Las ruinas de lo imposible
Esta semana hubiera cumplido años Jorge Luis Borges. Eso solo bastaba para recordarlo, pero fue el poder, en Tucumán, el que hizo que resultara inevitable reparar en su obra. En particular, en lo que Michel Foucault escribió en Las palabras y las cosas, libro que, según el propio pensador francés, “nació de un texto de Borges”: El idioma analítico de John Wilkins. De la risa que, al leerlo, sacude todo lo familiar a nuestro pensamiento; y que trastorna todas las superficies ordenadas.

“Este texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que los animales se dividen en a pertenecientes al Emperador, b embalsamados, c amaestrados, d lechones, e sirenas, f fabulosos, g perros sueltos, h incluidos en esta clasificación, i que se agitan como locos, j innumerables, k dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l etcétera, m que acaban de romper el jarrón, n que de lejos parecen moscas”.

Frente al asombro que provoca el absurdo extraordinario de semejante inventario, lo que se observa (sostiene Foucault) es el límite de nuestro pensamiento: la imposibilidad de pensar esto.

A ese límite del pensamiento lleva la reunión mantenida hace dos jueves (y revelada esta semana por LA GACETA) por las cabezas de los tres poderes. En la casa del presidente de la Corte, Antonio Gandur, el gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, hablaron de los planteos que el Gobierno formuló en el juicio que promueve el legislador Eudoro Aráoz para saber cuál fue el destino de los $ 615 millones que el año pasado erogó la Legislatura en subsidios.

Como en la creación borgeana, donde conviven las bestias “fabulosas” con las “sirenas” y las que “se agitan como locos” sólo porque admiten la designación de “animales”, el encuentro de los responsables de la Justicia, la Casa de Gobierno y la Legislatura implica la proximidad inconcebible de tres estamentos que no pueden mezclarse (aunque admitan el nombre de “poderes”) porque su naturaleza es la de ser independientes y controlarse recíprocamente. Pero en el año del Bicentenario, la realidad tucumana hizo posible aquello que sólo era admisible en la ficción.

Es verdad: Gandur había rechazado antes de ese encuentro dos pretensiones del poder político. Una era apartar del caso al camarista Rodolfo Novillo, quien decapitó los peores atropellos de la Constitución alperovichista, y que aún tiene pendiente de resolución una decena de objeciones planteadas por los constitucionalista Luis Iriarte y Carmen Fontán. La otra era detener el trámite del juicio “Aráoz”. Pero no menos cierto es que la distancia entre los poderes es una prescripción de la Constitución Nacional. El artículo 109 establece que al titular del Ejecutivo no puede “arrogarse el conocimiento de causas judiciales”.

Eso sí: lo increíble no es que los referentes de los tres poderes se hayan reunido con la finalidad conocida. Esta es, tal vez, la primera vez que se confirma públicamente que un cónclave semejante ha ocurrido, pero esa práctica no es inédita desde 2003. En cambio, lo inaudito es que el Estado tucumano se haya degradado hasta el punto de que esas reuniones sean posibles.

“La monstruosidad que Borges hace circular por su enumeración consiste -instruye Foucault- en que el espacio común del encuentro se halla él mismo en ruinas. Lo imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas”.

Tal vez porque esta provincia parece imposible, acontecen no pocas imposibilidades. Nada han dicho respecto de la cumbre casera de los poderes públicos ni los partidos de la oposición ni las instituciones vinculadas a la Justicia, como los Colegios de Abogados o la Asociación de Magistrados. En cambio, quien sí se ha pronunciado críticamente contra Gandur fue uno de los participantes del encuentro. “Nunca voy adonde no me invitan, y nunca entro a un domicilio al que no me invitan a pasar; por lo tanto, no soy yo quien debe hacer declaraciones”, se despachó Jaldo. Desdijo así la versión del titular del superior tribunal, quien sostuvo que el gobernador y el vice propusieron visitarlo en su casa, a lo cual no se negó por una cuestión de educación.

Los anuncios

Esta semana cumplió años la oprobiosa elección del 23 de agosto de 2015. La de urnas quemadas y bolsoneo, urnas embarazadas y acarreo, urnas vaciadas y tiroteo. El fraude fue declarado por los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek. Sólo 72 horas después, la Corte, con el palacio de Tribunales sitiado, convalidó los comicios con los mismos argumentos que los abogados José Roberto Toledo, Arnaldo Ahumada y Daniel Ponce habían brindado para invalidarlos.

El discurso de Manzur, una vez ungido gobernador, fue un compromiso público y explícito de una reforma política, lo que hasta ahora no cumplió. Sólo se publicó un libro, “Tucumán dialoga”, que hasta aquí sólo sirvió para preguntarse qué significará “dialogar” para el oficialismo. El gobernador se olvidó del asunto; y cuando el presidente, Mauricio Macri, se lo recordó en la Casa Rosada delante de los intendentes tucumanos, el vicegobernador Jaldo contestó que había otras prioridades.

En el imposible Tucumán, ahora, es Jaldo quien levanta la bandera de la reforma política. La eliminación de los “Gastos Sociales” (decisión tomada hace 20 días, como se avisó aquí hace dos sábados) es sólo una de las decisiones adoptadas en la Legislatura. Hay otras dos. Por un lado, bancarizar el 100% de los movimientos financieros de la Cámara. Por otro, crear un espacio para avanzar en la reforma política, donde estén todos los partidos con representación parlamentaria.

Como anuncios son excelentes noticias para la arrasada institucionalidad tucumana, y prometen reposicionar a Jaldo en la consideración pública… pero son sólo anuncios. Para que sean verdad, según el dogma peronista, tienen que hacerse realidad. Ello implica que no puede haber un sistema alternativo de los “Gastos Sociales”. Y eso entrañará no poca incomodidad económica para no pocos legisladores. Con el fiscal federal Carlos Brito investigando si los “Gastos Sociales” eran también (o sobre todo) “sobresueldos”, un aumento exponencial de las dietas es igual a declararse culpables. Es razonable que los parlamentarios, como miembros de un poder del Estado, reclamen ganar lo mismo que los miembros de la Justicia (los encumbrados quintuplican los $ 30.000 del emolumento legislativo). Pero que sea razonable no equivale a que sea oportuna.

Efectivamente, materializar esas medidas es liquidar el aceitado mecanismo de financiamiento “negro” de la política tucumana a través de la Legislatura. Para decirlo en tucumano básico: el año pasado hubo “valijas” porque estaban vigentes el retiro por ventanilla (para llenar las maletas) y los “Gastos Sociales” (para vaciarlas sin mayores trámites).

Precisamente, que la eliminación de los “Gastos Sociales” no haga olvidar las “valijas”.

La comisión pluripartidaria para impulsar la reforma política es otro asunto. En primer lugar, licua el peso específico del PJ, conducido por Beatriz Rojkés. La convocatoria es a todas las fuerzas representadas en la Cámara, es decir, a todos los “acoples” (cada uno es un partido político) que consagraron un legislador. Léase, el PJ tendrá sólo un voto entre varias docenas de votos.

En segundo lugar, es una intimación al Poder Ejecutivo para que transparente sus cuentas (el presupuesto de la Secretaría General de la Gobernación nada tiene que envidiarle a la partida legislativa de subsidios); y para que lleve claridad al régimen de partidos políticos (con este sistema, en 2019 habrá un millar: uno cada 1.500 habitantes) y al sistema de emisión del sufragio.

La Justicia tampoco se salva. Es cada día más insostenible el régimen de privilegios que los exime de tributar Impuesto a las Ganancias, todo un divorcio vincular con la igualdad ante la ley.

Los límites

Pasado mañana cumpliría años Juan Bautista Alberdi. Decir que a él le adeudamos la Constitución es una manera extendida de no comprender cuánto le debemos (todo lo que le debemos) al mayor pensador del siglo XIX argentino. El constitucionalista Roberto Gargarella ofrece una clave para redimensionar el legado de Alberdi: para que funcione la democracia tiene que primar el constitucionalismo.

Son los sistemas de relaciones y contrapesos que plantea nuestro sistema republicano, consagrado en la Constitución, los que hacen que a la democracia le importen las mayorías y también las minorías. Sólo así interesan los que ganaron las elecciones y también los que las perdieron. Sólo así los poderes pueden clasificarse mediante sistemas virtuosos que les adjudican funciones y valores. Cuando el constitucionalismo no prevalece, las instituciones tienen sólo una enumeración posible. Están, en primer lugar, las que le pertenecen al emperador. Y, después, todas las otras. Como las que aparentan estar dibujadas con un pincel finísimo de pelo de camello. Como las que de lejos parecen moscas.

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