Por Irene Benito
13 Mayo 2016
Si es cierto que los hechos cuentan más que las palabras, como sostiene la máxima milenaria facta non verba, entonces se impone inferir que el Gobierno de Juan Manzur adolece de falta de una política judicial en sentido estricto, aunque desde luego este hueco pueda ser interpretado como toda una definición política. Al respecto, un príncipe del foro teorizaba el otro día que el supuesto vaso vacío homenajeado por Los Fabulosos Cadillacs siempre está lleno de algo, aunque más no sea de aire. Pero si asignar significados -conjeturales- al silencio y la inacción proporciona un ejercicio fascinante, más fascinante aún resulta contrastar lo dicho con lo hecho porque las distancias o inconsistencias halladas otorgan una medida relativamente objetiva a cuestiones de otro modo opinables. Y cuando de gobernantes se trata, las acciones confrontadas con los discursos proveen un insumo básico para, más allá de toda apreciación apasionada, medir la estatura de la gestión del Estado.
Una semana antes de las elecciones y a instancias de este diario, Manzur dijo: “tomamos debida nota de la necesidad planteada por el Poder Judicial de evitar demoras para elegir candidatos a jueces y demás magistrados. Por ello daremos celeridad a los trámites pertinentes para la cobertura de esos cargos”. La promesa de campaña consta en la edición del domingo 16 de agosto, junto a las propuestas de los entonces retadores del oficialismo, quienes por separado y con matices coincidieron en que la Justicia navega por los mares procelosos -y por qué no procesales- del descrédito. La oposición fue terminante al diagnosticar la politización de los Tribunales, claro que sin saber que, un mes después, la institución criticada por la falta de independencia iba a confirmar la victoria electoral judicializada del dúo Manzur-Osvaldo Jaldo.
Desde entonces, los aspirantes a jueces y los Tribunales -y por extensión los ciudadanos que se sienten necesitados de justicia- esperan que el nuevo jefe del Gobierno ejecute su propuesta proselitista, que es una manera de definir qué tipo de Poder Judicial propiciará en contraposición con el que configuró su antecesor. ¿Habrá continuidad o cambio en los criterios priorizados al momento de designar magistrados? El ex gobernador-contador explotó sin atenuantes sus potestades discrecionales tanto cuando el orden jurídico lo facultaba para designar juez a quien quisiese (2003-2006) como cuando se vio compelido a escoger nombres en función de las ternas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (a partir de 2009). Frente al universo de candidatos posibles y siempre que pudo, el hoy senador ¿kirchnerista? optó sistemáticamente por quienes tenían, de un modo u otro, lazos con el oficialismo, sobre todo para los despachos del departamento judicial más sensible: el colapsado fuero penal. Esa marca registrada -llevada al paroxismo en la selección de vocales de Corte y del titular del Ministerio Público- pervive en la Justicia provincial del presente, que nunca jamás ha juzgado y condenado a una autoridad con caja y lapicera por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Además de inclinarse por las amistades y parentelas de su círculo, el ex mandatario fue implacable en la exclusión de aspirantes a juez “políticamente incorrectos”. Al supuesto paradigmático de Carlos López, que dio a pie al alto tribunal para autorizar al jefe de Gobierno a vetar ternados a destajo e inmotivadamente, le siguió otro todavía más extremo: el de Gustavo Romagnoli. Si al primero lo rechazaron en siete ocasiones por haber sido secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción que movió el piso al oficialismo, el segundo fue excluido 10 veces por el “pecado” de haberse iniciado en la profesión con su tío, Cergio Morfil, el abogado defensor de los Ale denostado por Susana Trimarco. Con el auxilio de esta casuística del descarte y sólo considerando las ternas de Romagnoli, llegaron a sus cargos los fiscales Washington Navarro Dávila y Diego López Ávila; la defensora oficial Rosario Josefina Nougués; el juez Alejandro Tomas, y los camaristas Enrique Pedicone, Fabián Fradejas, María Elisa Molina, Néstor Macoritto, Wendy Kassar y Alejandra Balcázar.
El mecanismo de exclusión de la judicatura parido por la administración anterior pone a prueba a la gestión actual. Romagnoli y sus compañeros de terna, Juan Carlos Nacul y Walter Ojeda Ávila, aguardan desde hace casi un año que el Gobierno decida quién será el próximo vocal de la Sala II de la Cámara Penal de esta capital, justamente el tribunal que absolvió a los acusados del caso “Verón” y luego implosionó como consecuencia de la ira de Trimarco (por cierto, ¿a dónde fueron a parar las ansias otrora desenfrenadas de enjuiciar el desempeño del vocal Eduardo Romero Lascano?). En Tribunales, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura hay consenso sobre la necesidad de cerrar el caso “Romagnoli”, pero el visto bueno de Manzur no llega más. En confianza, el entorno se confiesa y jura que ya no sabe cómo plantear el tema de las vacantes tribunalicias (hay seis ternas en capilla), hasta aquí relegado al subsuelo de las preocupaciones del Gobierno. La ausencia de una política pública vernácula para la Justicia se intensifica en la comparación con la gestión del presidente Mauricio Macri, que desde el 10 de diciembre se ha visto obligado a explicitar una y mil veces sus planes para el sistema judicial, y a adelantar proyectos de reforma. En ese tren, el macrismo ha repetido que los jueces fatalmente alineados al poder deben retirarse y, si bien la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó aún no acusa recibo, el mensaje ya ha precipitado la partida del icónico Norberto Oyarbide. Son signos a lo mejor débiles para un contexto revolucionado por la revisión del kirchnerismo, pero, guste o no, signos al fin de una política para la Justicia. Con la lógica de facta non verba, un funcionario muy entendido en la materia interpreta que Manzur parece despegado de esta corriente nacional, como si el Poder Judicial local ocupara un lugar insignificante y pudiese esperar eternamente una definición de su parte, y como si las promesas de campaña fuesen ajenas.
Una semana antes de las elecciones y a instancias de este diario, Manzur dijo: “tomamos debida nota de la necesidad planteada por el Poder Judicial de evitar demoras para elegir candidatos a jueces y demás magistrados. Por ello daremos celeridad a los trámites pertinentes para la cobertura de esos cargos”. La promesa de campaña consta en la edición del domingo 16 de agosto, junto a las propuestas de los entonces retadores del oficialismo, quienes por separado y con matices coincidieron en que la Justicia navega por los mares procelosos -y por qué no procesales- del descrédito. La oposición fue terminante al diagnosticar la politización de los Tribunales, claro que sin saber que, un mes después, la institución criticada por la falta de independencia iba a confirmar la victoria electoral judicializada del dúo Manzur-Osvaldo Jaldo.
Desde entonces, los aspirantes a jueces y los Tribunales -y por extensión los ciudadanos que se sienten necesitados de justicia- esperan que el nuevo jefe del Gobierno ejecute su propuesta proselitista, que es una manera de definir qué tipo de Poder Judicial propiciará en contraposición con el que configuró su antecesor. ¿Habrá continuidad o cambio en los criterios priorizados al momento de designar magistrados? El ex gobernador-contador explotó sin atenuantes sus potestades discrecionales tanto cuando el orden jurídico lo facultaba para designar juez a quien quisiese (2003-2006) como cuando se vio compelido a escoger nombres en función de las ternas confeccionadas por el Consejo Asesor de la Magistratura (a partir de 2009). Frente al universo de candidatos posibles y siempre que pudo, el hoy senador ¿kirchnerista? optó sistemáticamente por quienes tenían, de un modo u otro, lazos con el oficialismo, sobre todo para los despachos del departamento judicial más sensible: el colapsado fuero penal. Esa marca registrada -llevada al paroxismo en la selección de vocales de Corte y del titular del Ministerio Público- pervive en la Justicia provincial del presente, que nunca jamás ha juzgado y condenado a una autoridad con caja y lapicera por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Además de inclinarse por las amistades y parentelas de su círculo, el ex mandatario fue implacable en la exclusión de aspirantes a juez “políticamente incorrectos”. Al supuesto paradigmático de Carlos López, que dio a pie al alto tribunal para autorizar al jefe de Gobierno a vetar ternados a destajo e inmotivadamente, le siguió otro todavía más extremo: el de Gustavo Romagnoli. Si al primero lo rechazaron en siete ocasiones por haber sido secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción que movió el piso al oficialismo, el segundo fue excluido 10 veces por el “pecado” de haberse iniciado en la profesión con su tío, Cergio Morfil, el abogado defensor de los Ale denostado por Susana Trimarco. Con el auxilio de esta casuística del descarte y sólo considerando las ternas de Romagnoli, llegaron a sus cargos los fiscales Washington Navarro Dávila y Diego López Ávila; la defensora oficial Rosario Josefina Nougués; el juez Alejandro Tomas, y los camaristas Enrique Pedicone, Fabián Fradejas, María Elisa Molina, Néstor Macoritto, Wendy Kassar y Alejandra Balcázar.
El mecanismo de exclusión de la judicatura parido por la administración anterior pone a prueba a la gestión actual. Romagnoli y sus compañeros de terna, Juan Carlos Nacul y Walter Ojeda Ávila, aguardan desde hace casi un año que el Gobierno decida quién será el próximo vocal de la Sala II de la Cámara Penal de esta capital, justamente el tribunal que absolvió a los acusados del caso “Verón” y luego implosionó como consecuencia de la ira de Trimarco (por cierto, ¿a dónde fueron a parar las ansias otrora desenfrenadas de enjuiciar el desempeño del vocal Eduardo Romero Lascano?). En Tribunales, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura hay consenso sobre la necesidad de cerrar el caso “Romagnoli”, pero el visto bueno de Manzur no llega más. En confianza, el entorno se confiesa y jura que ya no sabe cómo plantear el tema de las vacantes tribunalicias (hay seis ternas en capilla), hasta aquí relegado al subsuelo de las preocupaciones del Gobierno. La ausencia de una política pública vernácula para la Justicia se intensifica en la comparación con la gestión del presidente Mauricio Macri, que desde el 10 de diciembre se ha visto obligado a explicitar una y mil veces sus planes para el sistema judicial, y a adelantar proyectos de reforma. En ese tren, el macrismo ha repetido que los jueces fatalmente alineados al poder deben retirarse y, si bien la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó aún no acusa recibo, el mensaje ya ha precipitado la partida del icónico Norberto Oyarbide. Son signos a lo mejor débiles para un contexto revolucionado por la revisión del kirchnerismo, pero, guste o no, signos al fin de una política para la Justicia. Con la lógica de facta non verba, un funcionario muy entendido en la materia interpreta que Manzur parece despegado de esta corriente nacional, como si el Poder Judicial local ocupara un lugar insignificante y pudiese esperar eternamente una definición de su parte, y como si las promesas de campaña fuesen ajenas.
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