Por Roberto Delgado
13 Agosto 2016
“La droga es la culpable de todo”, piensan los funcionarios y los policías tucumanos y la gente de Seguridad de la Nación, que apenas comenzado el nuevo gobierno hizo declarar la emergencia en seguridad para concentrarse en la guerra contra el narcotráfico. Y como la droga es la culpable, el enfoque pretendidamente represivo ignora los problemas sociales y de convivencia que acompañan la violencia.
Villa 9 de Julio, zona estigmatizada desde hace años como foco de violencia y como centro de distribución de drogas en un área que se expande desde el sector noreste de la capital, es en estos días ejemplo de ese enfoque. La visión de los funcionarios es que allí se da la pelea entre los clanes Toro y Carrión por el control del territorio del narcomenudeo, y allí hicieron hace 10 días un gigantesco operativo con 200 policías, gendarmes y agentes federales para “pacificar” la zona y luego exhibieron una curiosa cifra estadística de “cero denuncia” de arrebatos. A pesar de que en los seis allanamientos en busca de delincuentes no se había hallado a nadie. Y de que apenas se habían incautado tres armas.
Pocos días después del megaoperativo una mujer de uno de los clanes fue violada y golpeada salvajemente y la explicación policial fue que el ataque se debía a la guerra por el manejo de las drogas. El miércoles pasado un joven herido de bala se presentó en el Centro de Salud y, según la Policía, dijo que lo habían atacado en represalia por el abuso sexual. Luego escapó del hospital. El jueves pasado se volvió a hacer un operativo en la barriada, llamado “Tucumán activa”, con 100 policías, gendarmes, agentes de seguridad aeroportuaria y federales, en un “desplazamiento para prevenir delitos” según dijo el comisario Martín Galván, jefe de la Unidad Regional Capital. Operativo parecido al que se hizo en mayo en la zona, que está muy lejos de querer pacificarse.
Hay que recorrer esa villa, empezando desde la avenida Juan B. Justo a la altura del sanatorio Regional, hacia el este. Barriada donde las calles están destruidas (al igual que todo el degradado sector que va desde la avenida Sarmiento en dirección a El Colmenar). Siempre hay ruido de disparos, siempre hay arrebatos. Según las publicaciones de este año, allí fueron asesinados el guardia de seguridad Walter Jurado el 16 de febrero en Martín Berho al 400 y Luciano Gaspar Calderón (hijo de una mujer de apellido Toro), el 30 de abril, en Blas Parera al 400 (a una cuadra de distancia del otro crimen). La policía de la seccional 10 no tiene presencia en la zona, no la recorre y la única vez que se ven agentes es cuando se hacen los operativos. Pero la estrategia se ve excedida por la realidad: en los mismos días en que se hacía el megaoperativo en Villa 9 de Julio ocurrían tres asesinatos en otro barrio conflictivo, “La Bombilla”. Esos tres crímenes también fueron vinculados por la Policía a peleas entre familias por el territorio: se trata de Emanuel Antonio Reyna (recibió disparos 17/7 de dos jóvenes en moto); Luis Ezequiel Navarro (el 29/7, a manos de un menor de apellido Reyna); y José María Papa (el 30/7). Si se extendiera la estrategia de multipresencia policial desplegada en Villa 9 de Julio, habría que poner otros 200 policías en “La Bombilla”, donde se contabilizaron cinco homicidios (publicados) en lo que va del año. Pero habría que tener en cuenta que la multipresencia policial ya existe allí: casi en el corazón de “La Bombilla” está la Jefatura de Policía.
Y además faltaría ver otros barrios sacudidos por la violencia: en La Costanera hubo tres crímenes en lo que va de 2016; en San Cayetano, tres y en barrio Tiro Federal, dos. En Tucumán se contabilizan 63 asesinatos durante este año (cinco son feminicidios); y aunque en varias ocasiones la Policía ha destacado el vínculo entre robos, violencia y narcotráfico, no hay un estudio contundente que ayude a esbozar una estrategia. En el caso de la muerte del quinielero Edgardo Mistretta, el 26 de mayo en Barrio Independencia, nunca se pudo comprobar que haya quedado atrapado en un tiroteo entre bandas narcos.
Todo es narco
Sin embargo, las hipótesis de la violencia siguen siendo como una expresión de problemas de narcotráfico. Ayer el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, fue enfático. Dijo que no hay coordinación con la Justicia Federal; se queja de la lentitud para conceder medidas y que se están esperando allanamientos en 100 puntos de venta de drogas. “Algo se está haciendo mal”, dice el fiscal Washington Navarro Dávila, que es el que desde hace bastante tiempo destaca que en operativos de robos los policías suelen toparse con drogas, como fue en el caso del “Mono” Reyna en “La Bombilla”, en cuya casa se hallaron 4 kilos de marihuana.
Pero el asunto no parece tan claro. No hay estudios sobre la efectividad de los operativos del último año. El fiscal federal Pablo Camuña, que lee el mismo fenómeno de violencia en disputa territorial, analiza que el fenómeno de la pobreza creciente marca un mercado que va a la baja (por la crisis económica habrá menos plata) y que la explicación de la violencia excede la agencia judicial. Acaso se refiere al inexistente desarrollo social y a los centros de tratamiento de adictos postergados. Nadie lo sabe. No hay estudios, sino las cifras que esgrimen los funcionarios.
Tampoco se sabe si esas cifras son como el método de “puntos rojos” que ha lanzado el Gobierno para pacificar la capital a través de las denuncias que se reciben en el 911. “Es un sistema que va a permitir mejorar la tarea de prevención, ya que semanalmente vamos a poder saber cuáles son los puntos rojos para neutralizar”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. El sistema -presentado como único en el país, por lo que no hay punto de comparación con nada- parece hecho a idea de la estrategia de los “hot spots” (puntos calientes) puesto en práctica hace 20 años en la policía de Nueva York por el famoso Willam Bratton. Sistema que allá se encadenó con el estudio de la evidencia y con el trabajo de analistas del delito, hechos con sistemas rigurosos de registros policiales y con confianza de la gente en la Policía. Lo cual acá no existe, como tampoco existen los mapas del delito, ni la respuesta adecuada. Acá lanzamos modelos antes de ponernos a estudiar. Como pasa en Villa 9 de Julio.
Villa 9 de Julio, zona estigmatizada desde hace años como foco de violencia y como centro de distribución de drogas en un área que se expande desde el sector noreste de la capital, es en estos días ejemplo de ese enfoque. La visión de los funcionarios es que allí se da la pelea entre los clanes Toro y Carrión por el control del territorio del narcomenudeo, y allí hicieron hace 10 días un gigantesco operativo con 200 policías, gendarmes y agentes federales para “pacificar” la zona y luego exhibieron una curiosa cifra estadística de “cero denuncia” de arrebatos. A pesar de que en los seis allanamientos en busca de delincuentes no se había hallado a nadie. Y de que apenas se habían incautado tres armas.
Pocos días después del megaoperativo una mujer de uno de los clanes fue violada y golpeada salvajemente y la explicación policial fue que el ataque se debía a la guerra por el manejo de las drogas. El miércoles pasado un joven herido de bala se presentó en el Centro de Salud y, según la Policía, dijo que lo habían atacado en represalia por el abuso sexual. Luego escapó del hospital. El jueves pasado se volvió a hacer un operativo en la barriada, llamado “Tucumán activa”, con 100 policías, gendarmes, agentes de seguridad aeroportuaria y federales, en un “desplazamiento para prevenir delitos” según dijo el comisario Martín Galván, jefe de la Unidad Regional Capital. Operativo parecido al que se hizo en mayo en la zona, que está muy lejos de querer pacificarse.
Hay que recorrer esa villa, empezando desde la avenida Juan B. Justo a la altura del sanatorio Regional, hacia el este. Barriada donde las calles están destruidas (al igual que todo el degradado sector que va desde la avenida Sarmiento en dirección a El Colmenar). Siempre hay ruido de disparos, siempre hay arrebatos. Según las publicaciones de este año, allí fueron asesinados el guardia de seguridad Walter Jurado el 16 de febrero en Martín Berho al 400 y Luciano Gaspar Calderón (hijo de una mujer de apellido Toro), el 30 de abril, en Blas Parera al 400 (a una cuadra de distancia del otro crimen). La policía de la seccional 10 no tiene presencia en la zona, no la recorre y la única vez que se ven agentes es cuando se hacen los operativos. Pero la estrategia se ve excedida por la realidad: en los mismos días en que se hacía el megaoperativo en Villa 9 de Julio ocurrían tres asesinatos en otro barrio conflictivo, “La Bombilla”. Esos tres crímenes también fueron vinculados por la Policía a peleas entre familias por el territorio: se trata de Emanuel Antonio Reyna (recibió disparos 17/7 de dos jóvenes en moto); Luis Ezequiel Navarro (el 29/7, a manos de un menor de apellido Reyna); y José María Papa (el 30/7). Si se extendiera la estrategia de multipresencia policial desplegada en Villa 9 de Julio, habría que poner otros 200 policías en “La Bombilla”, donde se contabilizaron cinco homicidios (publicados) en lo que va del año. Pero habría que tener en cuenta que la multipresencia policial ya existe allí: casi en el corazón de “La Bombilla” está la Jefatura de Policía.
Y además faltaría ver otros barrios sacudidos por la violencia: en La Costanera hubo tres crímenes en lo que va de 2016; en San Cayetano, tres y en barrio Tiro Federal, dos. En Tucumán se contabilizan 63 asesinatos durante este año (cinco son feminicidios); y aunque en varias ocasiones la Policía ha destacado el vínculo entre robos, violencia y narcotráfico, no hay un estudio contundente que ayude a esbozar una estrategia. En el caso de la muerte del quinielero Edgardo Mistretta, el 26 de mayo en Barrio Independencia, nunca se pudo comprobar que haya quedado atrapado en un tiroteo entre bandas narcos.
Todo es narco
Sin embargo, las hipótesis de la violencia siguen siendo como una expresión de problemas de narcotráfico. Ayer el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, fue enfático. Dijo que no hay coordinación con la Justicia Federal; se queja de la lentitud para conceder medidas y que se están esperando allanamientos en 100 puntos de venta de drogas. “Algo se está haciendo mal”, dice el fiscal Washington Navarro Dávila, que es el que desde hace bastante tiempo destaca que en operativos de robos los policías suelen toparse con drogas, como fue en el caso del “Mono” Reyna en “La Bombilla”, en cuya casa se hallaron 4 kilos de marihuana.
Pero el asunto no parece tan claro. No hay estudios sobre la efectividad de los operativos del último año. El fiscal federal Pablo Camuña, que lee el mismo fenómeno de violencia en disputa territorial, analiza que el fenómeno de la pobreza creciente marca un mercado que va a la baja (por la crisis económica habrá menos plata) y que la explicación de la violencia excede la agencia judicial. Acaso se refiere al inexistente desarrollo social y a los centros de tratamiento de adictos postergados. Nadie lo sabe. No hay estudios, sino las cifras que esgrimen los funcionarios.
Tampoco se sabe si esas cifras son como el método de “puntos rojos” que ha lanzado el Gobierno para pacificar la capital a través de las denuncias que se reciben en el 911. “Es un sistema que va a permitir mejorar la tarea de prevención, ya que semanalmente vamos a poder saber cuáles son los puntos rojos para neutralizar”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. El sistema -presentado como único en el país, por lo que no hay punto de comparación con nada- parece hecho a idea de la estrategia de los “hot spots” (puntos calientes) puesto en práctica hace 20 años en la policía de Nueva York por el famoso Willam Bratton. Sistema que allá se encadenó con el estudio de la evidencia y con el trabajo de analistas del delito, hechos con sistemas rigurosos de registros policiales y con confianza de la gente en la Policía. Lo cual acá no existe, como tampoco existen los mapas del delito, ni la respuesta adecuada. Acá lanzamos modelos antes de ponernos a estudiar. Como pasa en Villa 9 de Julio.
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