08 Agosto 2016
WASHINGTON.- Las causas de narcotráfico contra destacados elementos del chavismo empiezan a acumularse en Estados Unidos, país que, como destino de gran parte de la droga, combate especialmente el comercio internacional de estupefacientes.
“Era solo cuestión de tiempo”, afirma alguien que colabora con la DEA (Agencia antinarcóticos estadounidense) en la obtención de testigos que ayuden en las investigaciones y aporten pruebas ante los tribunales federales de EEUU.
El desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan información como salvavidas propio.
“Es un sálvese quien pueda. Finalmente está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha sido un narcoestado”, añade la fuente.
Según un anuncio de una de las fiscalías de Nueva York, el director y subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol y Edylberto Molina respectivamente, han sido acusados formalmente por narcotráfico por permitir el traslado de cargamentos a través del territorio nacional.
Por su parte, Hugo Carvajal y Henry Rangel, directores de Inteligencia Militar y de Espionaje Civil respectivamente, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner droga en el mercado.
Las mismas fuentes que ya en enero desvelaron que el general Reverol, jefe de la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente, apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de la Guardia Nacional con un documento sellado, preparado por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EEUU por Barack Obama. Las acusaciones de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y 2010, “recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína para su importación dentro de EEUU”.
“Alertaron a los traficantes de futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban a desarrollar actividades, para así permitir a los narcotraficantes que cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte de droga”, añade. (Especial)
“Era solo cuestión de tiempo”, afirma alguien que colabora con la DEA (Agencia antinarcóticos estadounidense) en la obtención de testigos que ayuden en las investigaciones y aporten pruebas ante los tribunales federales de EEUU.
El desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan información como salvavidas propio.
“Es un sálvese quien pueda. Finalmente está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha sido un narcoestado”, añade la fuente.
Según un anuncio de una de las fiscalías de Nueva York, el director y subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol y Edylberto Molina respectivamente, han sido acusados formalmente por narcotráfico por permitir el traslado de cargamentos a través del territorio nacional.
Por su parte, Hugo Carvajal y Henry Rangel, directores de Inteligencia Militar y de Espionaje Civil respectivamente, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner droga en el mercado.
Las mismas fuentes que ya en enero desvelaron que el general Reverol, jefe de la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente, apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de la Guardia Nacional con un documento sellado, preparado por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EEUU por Barack Obama. Las acusaciones de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y 2010, “recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína para su importación dentro de EEUU”.
“Alertaron a los traficantes de futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban a desarrollar actividades, para así permitir a los narcotraficantes que cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte de droga”, añade. (Especial)
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