Por Marcelo Aguaysol
27 Julio 2016
Agosto será el mes de los millones. Y no porque el ciudadano se gane la lotería; mucho menos que el Estado le saque el caballo fiscal de encima (aunque insistirá con las moratorias para regularizar las deudas tributarias). El mes que se avecina se caracterizará por la inyección adicional de dinero público a la economía. Y también por las proyecciones financieras para afrontar el año electoral que se viene.
El martes que viene, los gobernadores irán a Puerto Madryn y no sólo para el avistaje de ballenas. En esa ciudad chubutense los esperará el ministro del Interior Rogelio Frigerio con una serie de papeles listos para firmar. Uno de ellos es el que establecerá una serie de pautas fiscales para alcanzar el equilibrio fiscal hasta 2019, algo que el propio funcionario le adelantó a LA GACETA cuando vino con la comitiva que participó de los festejos del Bicentenario de la Independencia. En realidad, ese documento implicará una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, con viejas recetas (equilibro presupuestario, proyecciones plurianuales, transparencia fiscal y en las contrataciones del Estado, entre otras), pero adaptadas a las nuevas condiciones de un país con alta inflación. En otras palabras, se tratará de quitar el límite del 15% para el gasto y para el endeudamiento, algo que los gobernadores necesitan para salir a buscar financiamiento.
El otro documento que se intentará rubricar en la cumbre en Chubut es el convenio bilateral para la devolución del 3% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales.
En principio, el gobernador Juan Manzur aspira a que, dentro de ese pacto, no se incluya la deuda exigible, como lo es -por caso- el compromiso financiero de empezar a saldar la deuda con la Nación por el juicio iniciado por Aguas del Aconquija. De ser así, la gestión provincial contaría con los $ 600 millones que implicarán la devolución de fondos coparticipables. De otro modo, tendrá que resignarse a abonar este año no menos de $ 330 millones por los vencimientos acumulados de un juicio que les costó a los tucumanos cerca de U$S 170 millones.
Las negociaciones entre el ministro más político del gabinete del presidente Mauricio Macri y los gobernadores no están cerradas aún. Hay una idea de la Casa Rosada de que las cuotas coparticipables vencidas hasta julio sea abonadas en cinco partes hasta fines de año. Los mandatarios aceptarían si es que se asegura el giro del dinero proveniente de un préstamo por la “devolución” de otro 6% del total de 15% reclamado por las jurisdicciones del interior. En ese caso, agosto significaría para Manzur el período para garantizar los $ 2.200 millones extra que la Nación aportaría a Tucumán. En otros términos, sería el reaseguro para cerrar el ejercicio vigente con un leve superávit y arrancar el año electoral con las cuentas públicas en orden.
Pero agosto también traerá una ampliación presupuestaria: de entre $ 3.500 millones a $ 4.000 millones para un presupuesto que, actualmente, supera los $ 42.000 millones. Por el lado de los gastos, Manzur necesita incluir en el ejercicio vigente los mayores costos salariales del sector público que surgieron con las paritarias. Por el lado de los ingresos, se incluirán la distribución extra de coparticipación y el excedente de la recaudación de impuestos provinciales, menos holgado que en otros períodos.
Con ese cuadro fiscal, los comicios de medio turno, los de renovación parlamentaria nacional, encontrarán a Manzur gestionando un presupuesto que puede llegar a superar los $ 50.000 millones. En términos políticos, esa billetera puede sostener al gobernador en la casilla del medio. Pero el tironeo electoral será muy fuerte. Manzur se encontrará frente a la disyuntiva de escuchar los planes que tiene su antecesor en el cargo y mentor, José Alperovich, o dar un paso más en la idea de convertirse en el principal referente del justicialismo local, con poder pleno de decisión en la confección de la nómina de postulantes.
Aún más, Manzur sigue siendo observado por la Casa Rosada que lo considera un aliado circunstancial, en lo político y en lo institucional. El sostenimiento de ese rol en el mapa político argentino le significaría al macrismo evitar un escenario de crecimiento de una oposición más dura en el Congreso Nacional y, en definitiva, en el mismo distrito tucumano. Alguien ya imagina una lista de candidatos “del consenso” con nombres de distintas corrientes afines y no al PJ. Hasta ahora, son especulaciones, pero cuando el río suena...
El martes que viene, los gobernadores irán a Puerto Madryn y no sólo para el avistaje de ballenas. En esa ciudad chubutense los esperará el ministro del Interior Rogelio Frigerio con una serie de papeles listos para firmar. Uno de ellos es el que establecerá una serie de pautas fiscales para alcanzar el equilibrio fiscal hasta 2019, algo que el propio funcionario le adelantó a LA GACETA cuando vino con la comitiva que participó de los festejos del Bicentenario de la Independencia. En realidad, ese documento implicará una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, con viejas recetas (equilibro presupuestario, proyecciones plurianuales, transparencia fiscal y en las contrataciones del Estado, entre otras), pero adaptadas a las nuevas condiciones de un país con alta inflación. En otras palabras, se tratará de quitar el límite del 15% para el gasto y para el endeudamiento, algo que los gobernadores necesitan para salir a buscar financiamiento.
El otro documento que se intentará rubricar en la cumbre en Chubut es el convenio bilateral para la devolución del 3% de la coparticipación retenida por cuestiones previsionales.
En principio, el gobernador Juan Manzur aspira a que, dentro de ese pacto, no se incluya la deuda exigible, como lo es -por caso- el compromiso financiero de empezar a saldar la deuda con la Nación por el juicio iniciado por Aguas del Aconquija. De ser así, la gestión provincial contaría con los $ 600 millones que implicarán la devolución de fondos coparticipables. De otro modo, tendrá que resignarse a abonar este año no menos de $ 330 millones por los vencimientos acumulados de un juicio que les costó a los tucumanos cerca de U$S 170 millones.
Las negociaciones entre el ministro más político del gabinete del presidente Mauricio Macri y los gobernadores no están cerradas aún. Hay una idea de la Casa Rosada de que las cuotas coparticipables vencidas hasta julio sea abonadas en cinco partes hasta fines de año. Los mandatarios aceptarían si es que se asegura el giro del dinero proveniente de un préstamo por la “devolución” de otro 6% del total de 15% reclamado por las jurisdicciones del interior. En ese caso, agosto significaría para Manzur el período para garantizar los $ 2.200 millones extra que la Nación aportaría a Tucumán. En otros términos, sería el reaseguro para cerrar el ejercicio vigente con un leve superávit y arrancar el año electoral con las cuentas públicas en orden.
Pero agosto también traerá una ampliación presupuestaria: de entre $ 3.500 millones a $ 4.000 millones para un presupuesto que, actualmente, supera los $ 42.000 millones. Por el lado de los gastos, Manzur necesita incluir en el ejercicio vigente los mayores costos salariales del sector público que surgieron con las paritarias. Por el lado de los ingresos, se incluirán la distribución extra de coparticipación y el excedente de la recaudación de impuestos provinciales, menos holgado que en otros períodos.
Con ese cuadro fiscal, los comicios de medio turno, los de renovación parlamentaria nacional, encontrarán a Manzur gestionando un presupuesto que puede llegar a superar los $ 50.000 millones. En términos políticos, esa billetera puede sostener al gobernador en la casilla del medio. Pero el tironeo electoral será muy fuerte. Manzur se encontrará frente a la disyuntiva de escuchar los planes que tiene su antecesor en el cargo y mentor, José Alperovich, o dar un paso más en la idea de convertirse en el principal referente del justicialismo local, con poder pleno de decisión en la confección de la nómina de postulantes.
Aún más, Manzur sigue siendo observado por la Casa Rosada que lo considera un aliado circunstancial, en lo político y en lo institucional. El sostenimiento de ese rol en el mapa político argentino le significaría al macrismo evitar un escenario de crecimiento de una oposición más dura en el Congreso Nacional y, en definitiva, en el mismo distrito tucumano. Alguien ya imagina una lista de candidatos “del consenso” con nombres de distintas corrientes afines y no al PJ. Hasta ahora, son especulaciones, pero cuando el río suena...
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