Por Luis María Ruiz
07 Junio 2016
Los legisladores han sido los últimos trabajadores del Estado provincial en conocer cuánto será su aumento salarial de este año. Oficialistas y opositores esperan que los recibos lleguen con un 20% de suba este mes -retroactivo a abril-, y un 15% más en septiembre. El incremento impactará en la dieta, única paga que permite la Constitución provincial para los representantes del pueblo.
De esta manera, los legisladores pasarán a cobrar un salario bruto de unos $ 43.000 en el último trimestre de 2016. ¿Es así en realidad? ¿O el régimen de “ayudas sociales a personas” esconde una caja de la cual salen ‘salarios extra’ para los legisladores, entre otras erogaciones discrecionales? Ese es el interrogante que intenta desentrañar el fiscal federal Carlos Brito, quien investiga una posible evasión tributaria mediante el sistema de subsidios legislativos conocido en la última década como “gastos sociales”.
La hipótesis que encierra aquella pregunta choca de lleno contra un dato objetivo: no existe ley, decreto ni instrumento alguno que equipare los fondos gestionados bajo la denominación “ayudas sociales” a una dieta complementaria.
¿Cómo funcionan esos “gastos sociales”?
Los legisladores -y según informes del Tribunal de Cuentas, también funcionarios del Poder Legislativo- firman un comprobante en el que aceptan haber recibido de la Secretaría de la Cámara (hoy a cargo de Claudio Antonio Pérez) una determinada cantidad de dinero. Ese monto supuestamente está destinado a subsidios, y debe ser rendido ante la delegación específica del Tribunal de Cuentas respetando el acuerdo N° 2.489/2008, dictado por el ente de control.
Oficialistas y opositores le confirmaron a LA GACETA que gestionan un monto mensual de $ 100.000 (salvo el radical Eudoro Aráoz y el macrista Luis Brodersen, quienes rechazan esta modalidad y no los cobran). Pero como este trámite se hace de forma personalizada, ninguno conoce por sus propios sentidos los números de los comprobantes que rubrican los demás.
A contramano de lo que venía ocurriendo años atrás, el aumento porcentual de la dieta no se replicará en los fondos para “ayudas sociales”. Esta modalidad fue uso y costumbre durante la vicegobernación de Juan Manzur -incluyendo el interinato del ex titular subrogante, Regino Amado-. ¿Puede ser ese incremento un indicio de que los “gastos sociales” son un sueldo encubierto? Este año, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ha congelado la cifra para “gastos sociales”. La decisión no hace felices a los legisladores, que siguen esperando una definición sobre este asunto. Sobre todo porque conocen la partida presupuestada para los subsidios legislativos de 2016: $ 150 millones. Es decir, $ 410.000 por cada día del año, incluyendo sábados, domingos y feriados. La cifra aún está lejos -es un tercio- de lo ejecutado en 2015 para “ayudas sociales”: al menos $ 505,6 millones en el año electoral; o sea, $ 1,38 millón por día.
Una cuestión de tiempo
En la sala II del fuero Contencioso Administrativo se tramita la otra causa judicial sobre las ayudas sociales que aflige a las autoridades de la Legislatura. El radical Aráoz planteó en marzo una acción de amparo para pedir, en virtud de pactos internacionales y de jurisprudencia referidos al acceso a la información pública, que el vicegobernador Jaldo difunda los detalles de las erogaciones para subsidios legislativos otorgados durante el último tramo de la gestión de Manzur (entre marzo de 2015 y octubre de 2015). Los abogados de la Provincia rechazaron los argumentos de la demanda, aduciendo que Aráoz había equivocado el procedimiento, pues debería haberse dirigido a las comisiones internas del cuerpo colegiado para solicitar esa información. El ex presidente del Colegio de Abogados consideró que, con esta postura, el oficialismo sólo busca ganar tiempo para acomodar sus números antes de que él pueda cotejar la documentación. Además, dio por descontado que la mayoría del bloque Tucumán Crece en todas las comisiones le haría imposible acceder a esos datos. Jaldo ayer dio una escueta respuesta al respecto. “Es una cuestión judicial, hay que ser muy respetuosos. Él (Aráoz) ha tomado la decisión de ir a la Justicia. Vamos a esperar que la Justicia resuelva, como hicimos siempre”, le contestó a LA GACETA.
Desde hace siete meses que dos referentes de los jubilados de la plaza, Francisco Ismael Saleh y José Ricardo Mattassini, aguardan que la Corte Suprema de Tucumán resuelva su amparo por el 82% móvil (un tribunal ya condenó a la Provincia a pagarles, pero la Casa de Gobierno apeló). Teniendo en cuenta este precedente, la espera de Aráoz en el amparo por los subsidios de la Legislatura podría extenderse por tiempo indefinido.
De esta manera, los legisladores pasarán a cobrar un salario bruto de unos $ 43.000 en el último trimestre de 2016. ¿Es así en realidad? ¿O el régimen de “ayudas sociales a personas” esconde una caja de la cual salen ‘salarios extra’ para los legisladores, entre otras erogaciones discrecionales? Ese es el interrogante que intenta desentrañar el fiscal federal Carlos Brito, quien investiga una posible evasión tributaria mediante el sistema de subsidios legislativos conocido en la última década como “gastos sociales”.
La hipótesis que encierra aquella pregunta choca de lleno contra un dato objetivo: no existe ley, decreto ni instrumento alguno que equipare los fondos gestionados bajo la denominación “ayudas sociales” a una dieta complementaria.
¿Cómo funcionan esos “gastos sociales”?
Los legisladores -y según informes del Tribunal de Cuentas, también funcionarios del Poder Legislativo- firman un comprobante en el que aceptan haber recibido de la Secretaría de la Cámara (hoy a cargo de Claudio Antonio Pérez) una determinada cantidad de dinero. Ese monto supuestamente está destinado a subsidios, y debe ser rendido ante la delegación específica del Tribunal de Cuentas respetando el acuerdo N° 2.489/2008, dictado por el ente de control.
Oficialistas y opositores le confirmaron a LA GACETA que gestionan un monto mensual de $ 100.000 (salvo el radical Eudoro Aráoz y el macrista Luis Brodersen, quienes rechazan esta modalidad y no los cobran). Pero como este trámite se hace de forma personalizada, ninguno conoce por sus propios sentidos los números de los comprobantes que rubrican los demás.
A contramano de lo que venía ocurriendo años atrás, el aumento porcentual de la dieta no se replicará en los fondos para “ayudas sociales”. Esta modalidad fue uso y costumbre durante la vicegobernación de Juan Manzur -incluyendo el interinato del ex titular subrogante, Regino Amado-. ¿Puede ser ese incremento un indicio de que los “gastos sociales” son un sueldo encubierto? Este año, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ha congelado la cifra para “gastos sociales”. La decisión no hace felices a los legisladores, que siguen esperando una definición sobre este asunto. Sobre todo porque conocen la partida presupuestada para los subsidios legislativos de 2016: $ 150 millones. Es decir, $ 410.000 por cada día del año, incluyendo sábados, domingos y feriados. La cifra aún está lejos -es un tercio- de lo ejecutado en 2015 para “ayudas sociales”: al menos $ 505,6 millones en el año electoral; o sea, $ 1,38 millón por día.
Una cuestión de tiempo
En la sala II del fuero Contencioso Administrativo se tramita la otra causa judicial sobre las ayudas sociales que aflige a las autoridades de la Legislatura. El radical Aráoz planteó en marzo una acción de amparo para pedir, en virtud de pactos internacionales y de jurisprudencia referidos al acceso a la información pública, que el vicegobernador Jaldo difunda los detalles de las erogaciones para subsidios legislativos otorgados durante el último tramo de la gestión de Manzur (entre marzo de 2015 y octubre de 2015). Los abogados de la Provincia rechazaron los argumentos de la demanda, aduciendo que Aráoz había equivocado el procedimiento, pues debería haberse dirigido a las comisiones internas del cuerpo colegiado para solicitar esa información. El ex presidente del Colegio de Abogados consideró que, con esta postura, el oficialismo sólo busca ganar tiempo para acomodar sus números antes de que él pueda cotejar la documentación. Además, dio por descontado que la mayoría del bloque Tucumán Crece en todas las comisiones le haría imposible acceder a esos datos. Jaldo ayer dio una escueta respuesta al respecto. “Es una cuestión judicial, hay que ser muy respetuosos. Él (Aráoz) ha tomado la decisión de ir a la Justicia. Vamos a esperar que la Justicia resuelva, como hicimos siempre”, le contestó a LA GACETA.
Desde hace siete meses que dos referentes de los jubilados de la plaza, Francisco Ismael Saleh y José Ricardo Mattassini, aguardan que la Corte Suprema de Tucumán resuelva su amparo por el 82% móvil (un tribunal ya condenó a la Provincia a pagarles, pero la Casa de Gobierno apeló). Teniendo en cuenta este precedente, la espera de Aráoz en el amparo por los subsidios de la Legislatura podría extenderse por tiempo indefinido.
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