El presidente de la Corte niega que la Justicia esté en colapso

Lo primero que hicieron los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán después del receso de invierno fue sentarse a hablar sobre los últimos comentarios de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. El resultado de ese diálogo entre Antonio Gandur (presidente), René Goane y Antonio Estofán -Claudia Sbdar está de licencia mientras que Daniel Posse no asistió al alto tribunal- es un parte de prensa firmado por la presidencia del cuerpo que sugiere que el jefe de los fiscales distorsiona la realidad y confunde.

La respuesta de Gandur actualiza las tensiones existentes con Jiménez desde hace más de un año. La semana pasada, el ministro público designado por el alperovichismo en 2014 convocó a los periodistas para decirles que había regresado antes a trabajar debido a que la situación de la Justicia se había agravado y que advertía “un cambalache”.

“Las declaraciones de Jiménez podrían instalar en la opinión pública una distorsionada imagen del funcionamiento del Poder Judicial en cuanto invoca una situación de colapso que es ajena a la realidad de la Justicia local”, expresó Gandur. Tras manifestar que reconocía el trabajo de jueces, funcionarios y empleados, precisó que la tasa de resolución de conflictos era positiva en los fueros civiles. En cambio, Gandur admitió que la relación entre los asuntos ingresados y terminados era baja en el fuero penal, en parte por las características propias de este ámbito, donde basta una simple denuncia para iniciar un expediente. El jefe de los Tribunales locales reiteró que se habían tomado medidas para atender esta situación, como reformas legales en vías de implementación, incremento de personal y adquisición de tecnologías requeridas por el propio Jiménez.

Gandur refutó al ex ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich en cuanto a la función de la Justicia respecto de la seguridad. “En el diseño de un modelo republicano y democrático de gobierno, el Poder Judicial asume la investigación y el juzgamiento de los delitos recién cuando ellos se producen. Por ello, la pretensión de que el Poder Judicial se ocupe íntegramente de la seguridad pública excede las competencias constitucionales y puede confundir a la sociedad sobre las responsabilidades institucionales que corresponden a cada poder del Estado”, opinó el magistrado.

Desproporción presunta

“No tenemos elementos suficientes para dar una respuesta, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: la Justicia está enferma y esto lo vemos a través de muchos hechos que se manifiestan como ser la justicia por mano propia (...). Mientras la Justicia no funcione, no va a haber seguridad”, había expresado Jiménez el martes pasado, en su despacho. El jefe de los fiscales y de los defensores oficiales había añadido que la Corte debía tomar decisiones para salir de la crisis y que él venía trabajando en esa dirección desde su llegada al Ministerio Público.

Jiménez reprochó que hubiese sólo tres juzgados de Instrucción cubiertos en la capital (los otros dos están vacantes) y nueve camaristas para revisar lo que aquellos hacían. Gandur desmintió esa información y dijo que había pedido tres juzgados más: “no existe la supuesta desproporción entre ellos y las tres salas de la Cámara de Apelaciones -sólo funciona una-, cuyo reciente fortalecimiento resulta clave para el mejor funcionamiento y la transparencia del sistema penal”.