Por Indalecio Francisco Sanchez
28 Julio 2016
El Instituto Provincial de la Vivienda está bajo fuego del Gobierno nacional. A través de tucumanos apostados en despachos de la administración de Mauricio Macri, el organismo recibe una combinación de golpes, intensos y leves por igual. Las denuncias van desde la falta de orden y de “mérito” en la adjudicación de módulos habitacionales hasta el análisis sobre obras que habrían sido pagadas y no completadas. En el medio hay de todo un poco: empresas cartelizando obras, constructoras cuyos dueños serían empleados del propio IPV y viviendas que se edifican con presuntos fines comerciales en vez de sociales.
La cuestión preocupa a funcionarios y empresarios por igual porque no saben qué tan profundo están dispuestos a investigar los hombres del Presidente. Por lo pronto, Domingo Amaya, a cargo de Vivienda de la Nación, podría salir magullado. En el Gabinete nacional le calentaron la oreja a la mesa chica macrista con frases como “fue demasiado benévolo” y “no se entiende por qué no puso el ojo sobre las verdaderas irregularidades”. Se refieren a la auditoría que el organismo nacional realizó en mayo y que reveló que el plan “Mejor Vivir II” no tenía los papeles en regla, que los módulos se entregaban con “preferencias electorales” y que no podía comprobarse que “efectivamente se hayan construido”. La irregularidad es preocupante, pero habría ilícitos de envergadura mucho mayor. La respuesta del interventor del IPV, Gustavo Durán, dejó más dudas: aceptó que “autoridades” como legisladores, concejales e intendentes definen a quién le dan los módulos, porque “conocen cuáles son sus necesidades”. Y aseveró que todos los que los recibieron “los necesitaban”. Pero no dijo nada sobre esa arbitrariedad en la concesión. ¿El que no es “amigo” o partidario de esas “autoridades”, tuvo igual chance de acceso al módulo? ¿No debería haber un estudio social previo para arbitrar prioridades?
Encima, el plan en cuestión es el mismo por el que Milagro Sala quedó detenida en Jujuy y por el que está en duda el manejo de fondos públicos por parte del ex secretario de Obras Públicas, José López. El nombre de “Paco” resuena por doquier en Muñecas 455. Los empleados del instituto se animan a mirar mal, con el pope en desgracia, a los beneficiados de lo que habría sido un sistema de enriquecimiento para “compañeros” de esa misma institución. Hablan de dos hermanos que tramitaban y recaudaban para López, y del encargado de un programa nacional que posee una constructora. La firma inició actividad el 23 de junio de 2006 y, como marca la ley, tuvo que esperar hasta 2010 para poder comenzar a hacer trabajos para el Estado. No cesó de edificar obras públicas. La oficina donde funciona la empresa, antes era el estudio del padre del funcionario del IPV y uno de sus sobrinos aparece como integrante del trío de dueños de la firma. Falta poco para que pueda vincularse al hombre en cuestión con la constructora. No es la única “empresa nueva” en la mira.
A todo esto se suma otro papelón: Amaya, junto a Juan Manzur, lanzó un barrio en Las Talitas. El lunes siguiente, varios vecinos llegaron preguntando: “¿cómo me inscribo en el barrio que salió en el diario?”. “Señora, a eso lo comercializa una constructora”, era la respuesta, según los propios trabajadores del instituto y un video que circula por Whatsapp. Efectivamente, el entramado en torno a ello se publica hoy en LA GACETA y el propio Amaya dijo que se reverá el sistema.
Los papeles con las irregularidades diversas se analizan en la Casa Rosada. Se suman a otra denuncia que también apunta contra el IPV y, principalmente, contra un grupo de constructoras acusadas de ilícitos diversos, que incluyen sobreprecios y vicios de construcción. Ese escrito avanza en la Oficina Anticorrupción, abarrotada de trabajo. Sus funcionarios aún no llegaron a la letra “T” en el índice de provincias.
Un dardo jujeño
Otra denuncia podría caer encima de la Casa de Gobierno. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales puso en marcha la zafra del ingenio La Esperanza en medio de críticas hacia la intervención nacional K en esa fábrica, que emplea a 1.500 sampedrinos. “Hemos rechazado las rendiciones de cuentas de las administraciones anteriores, y toda la farsa que se ha generado a partir de fondos de la UCAR, que no han servido para contribuir a la continuidad del ingenio, y por el contrario han servido para que algunos hagan algunas cosas que no tenían nada que ver con este ingenio. Van a tener que rendir cuentas de esto en la Justicia todos los que vaciaron el ingenio”, avisó Morales, según una nota de Matías Longoni publicada ayer en Clarín. El gobernador instruyó a sus funcionarios para que presenten las denuncias penales correspondientes. La Unidad de Cambio Rural (la UCAR) era manejada por Jorge Neme, el secretario de Relaciones Internacionales de Manzur, muy cercano al gobernador. Es el hombre que, por ejemplo, el fin de semana recibirá a empresarios de primera línea en un encuentro en Tucumán que encabezará el ex presidente español Felipe González. Según Morales, Neme habría manejado unos $ 1.000 millones, en tres años, que poco habrían servido para sacar al ingenio de la quiebra que enfrenta desde 2000.
En el quincho de José
En medio de este cambalache de denuncias, sequía de obras nacionales y cese de treguas que habían regido por el Bicentenario, el jefe máximo convocó a una cena en su residencia. José Alperovich aguardó el retorno de Osvaldo Jaldo (de vacaciones hasta ayer) y mañana a la noche recibirá en su casa al gobernador, al vice, al ministro del Interior y a ex intendentes, entre otros ex y actuales funcionarios. No les dijo para qué los llamó, pero se especula que el tema obras y la necesidad de aglutinar la tropa son dos motivos. Algunos ex jefes municipales murmuran que no irán. Se sienten acogidos, pero no mimados por Manzur. Es que escasean los contratos para que nombren a sus punteros y obras para movilizar fondos. Habrá que ver cómo funciona el peronismo con la billetera semivacía.
La cuestión preocupa a funcionarios y empresarios por igual porque no saben qué tan profundo están dispuestos a investigar los hombres del Presidente. Por lo pronto, Domingo Amaya, a cargo de Vivienda de la Nación, podría salir magullado. En el Gabinete nacional le calentaron la oreja a la mesa chica macrista con frases como “fue demasiado benévolo” y “no se entiende por qué no puso el ojo sobre las verdaderas irregularidades”. Se refieren a la auditoría que el organismo nacional realizó en mayo y que reveló que el plan “Mejor Vivir II” no tenía los papeles en regla, que los módulos se entregaban con “preferencias electorales” y que no podía comprobarse que “efectivamente se hayan construido”. La irregularidad es preocupante, pero habría ilícitos de envergadura mucho mayor. La respuesta del interventor del IPV, Gustavo Durán, dejó más dudas: aceptó que “autoridades” como legisladores, concejales e intendentes definen a quién le dan los módulos, porque “conocen cuáles son sus necesidades”. Y aseveró que todos los que los recibieron “los necesitaban”. Pero no dijo nada sobre esa arbitrariedad en la concesión. ¿El que no es “amigo” o partidario de esas “autoridades”, tuvo igual chance de acceso al módulo? ¿No debería haber un estudio social previo para arbitrar prioridades?
Encima, el plan en cuestión es el mismo por el que Milagro Sala quedó detenida en Jujuy y por el que está en duda el manejo de fondos públicos por parte del ex secretario de Obras Públicas, José López. El nombre de “Paco” resuena por doquier en Muñecas 455. Los empleados del instituto se animan a mirar mal, con el pope en desgracia, a los beneficiados de lo que habría sido un sistema de enriquecimiento para “compañeros” de esa misma institución. Hablan de dos hermanos que tramitaban y recaudaban para López, y del encargado de un programa nacional que posee una constructora. La firma inició actividad el 23 de junio de 2006 y, como marca la ley, tuvo que esperar hasta 2010 para poder comenzar a hacer trabajos para el Estado. No cesó de edificar obras públicas. La oficina donde funciona la empresa, antes era el estudio del padre del funcionario del IPV y uno de sus sobrinos aparece como integrante del trío de dueños de la firma. Falta poco para que pueda vincularse al hombre en cuestión con la constructora. No es la única “empresa nueva” en la mira.
A todo esto se suma otro papelón: Amaya, junto a Juan Manzur, lanzó un barrio en Las Talitas. El lunes siguiente, varios vecinos llegaron preguntando: “¿cómo me inscribo en el barrio que salió en el diario?”. “Señora, a eso lo comercializa una constructora”, era la respuesta, según los propios trabajadores del instituto y un video que circula por Whatsapp. Efectivamente, el entramado en torno a ello se publica hoy en LA GACETA y el propio Amaya dijo que se reverá el sistema.
Los papeles con las irregularidades diversas se analizan en la Casa Rosada. Se suman a otra denuncia que también apunta contra el IPV y, principalmente, contra un grupo de constructoras acusadas de ilícitos diversos, que incluyen sobreprecios y vicios de construcción. Ese escrito avanza en la Oficina Anticorrupción, abarrotada de trabajo. Sus funcionarios aún no llegaron a la letra “T” en el índice de provincias.
Un dardo jujeño
Otra denuncia podría caer encima de la Casa de Gobierno. En Jujuy, el gobernador Gerardo Morales puso en marcha la zafra del ingenio La Esperanza en medio de críticas hacia la intervención nacional K en esa fábrica, que emplea a 1.500 sampedrinos. “Hemos rechazado las rendiciones de cuentas de las administraciones anteriores, y toda la farsa que se ha generado a partir de fondos de la UCAR, que no han servido para contribuir a la continuidad del ingenio, y por el contrario han servido para que algunos hagan algunas cosas que no tenían nada que ver con este ingenio. Van a tener que rendir cuentas de esto en la Justicia todos los que vaciaron el ingenio”, avisó Morales, según una nota de Matías Longoni publicada ayer en Clarín. El gobernador instruyó a sus funcionarios para que presenten las denuncias penales correspondientes. La Unidad de Cambio Rural (la UCAR) era manejada por Jorge Neme, el secretario de Relaciones Internacionales de Manzur, muy cercano al gobernador. Es el hombre que, por ejemplo, el fin de semana recibirá a empresarios de primera línea en un encuentro en Tucumán que encabezará el ex presidente español Felipe González. Según Morales, Neme habría manejado unos $ 1.000 millones, en tres años, que poco habrían servido para sacar al ingenio de la quiebra que enfrenta desde 2000.
En el quincho de José
En medio de este cambalache de denuncias, sequía de obras nacionales y cese de treguas que habían regido por el Bicentenario, el jefe máximo convocó a una cena en su residencia. José Alperovich aguardó el retorno de Osvaldo Jaldo (de vacaciones hasta ayer) y mañana a la noche recibirá en su casa al gobernador, al vice, al ministro del Interior y a ex intendentes, entre otros ex y actuales funcionarios. No les dijo para qué los llamó, pero se especula que el tema obras y la necesidad de aglutinar la tropa son dos motivos. Algunos ex jefes municipales murmuran que no irán. Se sienten acogidos, pero no mimados por Manzur. Es que escasean los contratos para que nombren a sus punteros y obras para movilizar fondos. Habrá que ver cómo funciona el peronismo con la billetera semivacía.
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