31 Julio 2016
LA GACETA / INÉS QUINTEROS ORIO
“Hay un patrón en el que la Justicia investiga al poder una vez que el poder no está”. El director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, se refirió así al impulso que tomaron en Tribunales las causas que investigan a ex funcionarios una vez que se produjo el cambio de Gobierno en la Casa Rosada.
“(Los procesos) pierden mucha legitimidad porque uno no puede dejar de tener dudas sobre los fines que se persiguen en las investigaciones. Si tienen el de investigar un caso de corrupción o si es usada para hacer política. Lo vemos muy claramente en cuestiones como el caso AMIA. El CELS representa a Memoria Activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de 20 años, se esta juzgando el caso por encubrimiento”, argumentó en una charla con LA GACETA. En ese contexto, cuestionó también la detención de Milagro Sala, más allá de que aseguró que debe ser investigada.
Chillier estuvo en Tucumán en nombre del CELS para presentarse, junto a otra decena de organizaciones, como amicus curiae en la Corte Suprema local por el caso de Belén (nombre ficticio), la joven condenada por homicidio que asegura haber sufrido un aborto espontáneo.
Deudas
El representante consideró que el caso de Belén es uno de los más graves en cuanto a violaciones de derechos humanos. Enhebró a partir de éste las deudas que, según el CELS, hay en la provincia en esa materia.
“El de Belén es uno de los casos más tremendos de violaciones de derechos humanos que pueden sufrir las mujeres en contexto de interrupción de un embarazo, ya sea voluntario o no. El hecho de que haya entrado en un hospital con dolor de panza y salido presa y condenada a ocho años lo dice todo. Venimos a alertar a la Corte sobre las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se preocupó por la situación. La Corte tiene la llave para resolver una situación grave de cómo los sistemas de salud y judicial han tratado a Belén. Ella es un caso paradigmático, pero no es el único”, advirtió.
Chillier se reunió en su paso por la provincia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y con la funcionaria del área local, Erica Brunotto. “Le planteamos dos observaciones del Comité relacionadas con el problema estructural de la interrupción voluntaria del embarazo, de los casos de aborto no punible. Tucumán es una de las cuatro provincias donde no hay protocolo para la implementación y es la única que no adhirió a la Ley de salud reproductiva y procreación responsable”, lamentó.
Consideró que también se planteó a Avruj la necesidad, de acuerdo con el CELS, de que el Estado promueva la despenalización. “Hay un proyecto de ley en el Congreso. Como en un momento fue inexorable aprobar una ley por el matrimonio igualitario, creo que la sociedad argentina demandará la sanción de una ley que descriminalice el aborto, sobre todo, porque además del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, hay un problema grave de salud pública. La clase política no puede mantener la hipocresía de mirar para otro lado cuando se sabe que muchas mujeres mueren por año por abortos ilegales. En general, son mujeres pobres que no tienen recursos. Son casos de violencia institucional”, subrayó.
Consignó que la violencia institucional abarca desde situaciones como la de Belén hasta las detenciones policiales sin orden judicial. En este punto se detuvo para afirmar que observan el caso de Tucumán por la vigencia del Código de Contravenciones policiales (declarado inconstitucional por la Corte) y la difusión de videos de torturas en comisarías locales. “Hay un llamado de atención del Comité a los gobiernos nacional y provinciales para que se erradiquen todas aquellas legislaciones que permitan detenciones sin una orden judicial. A pesar de que fallo ‘Nuñez’ declaró inconstitucional el Código, no hubo una reforma. Se viola el derecho a la libertad y sirve como fuente de corrupción, violencia y tortura”, expresó.
Apeló a la clase política tucumana y al Gobierno a no sólo cambiar la normativa, sino también a reformar las fuerzas de seguridad. “Esta es una provincia donde los casos de violencia policial y de falta de control judicial y político sobre la Policía hace que las prácticas violentas se perpetúen”, apuntó.
Lesa humanidad
Chillier aseguró que si bien el Gobierno nacional reiteró su compromiso de seguir con las políticas de juzgamiento y reparación de los crímenes del terrorismo de Estado, tomó medidas contradictorias. Repudió el “desmantelamiento” de unidades del Estado relacionadas con las políticas.
“El tema no ocupa un lugar central en la agenda de Gobierno. Estas ambigüedades generan cuestiones como las del desfile del 9 de Julio, donde se reivindicó el Operativo Independencia. Muchos quedamos atónitos, porque aquí se están juzgando violaciones graves a los derechos humanos durante la vigencia del Operativo. Son malas señales”, concluyó.
“(Los procesos) pierden mucha legitimidad porque uno no puede dejar de tener dudas sobre los fines que se persiguen en las investigaciones. Si tienen el de investigar un caso de corrupción o si es usada para hacer política. Lo vemos muy claramente en cuestiones como el caso AMIA. El CELS representa a Memoria Activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de 20 años, se esta juzgando el caso por encubrimiento”, argumentó en una charla con LA GACETA. En ese contexto, cuestionó también la detención de Milagro Sala, más allá de que aseguró que debe ser investigada.
Chillier estuvo en Tucumán en nombre del CELS para presentarse, junto a otra decena de organizaciones, como amicus curiae en la Corte Suprema local por el caso de Belén (nombre ficticio), la joven condenada por homicidio que asegura haber sufrido un aborto espontáneo.
Deudas
El representante consideró que el caso de Belén es uno de los más graves en cuanto a violaciones de derechos humanos. Enhebró a partir de éste las deudas que, según el CELS, hay en la provincia en esa materia.
“El de Belén es uno de los casos más tremendos de violaciones de derechos humanos que pueden sufrir las mujeres en contexto de interrupción de un embarazo, ya sea voluntario o no. El hecho de que haya entrado en un hospital con dolor de panza y salido presa y condenada a ocho años lo dice todo. Venimos a alertar a la Corte sobre las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se preocupó por la situación. La Corte tiene la llave para resolver una situación grave de cómo los sistemas de salud y judicial han tratado a Belén. Ella es un caso paradigmático, pero no es el único”, advirtió.
Chillier se reunió en su paso por la provincia con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y con la funcionaria del área local, Erica Brunotto. “Le planteamos dos observaciones del Comité relacionadas con el problema estructural de la interrupción voluntaria del embarazo, de los casos de aborto no punible. Tucumán es una de las cuatro provincias donde no hay protocolo para la implementación y es la única que no adhirió a la Ley de salud reproductiva y procreación responsable”, lamentó.
Consideró que también se planteó a Avruj la necesidad, de acuerdo con el CELS, de que el Estado promueva la despenalización. “Hay un proyecto de ley en el Congreso. Como en un momento fue inexorable aprobar una ley por el matrimonio igualitario, creo que la sociedad argentina demandará la sanción de una ley que descriminalice el aborto, sobre todo, porque además del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, hay un problema grave de salud pública. La clase política no puede mantener la hipocresía de mirar para otro lado cuando se sabe que muchas mujeres mueren por año por abortos ilegales. En general, son mujeres pobres que no tienen recursos. Son casos de violencia institucional”, subrayó.
Consignó que la violencia institucional abarca desde situaciones como la de Belén hasta las detenciones policiales sin orden judicial. En este punto se detuvo para afirmar que observan el caso de Tucumán por la vigencia del Código de Contravenciones policiales (declarado inconstitucional por la Corte) y la difusión de videos de torturas en comisarías locales. “Hay un llamado de atención del Comité a los gobiernos nacional y provinciales para que se erradiquen todas aquellas legislaciones que permitan detenciones sin una orden judicial. A pesar de que fallo ‘Nuñez’ declaró inconstitucional el Código, no hubo una reforma. Se viola el derecho a la libertad y sirve como fuente de corrupción, violencia y tortura”, expresó.
Apeló a la clase política tucumana y al Gobierno a no sólo cambiar la normativa, sino también a reformar las fuerzas de seguridad. “Esta es una provincia donde los casos de violencia policial y de falta de control judicial y político sobre la Policía hace que las prácticas violentas se perpetúen”, apuntó.
Lesa humanidad
Chillier aseguró que si bien el Gobierno nacional reiteró su compromiso de seguir con las políticas de juzgamiento y reparación de los crímenes del terrorismo de Estado, tomó medidas contradictorias. Repudió el “desmantelamiento” de unidades del Estado relacionadas con las políticas.
“El tema no ocupa un lugar central en la agenda de Gobierno. Estas ambigüedades generan cuestiones como las del desfile del 9 de Julio, donde se reivindicó el Operativo Independencia. Muchos quedamos atónitos, porque aquí se están juzgando violaciones graves a los derechos humanos durante la vigencia del Operativo. Son malas señales”, concluyó.
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