Por Roberto Delgado
16 Abril 2016
Si los 12 asesinatos de marzo generaron alarma por el nivel de violencia que parece haberse enseñoreado de la provincia, las dos primeras semanas de abril han tenido picos de inquietud generalizada en los que se mezcló no sólo la sensación de que la gente está insegura en cualquier parte sino también las recientes secuencias de falsas alarmas que la Policía y los funcionarios no saben cómo contrarrestar, como el denunciado intento de secuestro de una adolescente por parte de un taxista y un ciego que preguntaban una dirección en Juan B. Justo al 2.400.
El fenómeno ha derivado, por falta de alternativas, en la municipalización de la seguridad. Ya ha ocurrido en Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Monteros y Lules, y ahora se ha creado por ordenanza en Yerba Buena un consejo municipal de seguridad ciudadana -órgano de consulta y prevención-, luego de que el intendente Mariano Campero se comprometiera a reparar comisarías para que el secretario de Seguridad, Paul Hofer, pudiera prometer que se mejorarán las tareas de vigilancia. Esta semana, los concejales capitalinos se reunieron, preocupados por la situación imperante y hace tres semanas la Legislatura sancionó una ley de foros vecinales de seguridad, mientras varias voces plantean declarar la emergencia. Anteanoche, la cúpula de la Policía, el ministro Regino Amado y Hofer se reunieron para revisar qué hace falta. Y concluyeron con que “hay que reforzar la prevención” y que hay que darle a la gente “la seguridad que se merece”.
La pérdida del control
Son muchas voces en este caos y no se entienden entre sí. Ya en febrero era patente esta sensación de que se había perdido el control cuando proliferaron los ataques en la avenida Adolfo de la Vega, en uno de los cuales fue abatido el oficial Juan José Vides del 911. “Ya hay delito a cara descubierta a plena luz del día. A los delincuentes no les importa, actúan igual que de noche”, dijo el policía Víctor Nacusse, vocero de sus pares. En esos días, también, Hofer había dicho que había delitos que no podían prevenirse, “los que ocurren dentro de las propiedades, porque la Policía está en la calle”. Los funcionarios han tratado de poner el foco de atención en la idea de que la fuerza de seguridad “actúa bien” deteniendo gente -la cárcel y las comisarías están saturadas de presos- y que la justicia “actúa mal”, liberando a muchos de esos detenidos. Pelea mediática que ya lleva por lo menos dos décadas. Con todo, la percepción de que los hechos delictivos se incrementaron fue tal que hace dos semanas Amado y Hofer estuvieron a un paso de ser llevados a dar explicaciones ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura.
Muchas sensaciones, pocas precisiones
Pero todo es sensación incrementada por cada hecho que se sabe que causa conmoción, como el ataque de motoarrebatadores que arrastraron y quebraron anteayer a una vecina en el barrio Alperovich. Es sensación porque no hay datos precisos. El fiscal Diego López Ávila estimó que por turno hay unos 20 ataques diarios de arrebatadores, aunque -opinó- la cifra no denunciada debe duplicar los hechos. Como esto, todo. Cada área policial y judicial tiene sus propios datos y dice que trabaja en función de ellos, pero nadie acierta a dar con una estrategia para salir del paso.
Las comisarías, que deberían estar informatizadas desde hace más de una década y conectadas a un sistema central -anunciado por el Gobierno en 2006-, ponen trabas para recibir las denuncias: la víctima debe ir a la seccional, esperar que las atienda un oficial o volver después si este no está. Y los policías redactan las presentaciones en papel, con máquina de escribir, deben hacer 16 copias de cada expediente y trasladarlas a mano a todas las oficinas de seguridad y judiciales del Estado. Sin embargo, esas montañas de papeles no llegan en forma coordinada a ninguna parte. No se las puede analizar y las fiscalías, que tienen turnos de 12 días, demoran hasta tres meses en tener apenas una idea de todo el material que les ha ingresado: unas 3.400 causas por turno, lo que totaliza unas 80.000 por año, al decir del ministro fiscal Edmundo Jiménez. El sistema informático del Poder Judicial, que tiene datos de las carátulas de los expedientes, no los discrimina como para que se los estudiie estadísticamente y las fiscalías tampoco comparten sus tareas.
¿Cómo se relaciona esto con la declaración de la emergencia estadística que hizo el presidente Mauricio Macri apenas asumió, y con la promesa del gobernador Juan Manzur el 1 de marzo de “dar otro paso decisivo en la disposición de información estadística rigurosa que todos podamos utilizar”?
Claro, se dirá, ¿cómo se espera que haya computadoras y un sistema informático en comisarías que se caen a pedazos? De ellas no sólo se fugan los presos (como ocurrió en la 10ª y la 5ª recientemente), sino que han sido cuestionadas por los fiscales por ser lugares donde se ha amontonado a gente en condiciones inhumanas. La responsable de la oficina de Derechos Humanos de la Corte, Lourdes Bascary, dijo hace días que había 400 detenidos en las seccionales, 300 menos que a fin de año, pero muchos más que ninguno: la Corte misma dice que no debe haber reos en las comisarías. El Gobierno, que no puede explicar cómo es que hay tanta inseguridad siendo que la cárcel y las comisarías están llenas, prefiere no hablar del tema.
¿Por qué no hay informes claros? ¿Por qué no se los puede preparar? Hay una cuestión cultural fuerte de un sistema autoritario por el que la gente no sabe lo que pasa, los funcionarios minimizan el problema y se guían por el nivel de escándalo, y en función de eso programan operativos que busca “dar a la gente la seguridad que se merece”. Lejos se está de lo que los angloisajones llaman “accountability”, que es la responsabilidad del funcionario para dar cuenta de sus actos, asumir las consecuencias de ellos y responder por ellos ante quien corresponda. Acá se viene respondiendo de la misma manera frente al fenómeno de la inseguridad, calmando de momento la angustia social sin que se diga qué es lo que no está funcionando. Porque no lo pueden decir, a causa de que se ignora qué ocurre y sólo se atienden las quejas de la gente. A noche fueron los colectiveros asaltados; anteayer hubo reclamos en Las Talitas; ayer, en Concepción; mañana será en Lomas de Tafí y pasado en Villa 9 de Julio, y hacia alli partirán los operativos de pacificación.
“Vigilantismo” ineficaz
El argumento central de los funcionarios es que hacen falta 3.000 policías más (porque en Salta y en Catamarca, que no han demostrado ser más eficaces, tienen más agentes que en Tucumán), más autos y más armas. Amado dijo anteanoche que espera que con el agregado de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria mejoren las cosas en Tucumán. Llegará un momento en que se podrá decir que sobreabundan los vigilantes: a los 8.000 policías hay que agregarles los 7.000 custodios privados más la extendida práctica del servicio adicional de los policías, que pululan de manera anormal por oficinas públicas y comercios. Pero nadie se hace la pregunta de por qué todo este “vigilantismo” ha sido ineficaz frente a la delincuencia. En realidad ha sido funcional: la inseguridad ha hecho proliferar los negocios dedicados a combatirla.
Esto está derivando en fenómenos aislados. Los foros de seguridad sancionados por ley ya se proponen análisis con organizaciones vecinales. La comisión creada en Yerba Buena quiere generar juntas zonales que sean futuros observatorios de seguridad ciudadana, hacer relevamiento de infraestructiura urbana vinculada a la seguridad y habilitar una mesa de denuncias que pueda servir para armar un mapa del delito. Los concejales de la capital se reunieron hace una semana con la gente del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho -creado a instancias del legislador radical Fernando Valdez, pero con pretensiones de escapar de la marca partidaria política mediante la formación de un equipo multidisciplinario-, que está trabajando en una encuesta de victimización y en un estudio sistemático del espacio urbano. Ya la Corte Suprema trabaja desde hace dos años con el relevamiento de homicidios que permitió observar que en Tucumán se han duplicado las cifras con respecto a la última década: ahora el promedio es 110 por año. Pero este informe, por el caos estadístico, se hace con un año y medio de atraso. Los 12 asesinados de marzo (Franco Daniel Gómez, Eduardo Sebastián Lucena, Luis Emmanuel López, Julio Alberto Zamorano, Gonzalo Esteban Torres, Rubén Brandán, Juan Carlos “El Porteño” Guevara, Oscar Gallardo, Julio Domingo Santucho, Leandro Frías, Omar Carrazano y Juan Carlos Ruiz) serán relevados recién en 2017. Nadie está analizando lo que está ocurriendo ahora, como tampoco se han estudiado los datos aportados en los dos años anteriores. ¿Cómo se va a hacer un mapa del delito?
Sin diálogo
Nadie ha propuesto tampoco cómo hacer un Indec de la data de seguridad. ¿Un observatorio independiente? ¿Una oficina en la misma Policía, el Ministerio o la Justicia, que no estén contaminados por intereses partidarios o del momento?¿Cómo evaluar el rendimiento y los resultados en seguridad?
En Nueva York, la doctrina de William Bratton ha aconsejado desde hace más de dos décadas descentralizar la Policía y formar unidades territoriales. En otros lugares de nuestro país se están haciendo experiencias innovadoras. En Córdoba se está trabajando con un nuevo plan de seguridad con participación de la comunidad. En Rosario, la ciudad más violenta de la Argentina y sacudida por las guerras de bandas del narcomenudeo, están lanzando un nuevo sistema de recepción de denuncias y de prevención policial descentralizado en seis áreas. En Tucumán las autoridades están quietas y el mismo gobernador no ha dicho una palabra sobre el tema, como no sea agradecer la colaboración de la Nación para poner una agencia federal contra las drogas. Del delito callejero y de estrategias, nada. No es que no hagan nada, sino que no se entienden. Donde uno abre una puerta, otro pone una pared. Por más que en las municipalidades arda la precocupación, el tema ni siquiera se debate de modo orgánico. Esto es Babel. El desorden sigue creciendo y ya está llegando al nivel de psicosis.
El fenómeno ha derivado, por falta de alternativas, en la municipalización de la seguridad. Ya ha ocurrido en Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Monteros y Lules, y ahora se ha creado por ordenanza en Yerba Buena un consejo municipal de seguridad ciudadana -órgano de consulta y prevención-, luego de que el intendente Mariano Campero se comprometiera a reparar comisarías para que el secretario de Seguridad, Paul Hofer, pudiera prometer que se mejorarán las tareas de vigilancia. Esta semana, los concejales capitalinos se reunieron, preocupados por la situación imperante y hace tres semanas la Legislatura sancionó una ley de foros vecinales de seguridad, mientras varias voces plantean declarar la emergencia. Anteanoche, la cúpula de la Policía, el ministro Regino Amado y Hofer se reunieron para revisar qué hace falta. Y concluyeron con que “hay que reforzar la prevención” y que hay que darle a la gente “la seguridad que se merece”.
La pérdida del control
Son muchas voces en este caos y no se entienden entre sí. Ya en febrero era patente esta sensación de que se había perdido el control cuando proliferaron los ataques en la avenida Adolfo de la Vega, en uno de los cuales fue abatido el oficial Juan José Vides del 911. “Ya hay delito a cara descubierta a plena luz del día. A los delincuentes no les importa, actúan igual que de noche”, dijo el policía Víctor Nacusse, vocero de sus pares. En esos días, también, Hofer había dicho que había delitos que no podían prevenirse, “los que ocurren dentro de las propiedades, porque la Policía está en la calle”. Los funcionarios han tratado de poner el foco de atención en la idea de que la fuerza de seguridad “actúa bien” deteniendo gente -la cárcel y las comisarías están saturadas de presos- y que la justicia “actúa mal”, liberando a muchos de esos detenidos. Pelea mediática que ya lleva por lo menos dos décadas. Con todo, la percepción de que los hechos delictivos se incrementaron fue tal que hace dos semanas Amado y Hofer estuvieron a un paso de ser llevados a dar explicaciones ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura.
Muchas sensaciones, pocas precisiones
Pero todo es sensación incrementada por cada hecho que se sabe que causa conmoción, como el ataque de motoarrebatadores que arrastraron y quebraron anteayer a una vecina en el barrio Alperovich. Es sensación porque no hay datos precisos. El fiscal Diego López Ávila estimó que por turno hay unos 20 ataques diarios de arrebatadores, aunque -opinó- la cifra no denunciada debe duplicar los hechos. Como esto, todo. Cada área policial y judicial tiene sus propios datos y dice que trabaja en función de ellos, pero nadie acierta a dar con una estrategia para salir del paso.
Las comisarías, que deberían estar informatizadas desde hace más de una década y conectadas a un sistema central -anunciado por el Gobierno en 2006-, ponen trabas para recibir las denuncias: la víctima debe ir a la seccional, esperar que las atienda un oficial o volver después si este no está. Y los policías redactan las presentaciones en papel, con máquina de escribir, deben hacer 16 copias de cada expediente y trasladarlas a mano a todas las oficinas de seguridad y judiciales del Estado. Sin embargo, esas montañas de papeles no llegan en forma coordinada a ninguna parte. No se las puede analizar y las fiscalías, que tienen turnos de 12 días, demoran hasta tres meses en tener apenas una idea de todo el material que les ha ingresado: unas 3.400 causas por turno, lo que totaliza unas 80.000 por año, al decir del ministro fiscal Edmundo Jiménez. El sistema informático del Poder Judicial, que tiene datos de las carátulas de los expedientes, no los discrimina como para que se los estudiie estadísticamente y las fiscalías tampoco comparten sus tareas.
¿Cómo se relaciona esto con la declaración de la emergencia estadística que hizo el presidente Mauricio Macri apenas asumió, y con la promesa del gobernador Juan Manzur el 1 de marzo de “dar otro paso decisivo en la disposición de información estadística rigurosa que todos podamos utilizar”?
Claro, se dirá, ¿cómo se espera que haya computadoras y un sistema informático en comisarías que se caen a pedazos? De ellas no sólo se fugan los presos (como ocurrió en la 10ª y la 5ª recientemente), sino que han sido cuestionadas por los fiscales por ser lugares donde se ha amontonado a gente en condiciones inhumanas. La responsable de la oficina de Derechos Humanos de la Corte, Lourdes Bascary, dijo hace días que había 400 detenidos en las seccionales, 300 menos que a fin de año, pero muchos más que ninguno: la Corte misma dice que no debe haber reos en las comisarías. El Gobierno, que no puede explicar cómo es que hay tanta inseguridad siendo que la cárcel y las comisarías están llenas, prefiere no hablar del tema.
¿Por qué no hay informes claros? ¿Por qué no se los puede preparar? Hay una cuestión cultural fuerte de un sistema autoritario por el que la gente no sabe lo que pasa, los funcionarios minimizan el problema y se guían por el nivel de escándalo, y en función de eso programan operativos que busca “dar a la gente la seguridad que se merece”. Lejos se está de lo que los angloisajones llaman “accountability”, que es la responsabilidad del funcionario para dar cuenta de sus actos, asumir las consecuencias de ellos y responder por ellos ante quien corresponda. Acá se viene respondiendo de la misma manera frente al fenómeno de la inseguridad, calmando de momento la angustia social sin que se diga qué es lo que no está funcionando. Porque no lo pueden decir, a causa de que se ignora qué ocurre y sólo se atienden las quejas de la gente. A noche fueron los colectiveros asaltados; anteayer hubo reclamos en Las Talitas; ayer, en Concepción; mañana será en Lomas de Tafí y pasado en Villa 9 de Julio, y hacia alli partirán los operativos de pacificación.
“Vigilantismo” ineficaz
El argumento central de los funcionarios es que hacen falta 3.000 policías más (porque en Salta y en Catamarca, que no han demostrado ser más eficaces, tienen más agentes que en Tucumán), más autos y más armas. Amado dijo anteanoche que espera que con el agregado de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria mejoren las cosas en Tucumán. Llegará un momento en que se podrá decir que sobreabundan los vigilantes: a los 8.000 policías hay que agregarles los 7.000 custodios privados más la extendida práctica del servicio adicional de los policías, que pululan de manera anormal por oficinas públicas y comercios. Pero nadie se hace la pregunta de por qué todo este “vigilantismo” ha sido ineficaz frente a la delincuencia. En realidad ha sido funcional: la inseguridad ha hecho proliferar los negocios dedicados a combatirla.
Esto está derivando en fenómenos aislados. Los foros de seguridad sancionados por ley ya se proponen análisis con organizaciones vecinales. La comisión creada en Yerba Buena quiere generar juntas zonales que sean futuros observatorios de seguridad ciudadana, hacer relevamiento de infraestructiura urbana vinculada a la seguridad y habilitar una mesa de denuncias que pueda servir para armar un mapa del delito. Los concejales de la capital se reunieron hace una semana con la gente del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho -creado a instancias del legislador radical Fernando Valdez, pero con pretensiones de escapar de la marca partidaria política mediante la formación de un equipo multidisciplinario-, que está trabajando en una encuesta de victimización y en un estudio sistemático del espacio urbano. Ya la Corte Suprema trabaja desde hace dos años con el relevamiento de homicidios que permitió observar que en Tucumán se han duplicado las cifras con respecto a la última década: ahora el promedio es 110 por año. Pero este informe, por el caos estadístico, se hace con un año y medio de atraso. Los 12 asesinados de marzo (Franco Daniel Gómez, Eduardo Sebastián Lucena, Luis Emmanuel López, Julio Alberto Zamorano, Gonzalo Esteban Torres, Rubén Brandán, Juan Carlos “El Porteño” Guevara, Oscar Gallardo, Julio Domingo Santucho, Leandro Frías, Omar Carrazano y Juan Carlos Ruiz) serán relevados recién en 2017. Nadie está analizando lo que está ocurriendo ahora, como tampoco se han estudiado los datos aportados en los dos años anteriores. ¿Cómo se va a hacer un mapa del delito?
Sin diálogo
Nadie ha propuesto tampoco cómo hacer un Indec de la data de seguridad. ¿Un observatorio independiente? ¿Una oficina en la misma Policía, el Ministerio o la Justicia, que no estén contaminados por intereses partidarios o del momento?¿Cómo evaluar el rendimiento y los resultados en seguridad?
En Nueva York, la doctrina de William Bratton ha aconsejado desde hace más de dos décadas descentralizar la Policía y formar unidades territoriales. En otros lugares de nuestro país se están haciendo experiencias innovadoras. En Córdoba se está trabajando con un nuevo plan de seguridad con participación de la comunidad. En Rosario, la ciudad más violenta de la Argentina y sacudida por las guerras de bandas del narcomenudeo, están lanzando un nuevo sistema de recepción de denuncias y de prevención policial descentralizado en seis áreas. En Tucumán las autoridades están quietas y el mismo gobernador no ha dicho una palabra sobre el tema, como no sea agradecer la colaboración de la Nación para poner una agencia federal contra las drogas. Del delito callejero y de estrategias, nada. No es que no hagan nada, sino que no se entienden. Donde uno abre una puerta, otro pone una pared. Por más que en las municipalidades arda la precocupación, el tema ni siquiera se debate de modo orgánico. Esto es Babel. El desorden sigue creciendo y ya está llegando al nivel de psicosis.
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