La corrupción y los gastos sociales
Es la tormenta perfecta. Las crisis en las instituciones configuran la imagen de esos fenómenos naturales en los que todo conspira para que sean lo más nocivos posible. El combo incluye homicidios, robos, arrebatos, secuestro y violencia generalizada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente, conflictos diversos que alejan de la casualidad a la decena de homicidios que se produjeron en cada uno de los tres primeros meses del año. La Justicia atraviesa en su fuero más cercano al control de los delitos violentos (el Penal) una crisis casi sin precedentes. El ministro Fiscal y el presidente de la Corte están compenetrados en una batalla que ocupa gran parte de su tiempo o de su cabeza o de ambas cosas. Se lanzan con munición gruesa y, de una u otra forma, afectan el funcionamiento del fuero que debe monitorear qué pasa con los presuntos homicidas o ladrones o estafadores o violadores o violentos en general. En ese desorden, hasta los empleados judiciales, a través de su gremio, manifestaron que viven días de tensión por el juego de tronos de sus superiores.

Al desbarajuste en ese poder se suma lo que acontece en el Poder Ejecutivo, donde la conducción del área de Seguridad está en duda. El ministro Regino Amado no parece ni preparado ni compenetrado con la temática como para hacer frente a la tremenda ola de inseguridad que sacude a Tucumán. Al menos uno de los posibles funcionarios que se pretendería sumar al Gabinete para que se ocupe de la problemática confesó entre su gente de confianza que su negativa se debió, principalmente, a que le resultaba complicado trabajar al lado de un hombre al que la cuestión parece resultarle indiferente. Paul Hofer lucha para seguir en el cargo de secretario y lo hace defendiendo a capa y espada el trabajo que viene desarrollando. Sin embargo, el serrucho que traza un círculo en el piso de su despacho es empuñado por sus propios vecinos de la Casa de Gobierno. Hay varios que se anotan para ocupar el puesto. Uno de ellos es el legislador Marcelo Caponio, que sacó pecho ante la adversidad y afirmó tener la fórmula para frenar la ola delictiva. Su lobby para volver al Palacio Gubernamental comenzó en la Legislatura y se expandió hacia el primer piso de la casona que hoy domina Juan Manzur. Por ahora lo frenaron en seco, pero su postulación no fue del todo descartada. Las rencillas internas en el Gabinete proliferan y suman rayos y centellas al vendaval de delitos. La Policía, nerviosa por la sucesión de cambios e incómoda desde siempre con Hofer (que, vale decirlo, cortó circuitos nocivos y malas prácticas enquistadas en la fuerza) juega fuerte y busca sacar provecho en medio del caos. Las internas entre comisarios ya le costaron el puesto a dos importantes jefes, mientras proliferan rumores y cadenas de whatsapp que involucran a la propia Policía en el mal momento en materia de seguridad que atraviesa la provincia. Hasta se menciona que integrantes de la fuerza aprovechan las rencillas políticas en los poderes del Estado para obtener mejoras salariales. A río revuelto, la ganancia es de los delincuentes.

Preguntas incómodas

Una afirmación y un hecho dejaron la puerta abierta para una serie de inquisitorias sobre el accionar de nuestros representantes. “Me molesta cuando se dice que sólo los políticos son corruptos; la gente también lo es. Hay personas que reciben las casas y las quieren vender. No está bien. Aquí vienen, reciben la vivienda y dicen ‘qué divino, gracias’. Después nos enteramos que las ponen en venta”, dijo Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Durán tiene razón, pero ¿desde dónde y por qué surge y prolifera la corrupción? ¿Cómo requerir a los eslabones más bajos de la cadena social que no incurran en acciones ilícitas si los más fuertes encabezan ese tipo de actos? ¿El Estado, en todas sus instancias, no debería empeñarse en transparentar sus actos, hacer públicas sus compras y licitaciones; permitir que cualquiera acceda a conocer cómo y en qué se gastan los recursos públicos, incentivar el blanqueo de sus ingresos y no pagar a los empleados del Estado gran parte de su salario en negro? Si no se empieza de arriba será mucho más difícil y traumático que la corrupción se borre desde abajo hacia la cima.

El hecho que debería haber generado un revuelo es el blanqueo de los gastos reservados de funcionarios y concejales de la Municipalidad de Bella Vista. Allí ya no tienen lo que vendría a ser el equivalente a los “gastos sociales” de los legisladores. Por ordenanza ese ítem desapareció y, en cambio, se blanqueó el ingreso. De esa forma, el salario de funcionarios y ediles se incrementó un 100%. Si bien el gremio municipal puso el grito en el cielo por tremendo aumento salarial, lo que prevalece de esa acción política es que se clarificó lo que gana, por ejemplo, un concejal. Ningún otro municipio y mucho menos el Poder Legislativo puede jactarse de ello. ¿Será que a los legisladores le daría vergüenza admitir que sus salarios subirían, como mínimo, un 400% si sale a la luz lo que reciben por “gastos”? ¿Será que es mucho más que eso? ¿Será que ya no podrá ser discrecional la distribución de esos recursos? ¿Será que ya no podrá utilizarse la caja de los “gastos sociales” para premiar o castigar la conducta de los parlamentarios según los intereses del oficialismo de turno? ¿Será que ya nadie podrá utilizar parte de esos fondos para fines más bien electorales que “sociales? ¿Será que es más conveniente estar, cada tanto, en boca de la sociedad por recibir o distribuir dinero de manera poco clara que resignar esos recursos?

En Bella Vista mostraron que es posible hacerlo y hasta quizás dejaron en claro que en algún momento debe darse el debate sobre cuánto realmente debe cobrar un representante del pueblo por ejercer esa función. Quizás sea mucho más que el par de diezmiles que aparecen en su boleta salarial.

Pero, como en la disyuntiva sobre si está primero el huevo o la gallina, tanto en la corrupción como en el uso discrecional de recursos públicos, es mejor sembrar la duda y el debate sin sentido que obligar a todos a vivir con la certeza de lo correcto.

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