Por Luis María Ruiz
26 Abril 2016
Mientras continúa el misterio sobre el destino de las valijas cargadas con millones de pesos para supuestas ayudas sociales de la Legislatura -presuntos subsidios repartidos durante el 2015 electoral-, en el espejado edificio de calle Muñecas 951 tratan de pensar en el mañana.
¿Cuáles serían los beneficios y los perjuicios de cambiar el colapsado sistema de reparto de recursos parlamentarios? El asunto viene siendo debatido entre cafés y murmullos desde hace varios meses. Ahora, oficialistas y opositores saben que se avecinan tiempos de definiciones para la Cámara. Con el cierre de las paritarias entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos estatales -el acuerdo rondó el 30% para la mayoría de los gremios-, los empleados legislativos quedaron con vía libre para comenzar a tramitar sus aumentos. Históricamente, la suba repercute en la dieta de los legisladores, única remuneración que les corresponde a los representantes del pueblo por disposición constitucional. Hoy, el monto ronda los $ 28.000 mensuales. Así, parece haber llegado el momento en el que el camino se bifurca. Hacia un lado está la senda del blanqueo, que implicaría llevar los haberes de los legisladores a una suma cercana al sueldo de un magistrado judicial -se habla de entre $ 80.000 y $ 120.000-. Hacia el otro rumbo aparece la continuidad -al menos provisoria- del régimen vigente, lo que significaría un incremento de la dieta hasta los $ 36.000 y la prolongación del mecanismo de subsidios conocido en la jerga política como “gastos sociales”.
Voces a favor y en contra se levantan en uno y otro sentido. Ambas decisiones -por el cambio o por la continuidad- tienen a priori un costo político.
Hace un par de semanas se tocó el tema en una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. En un momento de la cordial charla entre los jefes de las bancadas políticas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo le envió un mensaje encriptado a la cúpula del radicalismo: se dirigió al presidente del bloque UCR, José María Canelada, y le dio a entender que sus referentes del centenario partido también había manejado “gastos sociales” cuando pasaron por la Cámara. Canelada, sin agitarse, replicó que en su espacio no tienen nada que ocultar. Según testigos, los destinatarios reales del comentario de Jaldo eran los líderes radicales José Manuel Cano, titular del Plan Belgrano, y la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. Según cuentan, al vicegobernador no le cayó nada bien que ambos sentaran posturas críticas sobre el caso de las valijas. Incluso, el oficialismo ve la mano de Cano detrás de la demanda judicial en el fuero contencioso que impulsa el radical Eudoro Aráoz -junto al macrista Luis Brodersen, los únicos que no manejan “gastos sociales”- para que se publique el detalle de las erogaciones de 2015.
Esta brasa caliente estuvo a punto de quemar a otro referente radical, el vicepresidente 2° de la Legislatura, Ariel García. La semana pasada, en una reunión de la Junta de Gobierno de la UCR para proponer pautas para una reforma política, el jefe del movimiento “Boina Blanca” y vicepresidente partidario aceptó el desafío de un grupo de militantes y trató el tema de los “gastos sociales”. Según estos afiliados, los “correligionarios” de la Legislatura estaban en falta porque debían pasar un porcentual de sus ingresos al partido. Se les explicó que el único haber parlamentario en blanco es la dieta. Pero los ánimos se fueron caldeando. Al final de la reunión hubo cruces verbales y hasta algún forcejeo entre radicales. García, sobreviviente de la gestión anterior, terminó proponiendo un corte a la cuestión: que se elimine la partida presupuestaria para las ayudas sociales de la Legislatura y que se ponga en marcha un sistema más transparente. El tiempo dirá si se trató o no de una moción destinada sólo a aplacar un principio de incendio interno.
El regreso que desconcertó
La semana pasada, el sancionado legislador Emiliano Vargas Aignasse regresó al edificio de la Cámara. Cuentan que la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, llamó por teléfono a Jaldo para avisarle que ella no estaba de acuerdo con la decisión de su hermano de reavivar su conflictiva situación. En el oficialismo quedaron desconcertados por el reclamo del peronista, quien alega graves anomalías por parte de los policías santiagueños que lo detuvieron, la madrugada del 26 de enero. El presidente subrogante del cuerpo, Julio Silman, le recordó que la suspensión será revisada -es decir, agravada- si la Justicia Federal de Santiago del Estero decide avanzar con el proceso en su contra por tenencia de drogas, resistencia a la autoridad y cohecho. Vargas Aignasse, lejos de acatar el castigo en silencio, como le recomendaron opositores, redobló la apuesta. Por un lado, le envió una nota a Jaldo con un pedido formal de audiencia. Por otro, les mandó SMS a colegas para advertirles que está dolido. Cuando parecía que las consecuencias políticas del caso Vargas Aignasse estaban bajo control, el propio protagonista reactivó el escándalo.
Midiendo fuerzas
Los tiempistas de la política tucumana han salido de las trincheras. El convulsionado 2015 electoral dejó varios heridos y las cajas vacías. Pero no hay lugar para los débiles. Aquellos que quieran erigirse como posibles líderes para lo que vendrá deberán dar signos de fortaleza. Según un peronista de la capital, en todos los espacios están midiendo fuerzas. El orden del día de la sesión legislativa del próximo jueves es un ejemplo sutil de esas disputas.
La Casa de Gobierno quizás haya tomado nota de que no se tratará el proyecto de ley que preveía “superpoderes” para el ministro del Interior, Miguel Acevedo. El vicegobernador Jaldo no participó ayer de la reunión de Labor Parlamentaria -estaba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Manzur a EEUU-. Pero susurró la orden de que no se incluyera esa iniciativa en el temario. El fuerte del tranqueño está en el interior, y aprobar una ley que fortalezca la figura de Acevedo -algunos lo vinculan con el ex gobernador José Alperovich, otros con Manzur- no es algo que le parezca simpático.
¿Cuáles serían los beneficios y los perjuicios de cambiar el colapsado sistema de reparto de recursos parlamentarios? El asunto viene siendo debatido entre cafés y murmullos desde hace varios meses. Ahora, oficialistas y opositores saben que se avecinan tiempos de definiciones para la Cámara. Con el cierre de las paritarias entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos estatales -el acuerdo rondó el 30% para la mayoría de los gremios-, los empleados legislativos quedaron con vía libre para comenzar a tramitar sus aumentos. Históricamente, la suba repercute en la dieta de los legisladores, única remuneración que les corresponde a los representantes del pueblo por disposición constitucional. Hoy, el monto ronda los $ 28.000 mensuales. Así, parece haber llegado el momento en el que el camino se bifurca. Hacia un lado está la senda del blanqueo, que implicaría llevar los haberes de los legisladores a una suma cercana al sueldo de un magistrado judicial -se habla de entre $ 80.000 y $ 120.000-. Hacia el otro rumbo aparece la continuidad -al menos provisoria- del régimen vigente, lo que significaría un incremento de la dieta hasta los $ 36.000 y la prolongación del mecanismo de subsidios conocido en la jerga política como “gastos sociales”.
Voces a favor y en contra se levantan en uno y otro sentido. Ambas decisiones -por el cambio o por la continuidad- tienen a priori un costo político.
Hace un par de semanas se tocó el tema en una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. En un momento de la cordial charla entre los jefes de las bancadas políticas, el vicegobernador Osvaldo Jaldo le envió un mensaje encriptado a la cúpula del radicalismo: se dirigió al presidente del bloque UCR, José María Canelada, y le dio a entender que sus referentes del centenario partido también había manejado “gastos sociales” cuando pasaron por la Cámara. Canelada, sin agitarse, replicó que en su espacio no tienen nada que ocultar. Según testigos, los destinatarios reales del comentario de Jaldo eran los líderes radicales José Manuel Cano, titular del Plan Belgrano, y la senadora nacional Silvia Elías de Pérez. Según cuentan, al vicegobernador no le cayó nada bien que ambos sentaran posturas críticas sobre el caso de las valijas. Incluso, el oficialismo ve la mano de Cano detrás de la demanda judicial en el fuero contencioso que impulsa el radical Eudoro Aráoz -junto al macrista Luis Brodersen, los únicos que no manejan “gastos sociales”- para que se publique el detalle de las erogaciones de 2015.
Esta brasa caliente estuvo a punto de quemar a otro referente radical, el vicepresidente 2° de la Legislatura, Ariel García. La semana pasada, en una reunión de la Junta de Gobierno de la UCR para proponer pautas para una reforma política, el jefe del movimiento “Boina Blanca” y vicepresidente partidario aceptó el desafío de un grupo de militantes y trató el tema de los “gastos sociales”. Según estos afiliados, los “correligionarios” de la Legislatura estaban en falta porque debían pasar un porcentual de sus ingresos al partido. Se les explicó que el único haber parlamentario en blanco es la dieta. Pero los ánimos se fueron caldeando. Al final de la reunión hubo cruces verbales y hasta algún forcejeo entre radicales. García, sobreviviente de la gestión anterior, terminó proponiendo un corte a la cuestión: que se elimine la partida presupuestaria para las ayudas sociales de la Legislatura y que se ponga en marcha un sistema más transparente. El tiempo dirá si se trató o no de una moción destinada sólo a aplacar un principio de incendio interno.
El regreso que desconcertó
La semana pasada, el sancionado legislador Emiliano Vargas Aignasse regresó al edificio de la Cámara. Cuentan que la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, llamó por teléfono a Jaldo para avisarle que ella no estaba de acuerdo con la decisión de su hermano de reavivar su conflictiva situación. En el oficialismo quedaron desconcertados por el reclamo del peronista, quien alega graves anomalías por parte de los policías santiagueños que lo detuvieron, la madrugada del 26 de enero. El presidente subrogante del cuerpo, Julio Silman, le recordó que la suspensión será revisada -es decir, agravada- si la Justicia Federal de Santiago del Estero decide avanzar con el proceso en su contra por tenencia de drogas, resistencia a la autoridad y cohecho. Vargas Aignasse, lejos de acatar el castigo en silencio, como le recomendaron opositores, redobló la apuesta. Por un lado, le envió una nota a Jaldo con un pedido formal de audiencia. Por otro, les mandó SMS a colegas para advertirles que está dolido. Cuando parecía que las consecuencias políticas del caso Vargas Aignasse estaban bajo control, el propio protagonista reactivó el escándalo.
Midiendo fuerzas
Los tiempistas de la política tucumana han salido de las trincheras. El convulsionado 2015 electoral dejó varios heridos y las cajas vacías. Pero no hay lugar para los débiles. Aquellos que quieran erigirse como posibles líderes para lo que vendrá deberán dar signos de fortaleza. Según un peronista de la capital, en todos los espacios están midiendo fuerzas. El orden del día de la sesión legislativa del próximo jueves es un ejemplo sutil de esas disputas.
La Casa de Gobierno quizás haya tomado nota de que no se tratará el proyecto de ley que preveía “superpoderes” para el ministro del Interior, Miguel Acevedo. El vicegobernador Jaldo no participó ayer de la reunión de Labor Parlamentaria -estaba a cargo del Ejecutivo por el viaje de Manzur a EEUU-. Pero susurró la orden de que no se incluyera esa iniciativa en el temario. El fuerte del tranqueño está en el interior, y aprobar una ley que fortalezca la figura de Acevedo -algunos lo vinculan con el ex gobernador José Alperovich, otros con Manzur- no es algo que le parezca simpático.
Lo más popular
