Contra la corrupción, transparencia
En el Estado, nacional y provincial, el secretismo vino siendo materia sagrada, casi religiosa, y la publicidad de los actos gubernamentales un pecado de ingenuidad entre la dirigencia. Es así porque la corrupción subyace idea bajo esas premisas que guiaron el accionar de algunos políticos que llegaron a tener responsabilidades de gestión. No hay que mostrar la jugada, menos dar indicios de ella. Para este grupo, la clave para enriquecerse o apropiarse de los recursos estatales radica en mantener algunas acciones administrativas a resguardo de ojos inquisidores porque pueden alumbrar actitudes vergonzosas -o desvergonzadas, tales como beneficiar a empresarios amigos u ocultar coimas en adelantos de obra- a través de métodos y circuitos en apariencia legales.

La transparencia, y los discursos reclamándola en la acción pública -en este marco de referencia-, no es una virtud cívica ni una conducta moral a toda prueba sino toda una declaración de ingenuidad; ¡el peor de los errores! Claro, algunos se pasaron de vivos en un país donde la picardía mal entendida es premiada con el aplauso. Necesaria reflexión en curso. Los honestos, ese gigantesco segmento nacional, vendrían a ser los ingenuos al servicio de aquellos.

Sin embargo, las imágenes de fajos de billetes amontonados o de bolsos con millones de dólares arrojados sobre los muros de un convento terminaron de poner a la corrupción entre las principales preocupaciones de la ciudadanía; al margen de los inquietantes tarifazos. Es el momento indicado para que ese malestar social -con y sin presos o perseguidos políticos- derive en un compromiso definitivo de la clase dirigente con la publicidad de los actos de gobierno, y para convertir finalmente en norma la Ley de Acceso a la Información Pública.

Datos gratis

La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, establece la obligatoriedad de los tres poderes del Estado a brindar información a cualquier ciudadano que les requiera datos, aún sin que necesite presentar justificación alguna para reclamarla. Y debería responder en 15 días hábiles y en forma gratuita. Es el sueño de todo periodista de investigación: obtener los papeles. Allí se inicia todo.

Al margen, la sola posibilidad de que haya un masivo pedido de informes en todos los ámbitos del Estado debe poner el alerta a todos los funcionarios públicos, ya que una gran lupa se pondrá sobre todo lo que firmaron, y lo que vayan a suscribir.

Varias reparticiones estatales van tener que apresurar modificaciones internas para responder con efectividad a la gran demanda que puede sobrevenir con la aplicación de esta ley. Es para imaginar: millones de observadores, de curiosos que tratarán de indagar sobre licitaciones públicas y adjudicaciones, sobre contrataciones directas -quiénes están detrás, si hay relaciones personales o familiares sospechosas en el medio-, sobre los anexos de los acuerdos del Ejecutivo, sobre reglamentos de leyes, respecto del funcionamiento interno de organismos públicos, listados de personas contratadas, de beneficiarios de subsidios, de declaraciones juradas; de juicios contra el Estado; la lista de eventuales solicitudes es inmensa.

Detrás de todo, ojos escrutadores en busca de “pecados” de origen, de corruptelas ocultas en las intrincadas entrelíneas y en detalles que se resguardaban. Imaginemos trabajos de investigación, más allá del de los medios de prensa, de hombres y mujeres solitarios publicados en las redes sociales, en blogs, anunciados por Twiter; multiplicados de a cientos. Una nueva categoría de buceadores de secretos ocultos entre lo que debe ser público se pondrá en marcha; habrá que buscarle una designación acorde.

Presión externa

Será otro mecanismo de control externo y no oficial, novedoso y participativo, que puede presionar sobre la labor de los organismos de control vigentes por ley y que, a veces, fueron cómplices de los poderes de turno, amparando con un sello de aprobados las jugarretas en apariencia legales. Piénsese en los “antiguos” gastos reservados de la Legislatura de los noventa, ocultos en la ley de residencia oficial del gobernador y aceptados por el Tribunal de Cuentas de entonces.

Atención también a la Justicia, que tendrá excusas para desempolvar una maniobra casi olvidada: la actuación de oficio ante la presunción de un delito surgido de eventuales producciones investigativas ciudadanas. De hecho, según se comenta en la Cámara Alta, desde la Justicia se pusieron algunos reparos a la iniciativa de acceso a la información pública. No le hacen gracia algunos aspectos de la ley; confió un parlamentario.

Es volar lejos, pero nadie con responsabilidades de conducción podrá dar un paso en falso ante la sola posibilidad de que algún anónimo interesado indague y descubra sus faltas. No sólo tendrán que parecer honestos, deberán serlo; porque las pruebas con sus firmas quedarán grabadas en documentos que serán públicos. Y solventemente honestos, y no pícaros corruptos.

¿Será posible? Vivamos con la verdad, de decir siempre la verdad, que sea moneda corriente entre nosotros decir la verdad; deslizó el viernes Macri. Avanzar en un proceso de transparencia de la gestión pública será de su responsabilidad. La norma con media sanción -impulsada por el Ejecutivo- está en el Congreso. Será responsabilidad exclusivamente suya que los organismos del Estado abran finalmente sus archivos al público, sin esconder nada. Sería un paso adelante para oxigenar el sistema democrático.

Si ese paso hacia adelante se da, y se replica en la Provincia, las ventajas para el ciudadano común serían tremendas. Por ejemplo, en la Legislatura se abriría una puerta gigantesca para indagar, ya que la iniciativa -a la que primero debería adherir el Gobierno, vale repetir- permitiría realizar las siguientes consultas: qué son los gastos sociales, a quiénes de lo dieron, cifras, motivos, recibos de pago y de gastos. Nombres y recursos.

También se podría consular en esa residencia de los representantes del pueblo por otros tipos de subsidios, por los gastos de bloque, cuántos empleados tiene cada legislador -algunos tienen hasta 10 bajo su amparo- y cuánto cobran, cantidad total de empleados de la Cámara, nómina del personal contratado, montos de las dietas; si se entregan becas y a quiénes, y hasta las resoluciones internas. Ese poder de edificio “espejado”, como le dicen, tendrá que volverse literalmente transparente. Y algunas vergüenzas podrían quedar expuestas en público en ese proceso.

Además, según el inciso J del artículo 7 de la ley, organizaciones empresarias, partidos políticos, sindicatos y universidades que hayan recibido fondos públicos están sujetos a brindar esa información. Como para divertirse en serio pidiendo datos sobre cómo se manejan los recursos del Estado.

Otro tanto ocurre con el Poder Ejecutivo, si bien tiene el Boletín Oficial (BOP) para detallar su accionar en materia de leyes, decretos y licitaciones. Sin embargo, no es suficiente. Algunas medidas se conocen a medias, ya sea porque se utiliza el sistema de “decreto sintetizado” o porque no hay registros sobre cómo siguen los procesos en materia de obras públicas, por ejemplo. Para nosotros es clave seguir en las páginas web lo que hace un Gobierno; así descubrimos el caso de la DAU, porque las contrataciones directas figuraban en la web; pero el caso sirvió lamentablemente para que no se publiquen más este tipo de cosas; comentó la senadora Silvia Elías de Pérez.

Otras conductas

O sea, la obtención de información del Estado es clave para detectar posibles ilícitos; pero si la ley entra en vigencia, el efecto puede resultar clave también para modificar conductas y obligar a actuar con honradez. Transparentar el accionar de los funcionarios vendría a funcionar de traba contra la corrupción. Para tratar de desterrarla o, por lo menos, para hacer más dificultosa la vía a un delito para apoderarse de los recursos del Estado. Una manera indirecta de que el ciudadano sepa cómo se manejan lo que aporta en impuestos.

Cabe destacar que en el Boletín Oficial de la Provincia, el digital, se dio un pequeño paso en línea con la publicación de los actos administrativos, lo que hace a la transparencia: así en algunos decretos está disponible la apertura de los anexos de los decretos. Con este elemento, que hace a la transparencia, se pueden observar -por ejemplo- el listado de los beneficiarios de los subsidios por $ 600.000 que el Ejecutivo le destina mensualmente a la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Claro, no todo es completo; aún no apareció el anexo digital de los beneficiarios de otra agrupación político-social que percibe casi $ 800.000 mensuales y que se hacen efectivos a través de la Caja Popular de Ahorros. El texto en papel de uno de esos decretos -de mayo- indica que son casi 580 las personas que reciben subsidios, que van desde los $ 470 a los $ 4.000.

Esta puerta a los anexos digitales que se pueden abrir permiten descubrir, además, contratos de servicios a empresas locales y otras que funcionan en la Capital Federal. Algunos muestran que las de la CABA sacan “ventajas” en cuanto a fondos recibidos. Un decreto reciente, publicado en el BOP, alude a una aprobación de gastos y el anexo revela que se traba de $ 1,1 millón distribuidos entre siete firmas, seis locales y una “capitalina”. La última se lleva más de $ 1 millón. Es legal, y hasta tiene la aprobación del Tribunal de Cuentas.

Reforma política

Esta “transparencia” que se persigue podría ayudar también al proceso de reforma electoral en cuanto a la vida interna de los partidos y al sistema de representación política. ¿Cómo? Ayudaría, por ejemplo, que se pudiera solicitar -y que estén a mano- datos sobre las cartas orgánicas que presentan los partidos para conseguir su reconocimiento y así poder compararlas; o pedir el listado de los apoderados “múltiples”, una categoría muy tucumana. Esa información no figura en la nómina de organizaciones partidarias que ofrece la Junta Electoral Provincial en su página web; sólo se observan las direcciones y los teléfonos para contactarse. Pero, como se dijo en esta columna hace un par de meses, había 23 y 34 partidos que tenían el mismo apoderado. Rarezas.

De manera indirecta, la ley de acceso a la información pública es una apuesta directa a la transparencia de la gestión y para disminuir las picardías o corruptelas en el Estado. Una apuesta a tomar en serio.

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