Por Irene Benito
29 Abril 2016
¿Qué es una semana en la vida de un expediente? Para los plazos procesales de la Justicia de Tucumán, apenas un suspiro. Pero la regla general de la mora no aplica a todas las causas. Siete días le llevó a la fiscala Adriana Reinoso Cuello desestimar la denuncia de asociación ilícita que involucra, entre otros, a su jefe, Edmundo Jiménez; a dos de los hijos de este, Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez, y al ex fiscal Guillermo Herrera. Los abogados Juan Andrés y Juan Roberto Robles aseguran que ellos -y no sólo ellos- deben dar explicaciones por los presuntos hechos ilícitos ocurridos en “Teves-Albarracín”, un caso penal con derivaciones explosivas. Reinoso Cuello no dio crédito a la sospecha e hizo suyo el catecismo de su colega de la Fiscalía Nº8, Adriana Giannoni: ambas sostienen que, al denunciar la existencia de un posible aparato extorsivo en el interior mismo de la Justicia penal, la imputada Roxana Teves sólo busca defenderse. Una lectura entrelíneas de tal dictamen excluye la posibilidad de que los investigadores -y su superior- sean investigados a partir de las versiones de quienes fueron objeto de su poder, ya sea como víctimas, testigos o acusados.
Llevada a la práctica, la doctrina “Giannoni-Reinoso Cuello” podría hasta derribar no ya el proceso abierto contra el ex fiscal provincial Carlos Albaca por su actuación en la causa “Lebbos” sino cualquier pretensión de juzgar a la magistratura en sede penal (Norberto Oyarbide agradecido). Es que, como apunta un príncipe del foro, detrás de cada denuncia por definición siempre hay alguien que ataca o quiere defenderse de algo o de alguien, pero la desestimación de la notitia criminis sólo ha de proceder cuando las pruebas así lo impongan (el impulso del Ministerio Público, que representa los intereses de la sociedad en la Justicia, debe bregar por el esclarecimiento de los delitos y la búsqueda de la verdad).
Y al menos cuatro indicios abonan las irregularidades descritas por Teves, quien en 2010, y estando en cautiverio junto con dos hijos y una nuera, renunció a los derechos que reclamaba en un patrimonio de más $ 20 millones: la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital (marzo de 2015); la auditoría de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (mayo); el dictamen del fiscal Diego López Ávila (agosto) y los cargos formulados por la fiscala Juana Prieto en el ámbito de un sumario administrativo (septiembre). A estas voces hay que sumar el voto fallido del camarista Enrique Pedicone (noviembre), que en el contexto de la investigación de “Jorrat”, otra causa “en principio extorsiva” objetada por el Colegio de Abogados, notificó a la Corte que un grupo de magistrados y letrados integrado por Jiménez y la jueza Mirta Lenis de Vera habría obrado concertadamente para lograr la impunidad de Herrera.
Pese al tiempo transcurrido y a la gravedad de las acusaciones divulgadas, los casos que apuntan contra la magistratura penal están detenidos de facto. Tampoco avanza la causa donde Teves fue acusada de haber privado de la libertad a su pareja, el empresario Augusto Severini, con el objeto de robarle los bienes: patrocinada por los Jiménez, la heredera Carolina Severini esperó a que su padre muriese para interponer la denuncia. Desde entonces pasaron 1.988 días con sus noches -para los Teves, 40 de ellos transcurrieron en prisión preventiva- y todavía ningún juez de Instrucción controló la elevación a juicio requerida en septiembre por Giannoni, a quien el ministro público Jiménez giró el expediente horas después de que la Corte ordenara la auditoría. En el Juzgado Nº2, que carece de titular desde 2012, se encogen de hombros frente a esta demora: según el sistema informático, la causa está en la Fiscalía Nº8 desde el 14 de marzo. ¿Todo tiene que ver con todo? Giannoni también dictaminó a favor de los hijos de su jefe, familia a la que la une una amistad tan pública como la que supo unir a aquella con Herrera.
El mismo vínculo conecta con los Jiménez a Lenis de Vera, quien llegó a su cargo de jueza Nº5 cuando el Poder Ejecutivo del ex gobernador-senador designaba magistrados con la máxima discrecionalidad. De la misma época datan los nombramientos de Giannoni, de Herrera -se jubiló en septiembre con el beneficio del 82% móvil- y del juez Juan Francisco Pisa. Edmundo Jiménez era entonces flamante ministro de Gobierno y Justicia -en 2014, el alperovichismo lo convirtió en ministro público-: el año pasado y por esas vueltas recurrentes de la vida, Ángeles Vera, una de las hijas de la jueza, ingresó a Tribunales para trabajar a sus órdenes. Todas estas relaciones vienen a cuento de que Lenis de Vera, que tiene los trámites previsionales cocinados, ha de expedirse sobre el requerimiento de archivo de Reinoso Cuello que beneficia a Jiménez. Está visto que la amistad vox populi entre magistrados y partes no es precisamente un impedimento para que los primeros fallen o dictaminen (como dicta la lógica del amiguismo) en los casos de los segundos.
En el fuero penal que acelera y atrasa según la necesidad y la urgencia del poder, y que, a resultas de todo ello, mantiene vacante el trono de la corrupción, se han visto vinculaciones todavía más llamativas. Hasta el año pasado, la camarista Liliana Vitar intervenía en las causas de su marido, el fiscal Washington Navarro Ávila, avalada por su par Eudoro Albo y Graciela Jiménez, ex jueza y hermana del ministro público (la fiscala Carmen Reuter estudia la denuncia penal correspondiente desde el 10 de febrero). Y mientras fueron pareja, la fiscala Reinoso Cuello y el juez Pisa tampoco veían la necesidad de inhibirse en las causas que compartían. Este entramado de avenencias -en otros pagos se le llama corporación- pone en duda la capacidad e independencia de la Justicia de Tucumán para investigarse a sí misma. Y quizá explique por qué ciertas denuncias obtienen un pedido de archivo en siete días y otras dan vueltas sin rumbo durante 1.988 noches, para decirlo en los términos amargos de Joaquín Sabina.
Llevada a la práctica, la doctrina “Giannoni-Reinoso Cuello” podría hasta derribar no ya el proceso abierto contra el ex fiscal provincial Carlos Albaca por su actuación en la causa “Lebbos” sino cualquier pretensión de juzgar a la magistratura en sede penal (Norberto Oyarbide agradecido). Es que, como apunta un príncipe del foro, detrás de cada denuncia por definición siempre hay alguien que ataca o quiere defenderse de algo o de alguien, pero la desestimación de la notitia criminis sólo ha de proceder cuando las pruebas así lo impongan (el impulso del Ministerio Público, que representa los intereses de la sociedad en la Justicia, debe bregar por el esclarecimiento de los delitos y la búsqueda de la verdad).
Y al menos cuatro indicios abonan las irregularidades descritas por Teves, quien en 2010, y estando en cautiverio junto con dos hijos y una nuera, renunció a los derechos que reclamaba en un patrimonio de más $ 20 millones: la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital (marzo de 2015); la auditoría de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (mayo); el dictamen del fiscal Diego López Ávila (agosto) y los cargos formulados por la fiscala Juana Prieto en el ámbito de un sumario administrativo (septiembre). A estas voces hay que sumar el voto fallido del camarista Enrique Pedicone (noviembre), que en el contexto de la investigación de “Jorrat”, otra causa “en principio extorsiva” objetada por el Colegio de Abogados, notificó a la Corte que un grupo de magistrados y letrados integrado por Jiménez y la jueza Mirta Lenis de Vera habría obrado concertadamente para lograr la impunidad de Herrera.
Pese al tiempo transcurrido y a la gravedad de las acusaciones divulgadas, los casos que apuntan contra la magistratura penal están detenidos de facto. Tampoco avanza la causa donde Teves fue acusada de haber privado de la libertad a su pareja, el empresario Augusto Severini, con el objeto de robarle los bienes: patrocinada por los Jiménez, la heredera Carolina Severini esperó a que su padre muriese para interponer la denuncia. Desde entonces pasaron 1.988 días con sus noches -para los Teves, 40 de ellos transcurrieron en prisión preventiva- y todavía ningún juez de Instrucción controló la elevación a juicio requerida en septiembre por Giannoni, a quien el ministro público Jiménez giró el expediente horas después de que la Corte ordenara la auditoría. En el Juzgado Nº2, que carece de titular desde 2012, se encogen de hombros frente a esta demora: según el sistema informático, la causa está en la Fiscalía Nº8 desde el 14 de marzo. ¿Todo tiene que ver con todo? Giannoni también dictaminó a favor de los hijos de su jefe, familia a la que la une una amistad tan pública como la que supo unir a aquella con Herrera.
El mismo vínculo conecta con los Jiménez a Lenis de Vera, quien llegó a su cargo de jueza Nº5 cuando el Poder Ejecutivo del ex gobernador-senador designaba magistrados con la máxima discrecionalidad. De la misma época datan los nombramientos de Giannoni, de Herrera -se jubiló en septiembre con el beneficio del 82% móvil- y del juez Juan Francisco Pisa. Edmundo Jiménez era entonces flamante ministro de Gobierno y Justicia -en 2014, el alperovichismo lo convirtió en ministro público-: el año pasado y por esas vueltas recurrentes de la vida, Ángeles Vera, una de las hijas de la jueza, ingresó a Tribunales para trabajar a sus órdenes. Todas estas relaciones vienen a cuento de que Lenis de Vera, que tiene los trámites previsionales cocinados, ha de expedirse sobre el requerimiento de archivo de Reinoso Cuello que beneficia a Jiménez. Está visto que la amistad vox populi entre magistrados y partes no es precisamente un impedimento para que los primeros fallen o dictaminen (como dicta la lógica del amiguismo) en los casos de los segundos.
En el fuero penal que acelera y atrasa según la necesidad y la urgencia del poder, y que, a resultas de todo ello, mantiene vacante el trono de la corrupción, se han visto vinculaciones todavía más llamativas. Hasta el año pasado, la camarista Liliana Vitar intervenía en las causas de su marido, el fiscal Washington Navarro Ávila, avalada por su par Eudoro Albo y Graciela Jiménez, ex jueza y hermana del ministro público (la fiscala Carmen Reuter estudia la denuncia penal correspondiente desde el 10 de febrero). Y mientras fueron pareja, la fiscala Reinoso Cuello y el juez Pisa tampoco veían la necesidad de inhibirse en las causas que compartían. Este entramado de avenencias -en otros pagos se le llama corporación- pone en duda la capacidad e independencia de la Justicia de Tucumán para investigarse a sí misma. Y quizá explique por qué ciertas denuncias obtienen un pedido de archivo en siete días y otras dan vueltas sin rumbo durante 1.988 noches, para decirlo en los términos amargos de Joaquín Sabina.
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