Por Roberto Delgado
21 Mayo 2016
La primera vez que Juan Luis Manzur reconoce el problema de la inseguridad -en su condición de gobernador- ha sido en el fundamento de la ley de aumento de la planta de comisarios y disminución de los cargos de agentes. En el texto dice que “el crecimiento demográfico de las últimas décadas provocó el aumento del delito”, frase refrendada también por el ministro de Economía, Eduardo Samuel Garvich, y aprobada sin problemas por el oficialismo en la sesión del jueves. Esta es la segunda norma vinculada a la seguridad en lo que va de la gestión; la primera fue la de la creación de foros vecinales, de hace poco más de un mes. Con su planteo confuso (se necesitan más comisarios y menos agentes para mejorar la respuesta policial, dice) obliga a que la sociedad analice qué pasa con el modelo de seguridad, que las mismas autoridades, implícitamente, admiten como ineficiente.
Hasta ahora el gobernador había estado ausente en la cuestión -poco antes de asumir había dicho que el tema de la seguridad era una preocupación pero que estaba mejorando- y su ausencia ayudó a que el oficialismo se negara siquiera a que se interrogue en la Legislatura al ministro de Gobierno Regino Amado y al secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer. “A nadie le cabe duda de la preocupación por la inseguridad” -dijo el legislador Javier Pucharras el jueves- “como oficialista también siento la necesidad... estamos en mora con respecto a los funcionarios de la Casa de Gobierno... la invitación fue planteada con altura y respeto; que no se tome como que los estamos entregando”. Los legisladores opositores destrozaron el proyecto -el bussista Claudio Viña llamó la ley de “muchos caciques, pocos indios”- pero la mayoría oficialista logró que se aprobara, sin entender muy bien de dónde salió semejante propuesta.
Cierto es que Antonio Ruiz Olivares, que explicó el análisis que se hizo en la Comisión de Hacienda, dijo que el ingreso masivo desde 2003 había desbalanceado la relación jefes-subordinados y eso generaba que hasta llegue a haber un comisario para tres comisarías. Pero no explicó por qué funciona mal un jefe cada cinco empleados (relación 15%-85%) y por qué funcionaría bien uno cada tres (relación 25%-75%). Los opositores criticaron que se discuta de números desde Hacienda y no de los problemas de seguridad.
El planteo parte de la fuerza policial y ya venía desde enero, cuando se habló de la cantidad de efectivos en comparación con otros lugares. “Nos falta personal. La nuestra es una de las provincias con más detenidos por mes en relación con su superficie y población, pero sin embargo es la de menor cantidad de efectivos por cantidad de habitantes de toda la región”, dijo Hofer el 15/1.
Ahí habló de números: Tucumán, con 1,6 millón de habitantes, tiene 8.000 efectivos (dijo), lo cual da un promedio de un policía cada 181 habitantes. En cambio, Salta tiene 11.000 uniformados para 1,3 millón hab. (promedio uno cada 110), mientras que Jujuy tiene uno cada 90 y Catamarca, uno cada 105.
Estas cifras hubieran debido tener un análisis y una explicación más razonada. ¿De dónde sale la comparación? El único antecedente en Tucumán está en la Ley Orgánica de la Policía, N° 3656, que en el apartado sobre la Policía Adicional, de 1971, habla de la cantidad necesaria “para asegurar una prestación eficiente” y menciona que el porcentaje ideal es el 5 por 1.000 del total de población. En 1971 había 782.000 habitantes en la provincia y la Policía, que tenía 3.100 agentes, quería llegar a 3.911. El 5 por 1.000 ideal equivalía a un policía cada 200 habitantes. ¿Qué ha cambiado para que ahora sea necesario tener más efectivos? De acuerdo a la misma estimación oficial (en 1971) el número surgía “de la exigencia de la evolución sociopolítica de la comunidad y de la realidad geográfica de su territorio”.
Además, ni la cifra de 1971 ni la de 2016 explican razonablemente por qué en Argentina (o, más ajustadamente, en Tucumán) hacen falta muchos policías para la población, si se las compara con otros lugares donde hay reconocida eficiencia en este asunto. En Nueva York, para 8,46 millones de personas, hay 34.500 policías (un agente cada 237 habitantes) y en Londres hay uno cada 245. Los únicos que hicieron una hipótesis fueron funcionarios de Capital Federal, hace cinco años.
Pablo García Mithieux, entonces director de Prevención del Delito del Gobierno porteño, dijo: “Hay que entender que Londres y Nueva York no tienen zonas de alto riesgo como nosotros, allá no existen las villas como la 1.11.14 o la 21.24; tampoco la 31, en pleno Retiro. En cambio, nuestra principal preocupación es que no nos roben” (Perfil, 16/10/11). Otra explicación que dio fue que en esas ciudades se necesitan menos policías “porque los ciudadanos respetan la ley”. Estos argumentos, tan confusos como sostener que el delito crece por el aumento poblacional, surgen precisamente porque no se ha hecho un debate sobre la tarea policial y las formas de llevarla a cabo.
Descontrol adicional
Ya en la norma de 1971 se analizaba en forma incipiente que de la falta de un número adecuado de efectivos surgía la necesidad del servicio adicional, que fue creado en todo el país en 1958 como una forma de compensación y que se transformó en una máquina de contener protestas por bajos sueldos y de generar un negocio fenomenal. En la sesión del jueves el legislador Christian Rodríguez dijo que son 1.200 los agentes en servicio adicional. Pero el número es secreto y alto.
Consultado hace dos meses el jefe del destacamento Don Bosco sobre cuántos de los 23 empleados tenían servicio adicional, contestó: “todos”. Hace un mes el nuevo jefe de la Brigada, Luis Bacas, dijo que gracias a esos ingresos adicionales se habían entregado 2 millones de pesos para mejoras en el área de investigaciones. Mejoras o no, es un negocio que escapa a todos los controles y así se ve policías trabajando en todos los negocios privados imaginables.
En Tucumán se acaba de reconocer que no hay 8.000 policías, como se dijo en enero, sino 9.116, y luego de que se planteara que hacen falta más efectivos ahora se reclama que se necesitan más jefes. Pero no hay parámetros de dónde asirse. De 1971 a hoy se duplicó la población y se duplicó la planta policial. Según la ley 3.656, no harían falta más uniformados. ¿No será que hay que hacer planteos desde el crecimiento de la criminalidad tanto en su expresión más violenta como en el conjunto de delitos? Y en ese caso importa más saber cómo funcionan, o no, las estrategias usadas y de dónde surgen estas.
Ni mapas, ni cifras
No hay datos claros para actuar. Por ejemplo, en febrero de 2014, en reunión plenaria de fiscales de instrucción, se dijo que había un promedio de 13 robos de motos por día, y se ordenó hacer un mapa de ese delito. En marzo pasado, el fiscal Diego López Ávila dijo que se estimaba que eran 8 robos de motos por día pero que posiblemente se duplicaban por la cifra negra derivada de la pésima recolección y transmisión de denuncias. No existía el mapa de delito pedido. El 11 de mayo, el nuevo jefe de Sustracción de Automotores, comisario Cándido Galván, dijo que había sólo 13 robos de motos por semana. Ni siquiera se puede pensar que haya escamoteado datos. Simplemente no hay cifras confiables. Y las denuncias se desalientan en las devastadas comisarías. De esto surgen las supuestas estrategias.
Tampoco se ha debatido si el sistema de doble ingreso -oficiales por un lado y agentes por otro- es adecuado en estos tiempos, toda vez que se pone empeño en una educación a pocos oficiales supuestamente preparados para mandar y poco y nada a los miles de agentes que deben estar en la calle. No sólo se trata de que los constantes planteos de los últimos meses del ministerio fiscal de que en la Policía no se cumplen con protocolos mínimos sino del hecho de que el sistema policial es anacrónico, discriminatorio, obsoleto. Fija castigos indignos de la democracia a los efectivos -los pueden detener en la comisaría por faltas a discreción de los jefes- y no admite canalizar protestas. De ahí vinieron amotinamientos.
El modelo sigue sin resolver qué hacer con la inconstitucional ley de contravenciones (otro mundo oscuro) y sin tomar el toro por las astas en cuanto a los constantes abusos (sigue sin reglamentarse la ley contra la tortura) ni se ha demostrado que se haya encarado una capacitación adecuada. Aunque en la Escuela de Policía se enseña “Derechos Humanos”, en la tarea de calle se ve la falta de una cultura de trabajo precisa para la vida cotidiana y para enfrentar situaciones difíciles habituales en la democracia, tal como se vio en la represión de la protesta de la plaza Independencia el 24 de agosto.
Fuga del poder civil
Finalmente, en la rápida presentación y aprobación de la ley de los comisarios no se ha demostrado en qué forma puede esto ayudar a hacer descender las cifras de delito. La sesión de la Legislatura ha sido una visión de la fuga del poder civil a su obligación de trabajar sobre el problema reconocido como más importante por las autoridades, el de la seguridad, aceptando una reforma que no se entiende referida a la burocracia policial. Este es un poder autónomo, que siempre ha escapado a los controles internos y que se recuesta en un supuesto plan Integral que nunca ha sido dado a conocer.
La peronista del bicentenario Stella Maris Córdoba sintetizó todo con una frase: “nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos”.
Hasta ahora el gobernador había estado ausente en la cuestión -poco antes de asumir había dicho que el tema de la seguridad era una preocupación pero que estaba mejorando- y su ausencia ayudó a que el oficialismo se negara siquiera a que se interrogue en la Legislatura al ministro de Gobierno Regino Amado y al secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer. “A nadie le cabe duda de la preocupación por la inseguridad” -dijo el legislador Javier Pucharras el jueves- “como oficialista también siento la necesidad... estamos en mora con respecto a los funcionarios de la Casa de Gobierno... la invitación fue planteada con altura y respeto; que no se tome como que los estamos entregando”. Los legisladores opositores destrozaron el proyecto -el bussista Claudio Viña llamó la ley de “muchos caciques, pocos indios”- pero la mayoría oficialista logró que se aprobara, sin entender muy bien de dónde salió semejante propuesta.
Cierto es que Antonio Ruiz Olivares, que explicó el análisis que se hizo en la Comisión de Hacienda, dijo que el ingreso masivo desde 2003 había desbalanceado la relación jefes-subordinados y eso generaba que hasta llegue a haber un comisario para tres comisarías. Pero no explicó por qué funciona mal un jefe cada cinco empleados (relación 15%-85%) y por qué funcionaría bien uno cada tres (relación 25%-75%). Los opositores criticaron que se discuta de números desde Hacienda y no de los problemas de seguridad.
El planteo parte de la fuerza policial y ya venía desde enero, cuando se habló de la cantidad de efectivos en comparación con otros lugares. “Nos falta personal. La nuestra es una de las provincias con más detenidos por mes en relación con su superficie y población, pero sin embargo es la de menor cantidad de efectivos por cantidad de habitantes de toda la región”, dijo Hofer el 15/1.
Ahí habló de números: Tucumán, con 1,6 millón de habitantes, tiene 8.000 efectivos (dijo), lo cual da un promedio de un policía cada 181 habitantes. En cambio, Salta tiene 11.000 uniformados para 1,3 millón hab. (promedio uno cada 110), mientras que Jujuy tiene uno cada 90 y Catamarca, uno cada 105.
Estas cifras hubieran debido tener un análisis y una explicación más razonada. ¿De dónde sale la comparación? El único antecedente en Tucumán está en la Ley Orgánica de la Policía, N° 3656, que en el apartado sobre la Policía Adicional, de 1971, habla de la cantidad necesaria “para asegurar una prestación eficiente” y menciona que el porcentaje ideal es el 5 por 1.000 del total de población. En 1971 había 782.000 habitantes en la provincia y la Policía, que tenía 3.100 agentes, quería llegar a 3.911. El 5 por 1.000 ideal equivalía a un policía cada 200 habitantes. ¿Qué ha cambiado para que ahora sea necesario tener más efectivos? De acuerdo a la misma estimación oficial (en 1971) el número surgía “de la exigencia de la evolución sociopolítica de la comunidad y de la realidad geográfica de su territorio”.
Además, ni la cifra de 1971 ni la de 2016 explican razonablemente por qué en Argentina (o, más ajustadamente, en Tucumán) hacen falta muchos policías para la población, si se las compara con otros lugares donde hay reconocida eficiencia en este asunto. En Nueva York, para 8,46 millones de personas, hay 34.500 policías (un agente cada 237 habitantes) y en Londres hay uno cada 245. Los únicos que hicieron una hipótesis fueron funcionarios de Capital Federal, hace cinco años.
Pablo García Mithieux, entonces director de Prevención del Delito del Gobierno porteño, dijo: “Hay que entender que Londres y Nueva York no tienen zonas de alto riesgo como nosotros, allá no existen las villas como la 1.11.14 o la 21.24; tampoco la 31, en pleno Retiro. En cambio, nuestra principal preocupación es que no nos roben” (Perfil, 16/10/11). Otra explicación que dio fue que en esas ciudades se necesitan menos policías “porque los ciudadanos respetan la ley”. Estos argumentos, tan confusos como sostener que el delito crece por el aumento poblacional, surgen precisamente porque no se ha hecho un debate sobre la tarea policial y las formas de llevarla a cabo.
Descontrol adicional
Ya en la norma de 1971 se analizaba en forma incipiente que de la falta de un número adecuado de efectivos surgía la necesidad del servicio adicional, que fue creado en todo el país en 1958 como una forma de compensación y que se transformó en una máquina de contener protestas por bajos sueldos y de generar un negocio fenomenal. En la sesión del jueves el legislador Christian Rodríguez dijo que son 1.200 los agentes en servicio adicional. Pero el número es secreto y alto.
Consultado hace dos meses el jefe del destacamento Don Bosco sobre cuántos de los 23 empleados tenían servicio adicional, contestó: “todos”. Hace un mes el nuevo jefe de la Brigada, Luis Bacas, dijo que gracias a esos ingresos adicionales se habían entregado 2 millones de pesos para mejoras en el área de investigaciones. Mejoras o no, es un negocio que escapa a todos los controles y así se ve policías trabajando en todos los negocios privados imaginables.
En Tucumán se acaba de reconocer que no hay 8.000 policías, como se dijo en enero, sino 9.116, y luego de que se planteara que hacen falta más efectivos ahora se reclama que se necesitan más jefes. Pero no hay parámetros de dónde asirse. De 1971 a hoy se duplicó la población y se duplicó la planta policial. Según la ley 3.656, no harían falta más uniformados. ¿No será que hay que hacer planteos desde el crecimiento de la criminalidad tanto en su expresión más violenta como en el conjunto de delitos? Y en ese caso importa más saber cómo funcionan, o no, las estrategias usadas y de dónde surgen estas.
Ni mapas, ni cifras
No hay datos claros para actuar. Por ejemplo, en febrero de 2014, en reunión plenaria de fiscales de instrucción, se dijo que había un promedio de 13 robos de motos por día, y se ordenó hacer un mapa de ese delito. En marzo pasado, el fiscal Diego López Ávila dijo que se estimaba que eran 8 robos de motos por día pero que posiblemente se duplicaban por la cifra negra derivada de la pésima recolección y transmisión de denuncias. No existía el mapa de delito pedido. El 11 de mayo, el nuevo jefe de Sustracción de Automotores, comisario Cándido Galván, dijo que había sólo 13 robos de motos por semana. Ni siquiera se puede pensar que haya escamoteado datos. Simplemente no hay cifras confiables. Y las denuncias se desalientan en las devastadas comisarías. De esto surgen las supuestas estrategias.
Tampoco se ha debatido si el sistema de doble ingreso -oficiales por un lado y agentes por otro- es adecuado en estos tiempos, toda vez que se pone empeño en una educación a pocos oficiales supuestamente preparados para mandar y poco y nada a los miles de agentes que deben estar en la calle. No sólo se trata de que los constantes planteos de los últimos meses del ministerio fiscal de que en la Policía no se cumplen con protocolos mínimos sino del hecho de que el sistema policial es anacrónico, discriminatorio, obsoleto. Fija castigos indignos de la democracia a los efectivos -los pueden detener en la comisaría por faltas a discreción de los jefes- y no admite canalizar protestas. De ahí vinieron amotinamientos.
El modelo sigue sin resolver qué hacer con la inconstitucional ley de contravenciones (otro mundo oscuro) y sin tomar el toro por las astas en cuanto a los constantes abusos (sigue sin reglamentarse la ley contra la tortura) ni se ha demostrado que se haya encarado una capacitación adecuada. Aunque en la Escuela de Policía se enseña “Derechos Humanos”, en la tarea de calle se ve la falta de una cultura de trabajo precisa para la vida cotidiana y para enfrentar situaciones difíciles habituales en la democracia, tal como se vio en la represión de la protesta de la plaza Independencia el 24 de agosto.
Fuga del poder civil
Finalmente, en la rápida presentación y aprobación de la ley de los comisarios no se ha demostrado en qué forma puede esto ayudar a hacer descender las cifras de delito. La sesión de la Legislatura ha sido una visión de la fuga del poder civil a su obligación de trabajar sobre el problema reconocido como más importante por las autoridades, el de la seguridad, aceptando una reforma que no se entiende referida a la burocracia policial. Este es un poder autónomo, que siempre ha escapado a los controles internos y que se recuesta en un supuesto plan Integral que nunca ha sido dado a conocer.
La peronista del bicentenario Stella Maris Córdoba sintetizó todo con una frase: “nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos”.
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