Los legisladores no tuvieron aumento
Este año del Bicentenario, la Legislatura utilizará unos $ 1.300 millones. Si bien el detalle del presupuesto legislativo es manejado con estricta reserva, alcanza con el contraste de dos partidas para sumar interrogantes respecto al uso de esos fondos públicos.

Para la entrega de subsidios, denominados “ayudas sociales a personas”, están destinados $ 150 millones. Son $ 410.000 por cada uno de los días del año, incluyendo sábados, domingos y feriados. Este rubro significa el 11,5% del total de la Cámara.

Son bastante más escuetas las cifras oficiales destinadas al pago de los legisladores. En algunas de las cinco causas judiciales abiertas por los llamados “gastos sociales”, desde el Poder Legislativo se ha contestado que los miembros del cuerpo colegiado sólo cobran los haberes previstos por la Constitución provincial, denominados “dieta”. Unos $ 28.000 brutos; poco más de $ 23.000 en mano. O sea, reciben para su economía personal cuatro veces el salario mínimo vital y móvil, fijado en $ 8.000. Los haberes en blanco de los representantes del pueblo, incluyendo aguinaldos, significan anualmente el 1,3% del presupuesto legislativo. Es decir, la décima parte de lo que la Cámara repartirá para supuestas “ayudas sociales a personas”. Lo dice el refrán: cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía.

La notoria diferencia entre los montos reservados para dietas y para supuestos subsidios disgusta incluso a los legisladores. Sobre todo a los que están preocupados por la tramitación de tres causas penales (una desestimada por competencia) y dos administrativas respecto del uso de la partida “ayudas sociales a personas” durante 2015, cuando hubo un desembolso discrecional superior a los $ 500 millones (unos 38,4 millones de dólares al cambio de entonces).

El mes pasado, los gremios estatales terminaron de cerrar las paritarias con el Poder Ejecutivo (un 30% en dos partes, más cifras no remunerativas). Era uso y costumbre en la Legislatura que los sueldos de los empleados y las dietas de los representantes del pueblo fueran ajustados sobre la base de las negociaciones que concretaba la Casa de Gobierno. La Asociación de Personal Legislativo y otros sindicatos ya acordaron eso con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, máxima autoridad de la Cámara. Pero las boletas de los legisladores llegaron sin incrementos.

El recibo por $ 100.000 que mensualmente firman todos los parlamentarios (salvo el radical Eudoro Aráoz y el macrista Luis Brodersen) para gestionar las supuestas “ayudas sociales” tampoco ha registrado modificaciones. En años anteriores, con cada acuerdo salarial crecía proporcionalmente el monto asignado a los legisladores bajo ese concepto (curioso régimen de subsidios, atado al porcentual de las paritarias del Estado). Ni una buena noticia en este rubro para los representantes del pueblo. Aunque hay una luz al final del túnel. Hace algunas semanas, en una reunión de Labor Parlamentaria, Jaldo les encomendó a los jefes de los bloques políticos que piensen en alternativas para blanquear el monto real de la dieta. Hay diversas propuestas. Una de ellas consiste en equiparar los haberes legislativos al sueldo de los jueces del Poder Judicial y habilitar una caja especial para la entrega de subsidios.

Bicentenario excepcional

A 46 días del festejo central por los 200 años de la Independencia de la República Argentina, el Ente del Bicentenario 2016, que preside el gobernador Juan Manzur, aguarda con urgencia la sanción de una ley de excepción a la normativa vigente para obras públicas. Si el oficialismo impone su número el jueves, como avisó Jaldo, el organismo contará con la facultad de comprar o contratar sin licitación, sin cotejo de precios y sin límite de monto cualquier tipo de bien o servicio enmarcado en los eventos para conmemorar el 9 de julio de 1816. El combo incluye obras públicas, espectáculos y todo lo que sea necesario en pos del evento patrio. Esta potestad regiría hasta fin de año.

El proyecto fue tratado en la sesión pasada. A Jaldo no le hizo ninguna gracia lo sucedido. La UCR, el Peronismo del Bicentenario, Fuerza Republicana y el PRO aprovecharon una salida a almorzar de la bancada afín a la Casa de Gobierno para enviar de nuevo a las comisiones la propuesta para los contratos directos.

Quienes estaban a cargo del recinto cuando la oposición celebró a los gritos el insólito triunfo -algo que no sucedía al menos desde hace 10 años- no respondieron como el vicegobernador esperaba. El “rival” con el que mejor relación tiene Jaldo por estos días es el radical Ariel García. Este estaba conduciendo el debate, por ser el vicepresidente 2° de la Cámara. Como fedatario de la reunión estaba el prosecretario administrativo, Jorge Elías. A ambos se les escapó que había 13 opositores y 11 oficialistas en sus lugares, cuando se necesitan al menos 25 legisladores (la mitad más uno del cuerpo) para que hubiera quórum.

El vicegobernador tomó nota de la audaz maniobra opositora: dijo que no estaba de acuerdo con que aplicaran esa circunstancial mayoría. Sin embargo, su principal preocupación está puertas adentro.

Al momento de la votación sobre el proyecto del Ente del Bicentenario, se habían levantado de sus lugares el vicepresidente 1°, Guillermo Gassenbauer; el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; y el jefe del bloque peronista, Ramón Santiago Cano. El comedor del 3° piso, gracias a un circuito cerrado de audio y video, ofrece la transmisión en vivo del debate. Pero nadie estuvo atento a los televisores. Para colmo, el secretario administrativo de la bancada oficial, el ex intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, pegó el faltazo a la sesión. No sería una sorpresa si Jaldo resuelve ajustar algunas clavijas en la maquinaria afín a la Casa de Gobierno (por ejemplo, la vicepresidencia del bloque oficial está vacante). Cada año, el cuerpo colegiado puede renovar o ratificar -por lo general de manera tácita- su mesa de autoridades. La próxima vez que ocurra se sabrá si el incidente del pollo a la naranja tendrá costos internos.

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