Por Roberto Delgado
09 Julio 2016
REMOZAMIENTO. El frente de la comisaría 2a fue pintado. Nada pueden hacer con la grieta que se ve a la izquierda. la gaceta / foto de roberto delgado
Un grupo de obreros pintaba presuroso el jueves el frente del viejo edificio de la comisaría 2ª, en calle Buenos Aires al 400. Un color crema la hacía lucir prolija e impecable.
- ¿La van a pintar por dentro también?
- No, sólo el frente -respondió un obrero.
Toda la ciudad está siendo remozada como esta seccional: blanqueadas y asfaltadas urgentes que le cambian la cara al viejo mundo tucumano. Es bueno, pero es insuficiente. También en la ex Brigada de Investigaciones, de Junín al 700, estuvieron pintando las paredes externas del deteriorado edificio durante el miércoles pasado, cuando hubo un conato de motín en la celda de los detenidos: había 79 personas en un lugar donde caben 42. La rápida remozada no podía tapar el hacinamiento, esa práctica atávica que cada tanto explota en el sistema carcelario tucumano.
¿Son estas señales de lo que es la seguridad en el Bicentenario? La comisaría 2ª y la Brigada muestran la precariedad de un servicio complejo que se ha resuelto siempre con la misma política del remozamiento: presencia policial y meter los problemas bajo la alfombra. Para la fiesta de este fin de semana, se está haciendo lo mismo que durante el Congreso Eucarístico: se lanzan 3.000 agentes a las calles (incluyen 400 cadetes recién ingresados a la escuela de suboficiales); y en esta ocasión se añaden 500 agentes federales y se hace una zona de exclusión que abarca el microcentro. Nadie podrá ingresar a pie o en vehículo a menos que justifique que vive en la zona. Dicen que es una exigencia de la Nación para garantizar la seguridad del presidente y de las altas visitas en este momento histórico. Los organizadores apuestan a que la tranquilidad que da el esfuerzo de medio día de cerrojo compense las molestias a los vecinos afectados.
Pero el servicio de seguridad en la provincia es precario y lleno de inconvenientes casi incomprensibles. Quien haya pasado en estos días por la avenida Perón de Alderetes (el camino al aeropuerto) habrá visto los racimos de policías ubicados desde el puente Barros (uno de los accesos principales a San Miguel de Tucumán) hasta la entrada a Alderetes. Ahí en el puente, junto al barrio La Costanera, ocurrió anteayer el asalto a una maestra, Mabel Zamora. Dos jóvenes la balearon en el estómago y le quitaron la cartera. “La situación se está tornado incontrolable”, dice Marcos, empleado de un comercio. “Móviles del servicio 911 sí hacen recorridos por la zona. El problema es que los que quieren cometer delitos están permanentemente observando ese movimiento. Si ven que se alejan, ahí nomás cometen un asalto y eligen a la primera persona que ven por la calle”. Lo más llamativo es que el ataque ocurrió en las narices de decenas de policías.
Ineficiente y clientelar
Esos inconvenientes han quedado patentes también en dos episodios de esta semana: uno fue el choque del concejal Javier Aybar, el domingo a la madrugada en avenida Belgrano al 1.300, que fue registrado de manera confusa en las actas oficiales.
El percance sucedió poco después de las 5, pero aunque hubo un llamado a las 5.13 al 911, el primer informe policial es de las 8.30 y no figuran los involucrados en el accidente. Luego, a las 12.38, aparece un acta en la que figura que el conductor del auto de Aybar es César Ariel Heredia. Pero la imagen que sacó el fotógrafo de LA GACETA muestra al concejal dormido en el asiento de conductor del auto y con el cinturón de seguridad colocado.
Por esa foto, el fiscal Washington Navarro Dávila citó a declarar a casi 50 policías (personal del 911 y de la comisaría 1ª) para saber qué hicieron los agentes y si acaso hubo compra de voluntades o adulteración de actas. La explicación, hasta ahora, es que este choque ocurrió en la “hora ciega” de los policías, cuando se hace el recambio de personal y nadie verdaderamente trabaja. Hora aprovechada por los delincuentes, como ocurrió en otro caso fuerte de esta semana: el asalto de seis motociclistas armados a Rubén Rueda y su hija, en el frente de su casa, en la zona de Campo Norte. Fue el lunes a las 7 y les gatillaron varias veces pero no salieron las balas. La víctima dice que llamó al 911 y le respondieron que entre las 6 y las 7.30 no cuentan con móviles por el recambio de turno. “Vino un comisario en su auto particular”, relató.
Un caso (Rueda) puede ser ineficiencia estructural de la fuerza. El otro (Aybar) puede ser ineficiencia clientelar, de una organización policial al servicio del poder.
Violencia y drogas
Son las puntas del iceberg complejo de la seguridad, que es dramático en la periferia sin que se hayan encontrado las respuestas adecuadas, entre otras cosas porque hay asuntos, como la violencia, que siguen invisibilizados y por ello son tratados coyunturalmente, sin estrategias. Así lo remarcó el fiscal Diego López Ávila a mediados de junio, cuando dijo que estaba alarmado por el nivel de violencia creciente, que entendía que era mayor que los delitos contra la propiedad. “El mayor problema es que aquí mucha prevención no se puede realizar. Es imposible tener un policía en lo que ocurre en la casa”, dijo, siguiendo una lógica de razonamiento que ya expresaron en su momento el actual jefe de la Brigada, comisario Luis Bacas, y el mismo secretario de Seguridad, Paul Hofer. Aunque ellos explicaron el nivel de violencia creciente como un fenómeno separado de la tarea policial, que a su juicio debe enfocarse solamente en la prevención y represión de asaltos y robos. Afuera quedan la violencia intravecinal e intrafamiliar de la que habla López Ávila. No tienen respuestas para eso. Pero, si no es asunto policial, ¿quién se debe ocupar? Por caso, cada fiscalía recibe 1.200 denuncias de violencia de género cada año. Y las causa se tratan mal.
Otro asunto para el que no hay respuestas claras es la violencia vinculada con las drogas. Los funcionarios todo lo explican en esa tesitura. “Casi todos los delincuentes se han volcado al negocio de la droga”, dice el comisario Alejandro Siwecki, jefe de la división Delitos Contra la Propiedad. También el secretario Hofer arriesga que los robos de motos (se calcula que son entre 10 y 20 por día) están vinculados con la venta de drogas. Pero el Estado sigue sin saber qué hacer frente al narcomenudeo. Incluso hay peleas de jurisdicción entre las justicias provincial y federal, como ocurrió el miércoles con un allanamiento en Alderetes, donde buscaban una moto robada y hallaron 198 dosis de “paco”.
El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dice que “Tucumán no escapa a la media del país, donde hubo un aumento sobre todo en la violencia de los delitos”. Él explica todo con el crecimiento del narcotráfico. “Lamentablemente, donde entra la droga, parte de la droga queda. Eso ha cambiado (la metodología delictual) a formas más violentas, con la lógica del narcomenudeo”. Además, la Nación entiende que Tucumán es centro de acopio y distribución de drogas en el NOA, como había planteado hace dos meses un fiscal de Santiago del Estero y por eso creó una megaoficina antidrogas.
A la cuestión de drogas se añade la acción de bandas armadas por toda la periferia capitalina. En los últimos días ha sido llamativa la alarma generada por el poder de fuego que le hallaron a la banda de los Toro en Villa 9 de Julio. Y aunque en estos dos últimos meses las cifras de homicidios han sido menores que a comienzos de año -en lo que va de julio hubo dos asesinatos (Isidro Serrano, apuñalado en una discusión con un vecino en Lastenia y el ladrón Daniel Rojas, baleado por un guardiacárcel en barrio El Salvador)- la violencia creciente y la falta de respuestas estructurales ha convertido en común la justicia por mano propia de los vecinos. El último caso es el del ladrón apaleado en San Lorenzo al 100 el martes, pero el fenómeno es tal que López Ávila dice que en la provincia se está imponiendo la ley del Talión. Él y la fiscala Adriana Giannoni aseguran que el 50% de los detenidos llega golpeado a las fiscalías. Les dan palizas los vecinos y también los policías. “Si después de reducirlos, otras personas se suman y lo golpean, están cometiendo un delito”, dice el fiscal.
Todo esto forma un combo problemático que ha estallado como burbujas aisladas en la semana que pasó y que por ahora ha sido puesto bajo la alfombra mientras disfrutamos de la fiesta de la Independencia. El lunes la realidad ha de volver a mostrar su impronta.
En el frente embellecido de la seccional 2ª, una grieta junto al marco de la puerta de entrada muestra las décadas de abandono del vetusto edificio policial de Barrio Sur, en cuyo fondo también está la Brigada Femenina.
- ¿Lo van a reparar?
- No, ya tienen que demoler esta casa. En cualquier momento se va a caer.
- ¿La van a pintar por dentro también?
- No, sólo el frente -respondió un obrero.
Toda la ciudad está siendo remozada como esta seccional: blanqueadas y asfaltadas urgentes que le cambian la cara al viejo mundo tucumano. Es bueno, pero es insuficiente. También en la ex Brigada de Investigaciones, de Junín al 700, estuvieron pintando las paredes externas del deteriorado edificio durante el miércoles pasado, cuando hubo un conato de motín en la celda de los detenidos: había 79 personas en un lugar donde caben 42. La rápida remozada no podía tapar el hacinamiento, esa práctica atávica que cada tanto explota en el sistema carcelario tucumano.
¿Son estas señales de lo que es la seguridad en el Bicentenario? La comisaría 2ª y la Brigada muestran la precariedad de un servicio complejo que se ha resuelto siempre con la misma política del remozamiento: presencia policial y meter los problemas bajo la alfombra. Para la fiesta de este fin de semana, se está haciendo lo mismo que durante el Congreso Eucarístico: se lanzan 3.000 agentes a las calles (incluyen 400 cadetes recién ingresados a la escuela de suboficiales); y en esta ocasión se añaden 500 agentes federales y se hace una zona de exclusión que abarca el microcentro. Nadie podrá ingresar a pie o en vehículo a menos que justifique que vive en la zona. Dicen que es una exigencia de la Nación para garantizar la seguridad del presidente y de las altas visitas en este momento histórico. Los organizadores apuestan a que la tranquilidad que da el esfuerzo de medio día de cerrojo compense las molestias a los vecinos afectados.
Pero el servicio de seguridad en la provincia es precario y lleno de inconvenientes casi incomprensibles. Quien haya pasado en estos días por la avenida Perón de Alderetes (el camino al aeropuerto) habrá visto los racimos de policías ubicados desde el puente Barros (uno de los accesos principales a San Miguel de Tucumán) hasta la entrada a Alderetes. Ahí en el puente, junto al barrio La Costanera, ocurrió anteayer el asalto a una maestra, Mabel Zamora. Dos jóvenes la balearon en el estómago y le quitaron la cartera. “La situación se está tornado incontrolable”, dice Marcos, empleado de un comercio. “Móviles del servicio 911 sí hacen recorridos por la zona. El problema es que los que quieren cometer delitos están permanentemente observando ese movimiento. Si ven que se alejan, ahí nomás cometen un asalto y eligen a la primera persona que ven por la calle”. Lo más llamativo es que el ataque ocurrió en las narices de decenas de policías.
Ineficiente y clientelar
Esos inconvenientes han quedado patentes también en dos episodios de esta semana: uno fue el choque del concejal Javier Aybar, el domingo a la madrugada en avenida Belgrano al 1.300, que fue registrado de manera confusa en las actas oficiales.
El percance sucedió poco después de las 5, pero aunque hubo un llamado a las 5.13 al 911, el primer informe policial es de las 8.30 y no figuran los involucrados en el accidente. Luego, a las 12.38, aparece un acta en la que figura que el conductor del auto de Aybar es César Ariel Heredia. Pero la imagen que sacó el fotógrafo de LA GACETA muestra al concejal dormido en el asiento de conductor del auto y con el cinturón de seguridad colocado.
Por esa foto, el fiscal Washington Navarro Dávila citó a declarar a casi 50 policías (personal del 911 y de la comisaría 1ª) para saber qué hicieron los agentes y si acaso hubo compra de voluntades o adulteración de actas. La explicación, hasta ahora, es que este choque ocurrió en la “hora ciega” de los policías, cuando se hace el recambio de personal y nadie verdaderamente trabaja. Hora aprovechada por los delincuentes, como ocurrió en otro caso fuerte de esta semana: el asalto de seis motociclistas armados a Rubén Rueda y su hija, en el frente de su casa, en la zona de Campo Norte. Fue el lunes a las 7 y les gatillaron varias veces pero no salieron las balas. La víctima dice que llamó al 911 y le respondieron que entre las 6 y las 7.30 no cuentan con móviles por el recambio de turno. “Vino un comisario en su auto particular”, relató.
Un caso (Rueda) puede ser ineficiencia estructural de la fuerza. El otro (Aybar) puede ser ineficiencia clientelar, de una organización policial al servicio del poder.
Violencia y drogas
Son las puntas del iceberg complejo de la seguridad, que es dramático en la periferia sin que se hayan encontrado las respuestas adecuadas, entre otras cosas porque hay asuntos, como la violencia, que siguen invisibilizados y por ello son tratados coyunturalmente, sin estrategias. Así lo remarcó el fiscal Diego López Ávila a mediados de junio, cuando dijo que estaba alarmado por el nivel de violencia creciente, que entendía que era mayor que los delitos contra la propiedad. “El mayor problema es que aquí mucha prevención no se puede realizar. Es imposible tener un policía en lo que ocurre en la casa”, dijo, siguiendo una lógica de razonamiento que ya expresaron en su momento el actual jefe de la Brigada, comisario Luis Bacas, y el mismo secretario de Seguridad, Paul Hofer. Aunque ellos explicaron el nivel de violencia creciente como un fenómeno separado de la tarea policial, que a su juicio debe enfocarse solamente en la prevención y represión de asaltos y robos. Afuera quedan la violencia intravecinal e intrafamiliar de la que habla López Ávila. No tienen respuestas para eso. Pero, si no es asunto policial, ¿quién se debe ocupar? Por caso, cada fiscalía recibe 1.200 denuncias de violencia de género cada año. Y las causa se tratan mal.
Otro asunto para el que no hay respuestas claras es la violencia vinculada con las drogas. Los funcionarios todo lo explican en esa tesitura. “Casi todos los delincuentes se han volcado al negocio de la droga”, dice el comisario Alejandro Siwecki, jefe de la división Delitos Contra la Propiedad. También el secretario Hofer arriesga que los robos de motos (se calcula que son entre 10 y 20 por día) están vinculados con la venta de drogas. Pero el Estado sigue sin saber qué hacer frente al narcomenudeo. Incluso hay peleas de jurisdicción entre las justicias provincial y federal, como ocurrió el miércoles con un allanamiento en Alderetes, donde buscaban una moto robada y hallaron 198 dosis de “paco”.
El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dice que “Tucumán no escapa a la media del país, donde hubo un aumento sobre todo en la violencia de los delitos”. Él explica todo con el crecimiento del narcotráfico. “Lamentablemente, donde entra la droga, parte de la droga queda. Eso ha cambiado (la metodología delictual) a formas más violentas, con la lógica del narcomenudeo”. Además, la Nación entiende que Tucumán es centro de acopio y distribución de drogas en el NOA, como había planteado hace dos meses un fiscal de Santiago del Estero y por eso creó una megaoficina antidrogas.
A la cuestión de drogas se añade la acción de bandas armadas por toda la periferia capitalina. En los últimos días ha sido llamativa la alarma generada por el poder de fuego que le hallaron a la banda de los Toro en Villa 9 de Julio. Y aunque en estos dos últimos meses las cifras de homicidios han sido menores que a comienzos de año -en lo que va de julio hubo dos asesinatos (Isidro Serrano, apuñalado en una discusión con un vecino en Lastenia y el ladrón Daniel Rojas, baleado por un guardiacárcel en barrio El Salvador)- la violencia creciente y la falta de respuestas estructurales ha convertido en común la justicia por mano propia de los vecinos. El último caso es el del ladrón apaleado en San Lorenzo al 100 el martes, pero el fenómeno es tal que López Ávila dice que en la provincia se está imponiendo la ley del Talión. Él y la fiscala Adriana Giannoni aseguran que el 50% de los detenidos llega golpeado a las fiscalías. Les dan palizas los vecinos y también los policías. “Si después de reducirlos, otras personas se suman y lo golpean, están cometiendo un delito”, dice el fiscal.
Todo esto forma un combo problemático que ha estallado como burbujas aisladas en la semana que pasó y que por ahora ha sido puesto bajo la alfombra mientras disfrutamos de la fiesta de la Independencia. El lunes la realidad ha de volver a mostrar su impronta.
En el frente embellecido de la seccional 2ª, una grieta junto al marco de la puerta de entrada muestra las décadas de abandono del vetusto edificio policial de Barrio Sur, en cuyo fondo también está la Brigada Femenina.
- ¿Lo van a reparar?
- No, ya tienen que demoler esta casa. En cualquier momento se va a caer.
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