Por Roberto Delgado
23 Julio 2016
El uso discrecional de las casas de la residencia de Horco Molle ha sacudido las vacaciones de la UNT. La decana de derecho, Adela Seguí, dice que va a plantear que se debata el tema en la próxima sesión del Consejo Superior y los mencionados en la nota sobre la falta de pago de los alquileres tratan de explicar que el sistema de ocupación de las viviendas funciona caóticamente, justificando sus faltas. La revelación, surgida de una auditoría realizada hace dos años (que recién ahora se conoció) ha mostrado un revoltijo confuso en el que no se sabe quiénes son justos y quiénes pecadores, pero en el que sí se sabe que hay una gran perdedora: la universidad (la comunidad), ya que hay cifras elevadas que se dejaron de ganar por alquileres impagos ($ 375.000 sólo en 2013) y por autorizaciones a eventos gratuitos en la casa de recreación del complejo habitacional ($600.000, sólo en 2013), según lo relatado por el encargado de la Dirección de Residencias Universitarias, Ricardo Krebs, en un informe previo a la auditoría.
Auditora auditada
¿Quién es responsable? La pregunta parece difícil de responder porque los justos y los pecadores se van confundiendo en la mescolanza de un sistema enmarañado, cuya complejidad lleva a absurdos que estallan como buscapiés sin que se sepa dónde se van a apagar y a quién van a quemar. Krebs, responsable de la administración de la residencia, quedó casi sentenciado por la auditoría, que reveló que había fallas en la rendición de cuentas, desdoblamiento de la caja chica y que un sector es utilizado de forma exclusiva por la empresa proveedora de servicios de lunch La Copa, lo cual demostraba que los recursos de la residencia “son utilizados de manera inconveniente, antieconómica, e ineficiente”. Hay informes que dan cuenta de que, antes de la auditoría, ya se había advertido de la desnaturalización del funcionamiento de la residencia y que incluso la encargada principal de la auditoría, Adriana Alvillos, había sido ocupante de la casa N° 17 y que fue intimada al desalojo en 2003 y 2005 hasta que en 2007 entregó la vivienda.
Así, al Consejo Superior llegará una brasa que salta de la auditoría de Alvillos al informe, poniendo sobre el tapete que la entrega de las casas es discrecional (autorizada por orden rectoral desde la época de Mario Marigliano hasta ahora), que en los 60 años que lleva el complejo nunca hubo reglamentación para su uso (hasta marzo pasado, cuando se aprobó una norma) y que la oscuridad en esos manejos apenas se nota cuando los buscapiés del escándalo sacuden ese paraíso.
Situación caótica
Ahora se ha revelado que en las casas figuraban como ocupantes el camarista federal Ernesto Wayar (dijo que en la vivienda se encuentran sus hijas) y el sindicalista no docente Ángel “Zurdo” Morales (quien negó que tenga ahora una casa, aunque reconoció que de vez en cuando lleva a su mamá a descansar al lugar). En ambos casos el Consejo Superior acaso deberá indagar, así como la situación del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Luis Antolini, o del delegado en YMAD Alfredo Grau, que figuran como morosos. Wayar sólo explicó que la situación es caótica, aunque nadie ha hablado del hecho de que desde marzo es posible pagar el alquiler (bajísimo, $ 2.750 por mes) por descuento por planilla. Varias cosas más han de aparecer de estos informes como el hecho de la cesión, también en alquiler, de las habitaciones de la residencia universitaria. La llave de una de ellas, la número 10, está en poder del empleado no docente Damián Conde, quien fue filmado en 2010 junto al ex secretario de Bienestar Estudiantil Ramiro Moreno cuando este ofreció cargos a cambio de votos para los comicios de la UNT de ese año.
Esta auditoría es una de varias que encargó la rectora Alicia Bardón cuando asumió, para saber dónde estaba parada. Otras son: 1) a la Dirección de Construcciones Universitarias, que durante dos décadas estuvo a cargo de Olga Cudmani (esposa de Ricardo Krebs); 2) a la Secretaría de Extensión Universitaria (que estuvo a cargo de Mario Leal); y 3) a la de Bienestar Universitario (donde estuvo Ramiro Moreno en tiempos del ex rector Juan Cerisola y luego Mauricio Argiró, ocupante de la casa 28 de la residencia); también ha estado bajo pesquisa la Unidad de Negocios, a cargo hoy de Andrea Guraiib, por el reclamo de la Nación de rendición de gastos de un plan de relavamiento indígena. De todo, ha tenido mucho impacto la auditoría en Construcciones Universitarias, derivada de la denuncia contra Cerisola por las irregularidades con los fondos mineros. Olga Cudmani ha sido procesada, junto a Cerisola, en esta causa por el juez federal Fernando Poviña. La auditoría surgió en noviembre de 2014, por presión del Consejo Superior que tenía en sus manos un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que indicaba que las personas involucradas en la causa Cerisola-YMAD debían estar separadas. La auditoría, que hizo Adriana Alvillos, derivó en una nueva denuncia de la UNT contra Cudmani este año por un faltante de 77 millones de pesos. Claro que no se explica por qué estas investigaciones se hicieron seis años después de ocurridos los hechos denunciados, siendo que la UNT tiene organismos de control y una oficina de auditoría interna.
Confusiones latentes
Tampoco se entiende que la pesquisa sobre la residencia universitaria haya salido a la luz casi dos años después de realizada, puesto que el secreto ha permitido que se mantengan latentes las confusiones e irregularidades. Algunos de los mencionados en el escándalo de la residencia, como Mauricio Argiró, han dejado de estar morosos luego de la primera publicación del caso, en junio pasado; pero los otros han quedado en evidencia ahora.
¿La demora es parte de los tiempos de paquidermo de la UNT que hace que las cosas tengan un trámite tan extenso que, como ocurre con las investigaciones judiciales, puede llegar a su prescripción? ¿O las auditorías son parte de la técnica de cambiar algo para que nada cambie?
El Consejo Superior habrá de debatirlo. Mientras tanto, como en el caso YMAD y en muchas causas de la UNT, los justos y los pecadores están ahí enredados en el mismo lodo, todos “manoseaos”.
Auditora auditada
¿Quién es responsable? La pregunta parece difícil de responder porque los justos y los pecadores se van confundiendo en la mescolanza de un sistema enmarañado, cuya complejidad lleva a absurdos que estallan como buscapiés sin que se sepa dónde se van a apagar y a quién van a quemar. Krebs, responsable de la administración de la residencia, quedó casi sentenciado por la auditoría, que reveló que había fallas en la rendición de cuentas, desdoblamiento de la caja chica y que un sector es utilizado de forma exclusiva por la empresa proveedora de servicios de lunch La Copa, lo cual demostraba que los recursos de la residencia “son utilizados de manera inconveniente, antieconómica, e ineficiente”. Hay informes que dan cuenta de que, antes de la auditoría, ya se había advertido de la desnaturalización del funcionamiento de la residencia y que incluso la encargada principal de la auditoría, Adriana Alvillos, había sido ocupante de la casa N° 17 y que fue intimada al desalojo en 2003 y 2005 hasta que en 2007 entregó la vivienda.
Así, al Consejo Superior llegará una brasa que salta de la auditoría de Alvillos al informe, poniendo sobre el tapete que la entrega de las casas es discrecional (autorizada por orden rectoral desde la época de Mario Marigliano hasta ahora), que en los 60 años que lleva el complejo nunca hubo reglamentación para su uso (hasta marzo pasado, cuando se aprobó una norma) y que la oscuridad en esos manejos apenas se nota cuando los buscapiés del escándalo sacuden ese paraíso.
Situación caótica
Ahora se ha revelado que en las casas figuraban como ocupantes el camarista federal Ernesto Wayar (dijo que en la vivienda se encuentran sus hijas) y el sindicalista no docente Ángel “Zurdo” Morales (quien negó que tenga ahora una casa, aunque reconoció que de vez en cuando lleva a su mamá a descansar al lugar). En ambos casos el Consejo Superior acaso deberá indagar, así como la situación del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Luis Antolini, o del delegado en YMAD Alfredo Grau, que figuran como morosos. Wayar sólo explicó que la situación es caótica, aunque nadie ha hablado del hecho de que desde marzo es posible pagar el alquiler (bajísimo, $ 2.750 por mes) por descuento por planilla. Varias cosas más han de aparecer de estos informes como el hecho de la cesión, también en alquiler, de las habitaciones de la residencia universitaria. La llave de una de ellas, la número 10, está en poder del empleado no docente Damián Conde, quien fue filmado en 2010 junto al ex secretario de Bienestar Estudiantil Ramiro Moreno cuando este ofreció cargos a cambio de votos para los comicios de la UNT de ese año.
Esta auditoría es una de varias que encargó la rectora Alicia Bardón cuando asumió, para saber dónde estaba parada. Otras son: 1) a la Dirección de Construcciones Universitarias, que durante dos décadas estuvo a cargo de Olga Cudmani (esposa de Ricardo Krebs); 2) a la Secretaría de Extensión Universitaria (que estuvo a cargo de Mario Leal); y 3) a la de Bienestar Universitario (donde estuvo Ramiro Moreno en tiempos del ex rector Juan Cerisola y luego Mauricio Argiró, ocupante de la casa 28 de la residencia); también ha estado bajo pesquisa la Unidad de Negocios, a cargo hoy de Andrea Guraiib, por el reclamo de la Nación de rendición de gastos de un plan de relavamiento indígena. De todo, ha tenido mucho impacto la auditoría en Construcciones Universitarias, derivada de la denuncia contra Cerisola por las irregularidades con los fondos mineros. Olga Cudmani ha sido procesada, junto a Cerisola, en esta causa por el juez federal Fernando Poviña. La auditoría surgió en noviembre de 2014, por presión del Consejo Superior que tenía en sus manos un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que indicaba que las personas involucradas en la causa Cerisola-YMAD debían estar separadas. La auditoría, que hizo Adriana Alvillos, derivó en una nueva denuncia de la UNT contra Cudmani este año por un faltante de 77 millones de pesos. Claro que no se explica por qué estas investigaciones se hicieron seis años después de ocurridos los hechos denunciados, siendo que la UNT tiene organismos de control y una oficina de auditoría interna.
Confusiones latentes
Tampoco se entiende que la pesquisa sobre la residencia universitaria haya salido a la luz casi dos años después de realizada, puesto que el secreto ha permitido que se mantengan latentes las confusiones e irregularidades. Algunos de los mencionados en el escándalo de la residencia, como Mauricio Argiró, han dejado de estar morosos luego de la primera publicación del caso, en junio pasado; pero los otros han quedado en evidencia ahora.
¿La demora es parte de los tiempos de paquidermo de la UNT que hace que las cosas tengan un trámite tan extenso que, como ocurre con las investigaciones judiciales, puede llegar a su prescripción? ¿O las auditorías son parte de la técnica de cambiar algo para que nada cambie?
El Consejo Superior habrá de debatirlo. Mientras tanto, como en el caso YMAD y en muchas causas de la UNT, los justos y los pecadores están ahí enredados en el mismo lodo, todos “manoseaos”.
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