Por Guillermo Monti
03 Junio 2016
La foto de los “siete intendentes de la democracia” es puro capital simbólico para la gestión de Germán Alfaro, quien alineó a radicales, bussistas y peronistas, codo a codo, en el reclamo de la autonomía municipal. A todos, en mayor o menor medida, les tocó soportar el abrazo de oso de la Tesorería provincial. Para algunos, la relación con Casa de Gobierno fue asfixiante; para otros, una caricia con sabor a maná político. O una combinación de las dos, de acuerdo con la dirección del soplido de los vientos históricos y económicos. De lo que se habló poco y nada en este “club de los siete” es de la calidad de vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán -sus votantes, a fin de cuentas-. Tal vez habría significado sumergirse en un ida y vuelta de críticas y autocríticas que hubiera hecho añicos la camaradería imperante. Pero los problemas gravísimos de la ciudad, una de las capitales de provincia más sucias y estropeadas del país, jamás puede ser un tabú.
El sainete de la semana fue el nuevo round del combate entre el municipio y la SAT, esta vez por un caño que cruza la avenida Mate de Luna justo por debajo del Monumento del Bicentenario. Sería insólito si no se tratara de Tucumán, pero la disputa amenazó con retrasar una obra que viene contrarreloj por culpas varias, no sólo del clima. Pero siempre es fácil responsabilizar a la lluvia; total, no puede defenderse. Un dato de color: el caño en cuestión viene del pasaje Cervantes, el mismo que alberga en la ochava oeste de la avenida al mutiladísimo gomero, cuya vida corrió peligro hace unas semanas. ¿Serán señales que envía el Príncipe de los Ingenios? Ya le recomendaba el Quijote a Sancho, que marchaba a gobernar la Ínsula: “procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre”.
Tuvo que salir Pablo Yedlin -secretario general de la Gobernación- a confirmar que al caño va a redireccionarlo la SAT. Temas menores, que deben resolverse entre funcionarios de líneas sensiblemente inferiores, se convierten en cuestiones de Estado. Habrá nuevas escaladas del conflicto entre el municipio y la SAT, cuyo final es decididamente incierto.
Lo llamativo es que arreglar ese empalme cloacal cuesta $ 300.000, una propina en comparación con los $ 96 millones que la empresa 9 de Julio reclama a la capital en concepto de deudas por el servicio de recolección de residuos. “A mí no van a extorsionarme”, sentenció Alfaro. Nunca es aconsejable gestionar con tantos frentes abiertos y por eso la tregua con Juan Manzur le dio un respiro al intendente. Pero son equilibrios inestables.
De estas viñetas del día a día comarcano se va nutriendo el cuadro general. De la esgrima por el poder los vecinos sólo pueden ser espectadores. Cuando les toca jugar, en la calle y como partes de una sociedad, suelen hacerlo malhumorados. Hay una retroalimentación negativa entre Estado ineficiente y ciudadanía desconfiada. Que Tucumán sea una de las ciudades más castigadas por el vandalismo es resultante de ese caldo de cultivo. A los funcionarios se les cae el alma al piso cuando comprueban que obras que tanto costó sacar adelante quedan arruinadas de la noche a la mañana por manos dañinas y desaprensivas. Pero no es casualidad.
La complejidad de los problemas que cruzan a la capital -desde la mugre al pésimo servicio de transporte, pasando por la corrupción de los inspectores y cualquier otro elemento que el lector quiera agregar- viene de lejos. El “club de los siete” prefirió no meterse en ese debate. Tal vez figure en la agenda de un nuevo encuentro. De todos modos, y para subrayar que en el municipio los senderos se bifurcan eternamente, vale señalar que a la mesa del convite pudieron agregarle una que otra silla.
Raúl Martínez Aráoz renunció presionado por sus propios correligionarios de la UCR en 1991, tras la intervención federal. Julio César “Chiche” Aráoz terminó a cargo de la Provincia y de la capital hasta las elecciones. “Sentí alivio cuando me fui de la Municipalidad”, confesó Martínez Aráoz, a quien el ahogo financiero atormentó tanto como a Oscar Paz, otro intendente acorralado por las deudas y obligado a dar el portazo. El reemplazo de Paz surgió del Concejo Deliberante (¿recuerdan a Juan Carlos Mamaní?), el mismo camino institucional seguido cuando dimitió Raúl Topa (¿recuerdan a “Tony” Álvarez y a la profesora Marta Ezcurra?). Y hubo más, porque en 2003 las elecciones las ganó Antonio Bussi, pero jamás asumió y tras el interinato de Carolina Vargas Aignasse los ediles aceptaron la sugerencia de José Alperovich y sentaron a Domingo Amaya en el sillón. A Amaya los votos lo ratificaron dos veces.
De toda esta maraña de episodios Alfaro fue testigo, así que está más que avisado sobre la fiereza del potro que le corcovea minuto a minuto. Densa y profunda es la historia de la capital. Una cebolla de infinitas capas. Alguien, por ejemplo, contará en detalle algún día cómo se licuó el Banco Municipal. Lindo tema para una mesa panel.
El sainete de la semana fue el nuevo round del combate entre el municipio y la SAT, esta vez por un caño que cruza la avenida Mate de Luna justo por debajo del Monumento del Bicentenario. Sería insólito si no se tratara de Tucumán, pero la disputa amenazó con retrasar una obra que viene contrarreloj por culpas varias, no sólo del clima. Pero siempre es fácil responsabilizar a la lluvia; total, no puede defenderse. Un dato de color: el caño en cuestión viene del pasaje Cervantes, el mismo que alberga en la ochava oeste de la avenida al mutiladísimo gomero, cuya vida corrió peligro hace unas semanas. ¿Serán señales que envía el Príncipe de los Ingenios? Ya le recomendaba el Quijote a Sancho, que marchaba a gobernar la Ínsula: “procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre”.
Tuvo que salir Pablo Yedlin -secretario general de la Gobernación- a confirmar que al caño va a redireccionarlo la SAT. Temas menores, que deben resolverse entre funcionarios de líneas sensiblemente inferiores, se convierten en cuestiones de Estado. Habrá nuevas escaladas del conflicto entre el municipio y la SAT, cuyo final es decididamente incierto.
Lo llamativo es que arreglar ese empalme cloacal cuesta $ 300.000, una propina en comparación con los $ 96 millones que la empresa 9 de Julio reclama a la capital en concepto de deudas por el servicio de recolección de residuos. “A mí no van a extorsionarme”, sentenció Alfaro. Nunca es aconsejable gestionar con tantos frentes abiertos y por eso la tregua con Juan Manzur le dio un respiro al intendente. Pero son equilibrios inestables.
De estas viñetas del día a día comarcano se va nutriendo el cuadro general. De la esgrima por el poder los vecinos sólo pueden ser espectadores. Cuando les toca jugar, en la calle y como partes de una sociedad, suelen hacerlo malhumorados. Hay una retroalimentación negativa entre Estado ineficiente y ciudadanía desconfiada. Que Tucumán sea una de las ciudades más castigadas por el vandalismo es resultante de ese caldo de cultivo. A los funcionarios se les cae el alma al piso cuando comprueban que obras que tanto costó sacar adelante quedan arruinadas de la noche a la mañana por manos dañinas y desaprensivas. Pero no es casualidad.
La complejidad de los problemas que cruzan a la capital -desde la mugre al pésimo servicio de transporte, pasando por la corrupción de los inspectores y cualquier otro elemento que el lector quiera agregar- viene de lejos. El “club de los siete” prefirió no meterse en ese debate. Tal vez figure en la agenda de un nuevo encuentro. De todos modos, y para subrayar que en el municipio los senderos se bifurcan eternamente, vale señalar que a la mesa del convite pudieron agregarle una que otra silla.
Raúl Martínez Aráoz renunció presionado por sus propios correligionarios de la UCR en 1991, tras la intervención federal. Julio César “Chiche” Aráoz terminó a cargo de la Provincia y de la capital hasta las elecciones. “Sentí alivio cuando me fui de la Municipalidad”, confesó Martínez Aráoz, a quien el ahogo financiero atormentó tanto como a Oscar Paz, otro intendente acorralado por las deudas y obligado a dar el portazo. El reemplazo de Paz surgió del Concejo Deliberante (¿recuerdan a Juan Carlos Mamaní?), el mismo camino institucional seguido cuando dimitió Raúl Topa (¿recuerdan a “Tony” Álvarez y a la profesora Marta Ezcurra?). Y hubo más, porque en 2003 las elecciones las ganó Antonio Bussi, pero jamás asumió y tras el interinato de Carolina Vargas Aignasse los ediles aceptaron la sugerencia de José Alperovich y sentaron a Domingo Amaya en el sillón. A Amaya los votos lo ratificaron dos veces.
De toda esta maraña de episodios Alfaro fue testigo, así que está más que avisado sobre la fiereza del potro que le corcovea minuto a minuto. Densa y profunda es la historia de la capital. Una cebolla de infinitas capas. Alguien, por ejemplo, contará en detalle algún día cómo se licuó el Banco Municipal. Lindo tema para una mesa panel.
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