Por Luis María Ruiz
12 Abril 2016
No es un número que asuste. De hecho, hasta ellos mismos se ríen para no llorar. Hoy por hoy, cada legislador cobra $ 28.000.
La suma puede parecer elevada, si quien lee estas líneas es un jubilado o un trabajador en negro. A la vez, se puede considerar que la remuneración es escueta, teniendo en cuenta que se trata de un selecto cuerpo colegiado cuya misión central es dictar leyes.
¿Cuántos jueces hay con sueldos de más de $ 100.000 y nadie les cuestiona nada?, se preguntan los parlamentarios en la intimidad de sus amplios despachos. Más de uno se escandalizó cuando LA GACETA reveló que el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, reclama más de $ 430.000 por vacaciones no gozadas en 2013, 2014 y 2015.
Pero los números marean. Y la polémica por el uso de los fondos de la Legislatura no se limita a las cifras. De hecho, una de las investigaciones judiciales que mayor preocupación genera en el espejado edificio de Muñecas 951 apunta más a la forma que al contenido.
El fiscal federal Carlos Brito analiza posibles infracciones a la Ley Penal Tributaria. ¿Hubo parlamentarios y funcionarios del Poder Legislativo que utilizaron el cuestionado sistema de “ayudas sociales a personas” con el objetivo de evadir impuestos? La hipótesis les provoca escalofríos a quienes disfrutaron de las mieles de las valijas cargadas con millones en efectivo en el 2015 electoral. Para su tranquilidad, demostrar un eventual perjuicio al fisco no es tarea sencilla.
En ese sentido, uno de los datos clave es que los legisladores sólo perciben en la actualidad por su labor pública $ 28.000. La Constitución provincial -reformada en 2006, bajo la coordinación del actual gobernador, Juan Manzur- establece sin ambigüedades que los miembros de la Cámara sólo cobrarán una dieta, fijada por la Presidencia de la Legislatura.
Hasta donde se sabe, no existe ley provincial ni normativa interna que asimile los fondos de la partida “ayudas sociales a personas” a una remuneración parlamentaria -y, de existir, se trataría de una norma inconstitucional-. Sin embargo, sobran los indicios de un posible uso discrecional de estos supuestos subsidios por parte de legisladores y de funcionarios.
Según explicaron miembros del cuerpo, cada mes les entregan una suma que ronda los $ 100.000 para las “ayudas sociales”, conocidas en la jerga política como “gastos sociales” (el lenguaje, jamás inocente, trocó la palabra “ayudas” por “gastos”). Ellos firman un comprobante interno con el monto global. Por cada auxilio financiero le exigen una factura o recibo de compra al beneficiario, que puede ser una persona física o una institución. Los pedidos van desde anteojos y medicamentos hasta aires acondicionados y pasajes de colectivo. Una vez que reunieron todos los papeles requeridos por el acuerdo N° 2.489/2008 del Tribunal de Cuentas (TC), los parlamentarios remiten una carpeta a Presidencia de la Legislatura. En la Cámara funciona una delegación fiscal del ente de control, que analiza toda la documentación. A cada factura se le estampa un sello con la leyenda “intervenido”, para que no vuelva a ser usada. Por último, se envía la planilla general a la casa central de Tribunal de Cuentas, consignando sólo los montos globales. El detalle de las “ayudas sociales” jamás ha salido del edificio del Poder Legislativo.
El sistema funcionaba como un trencito que iba sin sobresaltos desde la Tesorería de la Cámara hasta el ente de control. Pero el año pasado, el presupuesto para supuestos subsidios fue triplicado: pasó de $ 156 millones a $ 505,6 millones. Con la difusión de la ruta de las valijas, el mecanismo de reparto de “ayudas sociales” entró en crisis. Por eso, un sector del cuerpo colegiado actual reclama con insistencia un nuevo régimen. Para cambiar de camioneta tenemos que hacer malabares contables, relató indignado un representante de la oposición. Si no fuera por los ingresos que obtiene por su actividad privada, agregó el parlamentario, el monto de la dieta lo obligaría a adquirir un plan de cientos de cuotas para renovar el vehículo sin despertar sospechas de la AFIP.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo adoptó varias medidas para tomar distancia del escándalo. Una de ellas es el reparto de los subsidios en actos públicos, que se celebran por lo general en el 8° piso de la Legislatura. Además, inició la rueda de consultas con los jefes de cada bloque político para tratar de blanquear la dieta, algo que no sucederá sino hasta el fin de las paritarias con los estatales. La negociación no es sencilla: así como un sector espera con ansias un nuevo sistema de gastos sociales -aunque esto signifique pagar varios miles en Ganancias-, hay quienes se resisten a cambiar las reglas de juego. No sé dónde hacen política ellos, ¿pero cómo hago yo para ir a mi territorio si se sabe que cobro una dieta de $ 100.000?, planteó un legislador peronista con base en la Capital.
Más allá de las posturas, la mayoría se inclina por un circuito más prolijo. Sobre todo, aquellos que lograron retener la banca en 2015 y hoy sufren la implosión del régimen de “ayudas sociales”. Al costo político de las valijas lo pagamos nosotros, pero es imposible pensar que un legislador ha cobrado $ 1 millón por mes. Ni siquiera nosotros sabemos dónde fue a parar toda esa plata, aseguró en off the record un sobreviviente de la anterior composición legislativa.
La Legislatura de muros espejados -edificio cuyo costo el Poder Ejecutivo se niega a publicitar, aunque la cifra alcanzaría los $ 124 millones- no tiene en agenda una Ley de Acceso a la Información Pública. De regir, el radical Eudoro Aráoz no hubiese tenido que requerirle al fuero contencioso el detalle de las “ayudas sociales” otorgadas entre julio y agosto de 2015 por la anterior gestión.
Pero la cuestión de la transparencia en el uso de los bienes públicos excede lo meramente normativo. Según cuentan en los pasillos de Muñecas 951, la semana pasada hubo que enviar a dos empleados en colectivo hasta Aguilares. La misión era recuperar una camioneta Toyota Hilux blanca del Poder Legislativo que un ex legislador tenía en su poder hacía años. La trajeron de regreso, pero la hallaron derruida. Ante travesuras como esa, no hay sistema de gastos sociales ni ley de información pública que aguante.
La suma puede parecer elevada, si quien lee estas líneas es un jubilado o un trabajador en negro. A la vez, se puede considerar que la remuneración es escueta, teniendo en cuenta que se trata de un selecto cuerpo colegiado cuya misión central es dictar leyes.
¿Cuántos jueces hay con sueldos de más de $ 100.000 y nadie les cuestiona nada?, se preguntan los parlamentarios en la intimidad de sus amplios despachos. Más de uno se escandalizó cuando LA GACETA reveló que el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, reclama más de $ 430.000 por vacaciones no gozadas en 2013, 2014 y 2015.
Pero los números marean. Y la polémica por el uso de los fondos de la Legislatura no se limita a las cifras. De hecho, una de las investigaciones judiciales que mayor preocupación genera en el espejado edificio de Muñecas 951 apunta más a la forma que al contenido.
El fiscal federal Carlos Brito analiza posibles infracciones a la Ley Penal Tributaria. ¿Hubo parlamentarios y funcionarios del Poder Legislativo que utilizaron el cuestionado sistema de “ayudas sociales a personas” con el objetivo de evadir impuestos? La hipótesis les provoca escalofríos a quienes disfrutaron de las mieles de las valijas cargadas con millones en efectivo en el 2015 electoral. Para su tranquilidad, demostrar un eventual perjuicio al fisco no es tarea sencilla.
En ese sentido, uno de los datos clave es que los legisladores sólo perciben en la actualidad por su labor pública $ 28.000. La Constitución provincial -reformada en 2006, bajo la coordinación del actual gobernador, Juan Manzur- establece sin ambigüedades que los miembros de la Cámara sólo cobrarán una dieta, fijada por la Presidencia de la Legislatura.
Hasta donde se sabe, no existe ley provincial ni normativa interna que asimile los fondos de la partida “ayudas sociales a personas” a una remuneración parlamentaria -y, de existir, se trataría de una norma inconstitucional-. Sin embargo, sobran los indicios de un posible uso discrecional de estos supuestos subsidios por parte de legisladores y de funcionarios.
Según explicaron miembros del cuerpo, cada mes les entregan una suma que ronda los $ 100.000 para las “ayudas sociales”, conocidas en la jerga política como “gastos sociales” (el lenguaje, jamás inocente, trocó la palabra “ayudas” por “gastos”). Ellos firman un comprobante interno con el monto global. Por cada auxilio financiero le exigen una factura o recibo de compra al beneficiario, que puede ser una persona física o una institución. Los pedidos van desde anteojos y medicamentos hasta aires acondicionados y pasajes de colectivo. Una vez que reunieron todos los papeles requeridos por el acuerdo N° 2.489/2008 del Tribunal de Cuentas (TC), los parlamentarios remiten una carpeta a Presidencia de la Legislatura. En la Cámara funciona una delegación fiscal del ente de control, que analiza toda la documentación. A cada factura se le estampa un sello con la leyenda “intervenido”, para que no vuelva a ser usada. Por último, se envía la planilla general a la casa central de Tribunal de Cuentas, consignando sólo los montos globales. El detalle de las “ayudas sociales” jamás ha salido del edificio del Poder Legislativo.
El sistema funcionaba como un trencito que iba sin sobresaltos desde la Tesorería de la Cámara hasta el ente de control. Pero el año pasado, el presupuesto para supuestos subsidios fue triplicado: pasó de $ 156 millones a $ 505,6 millones. Con la difusión de la ruta de las valijas, el mecanismo de reparto de “ayudas sociales” entró en crisis. Por eso, un sector del cuerpo colegiado actual reclama con insistencia un nuevo régimen. Para cambiar de camioneta tenemos que hacer malabares contables, relató indignado un representante de la oposición. Si no fuera por los ingresos que obtiene por su actividad privada, agregó el parlamentario, el monto de la dieta lo obligaría a adquirir un plan de cientos de cuotas para renovar el vehículo sin despertar sospechas de la AFIP.
El vicegobernador Osvaldo Jaldo adoptó varias medidas para tomar distancia del escándalo. Una de ellas es el reparto de los subsidios en actos públicos, que se celebran por lo general en el 8° piso de la Legislatura. Además, inició la rueda de consultas con los jefes de cada bloque político para tratar de blanquear la dieta, algo que no sucederá sino hasta el fin de las paritarias con los estatales. La negociación no es sencilla: así como un sector espera con ansias un nuevo sistema de gastos sociales -aunque esto signifique pagar varios miles en Ganancias-, hay quienes se resisten a cambiar las reglas de juego. No sé dónde hacen política ellos, ¿pero cómo hago yo para ir a mi territorio si se sabe que cobro una dieta de $ 100.000?, planteó un legislador peronista con base en la Capital.
Más allá de las posturas, la mayoría se inclina por un circuito más prolijo. Sobre todo, aquellos que lograron retener la banca en 2015 y hoy sufren la implosión del régimen de “ayudas sociales”. Al costo político de las valijas lo pagamos nosotros, pero es imposible pensar que un legislador ha cobrado $ 1 millón por mes. Ni siquiera nosotros sabemos dónde fue a parar toda esa plata, aseguró en off the record un sobreviviente de la anterior composición legislativa.
La Legislatura de muros espejados -edificio cuyo costo el Poder Ejecutivo se niega a publicitar, aunque la cifra alcanzaría los $ 124 millones- no tiene en agenda una Ley de Acceso a la Información Pública. De regir, el radical Eudoro Aráoz no hubiese tenido que requerirle al fuero contencioso el detalle de las “ayudas sociales” otorgadas entre julio y agosto de 2015 por la anterior gestión.
Pero la cuestión de la transparencia en el uso de los bienes públicos excede lo meramente normativo. Según cuentan en los pasillos de Muñecas 951, la semana pasada hubo que enviar a dos empleados en colectivo hasta Aguilares. La misión era recuperar una camioneta Toyota Hilux blanca del Poder Legislativo que un ex legislador tenía en su poder hacía años. La trajeron de regreso, pero la hallaron derruida. Ante travesuras como esa, no hay sistema de gastos sociales ni ley de información pública que aguante.
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