivo? Nosotros no damos dinero a la gente, tenemos oficinas para atender a familias en riesgo; apunta Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social, estableciendo la sutil diferencia de mecanismos.
Es que la ejecución es completamente diferente; en la Legislatura la ayuda era directa, rápida, en mano; en el caso del PE, la burocracia del Estado retarda la respuesta. El papeleo es el contrapeso a cualquier celeridad. Irónicamente, la ayuda no es ejecutiva. Además, el PE debe realizar una evaluación social extra de las personas que requieren de medicamentos u otro tipo de colaboraciones. Todo es demora.
Discursos y fotos
En fin, los desbordes y la falta de controles le explotaron al Gobierno. Desde el oficialismo, a la vuelta del día 23, hicieron un par de gestos para tratar de congraciarse con la ciudadanía en función de las críticas y de las denuncias de la oposición: primero, al eliminar el devaluado gasto social en un intento de mostrar que este Poder Legislativo quiere ser distinto al anterior -que casualmente conducía Manzur-, aunque con muchas caras repetidas. Segundo, anunciar una reforma política electoral basada en la modificación de la ley de partidos políticos para atenuar los efectos negativos del acople en tiempos de votaciones.
La desaparición del subsidio a las personas llega un poco tarde, en virtud de la escalada de repudios en contra de los manejos legislativos, y la propuesta de cambio político aparece de forma temprana, atendiendo a que su aplicación es para 2019; no antes.
Desde la UCR, con matices, se objeta el acople: unos piden su eliminación (Cano), otros proponen limitarlo a uno (Radicales en Acción). En el fondo, unos plantean la reforma de la Constitución y otros no quieren tocarla. Le temen a la posible composición mayoritaria del FpV en una Convención. En el Gobierno, con su propuesta de alterar la 5.454, lo que están diciendo es acople, sí. Hay que ver la forma.
A esa oposición también la sacudió el 23 de agosto. El año después encuentra al Acuerdo para el Bicentenario con fisuras. Ese día, en un acto en el que se ratificó su continuidad como espacio político alternativo, se puso en evidencia su endeblez. Hubo ausencias notables del lado de radicales y un reconocimiento de Amaya de que las cosas no están bien en el grupo. Allí, los discursos centrales apuntaron a 2019, salteándose llamativamente el 17. Es que es el año que los puede fracturar: las candidaturas pueden detonar el conflicto, porque en los papeles hay lugar para dos y los apellidos que suenan son tres (Cano, Ávila, Amaya). Hay que terminar con el clientelismo en 2019 (Walter, macrista). Trabajar para una reforma política para que en 2019 tengamos elecciones como corresponde (Alfaro, peronista). Consolidar este espacio para ser gobierno en 2019, es el desafío (Cano, radical). ¿2017? Nada.
Además, la supervivencia del ApB no es sólo cuestión de apellidos sino de la evolución de la interna nacional. Un ala radical, con Alfonsín a la cabeza, quiere confrontar con el PRO en una interna; aquí, en Tucumán, Ariel García va a la Justicia por los tarifazos de los socios de 2015; los del PRO quieren enterrar la sigla “ApB” y reemplazarla por “Cambiemos”. El intendente Alfaro está en el medio, es el victorioso del 23 de agosto de 2015, pero debe ver nubarrones en la coalición. No por nada en su discurso de esta semana llamativamente reclamó “grandeza” para mantener ese espacio como alternativa al oficialismo. Sino seremos fracasados; advirtió. Para el futuro del ApB, 2017 es clave.
Lo común en los tres dirigentes del ApB fue Alperovich. Walter le achacó clientelismo; el jefe municipal planteó que debe ser un mal recuerdo y Cano sostuvo que el senador gobierna la provincia desde su casa. Un ninguneo explícito a Manzur. Es que justo en estos días, el ex gobernador tuiteó: compartiendo una cena de trabajo junto a los empresarios de los distintos sectores productivos de Tucumán. E incluyó una foto con Manzur y Jaldo en su mesa. Alperovich también hizo lo suyo a la vuelta del 23. Quiere, y dice, que lo miren.
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