10 Mayo 2016
El viernes pasado, Pablo Gonzalo Larrosa Chiazzaro fue detenido cuando salía en su casa de Trancas. Si bien en un principio le habían asegurado que lo iban a llevar por averiguación de antecedentes, lo esposaron e incluso lo trasladaron hasta la capital tucumana. Varias horas después lo soltaron. Ayer, por una constancia que le entregaron, supo que en realidad lo habían detenido por una causa de secuestro y homicidio por tener el mismo apellido que el culpable. Lo insólito es que el secuestrador y homicida se encuentra preso desde el año 2011, cumpliendo una pena de cadena perpetua.
“El viernes salí de mi domicilio y había un auto estacionado en contramano. Se bajó una chica, me saludó y me dijo que el jefe de la Policía Municipal me estaba esperando a la vuelta. De un auto rojo bajaron tres personas de civil. Una de ellas se identificó, me preguntó si yo era Pablo Larrosa Chiazzaro. Me dijo que tenía que hacerme unas preguntas y que necesitaban llevarme a la comisaría para hacerme una averiguación de antecedentes. Cuando me subieron al auto, sin decirme por qué, me esposaron”, contó el funcionario del municipio de Trancas a LA GACETA.
Según el entrevistado, en la comisaría tampoco le dieron detalles sobre su detención y tuvo que esperar varias horas para entender lo que pasaba. “Me hicieron muchas preguntas y me dijeron que me tenían que traer a la capital. Me sacaron esposado y sin cubrirme la cara. Ahí incluso me sacaron fotos. Después de una hora y media de estar sentado en la Digedrop, recién se acercó un comisario y me dijo que existía una orden de captura internacional en mi contra emitida por Gendarmería, con mi nombre y mi documento. Yo le pregunté por qué, si tenía esa orden desde el 2009, había podido salir del país. Me dijeron que podía ser un error de cómputos”, agregó.
Larrosa Chiazzaro aseguró que luego de varias horas, le dijeron que había llamado un juez de Buenos Aires y había ordenado que lo dejaran libre “porque su pedido de captura (del 2009) estaba prescrito”.
Las dudas
El funcionario tiene muchas preguntas para hacer y una sola certeza: para él, todo lo que le tocó vivir forma parte de un ataque político al intendente de Trancas, Roberto Moreno.
“¿Por qué me arresta a mí la Digedrop, si esta persona con la que me confundieron tiene una causa de secuestro extorsivo seguido de muerte? ¿Por qué intervino la Policía Provincial si tendría que haber actuado la Policía Federal? ¿Cómo se mueve una fuerza policial sin contactos? Acá hay una cama política. Estoy convencido. A mí no me arrestaron por una multa de tránsito o por robar dos gallinas. Y la imagen del intendente fue muy golpeada. Con esto ya se genera el beneficio de la duda. Hay gente que te cree y gente que no. El título que salió en algunos medios decía que yo era un asesino prófugo y que el intendente había pagado mi fianza. No hubo fianza. Es un ataque político”, argumentó.
Este medio intentó comunicarse con las autoridades responsables de la detención, pero no pudo hacerlo.
El caso
Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro fue condenado en mayo de 2011 a cadena perpetua por formar parte de una banda que secuestró y asesinó al joven Rodolfo González en la provincia de Buenos Aires. LA GACETA consultó a los familiares de la víctima si el secuestrador se había fugado y ellos lo negaron.
No sólo tiene distinto nombre al del funcionario de Trancas, también difieren sus documentos de identidad (Pablo Gonzalo es uruguayo, por eso su DNI comienza en 92 millones) y su edad.
“El viernes salí de mi domicilio y había un auto estacionado en contramano. Se bajó una chica, me saludó y me dijo que el jefe de la Policía Municipal me estaba esperando a la vuelta. De un auto rojo bajaron tres personas de civil. Una de ellas se identificó, me preguntó si yo era Pablo Larrosa Chiazzaro. Me dijo que tenía que hacerme unas preguntas y que necesitaban llevarme a la comisaría para hacerme una averiguación de antecedentes. Cuando me subieron al auto, sin decirme por qué, me esposaron”, contó el funcionario del municipio de Trancas a LA GACETA.
Según el entrevistado, en la comisaría tampoco le dieron detalles sobre su detención y tuvo que esperar varias horas para entender lo que pasaba. “Me hicieron muchas preguntas y me dijeron que me tenían que traer a la capital. Me sacaron esposado y sin cubrirme la cara. Ahí incluso me sacaron fotos. Después de una hora y media de estar sentado en la Digedrop, recién se acercó un comisario y me dijo que existía una orden de captura internacional en mi contra emitida por Gendarmería, con mi nombre y mi documento. Yo le pregunté por qué, si tenía esa orden desde el 2009, había podido salir del país. Me dijeron que podía ser un error de cómputos”, agregó.
Larrosa Chiazzaro aseguró que luego de varias horas, le dijeron que había llamado un juez de Buenos Aires y había ordenado que lo dejaran libre “porque su pedido de captura (del 2009) estaba prescrito”.
Las dudas
El funcionario tiene muchas preguntas para hacer y una sola certeza: para él, todo lo que le tocó vivir forma parte de un ataque político al intendente de Trancas, Roberto Moreno.
“¿Por qué me arresta a mí la Digedrop, si esta persona con la que me confundieron tiene una causa de secuestro extorsivo seguido de muerte? ¿Por qué intervino la Policía Provincial si tendría que haber actuado la Policía Federal? ¿Cómo se mueve una fuerza policial sin contactos? Acá hay una cama política. Estoy convencido. A mí no me arrestaron por una multa de tránsito o por robar dos gallinas. Y la imagen del intendente fue muy golpeada. Con esto ya se genera el beneficio de la duda. Hay gente que te cree y gente que no. El título que salió en algunos medios decía que yo era un asesino prófugo y que el intendente había pagado mi fianza. No hubo fianza. Es un ataque político”, argumentó.
Este medio intentó comunicarse con las autoridades responsables de la detención, pero no pudo hacerlo.
El caso
Carlos Alberto Larrosa Chiazzaro fue condenado en mayo de 2011 a cadena perpetua por formar parte de una banda que secuestró y asesinó al joven Rodolfo González en la provincia de Buenos Aires. LA GACETA consultó a los familiares de la víctima si el secuestrador se había fugado y ellos lo negaron.
No sólo tiene distinto nombre al del funcionario de Trancas, también difieren sus documentos de identidad (Pablo Gonzalo es uruguayo, por eso su DNI comienza en 92 millones) y su edad.
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