Por LA GACETA
27 Agosto 2016
Los anuncios formulados en las últimas horas por el Jefe del Gabinete del Gobierno Nacional, respecto de que se mantendrán las dificultades en la provisión de energía para el verano, no dejan de generar preocupación y alarma. Habrá “de nuevo cortes de luz” por la falta de inversión en el área de los últimos 12 años, anticipó el alto funcionario.
Marcos Peña -es el Jefe del Gabinete- reiteró que el problema energético “es uno de los temas más conflictivos de la herencia recibida” del gobierno anterior, al que acusó de llevar a la Argentina hacia un “laberinto de muchas mentiras”, pero confió en que las audiencias públicas para discutir las tarifas, que exigió la Corte Suprema de Justicia al frenar los incrementos en el gas, permitirá hallar los “consensos” necesarios para encausar una problemática crítica y compleja.
Ciertamente, y pudiéndose tomar este anuncio como un virtual sinceramiento de las previsiones que manejan las autoridades sobre la escasez de energía, resulta llamativo que no se halla explicitado -a la vez- algún programa alternativo o un plan de acción superador que contemple este trance, que como se presupone, acarreará graves trastornos y dificultades a empresas, familias, usuarios.
En línea con esta estrategia, el Jefe de Gabinete insistió con la idea fuerza que utiliza el Gobierno para enfrentar la situación: que “la destrucción del sistema energético” que se produjo en la última década y la demora en introducir los incrementos que permitan bajar la carga de subsidios con los que se cubre este servicio llevará al país “a vivir a fin de año de nuevo cortes de luz”.
Luego del freno que sufrió la política energética en la Justicia -como se dijo, la Corte Suprema hizo caer los fuertes aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo y retrotrajo los valores al 31 de marzo pasado- lo que evidencia este tipo de anuncios es que el Gobierno Nacional se mantiene en sus treces de deslindar responsabilidades y desoír el reclamo generalizado de expertos y de gobernadores que exigen la elaboración de un programa de fondo, una propuesta más allá de la contingencia, para buscar soluciones integrales y duraderas.
Como se conoce, casi el 54 % de la matriz energética de la Argentina se asienta en la provisión de gas y un 35 % del petróleo, insumos que en gran medida nuestro país se ve obligado a importar. La provisión de electricidad por la vía hidráulica es apenas superior al 4% y la proveniente del componente nuclear sólo es del 2%. Pero se sabe también que la Argentina tiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial, lo que posibilitaría aumentar por lo menos nueve veces la producciones de petróleo y treinta veces las de gas, un potencial fundamental para lograr el autoabastecimiento energético de manera sostenida. Y esa perspectivas es la que -precisamente- alienta una visión distinta de la que el Gobierno se empeña en sostener. Y es claro también que un plan de mediano y largo plazo debe contemplar la urgente puesta en marcha de nuevas inversiones en el sector, y el impulso a proyectos sustentables y eficientes que puedan garantizar la provisión y el abastecimiento de ese insumo vital que es la energía. Envuelto en los problemas que heredó -realmente es así y hay que reconocerlo-, pero también en la implementación de medidas imprecisas, infructuosas y contradictorias, el Gobierno debería salirse de este laberinto y tomar las precauciones para resolver la situación energética. Las advertencias y las alarmas no servirán de mucho si no se asume que el compromiso y la responsabilidad principal es gestionar la crisis y mostrar capacidad para encontrar el rumbo.
Marcos Peña -es el Jefe del Gabinete- reiteró que el problema energético “es uno de los temas más conflictivos de la herencia recibida” del gobierno anterior, al que acusó de llevar a la Argentina hacia un “laberinto de muchas mentiras”, pero confió en que las audiencias públicas para discutir las tarifas, que exigió la Corte Suprema de Justicia al frenar los incrementos en el gas, permitirá hallar los “consensos” necesarios para encausar una problemática crítica y compleja.
Ciertamente, y pudiéndose tomar este anuncio como un virtual sinceramiento de las previsiones que manejan las autoridades sobre la escasez de energía, resulta llamativo que no se halla explicitado -a la vez- algún programa alternativo o un plan de acción superador que contemple este trance, que como se presupone, acarreará graves trastornos y dificultades a empresas, familias, usuarios.
En línea con esta estrategia, el Jefe de Gabinete insistió con la idea fuerza que utiliza el Gobierno para enfrentar la situación: que “la destrucción del sistema energético” que se produjo en la última década y la demora en introducir los incrementos que permitan bajar la carga de subsidios con los que se cubre este servicio llevará al país “a vivir a fin de año de nuevo cortes de luz”.
Luego del freno que sufrió la política energética en la Justicia -como se dijo, la Corte Suprema hizo caer los fuertes aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo y retrotrajo los valores al 31 de marzo pasado- lo que evidencia este tipo de anuncios es que el Gobierno Nacional se mantiene en sus treces de deslindar responsabilidades y desoír el reclamo generalizado de expertos y de gobernadores que exigen la elaboración de un programa de fondo, una propuesta más allá de la contingencia, para buscar soluciones integrales y duraderas.
Como se conoce, casi el 54 % de la matriz energética de la Argentina se asienta en la provisión de gas y un 35 % del petróleo, insumos que en gran medida nuestro país se ve obligado a importar. La provisión de electricidad por la vía hidráulica es apenas superior al 4% y la proveniente del componente nuclear sólo es del 2%. Pero se sabe también que la Argentina tiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial, lo que posibilitaría aumentar por lo menos nueve veces la producciones de petróleo y treinta veces las de gas, un potencial fundamental para lograr el autoabastecimiento energético de manera sostenida. Y esa perspectivas es la que -precisamente- alienta una visión distinta de la que el Gobierno se empeña en sostener. Y es claro también que un plan de mediano y largo plazo debe contemplar la urgente puesta en marcha de nuevas inversiones en el sector, y el impulso a proyectos sustentables y eficientes que puedan garantizar la provisión y el abastecimiento de ese insumo vital que es la energía. Envuelto en los problemas que heredó -realmente es así y hay que reconocerlo-, pero también en la implementación de medidas imprecisas, infructuosas y contradictorias, el Gobierno debería salirse de este laberinto y tomar las precauciones para resolver la situación energética. Las advertencias y las alarmas no servirán de mucho si no se asume que el compromiso y la responsabilidad principal es gestionar la crisis y mostrar capacidad para encontrar el rumbo.
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