Por Luis María Ruiz
19 Julio 2016
El vicegobernador Osvaldo Jaldo se tomó licencia al comenzar esta semana y dio tácitamente por finalizado su primer semestre como presidente del Poder Legislativo. Si bien asumió en ese cargo el 29 de octubre pasado, el contador se dedicó los últimos meses de 2015 a instalarse en el edificio de Muñecas 951. Desde enero hasta acá, en cambio, el tranqueño ha tenido la oportunidad de mostrar su estilo de conducción. Y en el ejercicio de sus funciones fueron apareciendo ante él oportunidades, conflictos y desafíos. A muchos los hizo públicos. ¿Qué logró cumplir en este primer semestre y qué quedó pendiente para después del receso?
Lo cumplido
1) Conducción. Hasta el año pasado teníamos dos vicegobernadores, comentó un representante del pueblo que participa de la mesa chica de la Cámara. Aludía al verdadero titular de ese cargo hasta 2015, el actual mandatario provincial Juan Manzur; y al ex secretario del cuerpo Juan Ruiz Olivares, hoy legislador oficialista, quien manejaba los recursos de esa gestión. Las internas parecen inevitables en política, pero lucen más factibles si la tropa observa dos cabezas en la conducción.
Jaldo ejerce el poder que le otorga su cargo siguiendo un clásico precepto peronista: el verticalismo. Así, por un lado, se convirtió en el principal “contenedor” oficialista luego del 2015 electoral, sumando al staff parlamentario a diversos candidatos derrotados.
Además, logró darle al edificio legislativo la impronta que había anunciado a su llegada. En el período de sesiones ordinarias es habitual que el hall o el salón del 8° piso del edificio alberguen diferentes tipos de actividades, a veces poco relacionadas con la tarea parlamentaria en sí, pero que transmiten una imagen de dinamismo y proactividad.
2) Apertura a otros espacios políticos. Ni bien asumió, Jaldo le ofreció a la oposición la Vicepresidencia 2ª, el último lugar en la mesa de autoridades de la Cámara. Un pacto entre la UCR y el peronismo disidente dejó al radical Ariel García en ese lugar. El “boina blanca”, que había logrado una fluida relación con Ruiz Olivares y con el ex jefe del bloque oficialista, Roque Álvarez, supo ganarse también la confianza de Jaldo. El vicegobernador, además, abrió el juego en las comisiones internas, donde los opositores ocupan cargos clave. En la sesión pasada, por caso, el proyecto de ley que convalidó el acuerdo con la Nación por la restitución de recursos coparticipables fue expuesto por un radical, José Canelada (vice de Asuntos Constitucionales), y por un peronista disidente, Silvio Bellomío (vice de Hacienda y Presupuesto). Esto parecía poco factible hasta hace un tiempo. En 2014, cuando José Orellana, José Teri y Gerónimo Vargas Aignasse dejaron el bloque Tucumán Crece e iniciaron su incursión por el massismo, fueron removidos en el acto de sus puestos como presidentes de comisiones.
3) Autonomía política. Entre los objetivos iniciales de Jaldo en la Legislatura estuvo la eliminación del rótulo de “escribanía de la Casa de Gobierno”. Es lógico que no le hará oídos sordos a Manzur. Pero cuando aparece una iniciativa que no le “cierra”, también es capaz de guardarla en el freezer. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien espera desde abril por una ley que le otorgue “superpoderes” entre municipios y comunas, puede dar fe de ello.
Lo pendiente
1) La reforma electoral. A fines de marzo, cuando aún persistían los coletazos de los comicios de 2015, la Casa de Gobierno le envió a la Legislatura una serie de propuestas para modificaciones electorales. Fueron recogidas luego de una serie de jornadas abiertas de debate, tituladas “Tucumán Dialoga”. Permanecen en el cajón de algún despacho legislativo.
El sistema de acoples, las normas que regulan los partidos políticos provinciales y el financiamiento de las campañas aparecen en el centro de la polémica. Pero el vicegobernador advirtió que esa discusión se dará en la Cámara una vez que concluya dentro de cada espacio político, incluido el Partido Justicialista (PJ), y cuando la Nación concrete su iniciativa ante el Congreso. Según Jaldo, los festejos del Bicentenario también hacían que la reforma electoral no estuviera en la agenda oficial. ¿Lo estará en el segundo semestre?
2) Seguridad. Las reformas penales que efectuó el Congreso en 2004 tras el “caso Blumberg” evidenciaron que el delito no se combate sólo con leyes. Por eso, más allá de que el vicegobernador había anunciado durante el semestre pasado el debate por el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), es probable que esas nuevas herramientas jurídicas no tengan un impacto inmediato. Sobre todo porque su aplicación dependerá de la Corte tucumana y llevará un tiempo difícil de determinar. Más allá de esto, los legisladores del oficialismo y de la oposición no han conseguido que los funcionarios del área de Seguridad del Poder Ejecutivo les explicaran sus estrategias a corto, mediano y largo plazo. El radical Fernando Valdez (titular de la comisión de Derechos Humanos) y el justicialista Javier Pucharras (de Seguridad y Justicia) hicieron gestiones formales en pos de ese encuentro, pero sólo recibieron excusas. La peronista disidente Stella Maris Córdoba concretó el mes pasado la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. En esa ocasión, el ministro Regino Amado se comprometió a llevar su equipo a la Cámara para, finalmente, celebrar ese encuentro, que todavía no tiene fecha, lugar ni invitados.
3) Los gastos sociales. El sistema de remuneración de los legisladores quedó en el centro de la polémica tras el caso de las valijas, difundido por este diario. La Constitución provincial dispone que el único haber parlamentario es la dieta. En 2015, sin embargo, fueron retirados, en maletas, más de $ 500 millones de una de las cuentas bancarias de la Legislatura. Es decir que repartió $ 1,3 millón en subsidios, en promedio, por cada día del año. “¿Hay que eliminar los gastos sociales?”, le preguntó LA GACETA a Jaldo una semana antes de su asunción como vicegobernador. “Es un tema que lo tenemos que tratar entre todos (los bloques)”, respondió. Ocho meses después, ese régimen continúa.
Lo cumplido
1) Conducción. Hasta el año pasado teníamos dos vicegobernadores, comentó un representante del pueblo que participa de la mesa chica de la Cámara. Aludía al verdadero titular de ese cargo hasta 2015, el actual mandatario provincial Juan Manzur; y al ex secretario del cuerpo Juan Ruiz Olivares, hoy legislador oficialista, quien manejaba los recursos de esa gestión. Las internas parecen inevitables en política, pero lucen más factibles si la tropa observa dos cabezas en la conducción.
Jaldo ejerce el poder que le otorga su cargo siguiendo un clásico precepto peronista: el verticalismo. Así, por un lado, se convirtió en el principal “contenedor” oficialista luego del 2015 electoral, sumando al staff parlamentario a diversos candidatos derrotados.
Además, logró darle al edificio legislativo la impronta que había anunciado a su llegada. En el período de sesiones ordinarias es habitual que el hall o el salón del 8° piso del edificio alberguen diferentes tipos de actividades, a veces poco relacionadas con la tarea parlamentaria en sí, pero que transmiten una imagen de dinamismo y proactividad.
2) Apertura a otros espacios políticos. Ni bien asumió, Jaldo le ofreció a la oposición la Vicepresidencia 2ª, el último lugar en la mesa de autoridades de la Cámara. Un pacto entre la UCR y el peronismo disidente dejó al radical Ariel García en ese lugar. El “boina blanca”, que había logrado una fluida relación con Ruiz Olivares y con el ex jefe del bloque oficialista, Roque Álvarez, supo ganarse también la confianza de Jaldo. El vicegobernador, además, abrió el juego en las comisiones internas, donde los opositores ocupan cargos clave. En la sesión pasada, por caso, el proyecto de ley que convalidó el acuerdo con la Nación por la restitución de recursos coparticipables fue expuesto por un radical, José Canelada (vice de Asuntos Constitucionales), y por un peronista disidente, Silvio Bellomío (vice de Hacienda y Presupuesto). Esto parecía poco factible hasta hace un tiempo. En 2014, cuando José Orellana, José Teri y Gerónimo Vargas Aignasse dejaron el bloque Tucumán Crece e iniciaron su incursión por el massismo, fueron removidos en el acto de sus puestos como presidentes de comisiones.
3) Autonomía política. Entre los objetivos iniciales de Jaldo en la Legislatura estuvo la eliminación del rótulo de “escribanía de la Casa de Gobierno”. Es lógico que no le hará oídos sordos a Manzur. Pero cuando aparece una iniciativa que no le “cierra”, también es capaz de guardarla en el freezer. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien espera desde abril por una ley que le otorgue “superpoderes” entre municipios y comunas, puede dar fe de ello.
Lo pendiente
1) La reforma electoral. A fines de marzo, cuando aún persistían los coletazos de los comicios de 2015, la Casa de Gobierno le envió a la Legislatura una serie de propuestas para modificaciones electorales. Fueron recogidas luego de una serie de jornadas abiertas de debate, tituladas “Tucumán Dialoga”. Permanecen en el cajón de algún despacho legislativo.
El sistema de acoples, las normas que regulan los partidos políticos provinciales y el financiamiento de las campañas aparecen en el centro de la polémica. Pero el vicegobernador advirtió que esa discusión se dará en la Cámara una vez que concluya dentro de cada espacio político, incluido el Partido Justicialista (PJ), y cuando la Nación concrete su iniciativa ante el Congreso. Según Jaldo, los festejos del Bicentenario también hacían que la reforma electoral no estuviera en la agenda oficial. ¿Lo estará en el segundo semestre?
2) Seguridad. Las reformas penales que efectuó el Congreso en 2004 tras el “caso Blumberg” evidenciaron que el delito no se combate sólo con leyes. Por eso, más allá de que el vicegobernador había anunciado durante el semestre pasado el debate por el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), es probable que esas nuevas herramientas jurídicas no tengan un impacto inmediato. Sobre todo porque su aplicación dependerá de la Corte tucumana y llevará un tiempo difícil de determinar. Más allá de esto, los legisladores del oficialismo y de la oposición no han conseguido que los funcionarios del área de Seguridad del Poder Ejecutivo les explicaran sus estrategias a corto, mediano y largo plazo. El radical Fernando Valdez (titular de la comisión de Derechos Humanos) y el justicialista Javier Pucharras (de Seguridad y Justicia) hicieron gestiones formales en pos de ese encuentro, pero sólo recibieron excusas. La peronista disidente Stella Maris Córdoba concretó el mes pasado la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. En esa ocasión, el ministro Regino Amado se comprometió a llevar su equipo a la Cámara para, finalmente, celebrar ese encuentro, que todavía no tiene fecha, lugar ni invitados.
3) Los gastos sociales. El sistema de remuneración de los legisladores quedó en el centro de la polémica tras el caso de las valijas, difundido por este diario. La Constitución provincial dispone que el único haber parlamentario es la dieta. En 2015, sin embargo, fueron retirados, en maletas, más de $ 500 millones de una de las cuentas bancarias de la Legislatura. Es decir que repartió $ 1,3 millón en subsidios, en promedio, por cada día del año. “¿Hay que eliminar los gastos sociales?”, le preguntó LA GACETA a Jaldo una semana antes de su asunción como vicegobernador. “Es un tema que lo tenemos que tratar entre todos (los bloques)”, respondió. Ocho meses después, ese régimen continúa.
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