02 Julio 2016
AJUSTES TARIFARIOS. En Energía evaluaron los costos del tope de aumentos. foto de archivo
El Estado deberá afrontar en lo que resta del año un costo fiscal de $ 5.600 millones por la implementación del tope de 400% en la suba de las tarifas de gas de 8,5 millones de hogares residenciales, y de un 500% para las PyME, comercios y hoteles. Así lo aseguraron fuentes del Ministerio de Energía al plantear los cambios dispuestos en la resolución 99/2016 del 7 de junio.
Los topes, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre próximo, modificaron el esquema original que entró en vigencia el 1 de abril pasado y partieron de un nuevo cálculo a partir de los cargos vigentes hasta el 31 de marzo.
La resolución 28/2016 del 28 de marzo había establecido los nuevos precios del gas que buscaba recomponer retrasos significativos acumulados los últimos años, con el objetivo de incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local.
Los incrementos tarifarios que comenzaron a recibir usuarios particulares y comerciales en el país, con casos que reflejaron incrementos de hasta el 1.200%, en particular, las provincias patagónicas, llevó a los gobernadores a plantear al Gobierno nacional la necesidad de adoptar medidas que atenúen el impacto del aumento. A partir de esa negociación, la fijación de los topes de incrementos del 400% para los usuarios y del 500% para los comerciales generó una diferencia que deberá afrontar el Estado y que representará un costo fiscal de $ 5.600 millones.
La cartera energética también dispuso una tarifa social para los usuarios de gas, los que ya alcanzan 1,5 millones de beneficiarios, la que consiste en el pago de los cargos correspondientes a los costos de transporte y de distribución; mientras que en el monto que surge del consumo es bonificado, por el momento. “Con la resolución vigente desde el 1 de abril hasta el 7 de junio, el sistema estaba equilibrado entre lo que se iba a cobrar por facturación y los costos de la cadena que conforman los productores, las transportadoras y las distribuidoras. Es decir el costo para el Estado hasta el tope de incremento era de cero peso”, graficaron las fuentes, según Télam.
Por otro lado, las estaciones de servicio volvieron a vender ayer, sin restricciones, Gas Natural Comprimido (GNC) para los automovilistas. El Comité de Emergencia del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) resolvió levantar las limitaciones para cargar el fluido en las expendedoras, hasta un nuevo aviso del organismo regulador. Así lo informó a LA GACETA Sebastián Vargiu, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega).
Hasta ayer, el Enargas había limitado la venta de GNC en las estaciones, entre las 21 y las 23, con el objetivo de garantizar la provisión de gas en hogares, en hospitales y en escuelas, en un contexto de escasez del producto. La medida se debió a que Bolivia -inyecta el 20% del gas diario requerido por Argentina-, había reducido entre 8 y 11 millones de metros cúbicos diarios sus envíos al país.
Los topes, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre próximo, modificaron el esquema original que entró en vigencia el 1 de abril pasado y partieron de un nuevo cálculo a partir de los cargos vigentes hasta el 31 de marzo.
La resolución 28/2016 del 28 de marzo había establecido los nuevos precios del gas que buscaba recomponer retrasos significativos acumulados los últimos años, con el objetivo de incentivar las inversiones necesarias para incrementar las reservas de gas y los niveles de producción local.
Los incrementos tarifarios que comenzaron a recibir usuarios particulares y comerciales en el país, con casos que reflejaron incrementos de hasta el 1.200%, en particular, las provincias patagónicas, llevó a los gobernadores a plantear al Gobierno nacional la necesidad de adoptar medidas que atenúen el impacto del aumento. A partir de esa negociación, la fijación de los topes de incrementos del 400% para los usuarios y del 500% para los comerciales generó una diferencia que deberá afrontar el Estado y que representará un costo fiscal de $ 5.600 millones.
La cartera energética también dispuso una tarifa social para los usuarios de gas, los que ya alcanzan 1,5 millones de beneficiarios, la que consiste en el pago de los cargos correspondientes a los costos de transporte y de distribución; mientras que en el monto que surge del consumo es bonificado, por el momento. “Con la resolución vigente desde el 1 de abril hasta el 7 de junio, el sistema estaba equilibrado entre lo que se iba a cobrar por facturación y los costos de la cadena que conforman los productores, las transportadoras y las distribuidoras. Es decir el costo para el Estado hasta el tope de incremento era de cero peso”, graficaron las fuentes, según Télam.
Por otro lado, las estaciones de servicio volvieron a vender ayer, sin restricciones, Gas Natural Comprimido (GNC) para los automovilistas. El Comité de Emergencia del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) resolvió levantar las limitaciones para cargar el fluido en las expendedoras, hasta un nuevo aviso del organismo regulador. Así lo informó a LA GACETA Sebastián Vargiu, vicepresidente de la Cámara de Comerciantes Derivados del Petróleo, Gas y Afines (Capega).
Hasta ayer, el Enargas había limitado la venta de GNC en las estaciones, entre las 21 y las 23, con el objetivo de garantizar la provisión de gas en hogares, en hospitales y en escuelas, en un contexto de escasez del producto. La medida se debió a que Bolivia -inyecta el 20% del gas diario requerido por Argentina-, había reducido entre 8 y 11 millones de metros cúbicos diarios sus envíos al país.
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