Por Federico Diego van Mameren
10 Abril 2016
La anormalidad normalizada
Las contradicciones entre las proclamas y las acciones han atravesado la semana en todos los órdenes. Sólo se investiga a los gobiernos concluidos; se elogia el acceso a la información y al mismo tiempo se lo restringe; y las intervenciones urbanas van y vienen entre una intendencia y un Concejo.
A la Argentina le cuesta ser normal. Cristina Fernández de Kirchner, imputada por un supuesto lavado de dinero, fue un sacudón. Apenas se conoció el hecho hubo de las más diversas reacciones. Unos festejaron y otros aprovecharon para agredir aún más a la ex presidenta. Tampoco faltaron las teorías conspirativas. Es razonable, porque en el país ningún ciudadano está acostumbrado a que la Justicia actúe. Desde 1983 en adelante –sólo por poner una fecha con razonabilidad- el Poder Judicial ha dado muestras de cuánto le cuesta desempeñarse independientemente del poder político de turno. Por eso cuando esta semana se veía a figuras poderosas derrumbarse como un castillo de naipes, la sensación más sincera era de desconfianza. ¿Hasta dónde los jueces y fiscales están haciendo lo correcto? Los mismos magistrados que estaban sentados sobre los expedientes, ahora los desempolvaban. Algo muy parecido ocurrió con cientos de juicios concernientes a las violaciones a los derechos humanos. Se comenzaron a mover cuando el anterior Poder Ejecutivo dio vía libre para hacerlo. En un país normal lo correcto sería que la Justicia investigue cuando el funcionario está en el poder, no cuando ya no es lo que era. Una excepción que confirma la regla sería el fiscal federal Federico Delgado, quien imputó al Presidente de la Nación por figurar en una cuenta bancaria “offshore”, según el estallido de los “Papeles de Panamá”. No hubo presiones, no hubo amenazas, no hubo agresiones, no hubo histerias. Tal vez sea un síntoma de normalidad. Tal vez sea una pócima de confianza en la realidad.
La desconfianza no es una reacción espasmódica. Cuando Carlos Menem se sentó en el sillón de Rivadavia y aumentó el número de miembros de la Corte sonó como si fuera algo necesario para doblegar a una corte alfonsinista. Cuando llegó Néstor Kirchner comenzó una sana depuración –uno de los protagonistas fue el fallecido diputado nacional José Ricardo Falú- de los jueces de la mayoría automática del menemismo. Durante el gobierno K hubo una verdadera tensión donde se habló del partido judicial y donde había magistrados con camisetas políticas y no la independencia que espera el ciudadano. Ahora, apenas asumió el nuevo gobierno, da la sensación de que hubiera otros miembros en el Poder Judicial porque avanzan causas que antes estaban paralizadas. Es difícil tener esperanza con esos recuerdos.
Haz lo que hago, no lo que digo
Esta semana Mauricio Macri anunció el envío al Congreso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta norma buscará que la ciudadanía pueda llegar a conocer gastos, datos, documentos y registros de determinados funcionarios. No pasaron ni 24 horas de esta manifestación del Presidente de la Nación y el Secretario General de la Gobernación de Tucumán ya había expresado a la radio LV12 que Tucumán quería sumarse a “esta línea de trabajo que implementó el gobierno de Mauricio Macri”. Pablo Yedlin, quien aclaró que la instrucción “que recibimos del gobernador Juan Manzur es trabajar desde el área de modernización del Estado en un formato que sea ágil y dinámico y así cualquiera pueda acceder a la información”, cree que esta iniciativa de acceso a al información pública “es la posibilidad de que un ciudadano pueda ingresar a las páginas del Gobierno y consultar” diversos temas. Indudablemente, en el Poder Ejecutivo de la Provincia o alguien miente, o simplemente se quiere quedar bien con el Gobierno nacional (durante el gobierno alperovichista fueron expertos “sinestoristas” y “sicristinistas”) o es tal el desorden que no hay políticas de Estado. Hace muy pocos días el Poder Ejecutivo, el mismo del que forman parte Yedlin y Manzur, apeló un fallo de los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek que ordenaron al Gobierno provincial que dé a conocer los qué, los cómo y los porqué de los gastos que se hicieron para construir el vidriado edificio de la Legislatura. ¿Cuáles son las verdaderas órdenes del gobernador? Dar a conocer los datos que requiere el ciudadano, como implicaría una ley; o no darlos, como indica la apelación al fallo sobre la construcción del edificio de la Cámara, que recayó casi exclusivamente en Manzur cuando era vice de la gestión alperovichista.
Yedlin se subió al tren nacional, como solía hacerlo su anterior jefe. No importaba ni lo que pensaba. Si Cristina o Néstor lo decían había que hacerlo, incluso sacarle la silla a un amigo, sin importarle el porrazo, como hizo José Alperovich con su ex fiscal de Estado Francisco Sassi Colombres, quien este viernes departía amablemente con el ex ministro de Economía en la esquina de Mendoza y 25 de Mayo.
Yedlin no sabía -Manzur tampoco- cómo sería la Ley Nacional de acceso a la información pública y sin embargo adelantó su beneplácito. Podría traerle problemas esa norma tanto a su ex mandatario como al actual. Ya está claro que hay temas que no quiere mostrar ni hablar el Poder Ejecutivo. Alperovich mismo debe tener varios tópicos que prefiere que no se difundan. Aún hoy su palabra oír se deja. En Canal 10, cuando se sugirieron cambios, tronó el “José no quiere” y nada se cambió. Para el macrismo, la revisión de hechos pasados en la administración pública nacional no preocupa en lo más mínimo, pero en la provincia de Tucumán ocurre todo lo contrario y el secretario general de la Gobernación pisó el palito.
El sistema republicano se sostiene a sí mismo en la publicidad de los actos de gobierno. Sólo quedan bajo reserva aquellos que por seguridad pondrían en riesgo vidas. Eso sería lo normal. Es evidente que eso hace tiempo que no ocurre. Porque no haría falta una ley de Información Pública. Los funcionarios podrían, sin declarar su beneplácito ni nada, dar informes periódicos de sus acciones y gastos. La ley de acceso a la información pública es en realidad una defensa para el ciudadano al que sí le niegan datos, o una garantía legal de que recibirá la documentación que solicita. ¿Por qué un funcionario oculta información? Entre múltiples razones figura la necesidad de no dar a conocer la discrecionalidad que, por lo general, no se ajusta a una lógica y que podría llegar a ser la punta del ovillo de temas referidos a la corrupción.
Piquete y ajuar
El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, ha decidido dar el “sí” en su vida, pero tiene una carpeta para dar el “no” en algunas obras. Su luna de miel es posible que no sea tan dulce después de que llegara al Concejo Deliberante el dictamen por el cual el lord mayor tendrá que agarrar la piqueta para destruir el piso superior de la obra que construyó nada menos que el hermano del ex gobernador. Una vez más lo normal es lo más difícil para el ciudadano. Es sorprendente que la obra haya avanzado como lo hizo si no estaba en regla y, en todo caso, si lo estaba, ¿cómo es que ahora la piqueta tiene la palabra demoledora? El informe de Planeamiento Urbano de la Municipalidad es lapidario. Ahora que es un hombre desposado, Campero llegó anoche al altar y como despedida de soltero les dejó el problema a los ediles, que tendrán que decidir si avanzan con la extinción la terraza del edificio del pariente del ex mandatario. El intendente apuntó a dejar mal parada a la anterior gestión y a demostrar que ni los poderes ni los apellidos con prosapia poderosa lo asustan. Hace pocos días Campero tuvo un entredicho con el Concejo, que le pidió intervención en las urbanizaciones. Hasta lo hicieron quedar en ridículo porque era algo en lo que él insistía cuando era concejal y ahora, siendo titular del Departamento Ejecutivo, pensaba diferente. Campero devolvió las atenciones enviándoles esta brasa.
Temblores
Inevitablemente los terremotos nacionales dejan temblores en las provincias. La movida del ahora envalentonado Poder Judicial causa preocupación en la vida tucumana donde el gobernador, aunque sonría y diga que nada tiene que ver, está imputado por compras supuestamente irregulares en el plan Qunita. Ese es un dolor de cabeza tal que ni las poderosas compañías que tuvo en Las Bahamas le sirvieron de analgésico. Tampoco pasan las turbulencias en la Justicia provincial; sin embargo la Corte va logrando homogeneizar su funcionamiento. Mientras dialoga con los poderes políticos y avanza en reformas profundas en el proceso Penal y en el Civil, se acuerda que la presidencia del alto tribunal termine siendo rotativa. En el ministerio público fiscal, que gobierna Edmundo Jiménez, las aguas bajan calmas pero hay anuncios de tormenta. El ex legislador Roberto Robles, que provocó el fallo para que se informe sobre los gastos del edificio de la Legislatura, ahora anunció que sus cañones irían contra el titular del ministerio fiscal.
La desconfianza no es una reacción espasmódica. Cuando Carlos Menem se sentó en el sillón de Rivadavia y aumentó el número de miembros de la Corte sonó como si fuera algo necesario para doblegar a una corte alfonsinista. Cuando llegó Néstor Kirchner comenzó una sana depuración –uno de los protagonistas fue el fallecido diputado nacional José Ricardo Falú- de los jueces de la mayoría automática del menemismo. Durante el gobierno K hubo una verdadera tensión donde se habló del partido judicial y donde había magistrados con camisetas políticas y no la independencia que espera el ciudadano. Ahora, apenas asumió el nuevo gobierno, da la sensación de que hubiera otros miembros en el Poder Judicial porque avanzan causas que antes estaban paralizadas. Es difícil tener esperanza con esos recuerdos.
Haz lo que hago, no lo que digo
Esta semana Mauricio Macri anunció el envío al Congreso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta norma buscará que la ciudadanía pueda llegar a conocer gastos, datos, documentos y registros de determinados funcionarios. No pasaron ni 24 horas de esta manifestación del Presidente de la Nación y el Secretario General de la Gobernación de Tucumán ya había expresado a la radio LV12 que Tucumán quería sumarse a “esta línea de trabajo que implementó el gobierno de Mauricio Macri”. Pablo Yedlin, quien aclaró que la instrucción “que recibimos del gobernador Juan Manzur es trabajar desde el área de modernización del Estado en un formato que sea ágil y dinámico y así cualquiera pueda acceder a la información”, cree que esta iniciativa de acceso a al información pública “es la posibilidad de que un ciudadano pueda ingresar a las páginas del Gobierno y consultar” diversos temas. Indudablemente, en el Poder Ejecutivo de la Provincia o alguien miente, o simplemente se quiere quedar bien con el Gobierno nacional (durante el gobierno alperovichista fueron expertos “sinestoristas” y “sicristinistas”) o es tal el desorden que no hay políticas de Estado. Hace muy pocos días el Poder Ejecutivo, el mismo del que forman parte Yedlin y Manzur, apeló un fallo de los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek que ordenaron al Gobierno provincial que dé a conocer los qué, los cómo y los porqué de los gastos que se hicieron para construir el vidriado edificio de la Legislatura. ¿Cuáles son las verdaderas órdenes del gobernador? Dar a conocer los datos que requiere el ciudadano, como implicaría una ley; o no darlos, como indica la apelación al fallo sobre la construcción del edificio de la Cámara, que recayó casi exclusivamente en Manzur cuando era vice de la gestión alperovichista.
Yedlin se subió al tren nacional, como solía hacerlo su anterior jefe. No importaba ni lo que pensaba. Si Cristina o Néstor lo decían había que hacerlo, incluso sacarle la silla a un amigo, sin importarle el porrazo, como hizo José Alperovich con su ex fiscal de Estado Francisco Sassi Colombres, quien este viernes departía amablemente con el ex ministro de Economía en la esquina de Mendoza y 25 de Mayo.
Yedlin no sabía -Manzur tampoco- cómo sería la Ley Nacional de acceso a la información pública y sin embargo adelantó su beneplácito. Podría traerle problemas esa norma tanto a su ex mandatario como al actual. Ya está claro que hay temas que no quiere mostrar ni hablar el Poder Ejecutivo. Alperovich mismo debe tener varios tópicos que prefiere que no se difundan. Aún hoy su palabra oír se deja. En Canal 10, cuando se sugirieron cambios, tronó el “José no quiere” y nada se cambió. Para el macrismo, la revisión de hechos pasados en la administración pública nacional no preocupa en lo más mínimo, pero en la provincia de Tucumán ocurre todo lo contrario y el secretario general de la Gobernación pisó el palito.
El sistema republicano se sostiene a sí mismo en la publicidad de los actos de gobierno. Sólo quedan bajo reserva aquellos que por seguridad pondrían en riesgo vidas. Eso sería lo normal. Es evidente que eso hace tiempo que no ocurre. Porque no haría falta una ley de Información Pública. Los funcionarios podrían, sin declarar su beneplácito ni nada, dar informes periódicos de sus acciones y gastos. La ley de acceso a la información pública es en realidad una defensa para el ciudadano al que sí le niegan datos, o una garantía legal de que recibirá la documentación que solicita. ¿Por qué un funcionario oculta información? Entre múltiples razones figura la necesidad de no dar a conocer la discrecionalidad que, por lo general, no se ajusta a una lógica y que podría llegar a ser la punta del ovillo de temas referidos a la corrupción.
Piquete y ajuar
El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, ha decidido dar el “sí” en su vida, pero tiene una carpeta para dar el “no” en algunas obras. Su luna de miel es posible que no sea tan dulce después de que llegara al Concejo Deliberante el dictamen por el cual el lord mayor tendrá que agarrar la piqueta para destruir el piso superior de la obra que construyó nada menos que el hermano del ex gobernador. Una vez más lo normal es lo más difícil para el ciudadano. Es sorprendente que la obra haya avanzado como lo hizo si no estaba en regla y, en todo caso, si lo estaba, ¿cómo es que ahora la piqueta tiene la palabra demoledora? El informe de Planeamiento Urbano de la Municipalidad es lapidario. Ahora que es un hombre desposado, Campero llegó anoche al altar y como despedida de soltero les dejó el problema a los ediles, que tendrán que decidir si avanzan con la extinción la terraza del edificio del pariente del ex mandatario. El intendente apuntó a dejar mal parada a la anterior gestión y a demostrar que ni los poderes ni los apellidos con prosapia poderosa lo asustan. Hace pocos días Campero tuvo un entredicho con el Concejo, que le pidió intervención en las urbanizaciones. Hasta lo hicieron quedar en ridículo porque era algo en lo que él insistía cuando era concejal y ahora, siendo titular del Departamento Ejecutivo, pensaba diferente. Campero devolvió las atenciones enviándoles esta brasa.
Temblores
Inevitablemente los terremotos nacionales dejan temblores en las provincias. La movida del ahora envalentonado Poder Judicial causa preocupación en la vida tucumana donde el gobernador, aunque sonría y diga que nada tiene que ver, está imputado por compras supuestamente irregulares en el plan Qunita. Ese es un dolor de cabeza tal que ni las poderosas compañías que tuvo en Las Bahamas le sirvieron de analgésico. Tampoco pasan las turbulencias en la Justicia provincial; sin embargo la Corte va logrando homogeneizar su funcionamiento. Mientras dialoga con los poderes políticos y avanza en reformas profundas en el proceso Penal y en el Civil, se acuerda que la presidencia del alto tribunal termine siendo rotativa. En el ministerio público fiscal, que gobierna Edmundo Jiménez, las aguas bajan calmas pero hay anuncios de tormenta. El ex legislador Roberto Robles, que provocó el fallo para que se informe sobre los gastos del edificio de la Legislatura, ahora anunció que sus cañones irían contra el titular del ministerio fiscal.
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