28 Mayo 2016
La Corte de la Nación gira al juez Tomas una denuncia penal de Cano contra Alperovich
El máximo tribunal del país dispuso la competencia del Poder Judicial local en un caso de presunto uso irregular de dinero del fondo “Soja” La presentación del hoy director del Plan Belgrano alcanza al vicegobernador Osvaldo Jaldo y al ex ministro Jorge Jiménez
ALPEROVICH. El senador nacional en un acto junto al gobernador Manzur y al vice Jaldo. ARCHIVO
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió que el Poder Judicial local es competente para investigar la denuncia penal que había presentado en 2013 el entonces senador José Cano (UCR) contra el ex gobernador José Alperovich, y los ex ministros Osvaldo Jaldo y Jorge Jiménez, quienes hoy se desempeñan respectivamente como senador justicialista, vicegobernador y vocal del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal del país dispuso la remisión del caso al Juzgado de Instrucción N°1 que encabeza Alejandro Tomas.
El fallo emitido el 24 de mayo acoge el dictamen de la Procuración General de la Nación. En 2015, el procurador fiscal Eduardo Casal había analizado el conflicto de competencia y opinado que la causa debía tramitar en la Justicia ordinaria de Tucumán. Originariamente, Cano articuló su denuncia ante el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Luis Poviña. Este declinó la competencia en favor del juez local con el argumento de que los hechos denunciados -presunto manejo irregular de dinero del fondo “Soja”- perjudican el patrimonio provincial. A su turno, el Juzgado de Instrucción N°1 rechazó esa interpretación esgrimiendo que el espíritu de la normativa era satisfacer un interés público mediante la creación del fondo y que los recursos originados en los derechos de exportación de soja son exclusivos de la Nación.
“Si los hechos (que informó Cano a la Justicia) se refieren a la disposición de los recursos por parte del Gobierno local, resulta claro que los actos y decisiones relativos al desarrollo económico de esa provincia (...) son de carácter local”, dictaminó Casal. En aras de la brevedad, la CSJN hizo suyos los razonamientos del procurador fiscal y los dio por reproducidos.
La administración de los recursos del Fondo Federal Solidario creado en 2009 (más conocido como fondo “Soja”) es el eje del planteo de Cano. Según el director del Plan Belgrano, el dinero correspondiente a esta fuente no fue destinado a financiar mejoras de infraestructura de acuerdo con la finalidad establecida en el orden jurídico, sino a costear gastos relacionados con las elecciones primarias y de medio término de 2013 (Cano competía como candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social). La denuncia indica que Alperovich, Jaldo y Jiménez habrían violado los deberes de funcionario público al disponer el reparto discrecional de recursos que debían distribuirse a las comunas rurales por coparticipación directa. Cano advirtió que, durante 2009 y 2010, las 93 comunas rurales no recibieron ningún aporte por las retenciones a las exportaciones de granos, pese a que el reparto debe ser automático y diario, según la normativa de creación del fondo “Soja”. El denunciante dijo que las comunas recibieron $ 4,9 millones en 2011; en 2012, nada; en 2013 y en forma previa a las primarias de agosto, alrededor de $ 15,1 millones y antes de los comicios del 27 de octubre, otros $ 16,5 millones.
El fallo emitido el 24 de mayo acoge el dictamen de la Procuración General de la Nación. En 2015, el procurador fiscal Eduardo Casal había analizado el conflicto de competencia y opinado que la causa debía tramitar en la Justicia ordinaria de Tucumán. Originariamente, Cano articuló su denuncia ante el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Luis Poviña. Este declinó la competencia en favor del juez local con el argumento de que los hechos denunciados -presunto manejo irregular de dinero del fondo “Soja”- perjudican el patrimonio provincial. A su turno, el Juzgado de Instrucción N°1 rechazó esa interpretación esgrimiendo que el espíritu de la normativa era satisfacer un interés público mediante la creación del fondo y que los recursos originados en los derechos de exportación de soja son exclusivos de la Nación.
“Si los hechos (que informó Cano a la Justicia) se refieren a la disposición de los recursos por parte del Gobierno local, resulta claro que los actos y decisiones relativos al desarrollo económico de esa provincia (...) son de carácter local”, dictaminó Casal. En aras de la brevedad, la CSJN hizo suyos los razonamientos del procurador fiscal y los dio por reproducidos.
La administración de los recursos del Fondo Federal Solidario creado en 2009 (más conocido como fondo “Soja”) es el eje del planteo de Cano. Según el director del Plan Belgrano, el dinero correspondiente a esta fuente no fue destinado a financiar mejoras de infraestructura de acuerdo con la finalidad establecida en el orden jurídico, sino a costear gastos relacionados con las elecciones primarias y de medio término de 2013 (Cano competía como candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social). La denuncia indica que Alperovich, Jaldo y Jiménez habrían violado los deberes de funcionario público al disponer el reparto discrecional de recursos que debían distribuirse a las comunas rurales por coparticipación directa. Cano advirtió que, durante 2009 y 2010, las 93 comunas rurales no recibieron ningún aporte por las retenciones a las exportaciones de granos, pese a que el reparto debe ser automático y diario, según la normativa de creación del fondo “Soja”. El denunciante dijo que las comunas recibieron $ 4,9 millones en 2011; en 2012, nada; en 2013 y en forma previa a las primarias de agosto, alrededor de $ 15,1 millones y antes de los comicios del 27 de octubre, otros $ 16,5 millones.
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