Divisiones y desafíos de una megacausa

Divisiones y desafíos de una megacausa

La enorme sala de alfombras y cortinados azules volverá a cobijar dentro de unas pocas horas esa extraña mezcla de dolor, esperanza, horror, crispación, alivio, indignación o celebración que conviven en las audiencias -y sobre todo en las sentencias- de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hay indicios de que en esta ocasión la experiencia estará amplificada.

La megacausa “Operativo Independencia” atravesará desde el jueves por una de las polarizaciones más profundas y dolorosas de la historia tucumana. La que dejó la operación militar que pretendía “aniquilar la subversión” que, sostienen, había brotado al calor de la crisis azucarera. La particularidad más fuerte del mayor proceso en la historia del Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano es que abordará casos ocurridos durante un gobierno constitucional cuya cabeza era María Estela “Isabel” Martínez de Perón. El rechazo a la ausencia de la ex presidenta en el banquillo de los acusados es en lo único que parecen estar de acuerdo la mayoría de las partes. De ahí en más, el antagonismo promete reinar.

De dolor y de ausencias

En los voluminosos expedientes constan centenas de testimonios que hablan del horror, de la crueldad y de las desapariciones; de las cruentas implicancias de una ocupación militar en los pueblos del sur provincial y de un plan sistemático de represión de opositores, de la población civil y de todo aquel que atentara contra el “orden” y los “valores” del país.

Los querellantes subrayan cómo los métodos y, sobre todo, la clandestinidad ensayados en Tucumán fueron aplicados luego en el resto del país.

Los familiares de víctimas y los militantes de derechos humanos impulsaron durante años las denuncias. Desconfiaban de que el megacaso llegara a juicio después del cambio de Gobierno nacional. Prometen estar alertas durante el proceso porque perciben que el cambio de aire político podría repercutir en parte de la Justicia Federal. Advierten que el hecho de que, por ejemplo, no se haya detenido a los imputados en penitenciarías antes del comienzo del juicio es un dato para nada menor. En la megacausa anterior – Arsenales II-Jefatura II- se había tomado esa medida para garantizar la concreción del juicio. El criterio del Tribunal habría mutado porque la cantidad de imputados es ahora la mitad, según trascendió.

El cambio político ha impulsado el entusiasmo, en paralelo, de los grupos y asociaciones que congregan a parientes de imputados y a ex miembros de las fuerzas de seguridad. Con la controvertida teoría de los dos demonios como bandera, rechazan el proceso oral y cuestionan la legitimidad de los jueces que intervinieron. De acuerdo manifiestan, sienten que la historia no se está contando “completa” y recuerdan atentados atribuidos a Montoneros o el ERP. El caso emblemático que repiten en redes sociales sucedió también en Tucumán: el de los asesinatos del capitán Humberto Antonio Viola y de su hija María Cristina (diciembre de 1974). Reivindican el accionar de los agentes bajo las órdenes de un gobierno en democracia. Por ello anuncian que acompañarán a estos durante todo el juicio.

Disparadores y desafíos

Se espera que la megacausa sea disparadora de otras investigaciones, tal como ha ocurrido en los Tribunales desde el inicio de los juicios sobre derechos humanos. En este caso podrían activarse pesquisas orientadas a desentrañar y determinar las posibles responsabilidades las de las llamadas “complicidades civiles”. Además de volver a poner el foco en la propia Justicia (el ex juez Manlio Martínez fue condenado el año pasado por su desempeño en la investigación de la ejecución de cinco personas), se espera que haya testimonios que puedan dar cuenta del rol de otros factores sociales, sobre todo, vinculados con el empresariado.

También se ahondará en el funcionamiento de uno de los centros clandestinos de detención y exterminio que hasta ahora había sido mencionado esporádicamente en los anteriores procesos. “La Escuelita” de Famaillá, el primero registrado por la Conadep. Los relatos más aberrantes lo tienen como escenario. El edificio fue declarado lugar histórico nacional y es el primer sitio de memoria en la provincia (su directora, María Coronel, aún no fue reincorporada, pese al compromiso del Gobierno macrista tras su despido).

La Justicia Federal tucumana ya ha demostrado que es capaz de hacer que estos juicios largos y complejos sean posibles. En un clima de controversia y ante una causa sensible, el desafío de la Justicia será, precisamente, ser justa.

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