Por Álvaro José Aurane
28 Mayo 2016
- ¿Qué es? -me dijo.
- ¿Qué es qué? -le pregunté.
- Eso, el ruido ese.
- Es el silencio.
(Juan Rulfo, El llano en llamas)
El 9 de Julio ya llega y nos encuentra en una epidemia de mudez ensordecedora. Tenemos palabras, pero dicen nada. Legítimamente nada. Se nota, demasiado, en la palabra del Estado. La palabra pública está podrida de silencio.
Nada significan hoy, aquí, “gesta”, “libertad”, “historia”, “patria”, “independencia” ni “lucha”. Obviamente, más nada dice la palabra “Bicentenario”. Así se entiende cómo es posible que la Legislatura haya aprobado durante esta semana una ley digna de la democracia cualquiercosista: se podrán celebrar contrataciones directas, sin tope ni cotejo de precios, para gastar en el marco de los 200 años de la Declaración de la Independencia... Bicentenario, antes que un hito, es una excusa para hacer cualquier cosa con los fondos públicos.
Como la palabra pública dice nada, decir cualquier cosa es lícito. Por ejemplo, que de esta ley depende el éxito de los festejos. Lo curioso es que, según fuentes históricas, hacia el 10 de julio de 1916 ya se sabía que 100 años después llegaba el Bicentenario. ¿Qué circunstancia tomó por sorpresa a las autoridades provinciales? ¿No pudieron prever nada, a pesar de que rotando por los más diversos cargos -como si el Estado fuera una SRL- vienen gobernando la provincia de manera ininterrumpida desde 2003?
Juan Manzur fue dos veces vicegobernador de José Alperovich, el gobernador que administró 140.000 millones de pesos, según la suma de los presupuestos públicos de sus 12 años como mandatario (sin siquiera actualizar la cifra por inflación). Si sólo durante los ocho años en que el actual mandatario fue el número dos del poder político provincial se hubiera reservado el 1% del Presupuesto General de la Provincia para destinarlo a un fondo que financiara obras y festejos para 2016, hoy se dispondrían de unos $ 1.000 millones para esos fines. No parece una cifra imposible teniendo en cuenta que según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (LA GACETA, 5/5/2016), la gestión anterior dejó, solamente del año pasado para este, un superávit financiero de $ 737 millones.
La Declaración de la Independencia está hecha de palabras. Dice que el compromiso de los hombres públicos por recuperar aquellos derechos de los cuales las provincias han sido despojados se jura bajo “el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama”. Todo eso, hoy, nada dice, aquí.
“Bien común”
Si leyes como esta se aprueban en nombre de la independencia, si estos eran los “beneficios de la libertad” que se debían asegurar, por supuesto que nada terminan significando expresiones como “constituir la unión nacional”. O “afianzar la justicia”. O “consolidar la paz interior”. O “proveer a la defensa común”. O “promover el bienestar general”.
Para botón de muestra está Concepción. La gestión actual le entregó al jefe de los fiscales federales, Gustavo Gómez, cuatro ejemplos acerca de que si “bien común” quiere decir algo, no significaría, precisamente, “bien común”.
Ejemplo 1.- La Municipalidad le habría pagado $ 20 millones a la cooperativa “Miguel Lillo”. Esa institución, en realidad, no existiría. El pago se habría efectuado en concepto de obras de pavimento y de cloacas. Los trabajos existen, pero en los registros oficiales estaría asentado que los materiales y la mano de obra con que se concretaron salían del Obrador Municipal. Todo esto, supuestamente, claro está…
Ejemplo 2.- El 19 de agosto de 2015, tres funcionarios de la gestión municipal anterior endosaron cuatro cheques de $ 2 millones cada uno. En lugar de cambiarlos en el banco oficial con sede en Concepción, lo hicieron en San Miguel de Tucumán. Fin. Según la actual intendencia de la “Perla del Sur” (casi “Perla Negra”), con ese dinero pudieron pasar dos cosas: “se diluyó o se esfumó”. Esto porque “no existe comprobante respaldatorio o registro alguno en Tesorería General o en Contaduría General del destino de los fondos”. Por mera casualidad, ese 19 de agosto fue el miércoles previo a los comicios del 23. Los de las urnas quemadas y el bolsoneo, las urnas “embarazadas” y el acarreo, las urnas “refajadas” y los tiroteos. Todo esto, aparentemente, por supuesto…
Ejemplo 3.- En Concepción también fueron emitidos 2.069 cheques por $ 600 cada uno, que totalizan $ 1,2 millón. Cada valor fue librado en concepto de “No a la orden”, es decir, necesariamente debía ser cobrado por la persona a nombre de quién había sido extendido. Este detalle fue determinante para que se advirtiera el hecho de semejante emisión de cheques: 2.069 concepcionenses se presentaron a cobrar en el mismo mes, lo cual produjo incesantes aglomeraciones en el banco oficial. Por cierto (y por pura coincidencia), el mes era agosto de 2015. “No existe motivación alguna, ni explicación, ni planilla, ni antecedentes que señalen la causa de la entrega de un volumen tan importante de cheques”, dice la denuncia entregada a la Justicia Federal. Todo esto, presuntamente, se entiende…
Ejemplo 4.- Se pagó un cuarto de millón de pesos por un curso que no se dictó. Y ese ni siquiera es el detalle más llamativo: la tercera parte de los $ 226.000 que demandó esa inexistente instancia de capacitación se pagó en concepto de lunch. No deja de ser perturbadora la lógica de esta provincia: aquí, donde se dice nada, Nadie va a cursos que no son, durante los cuales come y bebe.
De paso: esta costosa nada aconteció durante octubre: el último mes de la gestión anterior. También el mes durante el cual los tucumanos eligieron diputados nacionales. Y también senadores. Todo esto, posiblemente, cabe aclarar…
“Redistribución de la riqueza”
Parece obvio que nada quieren decir “Defender con libertad y patriotismo esta Constitución y cumplir hacer cumplir las leyes que de ella derivan”. Qué decir de “Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden…”.
Pero el cáncer de enmudecimiento que enferma el “bien común” provoca una metástasis de silencio en “solidaridad”, “reciprocidad” y “redistribución de la riqueza”. Para dar testimonio de ello están los jubilados transferidos de Tucumán.
Ayer, Mauricio Macri presentó en sociedad un proyecto de ley que remitirá al Congreso para lanzar un plan de blanqueo de capitales que le permita al Estado recaudar un porcentaje de los fondos que sean ingresados al circuito legal y, con ello, pagar deudas a los jubilados argentinos. ¿A eso se referirá el refrán que advierte que “No hay mal que por bien no venga”? Como fuere, en su discurso, el Presidente renegó de los gobiernos que durante décadas les dedicaron infinitas “chicanas” a nuestros viejos. Ellos sufrían la dolosa liquidación indebida de haberes, por lo que tenían que pleitear contra el Estado, que luego se dedicaba a apelar cada una de las instancias adversas.
En Tucumán, en el año del Bicentenario, la Legislatura (que en la documentación oficial antepone a su nombre el adjetivo “Honorable”) aprobó, a instancias del Gobierno tucumano (que en los membretes antepone el superlativo “Superior”), una Ley de Inembargabilidad de los fondos públicos. Es decir, al cepo que representa la “emergencia económica”, que en enero cumplió 25 años de ilegitimidad ininterrumpida, ahora se agrega un instrumento legal según el cual la expresión “sentencia firme” tampoco dice nada de nada. El Gobierno decidirá año tras año cuáles fallos paga, y cuáles no.
Por caso, Tucumán recibirá de la Nación $ 2.000 millones más que los previstos sólo para este año, en concepto de devolución de dineros de la coparticipación federal de impuestos que fueron retenidos indebidamente desde 2006 para ser destinados a las Anses. O sea, van a llegar dineros previsionales y aún no hay ningún anuncio del Poder Ejecutivo comprometiéndose a darle a los jubilados esos fondos que son de los jubilados.
La cultura “desconcertada”
Mientras los abuelos se siguen muriendo sin que les reconozcan el beneficio de la movilidad y la porcentualidad que la Justicia dice que les corresponde, se van callando, también, muchas palabras esenciales. Terminan vacías (o vaciadas) “justicia social” y “dignidad”. Pero, también, “representantes” y “lealtad”; “compromiso” y “progreso”; “igualdad” y “hasta las últimas consecuencias”.
El problema es que ese mutismo ensordecedor ya no se circunscribe a la palabra pública. Lo había advertido el filósofo francés George Steiner cuando advirtió que una civilización de palabras que abusa del lenguaje y lo desvaloriza como medio de expresión deviene cultura “desconcertada”.
Es claro que los hombres públicos ultrajaron la confianza de los gobernados, aprovechándose de que el oficio de la ciudadanía también consiste en creer. Llega una instancia en la que el ciudadano se plantea que el gobernante no puede estar mintiéndole en la cara…
Pero tampoco puede exculparse a la sociedad. El silencio que carcome la palabra pública no es de manufactura exclusivamente política. Si el cliente piensa que sus intereses pueden ser traicionados por su abogado; si el paciente sospecha que el médico lo ve como un negocio, o si el vecino teme que el policía pueda asaltarlo, la sociedad está en problemas. Y la nuestra está en serios aprietos.
Esta semana, la cuestionada Legislatura de Tucumán votó una ley para que los industriales azucareros cumplan con la palabra que empeñan. Para que reserven la cuota de azúcar que se comprometieron a exportar. Léase: tan poco vale la palabra en el sector productivo más tradicional de la provincia, que la palabra de los legisladores vale infinitamente más. Como ya está asumido que habrá industriales que traicionarán en la puerta la palabra empeñada en un escritorio, hay que ponerlo todo por ley. Inclusive, las buenas noticias: el último artículo obliga a los ingenios a cumplir con la cuota de bioetanol para el aumento del 2% del corte en combustibles.
Ese incremento fue celebrado como la salvación de la industria cañera, porque garantiza que un volumen importante de caña no será convertida en azúcar (cuyo precio es hoy de quebranto) sino en alcohol. Lo que equivale a dictar una ley que establezca que los ganadores de la Lotería se comprometen a cobrar el premio si resultan ganadores…
El Bicentenario ya llega a esta tierra donde alguna vez ser la “Cuna de la Independencia” debió haber significado algo. Ahora se asemeja una república de palabras derrotadas. De palabras en las que no queda más que el silencio de los valores vencidos. ¿Lo escuchan?
- ¿Qué es qué? -le pregunté.
- Eso, el ruido ese.
- Es el silencio.
(Juan Rulfo, El llano en llamas)
El 9 de Julio ya llega y nos encuentra en una epidemia de mudez ensordecedora. Tenemos palabras, pero dicen nada. Legítimamente nada. Se nota, demasiado, en la palabra del Estado. La palabra pública está podrida de silencio.
Nada significan hoy, aquí, “gesta”, “libertad”, “historia”, “patria”, “independencia” ni “lucha”. Obviamente, más nada dice la palabra “Bicentenario”. Así se entiende cómo es posible que la Legislatura haya aprobado durante esta semana una ley digna de la democracia cualquiercosista: se podrán celebrar contrataciones directas, sin tope ni cotejo de precios, para gastar en el marco de los 200 años de la Declaración de la Independencia... Bicentenario, antes que un hito, es una excusa para hacer cualquier cosa con los fondos públicos.
Como la palabra pública dice nada, decir cualquier cosa es lícito. Por ejemplo, que de esta ley depende el éxito de los festejos. Lo curioso es que, según fuentes históricas, hacia el 10 de julio de 1916 ya se sabía que 100 años después llegaba el Bicentenario. ¿Qué circunstancia tomó por sorpresa a las autoridades provinciales? ¿No pudieron prever nada, a pesar de que rotando por los más diversos cargos -como si el Estado fuera una SRL- vienen gobernando la provincia de manera ininterrumpida desde 2003?
Juan Manzur fue dos veces vicegobernador de José Alperovich, el gobernador que administró 140.000 millones de pesos, según la suma de los presupuestos públicos de sus 12 años como mandatario (sin siquiera actualizar la cifra por inflación). Si sólo durante los ocho años en que el actual mandatario fue el número dos del poder político provincial se hubiera reservado el 1% del Presupuesto General de la Provincia para destinarlo a un fondo que financiara obras y festejos para 2016, hoy se dispondrían de unos $ 1.000 millones para esos fines. No parece una cifra imposible teniendo en cuenta que según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (LA GACETA, 5/5/2016), la gestión anterior dejó, solamente del año pasado para este, un superávit financiero de $ 737 millones.
La Declaración de la Independencia está hecha de palabras. Dice que el compromiso de los hombres públicos por recuperar aquellos derechos de los cuales las provincias han sido despojados se jura bajo “el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama”. Todo eso, hoy, nada dice, aquí.
“Bien común”
Si leyes como esta se aprueban en nombre de la independencia, si estos eran los “beneficios de la libertad” que se debían asegurar, por supuesto que nada terminan significando expresiones como “constituir la unión nacional”. O “afianzar la justicia”. O “consolidar la paz interior”. O “proveer a la defensa común”. O “promover el bienestar general”.
Para botón de muestra está Concepción. La gestión actual le entregó al jefe de los fiscales federales, Gustavo Gómez, cuatro ejemplos acerca de que si “bien común” quiere decir algo, no significaría, precisamente, “bien común”.
Ejemplo 1.- La Municipalidad le habría pagado $ 20 millones a la cooperativa “Miguel Lillo”. Esa institución, en realidad, no existiría. El pago se habría efectuado en concepto de obras de pavimento y de cloacas. Los trabajos existen, pero en los registros oficiales estaría asentado que los materiales y la mano de obra con que se concretaron salían del Obrador Municipal. Todo esto, supuestamente, claro está…
Ejemplo 2.- El 19 de agosto de 2015, tres funcionarios de la gestión municipal anterior endosaron cuatro cheques de $ 2 millones cada uno. En lugar de cambiarlos en el banco oficial con sede en Concepción, lo hicieron en San Miguel de Tucumán. Fin. Según la actual intendencia de la “Perla del Sur” (casi “Perla Negra”), con ese dinero pudieron pasar dos cosas: “se diluyó o se esfumó”. Esto porque “no existe comprobante respaldatorio o registro alguno en Tesorería General o en Contaduría General del destino de los fondos”. Por mera casualidad, ese 19 de agosto fue el miércoles previo a los comicios del 23. Los de las urnas quemadas y el bolsoneo, las urnas “embarazadas” y el acarreo, las urnas “refajadas” y los tiroteos. Todo esto, aparentemente, por supuesto…
Ejemplo 3.- En Concepción también fueron emitidos 2.069 cheques por $ 600 cada uno, que totalizan $ 1,2 millón. Cada valor fue librado en concepto de “No a la orden”, es decir, necesariamente debía ser cobrado por la persona a nombre de quién había sido extendido. Este detalle fue determinante para que se advirtiera el hecho de semejante emisión de cheques: 2.069 concepcionenses se presentaron a cobrar en el mismo mes, lo cual produjo incesantes aglomeraciones en el banco oficial. Por cierto (y por pura coincidencia), el mes era agosto de 2015. “No existe motivación alguna, ni explicación, ni planilla, ni antecedentes que señalen la causa de la entrega de un volumen tan importante de cheques”, dice la denuncia entregada a la Justicia Federal. Todo esto, presuntamente, se entiende…
Ejemplo 4.- Se pagó un cuarto de millón de pesos por un curso que no se dictó. Y ese ni siquiera es el detalle más llamativo: la tercera parte de los $ 226.000 que demandó esa inexistente instancia de capacitación se pagó en concepto de lunch. No deja de ser perturbadora la lógica de esta provincia: aquí, donde se dice nada, Nadie va a cursos que no son, durante los cuales come y bebe.
De paso: esta costosa nada aconteció durante octubre: el último mes de la gestión anterior. También el mes durante el cual los tucumanos eligieron diputados nacionales. Y también senadores. Todo esto, posiblemente, cabe aclarar…
“Redistribución de la riqueza”
Parece obvio que nada quieren decir “Defender con libertad y patriotismo esta Constitución y cumplir hacer cumplir las leyes que de ella derivan”. Qué decir de “Si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden…”.
Pero el cáncer de enmudecimiento que enferma el “bien común” provoca una metástasis de silencio en “solidaridad”, “reciprocidad” y “redistribución de la riqueza”. Para dar testimonio de ello están los jubilados transferidos de Tucumán.
Ayer, Mauricio Macri presentó en sociedad un proyecto de ley que remitirá al Congreso para lanzar un plan de blanqueo de capitales que le permita al Estado recaudar un porcentaje de los fondos que sean ingresados al circuito legal y, con ello, pagar deudas a los jubilados argentinos. ¿A eso se referirá el refrán que advierte que “No hay mal que por bien no venga”? Como fuere, en su discurso, el Presidente renegó de los gobiernos que durante décadas les dedicaron infinitas “chicanas” a nuestros viejos. Ellos sufrían la dolosa liquidación indebida de haberes, por lo que tenían que pleitear contra el Estado, que luego se dedicaba a apelar cada una de las instancias adversas.
En Tucumán, en el año del Bicentenario, la Legislatura (que en la documentación oficial antepone a su nombre el adjetivo “Honorable”) aprobó, a instancias del Gobierno tucumano (que en los membretes antepone el superlativo “Superior”), una Ley de Inembargabilidad de los fondos públicos. Es decir, al cepo que representa la “emergencia económica”, que en enero cumplió 25 años de ilegitimidad ininterrumpida, ahora se agrega un instrumento legal según el cual la expresión “sentencia firme” tampoco dice nada de nada. El Gobierno decidirá año tras año cuáles fallos paga, y cuáles no.
Por caso, Tucumán recibirá de la Nación $ 2.000 millones más que los previstos sólo para este año, en concepto de devolución de dineros de la coparticipación federal de impuestos que fueron retenidos indebidamente desde 2006 para ser destinados a las Anses. O sea, van a llegar dineros previsionales y aún no hay ningún anuncio del Poder Ejecutivo comprometiéndose a darle a los jubilados esos fondos que son de los jubilados.
La cultura “desconcertada”
Mientras los abuelos se siguen muriendo sin que les reconozcan el beneficio de la movilidad y la porcentualidad que la Justicia dice que les corresponde, se van callando, también, muchas palabras esenciales. Terminan vacías (o vaciadas) “justicia social” y “dignidad”. Pero, también, “representantes” y “lealtad”; “compromiso” y “progreso”; “igualdad” y “hasta las últimas consecuencias”.
El problema es que ese mutismo ensordecedor ya no se circunscribe a la palabra pública. Lo había advertido el filósofo francés George Steiner cuando advirtió que una civilización de palabras que abusa del lenguaje y lo desvaloriza como medio de expresión deviene cultura “desconcertada”.
Es claro que los hombres públicos ultrajaron la confianza de los gobernados, aprovechándose de que el oficio de la ciudadanía también consiste en creer. Llega una instancia en la que el ciudadano se plantea que el gobernante no puede estar mintiéndole en la cara…
Pero tampoco puede exculparse a la sociedad. El silencio que carcome la palabra pública no es de manufactura exclusivamente política. Si el cliente piensa que sus intereses pueden ser traicionados por su abogado; si el paciente sospecha que el médico lo ve como un negocio, o si el vecino teme que el policía pueda asaltarlo, la sociedad está en problemas. Y la nuestra está en serios aprietos.
Esta semana, la cuestionada Legislatura de Tucumán votó una ley para que los industriales azucareros cumplan con la palabra que empeñan. Para que reserven la cuota de azúcar que se comprometieron a exportar. Léase: tan poco vale la palabra en el sector productivo más tradicional de la provincia, que la palabra de los legisladores vale infinitamente más. Como ya está asumido que habrá industriales que traicionarán en la puerta la palabra empeñada en un escritorio, hay que ponerlo todo por ley. Inclusive, las buenas noticias: el último artículo obliga a los ingenios a cumplir con la cuota de bioetanol para el aumento del 2% del corte en combustibles.
Ese incremento fue celebrado como la salvación de la industria cañera, porque garantiza que un volumen importante de caña no será convertida en azúcar (cuyo precio es hoy de quebranto) sino en alcohol. Lo que equivale a dictar una ley que establezca que los ganadores de la Lotería se comprometen a cobrar el premio si resultan ganadores…
El Bicentenario ya llega a esta tierra donde alguna vez ser la “Cuna de la Independencia” debió haber significado algo. Ahora se asemeja una república de palabras derrotadas. De palabras en las que no queda más que el silencio de los valores vencidos. ¿Lo escuchan?
Lo más popular
