Por Irene Benito
22 Abril 2016
La puerta permaneció cerrada hasta mimetizarse con la pared medianera de las vocalías de Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Ahora que fue reabierta, la puerta se presenta como una metáfora de la época en la que la división penetró en la Corte hasta límites autodestructivos. En esos días, los contenciosos internos apremiaban tanto o más que los juicios, y algunos rifirrafes llegaban al río. La comunicación ha vuelto y es novedad en un Palacio de Justicia habituado a la puerta clausurada de facto que obligaba a Sbdar y a Daniel Posse a transitar por el pasillo, a veces en situaciones incómodas como las del año pasado, cuando el tira y afloja colocó a los cinco vocales en la necesidad de celebrar tres votaciones para renovar autoridades.
La tregua fue gestada -¡ay!- durante la guerra de guerrillas corrosiva que desde hace más de 12 meses libran el alto tribunal con el Ministerio Público Fiscal y Pupilar de Edmundo Jiménez por las causas que complican al ex fiscal Guillermo Herrera. Los jueces supremos profundizaron el abroquelamiento incipiente cuando, en febrero y a propósito de la contienda con el jefe de los fiscales, el ministro nacional Germán Garavano declaró que le preocupaban los conflictos judiciales de Tucumán (por cierto, ¿qué pasó con el veedor que el funcionario de Mauricio Macri viene prometiendo desde diciembre?). Por primera vez en años, la Corte se permitía la unidad. Y para celebrarlo, en marzo cerró el capítulo electoral de su espontáneo “House of Cards” ungiendo vocal decano a René Goane, tal y como como este y Estofán exigían so pena de judicialización.
La nueva Corte sorprendió con la creación del Registro de Funcionarios Públicos Imputados. Tal vez en esa decisión influyó el “efecto Garavano” o la fortaleza interior recobrada o el deseo de subirse a la ola “mani pulite” de los Tribunales de Comodoro Py o la intención de deslindar responsabilidades en ese Amazonas llamado fuero penal o un cálculo audaz, pero lo cierto es que el avance de la transparencia desconcertó a quienes durante años se jactaron de haber forjado una Justicia a imagen y semejanza del poder político. Un príncipe del foro dijo entonces que el proyecto registral era demasiado vanguardista para los estándares de independencia de Tucumán donde, por ejemplo, una ley de 1973 todavía vigente otorga carácter secreto a las declaraciones juradas de las autoridades del Estado. “Ver para creer”, sentenció escéptico otro conocedor del paño tribunalicio.
Pasaron 50 días desde entonces y los bríos renovados ya lucen cansados al tiempo que emerge otro formato de la misma división de antaño. El Registro de Funcionarios Públicos Imputados está suspendido de hecho y lo que parecía una decidida política institucional ahora se disipa, al igual que el consenso y la armonía que posibilitaron su concepción. La explicación oficial aduce que la base de datos precisa una reglamentación aprobada por la propia Corte, pero la acordada de creación delegó la instrumentación de los procedimientos a la Secretaría de Superintendencia y a la Dirección de Sistemas. Y en definitiva el plan se estancó cuando la información proporcionada por el fuero penal conminó a establecer los alcances de la publicidad. La presión del lobby de la política para acotar el Registro hasta la insignificancia surtió efectos y el alto tribunal empezó a flaquear. El quid es qué hacer respecto del puñado de funcionarios con fueros que tienen requerimiento de investigación jurisdiccional (como es el supuesto del ex gobernador-senador por el uso del avión sanitario), que a menudo son beneficiados por un sistema procesal opaco. Fuera de esa especie quedan los funcionarios que han sido indagados, como los acusados al caso “Lebbos” (el ex fiscal Carlos Albaca; el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe de Policía, Luis Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella); Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo; el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga; algunos comisarios y poco más. Ninguno de los mencionados con nombre y apellido ha sido juzgado: quizá en el futuro este panorama sea estudiado como el paradigma de la impunidad.
El Registro nonato confirma por enésima vez la existencia de una política reacia a someterse al control de los jueces y de una judicatura que, con las excepciones de la regla, consiente ese destino antirrepublicano. Goane percibe que la sociedad está perdiendo la paciencia frente a esta dinámica funcional a la corrupción: en la discusión relativa al Registro, advirtió que no resultaba conveniente demorar la apertura del inventario en virtud de la expectativa social que este había generado. La posición del vocal decano sintoniza -vaya sorpresa- con la del presidente Antonio Gandur, a quien algunos de sus pares dan por desgastado y jubilado. La especulación de que se irá ha abierto la última cuña en la Corte, donde un reordenamiento de fuerzas se articula alrededor de la presidencia potencialmente vacante. Un legislador oficialista que frecuenta los despachos con asiduidad sostiene que los tres vocales nombrados por el contador que dominó la provincia entre 2003 y ayer (Estofán, Sbdar y Posse) habrían llegado a algún tipo de frágil acuerdo relativo al gobierno del poder judicial (con minúsculas). Curiosamente, el que parece más entusiasmado con esta supuesta alianza es Jiménez, quien ya no convoca a la prensa para hablar de la crisis estructural de la Justicia y para exigir autarquía para su Ministerio Público, y ha vuelto a entrar a las vocalías como si nada hubiese pasado en el último año. En su entorno dan por hecho que quedará en la nada la denuncia por supuesta asociación ilícita vinculada al caso “Teves-Albarracín” que lo involucra junto a dos de sus hijos. A propósito, ¿qué hará la fiscala Adriana Reinoso Cuello con esa bomba de papel? Huelgan las elucubraciones en una Corte proclive a los personalismos y a las intrigas, donde las puertas abiertas pueden ser sinónimo de institucionalidad madura o de todo lo contrario.
La tregua fue gestada -¡ay!- durante la guerra de guerrillas corrosiva que desde hace más de 12 meses libran el alto tribunal con el Ministerio Público Fiscal y Pupilar de Edmundo Jiménez por las causas que complican al ex fiscal Guillermo Herrera. Los jueces supremos profundizaron el abroquelamiento incipiente cuando, en febrero y a propósito de la contienda con el jefe de los fiscales, el ministro nacional Germán Garavano declaró que le preocupaban los conflictos judiciales de Tucumán (por cierto, ¿qué pasó con el veedor que el funcionario de Mauricio Macri viene prometiendo desde diciembre?). Por primera vez en años, la Corte se permitía la unidad. Y para celebrarlo, en marzo cerró el capítulo electoral de su espontáneo “House of Cards” ungiendo vocal decano a René Goane, tal y como como este y Estofán exigían so pena de judicialización.
La nueva Corte sorprendió con la creación del Registro de Funcionarios Públicos Imputados. Tal vez en esa decisión influyó el “efecto Garavano” o la fortaleza interior recobrada o el deseo de subirse a la ola “mani pulite” de los Tribunales de Comodoro Py o la intención de deslindar responsabilidades en ese Amazonas llamado fuero penal o un cálculo audaz, pero lo cierto es que el avance de la transparencia desconcertó a quienes durante años se jactaron de haber forjado una Justicia a imagen y semejanza del poder político. Un príncipe del foro dijo entonces que el proyecto registral era demasiado vanguardista para los estándares de independencia de Tucumán donde, por ejemplo, una ley de 1973 todavía vigente otorga carácter secreto a las declaraciones juradas de las autoridades del Estado. “Ver para creer”, sentenció escéptico otro conocedor del paño tribunalicio.
Pasaron 50 días desde entonces y los bríos renovados ya lucen cansados al tiempo que emerge otro formato de la misma división de antaño. El Registro de Funcionarios Públicos Imputados está suspendido de hecho y lo que parecía una decidida política institucional ahora se disipa, al igual que el consenso y la armonía que posibilitaron su concepción. La explicación oficial aduce que la base de datos precisa una reglamentación aprobada por la propia Corte, pero la acordada de creación delegó la instrumentación de los procedimientos a la Secretaría de Superintendencia y a la Dirección de Sistemas. Y en definitiva el plan se estancó cuando la información proporcionada por el fuero penal conminó a establecer los alcances de la publicidad. La presión del lobby de la política para acotar el Registro hasta la insignificancia surtió efectos y el alto tribunal empezó a flaquear. El quid es qué hacer respecto del puñado de funcionarios con fueros que tienen requerimiento de investigación jurisdiccional (como es el supuesto del ex gobernador-senador por el uso del avión sanitario), que a menudo son beneficiados por un sistema procesal opaco. Fuera de esa especie quedan los funcionarios que han sido indagados, como los acusados al caso “Lebbos” (el ex fiscal Carlos Albaca; el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; el ex subjefe de Policía, Luis Nicolás Barrera; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito y el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella); Miguel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo; el intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga; algunos comisarios y poco más. Ninguno de los mencionados con nombre y apellido ha sido juzgado: quizá en el futuro este panorama sea estudiado como el paradigma de la impunidad.
El Registro nonato confirma por enésima vez la existencia de una política reacia a someterse al control de los jueces y de una judicatura que, con las excepciones de la regla, consiente ese destino antirrepublicano. Goane percibe que la sociedad está perdiendo la paciencia frente a esta dinámica funcional a la corrupción: en la discusión relativa al Registro, advirtió que no resultaba conveniente demorar la apertura del inventario en virtud de la expectativa social que este había generado. La posición del vocal decano sintoniza -vaya sorpresa- con la del presidente Antonio Gandur, a quien algunos de sus pares dan por desgastado y jubilado. La especulación de que se irá ha abierto la última cuña en la Corte, donde un reordenamiento de fuerzas se articula alrededor de la presidencia potencialmente vacante. Un legislador oficialista que frecuenta los despachos con asiduidad sostiene que los tres vocales nombrados por el contador que dominó la provincia entre 2003 y ayer (Estofán, Sbdar y Posse) habrían llegado a algún tipo de frágil acuerdo relativo al gobierno del poder judicial (con minúsculas). Curiosamente, el que parece más entusiasmado con esta supuesta alianza es Jiménez, quien ya no convoca a la prensa para hablar de la crisis estructural de la Justicia y para exigir autarquía para su Ministerio Público, y ha vuelto a entrar a las vocalías como si nada hubiese pasado en el último año. En su entorno dan por hecho que quedará en la nada la denuncia por supuesta asociación ilícita vinculada al caso “Teves-Albarracín” que lo involucra junto a dos de sus hijos. A propósito, ¿qué hará la fiscala Adriana Reinoso Cuello con esa bomba de papel? Huelgan las elucubraciones en una Corte proclive a los personalismos y a las intrigas, donde las puertas abiertas pueden ser sinónimo de institucionalidad madura o de todo lo contrario.
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