02 Julio 2016
La jueza Paola Firpo de Paraná recibió ayer la ampliación de una pericia psicológica y psiquiátrica del sacerdote Justo Ilarraz, y con este estudio dio por agotada la etapa de instrucción. Por este motivo, corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que éste determine si son necesarias nuevas diligencias y si corresponde elevar la causa a juicio. La querella confía en que el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull no demorará en pedir que el cura -acusado de haber abusado sexualmente de más de 20 seminaristas- enfrente a un Tribunal a la brevedad.
Según la ley, ahora el fiscal tiene 10 días para emitir un dictamen, aunque este periodo se puede extender si considera que se trata de un proceso extenso o complejo. Una vez que se expida el ministerio fiscal, se notificará a los querellantes Rosario Romero, Marcos Rodríguez Allende y Milton Urrutia para que contesten al dictamen. Por último, se notificará a los defensores del sacerdote, Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, quienes podrán oponerse a la elevación a juicio e incluso pedir el sobreseimiento de Ilarraz.
De forma paralela a la causa que lleva adelante la Justicia, la Iglesia reactivó una investigación interna ordenada por el papa Francisco sobre lo ocurrido en el seminario de Paraná hace más de 20 años.
Ilarraz era uno de los sacerdotes que guiaban a los jóvenes del Seminario de Paraná. El cura estuvo allí entre 1985 y 1993. Se lo acusa de haber abusado sexualmente de al menos 20 de ellos. El cardenal Estanislao Karlic expulsó al sacerdote de la diócesis entrerriana en 1993, tras una investigación interna. Ilarraz en ese momento viajó al Vaticano y cuatro años después volvió a Argentina para radicarse en Monteros.
Si bien nunca había sido denunciado, en 2012 una investigación periodística puso a Ilarraz contra las cuerdas. Algunos meses después, la Justicia tomó la causa.
Ese mismo año el cura dejó de dar misa y nadie volvió a verlo en el sur tucumano. Si bien aún mantiene como domicilio legal el que utilizó en Monteros, se sabe que desde empezaron las acusaciones se refugió en la casa de algunos familiares.
Según la ley, ahora el fiscal tiene 10 días para emitir un dictamen, aunque este periodo se puede extender si considera que se trata de un proceso extenso o complejo. Una vez que se expida el ministerio fiscal, se notificará a los querellantes Rosario Romero, Marcos Rodríguez Allende y Milton Urrutia para que contesten al dictamen. Por último, se notificará a los defensores del sacerdote, Juan Ángel Fornerón y Jorge Muñoz, quienes podrán oponerse a la elevación a juicio e incluso pedir el sobreseimiento de Ilarraz.
De forma paralela a la causa que lleva adelante la Justicia, la Iglesia reactivó una investigación interna ordenada por el papa Francisco sobre lo ocurrido en el seminario de Paraná hace más de 20 años.
Ilarraz era uno de los sacerdotes que guiaban a los jóvenes del Seminario de Paraná. El cura estuvo allí entre 1985 y 1993. Se lo acusa de haber abusado sexualmente de al menos 20 de ellos. El cardenal Estanislao Karlic expulsó al sacerdote de la diócesis entrerriana en 1993, tras una investigación interna. Ilarraz en ese momento viajó al Vaticano y cuatro años después volvió a Argentina para radicarse en Monteros.
Si bien nunca había sido denunciado, en 2012 una investigación periodística puso a Ilarraz contra las cuerdas. Algunos meses después, la Justicia tomó la causa.
Ese mismo año el cura dejó de dar misa y nadie volvió a verlo en el sur tucumano. Si bien aún mantiene como domicilio legal el que utilizó en Monteros, se sabe que desde empezaron las acusaciones se refugió en la casa de algunos familiares.
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