06 Mayo 2016
Detienen a miembros de la comunidad gitana por presuntas estafas con ventas de autos
Ordenaron la captura de otros 10 sospechosos de operar con vehículos sin documentación por unos 2 millones de pesos. Las víctimas denunciaron que eran amenazadas cuando exigían la entrega de los autos. Allanamientos en Famaillá y Monteros.
ALLANAMIENTOS. La Justicia ordenó allanamientos en los campamentos de la comunidad gitana de Monteros y Famaillá. En esta última ciudad se detuvo a los gestores Bustos y Juan. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
La maniobra es llamada el “Cuento del gitano” y se trata de un fraude mediante la oferta a través de internet de automotores que son pagados mediante un ardid engañoso, pero nunca entregados. Los alcances de esta maniobra son investigados desde el mes pasado por la Justicia de Monteros e involucra a comunidades de gitanos de esa ciudad y de Famaillá. Hasta ahora ambos grupos tienen acreditadas al menos 10 denuncias por estafas y por un monto que ronda los $ 2 millones.
El fiscal de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, Jorge Carrasco, logró en los últimos días un avance notable en la pesquisa al lograr la detención del gestor José Edmundo Bustos y de Marcelo Carlos Juan de Famaillá. Este último hombre también se hacía llamar Elías Juan, Jesús Juan o Nicolás Juan. Se los pudo individualizar, según Carrasco, a través de los datos fisonómicos que brindaron las víctimas. En el marco de esta pesquisa permanecen prófugos otros 10 gitanos, ya con pedidos de captura.
Sin papeles
El representante del ministerio público, a través de ocho allanamientos, ordenados por el juez Mario Velázquez, procedió al secuestro de siete camiones de gran porte, tres camionetas (Ford Ranger, F100 y Toyota Hilux)) y dos automóviles (Peugeot 307 y Renault Logan).
Los rodados en todos los casos carecen de documentación y tienen en pedidos de secuestro. En esos procedimientos también se incautó gran cantidad de documentos valiosos para la investigación, teléfonos celulares y computadoras portátiles. El fiscal cree que la cantidad de damnificados por el “cuento del gitano” sería superior a la acreditada en razón de que habría gente que por temor o vergüenza no se atrevió todavía a hacer la denuncia.
Carrasco, al recibir 10 casos en las últimas semanas, advirtió que estos guardaban íntima relación entre sí en cuanto a los autores, modus operandi y tipo de delitos. Por sus similitudes y cantidad las denuncias fueron acumuladas en tres grupos diferentes.
“Todos habían sido burlados en su buena fe al entregar importantes sumas de dinero a los imputados en operaciones de compra de vehículos. Los acusados, luego de aducir problemas en la transferencia, informaban sobre la imposibilidad de entregar el vehículo. Y desaparecían con el dinero” contó el fiscal.
Las víctimas, al ver que el compromiso no era cumplido, insistían en la entrega del vehículo o la devolución de la plata. La respuestas que recibían habrían sido amenazas de muerte por los miembros de la comunidad gitana.
La maniobra se iniciaba con la publicación, a través de internet, de las ofertas de vehículos cero kilómetro que siempre estaban a precios por debajo del mercado y patentados. Los interesados disponían de un número de teléfono mediante el cual eran citados al lugar en donde podían ver el rodado. Ahí se encontraban con el vendedor quien, al lograr entusiasmar al posible comprador con la oferta, en determinado momento recibía una llamada de otro presunto interesado.
Enseguida, con el celular en mano, lo desafiaba al comprador: “escuche ¿usted está muy interesado en comprar este vehículo? Porque aquí en línea tengo a otro que ya viene con la plata para llevarlo”.
Entonces, en el afán de no perder el rodado al precio ofrecido, el comprador terminaba entregando el dinero exigido. El estafador en ese momento sólo le otorgaba un pagaré con el cual debía presentarse días después a retirar el vehículo y los documentos.
Sin embargo, cuando el comprador regresaba para completar la transacción, los vendedores argumentaban problemas en la transferencia y la imposibilidad de entrega. Después de esta excusa, desaparecían.
“Es menester que se conozca este procedimiento para que nadie más caiga en esta trampa” concluyó Carrasco.
Justicia Federal
El fiscal, según trascendió, advirtió que los acusados se dedican a la práctica habitual de operaciones comerciales con vehículos, sin estar debidamente autorizados y por grandes cantidades de dinero.
Además, las operaciones al parecer no son declaradas ante los organismos fiscales. Por esta razón adelantó que remitirá actuaciones a la Justicia Federal ante la posible comisión de delitos de evasión fiscal y lavado de activo.
El fiscal de Instrucción del Centro Judicial de Monteros, Jorge Carrasco, logró en los últimos días un avance notable en la pesquisa al lograr la detención del gestor José Edmundo Bustos y de Marcelo Carlos Juan de Famaillá. Este último hombre también se hacía llamar Elías Juan, Jesús Juan o Nicolás Juan. Se los pudo individualizar, según Carrasco, a través de los datos fisonómicos que brindaron las víctimas. En el marco de esta pesquisa permanecen prófugos otros 10 gitanos, ya con pedidos de captura.
Sin papeles
El representante del ministerio público, a través de ocho allanamientos, ordenados por el juez Mario Velázquez, procedió al secuestro de siete camiones de gran porte, tres camionetas (Ford Ranger, F100 y Toyota Hilux)) y dos automóviles (Peugeot 307 y Renault Logan).
Los rodados en todos los casos carecen de documentación y tienen en pedidos de secuestro. En esos procedimientos también se incautó gran cantidad de documentos valiosos para la investigación, teléfonos celulares y computadoras portátiles. El fiscal cree que la cantidad de damnificados por el “cuento del gitano” sería superior a la acreditada en razón de que habría gente que por temor o vergüenza no se atrevió todavía a hacer la denuncia.
Carrasco, al recibir 10 casos en las últimas semanas, advirtió que estos guardaban íntima relación entre sí en cuanto a los autores, modus operandi y tipo de delitos. Por sus similitudes y cantidad las denuncias fueron acumuladas en tres grupos diferentes.
“Todos habían sido burlados en su buena fe al entregar importantes sumas de dinero a los imputados en operaciones de compra de vehículos. Los acusados, luego de aducir problemas en la transferencia, informaban sobre la imposibilidad de entregar el vehículo. Y desaparecían con el dinero” contó el fiscal.
Las víctimas, al ver que el compromiso no era cumplido, insistían en la entrega del vehículo o la devolución de la plata. La respuestas que recibían habrían sido amenazas de muerte por los miembros de la comunidad gitana.
La maniobra se iniciaba con la publicación, a través de internet, de las ofertas de vehículos cero kilómetro que siempre estaban a precios por debajo del mercado y patentados. Los interesados disponían de un número de teléfono mediante el cual eran citados al lugar en donde podían ver el rodado. Ahí se encontraban con el vendedor quien, al lograr entusiasmar al posible comprador con la oferta, en determinado momento recibía una llamada de otro presunto interesado.
Enseguida, con el celular en mano, lo desafiaba al comprador: “escuche ¿usted está muy interesado en comprar este vehículo? Porque aquí en línea tengo a otro que ya viene con la plata para llevarlo”.
Entonces, en el afán de no perder el rodado al precio ofrecido, el comprador terminaba entregando el dinero exigido. El estafador en ese momento sólo le otorgaba un pagaré con el cual debía presentarse días después a retirar el vehículo y los documentos.
Sin embargo, cuando el comprador regresaba para completar la transacción, los vendedores argumentaban problemas en la transferencia y la imposibilidad de entrega. Después de esta excusa, desaparecían.
“Es menester que se conozca este procedimiento para que nadie más caiga en esta trampa” concluyó Carrasco.
Justicia Federal
El fiscal, según trascendió, advirtió que los acusados se dedican a la práctica habitual de operaciones comerciales con vehículos, sin estar debidamente autorizados y por grandes cantidades de dinero.
Además, las operaciones al parecer no son declaradas ante los organismos fiscales. Por esta razón adelantó que remitirá actuaciones a la Justicia Federal ante la posible comisión de delitos de evasión fiscal y lavado de activo.
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