Por Álvaro José Aurane
13 Agosto 2016
Si la sociedad política que conforman Juan Manzur y Osvaldo Jaldo termina mal, es probable que esta segunda semana de agosto pueda ser anotada como el momento político en que la relación entre ambos comenzó a descascararse.
El cimbronazo que acaba de estremecer los cimientos del binomio gobernante es un hecho inédito: la declaración de defunción de los “Gastos Sociales” de la Legislatura. A los efectos de la república, es una noticia magnífica. A los efectos de la política tucumana (es decir, de una de las peores formas conocidas de “hacer política”) es un hito que hasta el momento nadie acierta cómo encarar.
Lo salvaje
Desde que la Democracia Pavimentadora comenzó a asfaltar las instituciones de Tucumán, esos dineros discrecionales (con los cuales el Poder Legislativo fue hormigonado) merecieron toda clase de cuestionamientos. No es para menos: millones de pesos fluyeron desde Cámara durante la Década Saqueada, mediante un sistema de rendición de cuentas alucinante: en una hoja A4 salida de una impresora común se anota un nombre y un monto de dinero, se le adjunta una fotocopia de DNI y… listo. Si el subsidios fue para ayudar a Fulano de Tal para pagar la luz o el gas o para comprar alimentos, no se adjunta la boleta abonada ni el ticket del súper. Si fue para asistir a Mengano de Cual con un viaje o una internación, no se presentan copias de los pasajes ni facturas por los servicios de salud. Léase: la respuesta oficial, por todo concepto, es: “lo gasté en pobres”.
Semejante oprobio de procedimiento disparó los más aberrantes abusos, algunos fotografiados, otros documentados administrativamente, todos avisados por LA GACETA. El año pasado nomás, en valijas que luego eran subidas a camionetas de la Legislatura, fueron sacos del banco oficial prácticamente $ 200 millones en apenas 90 días: los tres meses previos a las elecciones. Salieron a pasera en maletas, para nunca más volver, $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto.
Entonces llegó septiembre y una oportunísima ampliación presupuestaria del 60% para las valijeadas cuentas de Legislatura (para la administración pública en general fue sólo del 8%). $ 570 millones fueron girados la partida de sueldos (Gastos en Personal), pero de inmediato (y contra el debido proceso administrativo) $ 470 millones fueron transferidos a “Gastos Sociales”. Y, como se explicó, no se puede saber mediante probada rendición de cuentas adónde va a parar lo que cae dentro de ese agujero negro.
Los “Gastos Sociales”, pese a todo este salvajismo estatal (y, justamente, también gracias a él), sobrevivieron. Es que no se trata sólo del dinero que maneja discrecionalmente el parlamento provincial: estamos hablando, sustancialmente, del mecanismo de financiamiento de la política tucumana. Porque hay dos opciones: o Tucumán es la capital nacional de las casualidades, o con toda esa plata se financió la campaña electoral para los comicios provinciales (en agosto) y nacionales (en octubre). Y si la segunda posibilidad es la cierta, la Democracia Pavimentadora habrá terminado de alquitranar la república: con los impuestos de los tucumanos financia su permanencia. O lo que es peor, habrá creado el impuesto a la democracia. Más aún: le pagamos (y mucho) al alperovichismo para que tuviera la gentileza de gobernarnos.
Claro está, llovieron las denuncias, pero no importaron. Es decir, no le importaron a la Justicia Provincial. Acaba de cumplir 282 días la presentación judicial del abogado Oscar López para conocer el destino de los $ 200 millones sacados en rueditas, cuando en realidad (si el Código Procesal Penal es real) había un plazo de tres días para decidir si el expediente era archivado o si era enviado a un juez para que realizara una investigación jurisdiccional, que debe arrojar un resultado a los 90 días. O sea, ya pasaron los plazos de tres investigaciones jurisdiccional... y nada.
Ese limbo se llama Estado de Excepción. La instancia en la cual el derecho está vigente, pero no se aplica. Eso son los Gastos de Bloque. Eso y más.
La pesquisa
Un par de legisladores opositores de la nueva conformación parlamentaria resolvió no recibir “Gastos de Bloque”. Tampoco importó. Por el contrario, esa decisión fue hasta bienvenida. Ocurre que las denuncias que no se cursan en la Justicia provincial sí preocupan al poder político tucumano. El fiscal federal Carlos Brito está investigando si los “Gastos Sociales”, además de financiar la política, también financian a los políticos.
Si hubiera legisladores que se quedaron con “Gastos Sociales” para provecho personal, se estaría ante un caso de evasión fiscal: ese dinero discrecional habría operado como sobresueldo, sin que se pagaran aportes ni impuestos de ley.
En ese contexto, que haya legisladores que resignan los “Gastos Sociales” será argumentado oficialmente como muestra de que no hay sobresueldos sino “opcionales” subsidios para terceros, que los legisladores pueden emplear, o no. Claro que -según informadas fuentes tribunalicias- todavía resta la posibilidad de que, si el fiscal recibe la documentación que solicitó acerca de los beneficiarios de los subsidios parlamentarios, se cite a declarar a algunos de ellos para que confirmen que recibieron los subsidios…
Pero inclusive con el Ministerio Público federal tratando de desentrañar la trama del discrecionalísimo dineral parlamentario, los “Gastos Sociales” persistieron… hasta esta misma semana. Hasta el momento en que ocurrió algo sin precedentes durante el alperovichato: a los subsidios en cuestión los dinamitó un legislador del mismísimo oficialismo.
El instante
Los “Gastos Sociales” perecieron en un instante: el momento en que el parlamentario Reneé Ramírez declaró que no le alcanzan $ 150.000 por mes de “Gastos Sociales” para entregar ayudas. Ese pronunciamiento, a los efectos del escándalo público, es una declaración impune, pero a la luz de las valijas puede hasta ser considerado anecdótico. Pero hacia adentro fue una doble implosión.
Por un lado, determinó un estallido -si se quiere- contable. Si los 47 legisladores que manejan “Gastos Sociales” disponen $ 150.000 mensuales, el ejercicio de multiplicar el resultado por los 12 meses del año, el resultado es $ 84,6 millones. El año pasado, sin embargo, se ejecutaron $ 620 millones. ¿Y la diferencia?
Por otro lado -el lado más explosivo-, la “confesión” de Ramírez detonó ferozmente en el plano político. Los que concurren a Jaldo entienden (y se encargaron de dejarlo en claro a la totalidad de los legisladores) que detrás de las declaraciones de Ramírez está el ex gobernador, José Alperovich. Para mayor intriga, no le firman certificado de inocencia a Manzur.
Las voces pragmáticas que llegan hasta los oídos de Jaldo (y que en calidad de tales no reparan en debates axiológicos sobre los subsidios discrecionales) le han dicho a toda la Cámara que haber hecho estallar los “Gastos Sociales” con los dichos de Ramírez busca que el vicegobernador se quede sin herramientas para “hacer política” (para lo que la matriz cultural del alperovichismo entiende que es “hacer política”). Léase: si los legisladores no obtienen del parlamento los recursos para atender las “necesidades” de sus distritos, irán a buscar esas “soluciones” a la Casa de Gobierno. Y el vicegobernador será decorativo.
La teoría conspirativa termina de ser alimentada en el corazón de la Legislatura con el currículum político de Ramírez. Es un alperovichista certificado, que desde el gremio de la sanidad que conduce históricamente (ATSA) llegó a enfrentar durante el alperovichato a los trabajadores autoconvocados de la salud, quienes sin contar por entonces con un gremio le arrancaron al Gobierno históricas mejoras laborales y salariales para el sector.
La reunión
Qué piensa Jaldo es imposible de determinar. Pero los hechos de esta semana desmalezan las especulaciones.
LA GACETA publicó el lunes los dichos de Ramírez. Esa misma tarde se reunió el bloque oficialista, con la pública excusa de definir temas para la sesión del jueves. A ese cónclave llegaron juntos, y no con el mejor semblante, el presidente subrogante, Julio Silman, y el vicepresidente primero, Guillermo Gassenbauer. Transmitieron que venían de una reunión con Jaldo. Y que debían comunicar que los “Gastos Sociales” se terminaban.
Hubo reacciones diversas. Un experimentado legislador del interior vociferó que sin esos recursos no puede (ahí va otra vez) “hacer política”. Uno de sus pares, un recién llegado del distrito de la capital, planteó que las “cifras no cerraban”, porque el total de lo que los legisladores maneja con los “Gastos Sociales” es muy inferior al monto que se ejecuta por “Transferencias”. El resto, al parecer, estaba enfrascado en pensar en “el día después” del fin de los subsidios.
Desde el oficialismo y desde la oposición se barruntan ideas varias, que pueden reunirse en dos grupos: convertir los subsidios en contratos de locación de servicios para que cada legislador pueda designar empleados; mantener los subsidios a personas, pero tramitados desde una oficina de ayuda social.
Sea lo que fuere en que vaya a derivar la cuestión (todavía hay quienes prefieren hacerse los distraídos y proponen mantener todo como está porque aseguran que ya va a pasar la polémica y “la gente se va a olvidar”), las variables operativas no deben distraer del cimbronazo político.
La notificación
El jueves se realizó la anunciada sesión. El último tema no estaba en el orden del día. Fue agregado en el momento, lo cual sólo es posible si una mayoría especial (los dos tercios de los legisladores) está de acuerdo. No sólo se obtuvo esa cifra agravada: la iniciativa, al final, fue aprobada por unanimidad. Se trata de una resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a otorgar a las 18 municipalidades del interior la misma refinanciación de deuda que se le dio a la capital. Justo después de que Manzur dijera que no iba a proceder igual con todos, sino que iba a analizar caso por caso. Justo para las municipalidades en las que no pocos intendentes le deben mucho al ex ministro del Interior, que es Jaldo.
Es una resolución, es cierto: una manifestación de anhelo de la Cámara. Pero es también una toma de posición intempestiva, adoptada por quienes comenzaban a despedirse de los “Gastos Sociales”. Para más coincidencias, los autores del proyecto son Gassenbauer y Silman, los dos legisladores que se habían reunido con Jaldo y habían comunicado al bloque la defunción de esos subsidios.
La resolución no impone obligación alguna al gobernador. Para ordenarle que refinancie todas las deudas municipales (y en consecuencia dejar a Manzur sin el endeudamiento como herramienta para mantener sumisos a los intendentes y “alineados” a sus electorados) habría que dictar una ley. Así que lo aprobado el jueves no es una imposición, pero sí una notificación. Y ya se sabe que uno de los apotegmas sagrados del peronismo es que “el que avisa, no traiciona”.
El cimbronazo que acaba de estremecer los cimientos del binomio gobernante es un hecho inédito: la declaración de defunción de los “Gastos Sociales” de la Legislatura. A los efectos de la república, es una noticia magnífica. A los efectos de la política tucumana (es decir, de una de las peores formas conocidas de “hacer política”) es un hito que hasta el momento nadie acierta cómo encarar.
Lo salvaje
Desde que la Democracia Pavimentadora comenzó a asfaltar las instituciones de Tucumán, esos dineros discrecionales (con los cuales el Poder Legislativo fue hormigonado) merecieron toda clase de cuestionamientos. No es para menos: millones de pesos fluyeron desde Cámara durante la Década Saqueada, mediante un sistema de rendición de cuentas alucinante: en una hoja A4 salida de una impresora común se anota un nombre y un monto de dinero, se le adjunta una fotocopia de DNI y… listo. Si el subsidios fue para ayudar a Fulano de Tal para pagar la luz o el gas o para comprar alimentos, no se adjunta la boleta abonada ni el ticket del súper. Si fue para asistir a Mengano de Cual con un viaje o una internación, no se presentan copias de los pasajes ni facturas por los servicios de salud. Léase: la respuesta oficial, por todo concepto, es: “lo gasté en pobres”.
Semejante oprobio de procedimiento disparó los más aberrantes abusos, algunos fotografiados, otros documentados administrativamente, todos avisados por LA GACETA. El año pasado nomás, en valijas que luego eran subidas a camionetas de la Legislatura, fueron sacos del banco oficial prácticamente $ 200 millones en apenas 90 días: los tres meses previos a las elecciones. Salieron a pasera en maletas, para nunca más volver, $ 48 millones en junio; $ 53 millones en julio; y $ 92 millones en agosto.
Entonces llegó septiembre y una oportunísima ampliación presupuestaria del 60% para las valijeadas cuentas de Legislatura (para la administración pública en general fue sólo del 8%). $ 570 millones fueron girados la partida de sueldos (Gastos en Personal), pero de inmediato (y contra el debido proceso administrativo) $ 470 millones fueron transferidos a “Gastos Sociales”. Y, como se explicó, no se puede saber mediante probada rendición de cuentas adónde va a parar lo que cae dentro de ese agujero negro.
Los “Gastos Sociales”, pese a todo este salvajismo estatal (y, justamente, también gracias a él), sobrevivieron. Es que no se trata sólo del dinero que maneja discrecionalmente el parlamento provincial: estamos hablando, sustancialmente, del mecanismo de financiamiento de la política tucumana. Porque hay dos opciones: o Tucumán es la capital nacional de las casualidades, o con toda esa plata se financió la campaña electoral para los comicios provinciales (en agosto) y nacionales (en octubre). Y si la segunda posibilidad es la cierta, la Democracia Pavimentadora habrá terminado de alquitranar la república: con los impuestos de los tucumanos financia su permanencia. O lo que es peor, habrá creado el impuesto a la democracia. Más aún: le pagamos (y mucho) al alperovichismo para que tuviera la gentileza de gobernarnos.
Claro está, llovieron las denuncias, pero no importaron. Es decir, no le importaron a la Justicia Provincial. Acaba de cumplir 282 días la presentación judicial del abogado Oscar López para conocer el destino de los $ 200 millones sacados en rueditas, cuando en realidad (si el Código Procesal Penal es real) había un plazo de tres días para decidir si el expediente era archivado o si era enviado a un juez para que realizara una investigación jurisdiccional, que debe arrojar un resultado a los 90 días. O sea, ya pasaron los plazos de tres investigaciones jurisdiccional... y nada.
Ese limbo se llama Estado de Excepción. La instancia en la cual el derecho está vigente, pero no se aplica. Eso son los Gastos de Bloque. Eso y más.
La pesquisa
Un par de legisladores opositores de la nueva conformación parlamentaria resolvió no recibir “Gastos de Bloque”. Tampoco importó. Por el contrario, esa decisión fue hasta bienvenida. Ocurre que las denuncias que no se cursan en la Justicia provincial sí preocupan al poder político tucumano. El fiscal federal Carlos Brito está investigando si los “Gastos Sociales”, además de financiar la política, también financian a los políticos.
Si hubiera legisladores que se quedaron con “Gastos Sociales” para provecho personal, se estaría ante un caso de evasión fiscal: ese dinero discrecional habría operado como sobresueldo, sin que se pagaran aportes ni impuestos de ley.
En ese contexto, que haya legisladores que resignan los “Gastos Sociales” será argumentado oficialmente como muestra de que no hay sobresueldos sino “opcionales” subsidios para terceros, que los legisladores pueden emplear, o no. Claro que -según informadas fuentes tribunalicias- todavía resta la posibilidad de que, si el fiscal recibe la documentación que solicitó acerca de los beneficiarios de los subsidios parlamentarios, se cite a declarar a algunos de ellos para que confirmen que recibieron los subsidios…
Pero inclusive con el Ministerio Público federal tratando de desentrañar la trama del discrecionalísimo dineral parlamentario, los “Gastos Sociales” persistieron… hasta esta misma semana. Hasta el momento en que ocurrió algo sin precedentes durante el alperovichato: a los subsidios en cuestión los dinamitó un legislador del mismísimo oficialismo.
El instante
Los “Gastos Sociales” perecieron en un instante: el momento en que el parlamentario Reneé Ramírez declaró que no le alcanzan $ 150.000 por mes de “Gastos Sociales” para entregar ayudas. Ese pronunciamiento, a los efectos del escándalo público, es una declaración impune, pero a la luz de las valijas puede hasta ser considerado anecdótico. Pero hacia adentro fue una doble implosión.
Por un lado, determinó un estallido -si se quiere- contable. Si los 47 legisladores que manejan “Gastos Sociales” disponen $ 150.000 mensuales, el ejercicio de multiplicar el resultado por los 12 meses del año, el resultado es $ 84,6 millones. El año pasado, sin embargo, se ejecutaron $ 620 millones. ¿Y la diferencia?
Por otro lado -el lado más explosivo-, la “confesión” de Ramírez detonó ferozmente en el plano político. Los que concurren a Jaldo entienden (y se encargaron de dejarlo en claro a la totalidad de los legisladores) que detrás de las declaraciones de Ramírez está el ex gobernador, José Alperovich. Para mayor intriga, no le firman certificado de inocencia a Manzur.
Las voces pragmáticas que llegan hasta los oídos de Jaldo (y que en calidad de tales no reparan en debates axiológicos sobre los subsidios discrecionales) le han dicho a toda la Cámara que haber hecho estallar los “Gastos Sociales” con los dichos de Ramírez busca que el vicegobernador se quede sin herramientas para “hacer política” (para lo que la matriz cultural del alperovichismo entiende que es “hacer política”). Léase: si los legisladores no obtienen del parlamento los recursos para atender las “necesidades” de sus distritos, irán a buscar esas “soluciones” a la Casa de Gobierno. Y el vicegobernador será decorativo.
La teoría conspirativa termina de ser alimentada en el corazón de la Legislatura con el currículum político de Ramírez. Es un alperovichista certificado, que desde el gremio de la sanidad que conduce históricamente (ATSA) llegó a enfrentar durante el alperovichato a los trabajadores autoconvocados de la salud, quienes sin contar por entonces con un gremio le arrancaron al Gobierno históricas mejoras laborales y salariales para el sector.
La reunión
Qué piensa Jaldo es imposible de determinar. Pero los hechos de esta semana desmalezan las especulaciones.
LA GACETA publicó el lunes los dichos de Ramírez. Esa misma tarde se reunió el bloque oficialista, con la pública excusa de definir temas para la sesión del jueves. A ese cónclave llegaron juntos, y no con el mejor semblante, el presidente subrogante, Julio Silman, y el vicepresidente primero, Guillermo Gassenbauer. Transmitieron que venían de una reunión con Jaldo. Y que debían comunicar que los “Gastos Sociales” se terminaban.
Hubo reacciones diversas. Un experimentado legislador del interior vociferó que sin esos recursos no puede (ahí va otra vez) “hacer política”. Uno de sus pares, un recién llegado del distrito de la capital, planteó que las “cifras no cerraban”, porque el total de lo que los legisladores maneja con los “Gastos Sociales” es muy inferior al monto que se ejecuta por “Transferencias”. El resto, al parecer, estaba enfrascado en pensar en “el día después” del fin de los subsidios.
Desde el oficialismo y desde la oposición se barruntan ideas varias, que pueden reunirse en dos grupos: convertir los subsidios en contratos de locación de servicios para que cada legislador pueda designar empleados; mantener los subsidios a personas, pero tramitados desde una oficina de ayuda social.
Sea lo que fuere en que vaya a derivar la cuestión (todavía hay quienes prefieren hacerse los distraídos y proponen mantener todo como está porque aseguran que ya va a pasar la polémica y “la gente se va a olvidar”), las variables operativas no deben distraer del cimbronazo político.
La notificación
El jueves se realizó la anunciada sesión. El último tema no estaba en el orden del día. Fue agregado en el momento, lo cual sólo es posible si una mayoría especial (los dos tercios de los legisladores) está de acuerdo. No sólo se obtuvo esa cifra agravada: la iniciativa, al final, fue aprobada por unanimidad. Se trata de una resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a otorgar a las 18 municipalidades del interior la misma refinanciación de deuda que se le dio a la capital. Justo después de que Manzur dijera que no iba a proceder igual con todos, sino que iba a analizar caso por caso. Justo para las municipalidades en las que no pocos intendentes le deben mucho al ex ministro del Interior, que es Jaldo.
Es una resolución, es cierto: una manifestación de anhelo de la Cámara. Pero es también una toma de posición intempestiva, adoptada por quienes comenzaban a despedirse de los “Gastos Sociales”. Para más coincidencias, los autores del proyecto son Gassenbauer y Silman, los dos legisladores que se habían reunido con Jaldo y habían comunicado al bloque la defunción de esos subsidios.
La resolución no impone obligación alguna al gobernador. Para ordenarle que refinancie todas las deudas municipales (y en consecuencia dejar a Manzur sin el endeudamiento como herramienta para mantener sumisos a los intendentes y “alineados” a sus electorados) habría que dictar una ley. Así que lo aprobado el jueves no es una imposición, pero sí una notificación. Y ya se sabe que uno de los apotegmas sagrados del peronismo es que “el que avisa, no traiciona”.
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