Por Roberto Delgado
30 Abril 2016
Al mismo tiempo que la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal daba a conocer (el 25/4) la información sobre delitos correspondientes al año 2015 en todo el país, el presidente de la Corte Suprema tucumana, Antonio Gandur, dictaba una resolución (el 11/4) exigiendo la firma de un acuerdo de confidencialidad a los integrantes del grupo de Monitoreo Preventivo de Conflictividad Violenta. Su intención es que no se den a conocer hasta fin de año los datos del informe sobre homicidios en 2015, que la Policía ya tiene listo y que el grupo de la Corte recopilará exhaustivamente para presentarlo bien estudiado -y corregido- en noviembre o diciembre. Pero el Gobierno nacional acaba de frustrar a Gandur: difundió como cifra oficial que en Tucumán hubo 86 homicidios el año pasado.
La oscuridad estadística
¿De dónde salen los datos que tiene la Nación? Acá empiezan los problemas. O, en todo caso, siguen, porque hay que decir que el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) parece estar intentando salir de un largo período de oscuridad estadística que se hizo negro a partir de 2008, cuando se redujo a oficina burocrática la Dirección Nacional de Información Criminal, que dejó de hacer los informes sobre delitos.
Ese punto de quiebre de hace ocho años ocurrió cuando comenzó a hacerse patente que las cifras estaban indicando fallas en el paraíso que el kirchnerismo vivía luego de que el país saliera del infierno que lo había consumido en 2001-2002. El entonces director de Política Criminal, Mariano Ciafardini, de amplia presencia en los medios con informes sobre criminalidad, fue llamado a silencio y desapareció del mapa desde 2008, cuando también el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue intervenido, cambiado y sumido en una crisis de credibilidad.
La intención de salir del pantano ahora es valiosa, pero por ahora sin garantías. Lo dice el mismo informe nacional: “El análisis de los datos realizado permitió identificar serias dificultades respecto a información previa del SNIC en cuanto a su calidad y cobertura”, en razón de que los datos aportados por las provincias (están obligadas a informar, por ley 22.117) tienen “alcance limitado, ya que el SNIC sólo recolectaba datos de denuncias o registros de delitos en policías”, además de que “no se estaba relevando el total de delitos registrados” y que la recopilación en algunos casos ha sido policial, en otros judicial pero sin reportar al SNIC y en otros casos ha habido doble conteo. Además, el sistema se ha centrado en registrar hechos, y no se daba prioridad al enfoque sobre víctimas, “siendo todo ello contrario a las recomendaciones internacionales en el tema”. Finalmente, “se mezclaba el conjunto de los delitos (algunos de distinta naturaleza), lo cual quitaba relevancia a la información y la hacía confusa”... y “faltaba transparencia sobre las características del sistema, ya que no se publicaban sus protocolos y definiciones”.
Publicar para una mejor comprensión
Por ello es que el mismo gobierno recomienda que “conviene ser cauteloso a la hora de realizar análisis o comparaciones a partir de los datos”. ¿Por qué los publica, entonces? Porque “mediante estos informes, se espera contribuir a un mejor comprensión de los problemas de seguridad en la Argentina; al diseño de políticas basadas en información confiable; y a una mayor rendición de cuentas, propia de un sociedad democrática”.
Con similares intenciones, pero diferente objetivo, el presidente de la Corte tucumana pide que se mantengan en la oscuridad los datos preliminares, tras la experiencia del año pasado, cuando un título de LA GACETA (”En Tucumán hay un asesinato cada tres días”, 22/8/15) generó escozor en el gobierno provincial y en el grupo de monitoreo, porque los datos no estaban aún firmes. La inquietud se conoció en diciembre, cuando fue presentado el informe sobre los homicidios de 2014. Quedó claramente evidenciado que la intención de los recopiladores era separar los homicidios producto de la acción de delincuentes (que es la que genera la sensación de inseguridad) de los ocurridos como producto de incidentes vecinales, familiares u otras causas no vinculadas al delito callejero, lo cual suele enfatizar el Gobierno en su deseo de calmar la inquietud de la comunidad ante la violencia latente. De hecho, la conformación del grupo de monitoreo de conflictividad violenta a nivel nacional hace cinco años, a iniciativa del ex juez de la Corte nacional, Raúl Zaffaroni, tuvo como objetivo hacer esta separación de la paja del trigo. En muchas ocasiones Zaffaroni, que defendía la política del kirchnerismo, expresó que los medios azuzaban la sensación de inseguridad y que el problema de la violencia pasaba por otro lado.
Pero las intenciones de Zaffaroni no pasaron de eso, y el sistema de recopilación de datos del kirchnerismo fue empantanándose cada vez más, en lugar de mejorar a partir de la valiosa iniciativa del grupo de monitoreo, cuya tarea ha estado presionada por los intereses políticos: el año pasado se demoró en dar a conocer su informe porque Tucumán seguía en ronda de elecciones sin llegar a definirse hasta casi fin de año.
Cifra dudosa e incompleta
La cifra de 86 homicidios para Tucumán que da el informe nacional es dudosa. En LA GACETA se publicaron 96 homicidios ocurridos en 2015, y a esos datos les faltan casos dudosos (heridos cuya evolución no fue informada) y también podrían faltar casos no proporcionados a la prensa. En la publicación del SNIC se reconoce la dificultad de recolectar datos, lo cual “hace necesario un proceso de mejora y cambio de los sistemas existentes, en el que la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal ya se encuentra trabajando, a fin de tener datos relevantes, confiables y a tiempo”. Así, suena casi absurdo que en La Rioja y en Catamarca sólo se hayan reportado 7 homicidios en 2015. Y en el informe se destaca el caso de Santa Fe, que tiene altas cifras (413 muertes dolosas), desde que cambió su sistema de recolección de datos y lo hizo más transparente. Ahora se ven más cifras reales, lo cual, aunque la vuelve la provincia más violenta del país, puede ayudar a que prospere una estrategia de seguridad.
Sin señales de cambio
En Tucumán, aunque desde hace tres años la Corte está haciendo el monitoreo de homicidios, el trabajo con datos sigue siendo caótico en todo el sistema. El Gobierno no ha dado ninguna señal de cambio en la forma de recolectar información en las comisarías y en la Justicia reinan los compartimientos estancos. La Corte está haciendo un proyecto de gestión para mesa de entradas, área con siete personas a donde llegan los informes sin criterio para caratular -es frecuente que las causas sean calificadas de diversas maneras y hasta con errores de ortografía-. Y son 80.000 causas penales al año, al decir del ministro fiscal Edmundo Jiménez. La Corte ha ordenado hace un año y medio que se aplique un programa piloto en Monteros con un sistema con nuevo nomenclador que reemplaza el Lex Doctor que usa Tribunales, pero no se termina de aplicar. Eso unificaría la forma de caratular las causas penales. Hace un año, en junio pasado, se creó un sistema para coordinar la recolección de datos de violencia de género, pero el sistema sigue siendo caótico.
Mientras tanto, los funcionarios de seguridad, aferrados a la idea de que en algún momento se considerará que los homicidios en ocasión de robo son los menos, no atienden los síntomas de un Tucumán conflictivo. En lo que va de abril han muerto siete personas en hechos criminales: Miguel Ángel Gallardo (asesinado en barrio Antena el 3/4); Romina Saldívar (joven quemada al parecer por su novio en Alderetes el 2/4); Carlos Martínez (asesinado a balazos en Villa Alem el 15/4); Sergio Santos Fernández (muerto por el hijo de un dealer el 18/4 en Ciudadela Sur; Juan Ángel Colombres (recibió un tiro en la nuca en Lastenia el 24/4); Víctor Romano (su cuerpo fue hallado el 25/4 atado de pies y manos en su casa en las Piedras y Alberdi) y Luciano Gastón Calderón, muerto ayer en Villa 9 de Julio. Con estos suman 38 los asesinatos en lo que va del año, de los cuales 26 ocurrieron en San Miguel de Tucumán, la mayoría en la zona periférica. La Corte está haciendo también el estudio de los homicidios de 2012, pero ya esto debería estar generando un cambio de políticas para tener estrategias frente a la violencia.
Sin precisión
El informe del SNIC adolece de demasiadas lagunas que necesitan ser completadas con un cambio de criterios con respecto al caótico Indec de la seguridad. El informe nacional recomienda chequear la carga original (esto es, la denuncia recibida en la Policía), hacer encuestas de victimización y entrecruzar los datos con otras fuentes de información. “Organizaremos un sistema para la gestión y evaluación del impacto de estas acciones estatales a través de indicadores estadísticos precisos”, dijo el gobernador Juan Manzur en su mensaje de asunción. En cifras de seguridad nada se ha hecho y cada área navega en su propio caos.
La oscuridad estadística
¿De dónde salen los datos que tiene la Nación? Acá empiezan los problemas. O, en todo caso, siguen, porque hay que decir que el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) parece estar intentando salir de un largo período de oscuridad estadística que se hizo negro a partir de 2008, cuando se redujo a oficina burocrática la Dirección Nacional de Información Criminal, que dejó de hacer los informes sobre delitos.
Ese punto de quiebre de hace ocho años ocurrió cuando comenzó a hacerse patente que las cifras estaban indicando fallas en el paraíso que el kirchnerismo vivía luego de que el país saliera del infierno que lo había consumido en 2001-2002. El entonces director de Política Criminal, Mariano Ciafardini, de amplia presencia en los medios con informes sobre criminalidad, fue llamado a silencio y desapareció del mapa desde 2008, cuando también el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue intervenido, cambiado y sumido en una crisis de credibilidad.
La intención de salir del pantano ahora es valiosa, pero por ahora sin garantías. Lo dice el mismo informe nacional: “El análisis de los datos realizado permitió identificar serias dificultades respecto a información previa del SNIC en cuanto a su calidad y cobertura”, en razón de que los datos aportados por las provincias (están obligadas a informar, por ley 22.117) tienen “alcance limitado, ya que el SNIC sólo recolectaba datos de denuncias o registros de delitos en policías”, además de que “no se estaba relevando el total de delitos registrados” y que la recopilación en algunos casos ha sido policial, en otros judicial pero sin reportar al SNIC y en otros casos ha habido doble conteo. Además, el sistema se ha centrado en registrar hechos, y no se daba prioridad al enfoque sobre víctimas, “siendo todo ello contrario a las recomendaciones internacionales en el tema”. Finalmente, “se mezclaba el conjunto de los delitos (algunos de distinta naturaleza), lo cual quitaba relevancia a la información y la hacía confusa”... y “faltaba transparencia sobre las características del sistema, ya que no se publicaban sus protocolos y definiciones”.
Publicar para una mejor comprensión
Por ello es que el mismo gobierno recomienda que “conviene ser cauteloso a la hora de realizar análisis o comparaciones a partir de los datos”. ¿Por qué los publica, entonces? Porque “mediante estos informes, se espera contribuir a un mejor comprensión de los problemas de seguridad en la Argentina; al diseño de políticas basadas en información confiable; y a una mayor rendición de cuentas, propia de un sociedad democrática”.
Con similares intenciones, pero diferente objetivo, el presidente de la Corte tucumana pide que se mantengan en la oscuridad los datos preliminares, tras la experiencia del año pasado, cuando un título de LA GACETA (”En Tucumán hay un asesinato cada tres días”, 22/8/15) generó escozor en el gobierno provincial y en el grupo de monitoreo, porque los datos no estaban aún firmes. La inquietud se conoció en diciembre, cuando fue presentado el informe sobre los homicidios de 2014. Quedó claramente evidenciado que la intención de los recopiladores era separar los homicidios producto de la acción de delincuentes (que es la que genera la sensación de inseguridad) de los ocurridos como producto de incidentes vecinales, familiares u otras causas no vinculadas al delito callejero, lo cual suele enfatizar el Gobierno en su deseo de calmar la inquietud de la comunidad ante la violencia latente. De hecho, la conformación del grupo de monitoreo de conflictividad violenta a nivel nacional hace cinco años, a iniciativa del ex juez de la Corte nacional, Raúl Zaffaroni, tuvo como objetivo hacer esta separación de la paja del trigo. En muchas ocasiones Zaffaroni, que defendía la política del kirchnerismo, expresó que los medios azuzaban la sensación de inseguridad y que el problema de la violencia pasaba por otro lado.
Pero las intenciones de Zaffaroni no pasaron de eso, y el sistema de recopilación de datos del kirchnerismo fue empantanándose cada vez más, en lugar de mejorar a partir de la valiosa iniciativa del grupo de monitoreo, cuya tarea ha estado presionada por los intereses políticos: el año pasado se demoró en dar a conocer su informe porque Tucumán seguía en ronda de elecciones sin llegar a definirse hasta casi fin de año.
Cifra dudosa e incompleta
La cifra de 86 homicidios para Tucumán que da el informe nacional es dudosa. En LA GACETA se publicaron 96 homicidios ocurridos en 2015, y a esos datos les faltan casos dudosos (heridos cuya evolución no fue informada) y también podrían faltar casos no proporcionados a la prensa. En la publicación del SNIC se reconoce la dificultad de recolectar datos, lo cual “hace necesario un proceso de mejora y cambio de los sistemas existentes, en el que la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal ya se encuentra trabajando, a fin de tener datos relevantes, confiables y a tiempo”. Así, suena casi absurdo que en La Rioja y en Catamarca sólo se hayan reportado 7 homicidios en 2015. Y en el informe se destaca el caso de Santa Fe, que tiene altas cifras (413 muertes dolosas), desde que cambió su sistema de recolección de datos y lo hizo más transparente. Ahora se ven más cifras reales, lo cual, aunque la vuelve la provincia más violenta del país, puede ayudar a que prospere una estrategia de seguridad.
Sin señales de cambio
En Tucumán, aunque desde hace tres años la Corte está haciendo el monitoreo de homicidios, el trabajo con datos sigue siendo caótico en todo el sistema. El Gobierno no ha dado ninguna señal de cambio en la forma de recolectar información en las comisarías y en la Justicia reinan los compartimientos estancos. La Corte está haciendo un proyecto de gestión para mesa de entradas, área con siete personas a donde llegan los informes sin criterio para caratular -es frecuente que las causas sean calificadas de diversas maneras y hasta con errores de ortografía-. Y son 80.000 causas penales al año, al decir del ministro fiscal Edmundo Jiménez. La Corte ha ordenado hace un año y medio que se aplique un programa piloto en Monteros con un sistema con nuevo nomenclador que reemplaza el Lex Doctor que usa Tribunales, pero no se termina de aplicar. Eso unificaría la forma de caratular las causas penales. Hace un año, en junio pasado, se creó un sistema para coordinar la recolección de datos de violencia de género, pero el sistema sigue siendo caótico.
Mientras tanto, los funcionarios de seguridad, aferrados a la idea de que en algún momento se considerará que los homicidios en ocasión de robo son los menos, no atienden los síntomas de un Tucumán conflictivo. En lo que va de abril han muerto siete personas en hechos criminales: Miguel Ángel Gallardo (asesinado en barrio Antena el 3/4); Romina Saldívar (joven quemada al parecer por su novio en Alderetes el 2/4); Carlos Martínez (asesinado a balazos en Villa Alem el 15/4); Sergio Santos Fernández (muerto por el hijo de un dealer el 18/4 en Ciudadela Sur; Juan Ángel Colombres (recibió un tiro en la nuca en Lastenia el 24/4); Víctor Romano (su cuerpo fue hallado el 25/4 atado de pies y manos en su casa en las Piedras y Alberdi) y Luciano Gastón Calderón, muerto ayer en Villa 9 de Julio. Con estos suman 38 los asesinatos en lo que va del año, de los cuales 26 ocurrieron en San Miguel de Tucumán, la mayoría en la zona periférica. La Corte está haciendo también el estudio de los homicidios de 2012, pero ya esto debería estar generando un cambio de políticas para tener estrategias frente a la violencia.
Sin precisión
El informe del SNIC adolece de demasiadas lagunas que necesitan ser completadas con un cambio de criterios con respecto al caótico Indec de la seguridad. El informe nacional recomienda chequear la carga original (esto es, la denuncia recibida en la Policía), hacer encuestas de victimización y entrecruzar los datos con otras fuentes de información. “Organizaremos un sistema para la gestión y evaluación del impacto de estas acciones estatales a través de indicadores estadísticos precisos”, dijo el gobernador Juan Manzur en su mensaje de asunción. En cifras de seguridad nada se ha hecho y cada área navega en su propio caos.
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