Hubo acuerdo salarial con los empleados, ahora faltan los legisladores

Hubo acuerdo salarial con los empleados, ahora faltan los legisladores

Los trabajadores legislativos recibirán un incremento del 30%, idéntico al otorgado por el PE a los estatales. Los representantes del pueblo deben decidir si mantienen el régimen de los gastos sociales.

LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
30 Abril 2016
Con las paritarias selladas entre los gremios estatales y el Poder Ejecutivo, en la Legislatura se comenzó a hablar sobre los aumentos salariales para los empleados de Muñecas 951. Según fuentes oficiales, esta semana quedó cerrado el acuerdo con los trabajadores legislativos. ¿Los montos? Idénticos a los fijados en las paritarias que coordinó la Casa de Gobierno: un incremento del 30% en dos partes -un 15% se computará con los haberes de abril, y el restante con los de octubre- y un adicional no remunerativo de $ 1.400, que se duplicará desde octubre.

El convenio impactará en los sueldos que cobrarán este mes los empleados de la Cámara. Estos, por la normativa vigente, dependen administrativamente del vicegobernador Osvaldo Francisco Jaldo, presidente del cuerpo colegido.

Según fuentes cercanas a los trabajadores agremiados, hoy el sueldo inicial de un trabajador (categoría 12, la más baja) está cerca de los $ 9.000. Con el aumento, rondará los $ 13.000.

Quienes todavía no llegaron a un acuerdo “salarial” son los representantes del pueblo. El artículo 68 de la Carta Magna provincial establece la mecánica de esta remuneración. “Los legisladores percibirán mensualmente una suma de dinero que se denominará dieta, tendrá carácter compensatorio de la función y será fijada por la Presidencia del Cuerpo”, expresa la Constitución reformada en 2006.

En la actualidad, la dieta legislativa ronda los $ 28.000. El vicegobernador Jaldo todavía no ha rubricado el instrumento interno que fijará el nuevo monto.

La cuestión genera grandes expectativas en la Cámara. Incluso entre los referentes de los diferentes bloques de la oposición.

Por un lado, un sector propone que se replique el acuerdo del 30% entre el Poder Ejecutivo y los estatales -como viene ocurriendo en los últimos años- y se lleve la dieta a unos $ 36.000. Esta decisión implicaría la continuidad del régimen de “ayudas sociales a personas” que funciona en la Legislatura.

Según fuentes oficiales, cada legislador gestiona un determinado monto mensual para otorgar supuestos subsidios -la cifra ronda los $ 100.000 por banca-. Para obtener los fondos, firman un recibo interno en la Secretaría de la Cámara, que está a cargo del ex tesorero Claudio Antonio Pérez. Luego, deben rendir las erogaciones, conocidas como “gastos sociales” en la jerga política.

Los parlamentarios deben llevar la documentación respaldatoria ante la delegación fiscal del Tribunal de Cuentas (TC) que funciona en el edificio del Poder Legislativo. Las carpetas contienen, entre otros datos, papeles que acrediten el pedido del beneficiario y los recibos de las erogaciones. A las facturas les estampan un sello con la leyenda “intervenido”, para que no vuelvan a ser utilizadas. Los contadores fiscales que examinan las rendiciones de cuentas elevan periódicamente los informes con planillas globales a las autoridades del ente de control, Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). No se consignan detalles sobre las cifras, que van desde los $ 500.000 hasta los $ 30 millones, e incluyen recursos ejecutados en sueldos, honorarios profesionales, dietas, gastos de funcionamiento, subsidios y equipamiento, entre otras partidas que figuran en el Presupuesto del Poder Legislativo.

En 2015, durante la gestión del actual gobernador Juan Manzur como presidente de la Cámara, fueron desembolsados al menos $ 495,5 millones de la partida “ayudas sociales a personas”. Para este año, Jaldo estableció que en esa “caja” habrá $ 150 millones (es decir, casi un tercio del monto asignado para el período anterior). De todas maneras, no está confirmado que este sistema siga funcionando, tal como lo propone un sector de la oposición legislativa.

Según un dirigente de la capital, abandonar el régimen de los “gastos sociales” implicaría llevar la dieta parlamentaria a unos $ 130.000, medida que “blanquearía” los fondos para subsidios. La postura de los legisladores que operan con bases territoriales es aguardar hasta el inicio del ejercicio siguiente, con la expectativa de que el contexto socio-económico sea más favorable.

Otro sector de la oposición insta al cambio del mecanismo de ingresos parlamentarios. Entre ellos, el referente radical Ariel García, vicepresidente 2° de la Cámara y miembro de la mesa de autoridades de la Unión Cívica Radical local. Según esta postura, se debe avanzar hacia un sistema “más transparente”.

Por lo pronto, dos legisladores de los 47 en ejercicio no están haciendo uso de los fondos para “gastos sociales”. El macrista Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) los calificó como “gastos feudales”, y en una entrevista reciente aseguró que son una estafa. El radical Eudoro Aráoz tampoco maneja esos supuestos subsidios, aunque por ahora no lo ha manifestado públicamente. Sin embargo, sí concurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que la Justicia provincial ordene la difusión del detalle de los casi $ 500 millones desembolsados el año pasado en “ayudas sociales a personas”.

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