Tras la polémica de Vidal, Yedlin dice que reverán el régimen de declaraciones juradas secretas

Las declaraciones juradas de bienes (ddjj) de los funcionarios públicos tucumanos son secretas. La confidencialidad está garantizada por una ley provincial, la 3.981, en vigor desde 1973. Esta normativa excluye la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los datos patrimoniales de las autoridades del Estado. Y el artículo 13 estatuye que los agentes públicos que violen el secreto de las declaraciones juradas serán exonerados, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondiesen. El viernes, Pablo Yedlin, secretario general de la Gobernación, dijo que este régimen será revisado. “Ha pasado mucho tiempo desde 1973 hasta el presente. Estamos en una época distinta y sin duda hay cambios que deben ser reflejados”, expresó.

El modelo de secretismo instaurado en Tucumán resurgió a propósito de la polémica que generó el decreto de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que sancionaba con dos años de prisión a quienes revelasen datos reservados de las declaraciones juradas de los funcionarios de Buenos Aires. Las repercusiones críticas obligaron a la jefa de Estado de Cambiemos a dar de baja el artículo controvertido, que fue presentado como un error de redacción. “Quiero llevar tranquilidad a los periodistas”, manifestó Vidal. Previamente, la gobernadora había destacado la decisión de que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad bonaerenses presenten sus declaraciones juradas. “Esto no pasaba antes”, había recordado. La gestión del ex mandatario Daniel Scioli (2007-2015) negó sistemáticamente el acceso a las manifestaciones de bienes.

“Nuestro Gobierno está esperando a que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Acceso a la Información Pública para adaptar la legislación provincial a los nuevos estándares de transparencia”, explicó por teléfono Yedlin. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto en cuestión el 18 de mayo pasado -hubo sólo cuatro votos en contra- y ahora resta el tratamiento en el Senado. “Posiblemente la Ley 3.981 sea incluida en la iniciativa que elaboraremos”, comentó el funcionario del Gobierno de Juan Manzur. Y agregó: “si bien existe lo que se llama el secreto fiscal, entendemos que no podemos recortar el derecho a informar (sobre las declaraciones juradas de los funcionarios públicos). En este sentido, la libertad de prensa es total y no es posible ni factible que un periodista sea sancionado por revelar datos”.

Criterio discrecional
Como ninguna ley obliga a las instituciones estatales tucumanas a facilitar la información que manejan, el acceso a los datos depende, en gran medida, de la discrecionalidad de las autoridades de cada órgano. En 2013, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán decidió publicar todas sus acordadas en el sitio web institucional (justucuman.gov.ar), pero las resoluciones de presidencia no están incluidas en ese régimen y la intención de crear un registro digital de funcionarios públicos imputados permanece frenada desde abril. El Consejo Asesor de la Magistratura fundado en 2009 divulga todos sus actos en el portal oficial (camtucuman.gob.ar), pero la última resolución de presidencia disponible data del 18 de marzo. La Junta Electoral Provincial sólo publica las resoluciones atinentes a la organización de las elecciones -quedan afuera las del personal, que es nombrado y promovido sin concurso-. El Ministerio Público no brinda acceso sistemático a los dictámenes y resoluciones, lo mismo que la Legislatura, que ni siquiera informa sobre los proyectos de ley ingresados. Esta reticencia dio lugar al inicio de al menos dos juicios (todavía en trámite): uno para conocer los papeles relativos a la construcción de la sede del Parlamento y otro para conseguir los datos relativos a los gastos sociales.

El carácter secreto de las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales persiste desde hace más de cuatro décadas pese a que, en el ínterin, Argentina ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y el Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.188, de Ética de la Función Pública (1999). En virtud de ese texto legal, la Oficina Anticorrupción publica en forma periódica las manifestaciones de bienes de los funcionarios públicos nacionales.

Numerosos proyectos de ley procuraron modernizar la normativa vigente en la provincia en materia de ética pública, palabras que designan al conjunto de principios y normas que rigen el desempeño de la función pública con honestidad, idoneidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Si bien la oposición se destacó por elaborar este tipo de iniciativas (entre otros, Gumersindo Parajón en 2001; Pedro Stordeur y Rodolfo Danesi en 2006; Ricardo Bussi en 2008; Esteban Jerez y Federico Romano Norri en 2010; Alberto Colombres Garmendia en 2012; Silvia Elías de Pérez en 2013 y José Páez, José María Canelada, Adela Terraf y Eudoro Aráoz en 2015), en 2014 el legislador oficialista Marcelo Caponio propuso adherir a la Ley 25.188. Pasaron 15 años y ninguna de las propuestas obtuvo el apoyo de la mayoría legislativa.

“Vamos a ver si se puede avanzar en este tema y con mucho gusto lo acompañaremos”, había expresado Regino Amado en 2013, en su carácter de presidente subrogante de la Legislatura (hoy es ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad), pero dos años después admitió que el asunto no estaba en la agenda. “Todo lo que sirva para transparentar el Estado es bueno”, había opinado en 2010 el ex gobernador José Alperovich. Condicionado por el clima que había generado la sanción de la Ley Nacional 25.188, el ex mandatario Julio Miranda había prometido crear una Secretaría de Ética Pública si ganaba las elecciones. Al año siguiente y ya en el Poder Ejecutivo, Miranda se inclinó por armar una Fiscalía Anticorrupción en el ámbito del Ministerio Público, oficina eliminada en 2005 durante el alperovichismo. En 2014 y como consecuencia de este déficit de políticas de transparencia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia situó a Tucumán entre las provincias más renuentes a fomentar el correcto y honorable cumplimiento de las funciones públicas.