Seguí: “la queja carece de fundamentos”

Seguí: “la queja carece de fundamentos”

La decana de Derecho (UNT) dijo que eligieron profesores titulares como jurados del CAM

08 Abril 2016
Si bien dijo que desconocía la impugnación articulada por el docente Daniel Moeremans, la decana Adela Seguí defendió el listado de jurados académicos que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán remitió al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). “Aunque sólo tengo rumores, seguro que la queja (de Moeremans) carece de fundamentos”, afirmó ayer la funcionaria a propósito de una consulta de este diario.

Seguí manifestó que la selección de profesores para que evalúen a los aspirantes a jueces en el ámbito de los concursos públicos no podía incluir un número ilimitado de docentes. “Nos ajustamos a una cantidad aproximada a 20 docentes, según las sugerencias realizadas por el CAM”, explicó. La lista enviada el 26 de febrero incluye 15 nombres con sus respectivas especialidades; entre ellos están la vicedecana María Yolanda Tejerizo (Derecho de Familia y Sucesiones, del Trabajo y de la Seguridad Social); la secretaria académica María Cristina Grunauer de Falú (Derecho Comercial, Transporte, Tránsito y Derecho Administrativo); el ex decano José Luis Vázquez y el ex vicedecano Miguel Marcotullio (ambos de Concursos y Privilegios). A partir de esta semana, los jurados del CAM percibirán una retribución de entre $ 6.500 y $ 13.000 (ver notas relacionadas en esta edición).

Seguí dijo que la restricción de 20 nombres la obligó a fijar un criterio para elaborar la lista: “este fue el de mandar (como evaluadores) a los profesores titulares o a los encargados de las cátedras según las especialidades”. Y especificó: “en la cátedra de Moeremans (Contratos) fue propuesto el titular, Ernesto Clemente Wayar”.

Una semana antes de la impugnación a la nómina de Derecho (planteo inédito en la breve pero prolífica historia del CAM), el Colegio de Abogados de la Capital había expresado que si el Consejo resolvía asignar un honorario a los jurados que proponen las consignas y corrigen los exámenes de los aspirantes a jueces -tarea que hasta este martes era ejercida sin contraprestación económica-, las listas respectivas de evaluadores debían ser integradas mediante procedimientos transparentes que asegurasen la objetividad y la imparcialidad.

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