23 Mayo 2016
ENCUENTRO. El Consejo Permanente de Decanos se reunió en Tucumán.
La decana de Derecho de la UNT, Adela Seguí, aprovechó la visita de sus pares, los decanos de las facultades de Derecho del país para plantear el tema de los fondos YMAD. Recibió el apoyo de todos para que el tema cruce los límites de la UNT y llegue a cada uno de los rectores de las universidades presentes. Además, en el acta que firmaron expresaron la necesidad de esclarecer los hechos que se investigan en la Justicia federal.
El viernes se realizó la reunión del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de las universidades Públicas. Entre los temas que se trataron en el orden del día, hubo un espacio para que la decana, que oficiaba de anfitriona, hablara de la situación institucional de la UNT.
Seguí les comentó sobre la resolución 1799/14 del Consejo Superior de la UNT en la que ese cuerpo calificó de irregular el acuerdo firmado en 2008 entre el ex rector, Juan Alberto Cerisola, y la empresa interestatal YMAD. Por ese convenio la UNT dejó de recibir el 40% que le correspondía de las utilidades mineras y pasó a percibir un 20%. La gran diferencia entre un monto y otro no sólo se circunscribía a una cuestión de cantidades de dinero, sino que el 40% tenía una finalidad: la construcción de la Ciudad Universitaria, mientras que el 20% podía ser utilizado discrecionalmente. El otro 20% liberado pasó a las otras universidades.
Además, la decana los ilustró sobre las causas que la Justicia federal lleva adelante por este tema y las investigaciones administrativas que se realizan dentro de la universidad. De hecho, este jueves el ex rector Cerisola tiene cita para ampliar su declaración indagatoria frente al juez federal.
En el acta firmada por los decanos quedó firme la determinación de comunicar esto a los rectores correspondientes. Pero también incluyeron una declaración en la que abogan “por la necesidad del esclarecimiento de las responsabilidades que correspondieren en resguardo de la transparencia y legalidad en la gestión de fondos destinados a la educación universitaria”.
El acta fue firmada por todos, incluso por la decana de la Universidad de Catamarca, Claudia Pacheco, una provincia con la que la UNT compartía las ganancias que arrojó desde 2006 hasta 2014 la explotación minera de Bajo Alumbrera. El yacimiento está en proceso de cierre definitivo.
Las causas en la Justicia comenzaron en 2009 y se centran en el manejo de las utilidades recibidas entre 2006-2009, unos $353 millones. Hay seis funcionarios universitarios imputados.
El viernes se realizó la reunión del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de las universidades Públicas. Entre los temas que se trataron en el orden del día, hubo un espacio para que la decana, que oficiaba de anfitriona, hablara de la situación institucional de la UNT.
Seguí les comentó sobre la resolución 1799/14 del Consejo Superior de la UNT en la que ese cuerpo calificó de irregular el acuerdo firmado en 2008 entre el ex rector, Juan Alberto Cerisola, y la empresa interestatal YMAD. Por ese convenio la UNT dejó de recibir el 40% que le correspondía de las utilidades mineras y pasó a percibir un 20%. La gran diferencia entre un monto y otro no sólo se circunscribía a una cuestión de cantidades de dinero, sino que el 40% tenía una finalidad: la construcción de la Ciudad Universitaria, mientras que el 20% podía ser utilizado discrecionalmente. El otro 20% liberado pasó a las otras universidades.
Además, la decana los ilustró sobre las causas que la Justicia federal lleva adelante por este tema y las investigaciones administrativas que se realizan dentro de la universidad. De hecho, este jueves el ex rector Cerisola tiene cita para ampliar su declaración indagatoria frente al juez federal.
En el acta firmada por los decanos quedó firme la determinación de comunicar esto a los rectores correspondientes. Pero también incluyeron una declaración en la que abogan “por la necesidad del esclarecimiento de las responsabilidades que correspondieren en resguardo de la transparencia y legalidad en la gestión de fondos destinados a la educación universitaria”.
El acta fue firmada por todos, incluso por la decana de la Universidad de Catamarca, Claudia Pacheco, una provincia con la que la UNT compartía las ganancias que arrojó desde 2006 hasta 2014 la explotación minera de Bajo Alumbrera. El yacimiento está en proceso de cierre definitivo.
Las causas en la Justicia comenzaron en 2009 y se centran en el manejo de las utilidades recibidas entre 2006-2009, unos $353 millones. Hay seis funcionarios universitarios imputados.
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