Habrá mayor regulación en la actividad azucarera

La Ley N° 8.573 había sido sancionada en febrero de 2013 como una salida de la crisis que ya mostraba sus efectos negativos en la agroindustria azucarera. Durante los tres años siguientes, el mal panorama se acentuó y los cañeros llevaron adelante radicales cortes de rutas en el interior provincial y movilizaciones a la capital, ante la falta de una solución efectiva de la entonces administración de José Alperovich. Ese escenario se mantuvo este año, y obligó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura encarar una reforma estructural de la norma, que es considerada también una solución para evitar mayores pérdidas en algunos ingenios y, en especial, la desaparición de los pequeños cañeros.

En una sesión especial, el cuerpo legislativo aprobó ayer una serie de modificaciones de la ley que regula la actividad, que se centra en la obligación de los 15 ingenios de exportar azúcar físico y no sustituir el excedente con la producción bioetanol (alcohol no proveniente de la melaza), como lo establecía el régimen anterior. La intención es equilibrar la oferta y la demanda del mercado interno, con el fin de revertir el sobrestock del producto y así tonificar el precio de la bolsa de 50 kilos.

Justamente, el valor del azúcar se ha mantenido en niveles bajos durante los últimos cinco años en la plaza doméstica, el principal motivo de la situación de quebranto de los agricultores. Sumado a los caídos precios internacionales y los altos costos de producción, la agroindustria afrontó un “coctel peligroso”.

Otros puntos centrales de la iniciativa fueron la ampliación de nuevas facultades de control del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), ente que aplica la ley, y la reducción de la tasa de aporte por servicios a ese organismo. Los productores, los ingenios y las destilerías de alcohol destinaban un 5% del valor de la molienda de caña; esa proporción descendió a un 3,5%.

El conflicto azucarero, marcado por la división entre sus actores, encabezó el debate en el recinto desde el primero momento. En las gradas, los cañeros de entidades gremiales y algunos industriales siguieron las declaraciones de los parlamentarios apoyando el proyecto final. Hubo, inclusive, reseñas históricas -recordaron los ingenios en los 60-, vinculaciones personales con la agroindustria y diferencias en torno del papel que debería tener el Estado: “intervencionismo o libre mercado”.

“Ha salido una ley que nos convoca a todos para seguir adelante y tener una participación efectiva en el tema azucarero”, inició la exposición el titular de la Comisión de Economía y Producción, Osvaldo Morelli. El representante oficialista fue el encargado de presentar el proyecto de reforma que unificó tres proyectos anteriores, presentados por el partido gobernante y por opositores.

José María Canelada, presidente del bloque de la UCR, remarcó que el texto final conllevó el acuerdo entre los frentes políticos y destacó la importancia del sector azucarero, por su incidencia socioeconómica en la provincia. Hizo hincapié también en que el Ipaat debe reforzar el control de la producción para saber cuánto se produce exactamente y en la regulación de la oferta interna.

Los momentos

Con el paso de las exposiciones se fue dejando de lado los aspectos técnicos de las modificaciones y surgieron posiciones más políticas.

Marcelo Caponio, del bloque oficialista, resaltó el aval del Ejecutivo para llevar adelante la modificación de la ley, y pidió a los ingenios que cumplan con el cupo de bioetanol para la mezcla con las naftas, según el programa de biocombustibles, además de las exportaciones. “Los industriales de la provincia y del país deben cumplir con los convenios y con la ley porque está en juego la economía regional, de los productores, de los ingenios, de Tucumán y de todas la personas vinculadas a la actividad”, enfatizó.

Luego, el radical Eudoro Aráoz expresó que adhería al pedido hacia los industriales para que “no” se comercialice azúcar “en negro”.

Alberto Colombres Garmendia, del PRO, dijo a su turno que se confundían los conceptos de libertad de mercado, regulación e intervención, o regulación y populismo. “Es tan importante esta ley, porque establece de qué manera podemos eliminar los excedentes para regular el mercado interno. Esta ley valora el mercado, justamente. Está todo dado este año para que tengamos una actividad rentable. Hoy, la exportación no implica un quebranto, ya que el Estado dejó de intervenir en el tipo de cambio y permitió que el mercado cumpla esa función (hubo además subas de los precios internacionales)”, manifestó.

La oficialista Silvia Rojkés había calificado minutos antes que la aprobación de la nueva norma era un “gran hecho político”. “Mostramos en Tucumán cómo el Estado debe atender todas las necesidades y no dejar solo al mercado para que defina, como una instancia ideológica”, había dicho.

En el final, los legisladores aprobaron las modificaciones de la norma y las renovadas expectativas de los cañeros bajaron desde los balcones.