Un alfil de Bussi al banquillo y el cuestionado silencio de “Isabel”

Un alfil de Bussi al banquillo y el cuestionado silencio de “Isabel”

Las audiencias que se desarrollarán a lo largo de la megacausa Operativo Independencia podrían extenderse durante más de un año. Muchísimo tiempo para un juicio que hundirá el escalpelo en la historia tucumana contemporánea al compás de cada testimonio. A pocas semanas del comienzo del proceso, fijado para el 5 de mayo, se agregaron seis acusados al banquillo en el que aguarda el resto de los inculpados. Entre esos seis aparece José Roberto Abba, abogado y coronel auditor del Ejército que revistaba con el grado de capitán cuando Antonio Bussi le confirió la Fiscalía de Estado en 1976. Abba fue un alfil que Bussi jugó con agresividad durante aquella gestión, sobre todo cuando había que convencer a empresarios para que colaboraran con el régimen. Utilizar comillas o itálica para enmarcar los verbos convencer y colaborar es, a esta altura, un sinsentido.

Abba está acusado por el caso de Maurice Jeger, periodista de LA GACETA desaparecido desde el 8 de julio de 1975, al igual que su compañera, Olga Cristina González. Ella estaba embarazada cuando los secuestraron de su casa. Un conscripto que había sido alumno de Jeger en la Alianza Francesa lo vio en la “Escuelita de Famaillá”. Allí sometieron a Jeger a tormentos y, según los datos aportados por el testigo, Abba fue uno de esos torturadores. El juez federal Daniel Bejas envió a Abba a prisión el 27 de septiembre de 2014 e imputó en la cadena de responsabilidades a otros tres militares: Acdel Vilas (el primer comandante del Operativo Independencia, fallecido), Héctor Schwab y Enrique del Pino. Schwab permanece prófugo y Del Pino ya estaba detenido: fue uno de los primeros inculpados en el marco de la megacausa.

De la “Escuelita de Famaillá” se hablará muchísimo durante los próximos meses dentro y fuera del Tribunal Oral Federal. Fue el primer centro clandestino de detención del país y sirvió de modelo al aparato represivo que se instaló a gran escala después del golpe. La megacausa, advierten los querellantes, servirá para exponer en sede judicial cómo Tucumán fue un tubo de ensayo para lo que vendría después del 24 de marzo de 1976.

Lo que distingue a este enorme paquete de casos (269) de los juicios que vienen realizándose desde que fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es que son previos al golpe. Fue terrorismo de Estado en democracia: el Operativo Independencia fue resultado de un decreto (el 262/75) firmado por María Estela Martínez de Perón. No obstante, los responsables políticos del momento, empezando por la ex Presidenta de la Nación, no forman parte de la acusación.

La viuda de Perón, que tiene 85 años y vive en Madrid, ni siquiera será citada a declarar, de acuerdo con lo dispuesto por por los integrantes del TOF, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira habían solicitado la imputación de “Isabel”: sostenían que ella había sido cómplice por omisión y, por lo tanto, responsable de todo lo ocurrido en Tucumán bajo el paraguas del Operativo Independencia. Tanto Bejas como los jueces coincidieron en lo contrario: la ex Presidenta, indicaron, no consintió los crímenes. Además, según el TOF, el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al Gobierno constitucional. En el caso de “Isabel”, subrayaron su derecho a no declarar como testigo contra sí misma.

En la querella de la megacausa, al Ministerio Público Fiscal se suman la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismos defensores de los derechos humanos y particulares. Es un universo variopinto. Aparecen, por ejemplo, Rubén Emperador y Fermín Núñez, quienes fueron juzgados y condenados -junto a otros compañeros- por el asesinato de Humberto Viola y de su hija. Ellos militaban en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fueron liberados por la Justicia Federal tras la restauración democrática. Que hayan sido admitidos como querellantes levantó polvareda entre los grupos detractores de los juicios, siempre activos en las redes sociales y hasta aquí decepcionados por la decisión del Gobierno nacional de continuar la política de verdad y justicia establecida durante la década pasada.

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