¿Hasta dónde dialoga Tucumán?
El gobernador Juan Manzur cumplió ayer con una de sus primeras promesas como jefe del PE: llevó a la Legislatura las conclusiones del programa “Tucumán Dialoga”. La idea de la Casa de Gobierno es reformar el archicuestionado sistema político local. Y desterrar de paso el fantasma de la ilegitimidad que quedó merodeando como consecuencia de la resonante denuncia por fraude electoral del radical José Cano y del peronista Domingo Amaya, ambos devenidos en funcionarios macristas, quizás ayudados por aquella demanda.

Más de 90 organizaciones participaron del “Tucumán Dialoga”, afirmó ayer Manzur en el hall de la Cámara. El peso específico de este aporte pasó a ser relativo una vez que traspasó las puertas del espejado edificio legislativo. Ahora es cuando comienza el verdadero debate. Porque la reforma política dependerá, en definitiva, de los miembros del cuerpo colegiado. ¿Alcanza con modificar las leyes electorales? ¿Será necesario convocar a una reforma constitucional? El final es tan abierto que no tiene siquiera una fecha estimada, admitió ayer el vicegobernador Osvaldo Jaldo, titular de la Cámara. Para colmo, la Casa Rosada impulsa una reforma electoral a nivel nacional, y podría tener repercusión directa en la tucumana.

Será importante además conocer hasta qué nivel está dispuesta la dirigencia política a institucionalizar el diálogo con la ciudadanía, dinámica que se nutre sobre todo de la publicidad de los actos de gobierno. La Legislatura, en ese sentido, está muy lejos del Senado de la Nación. Hoy, salvo para los miembros del cuerpo colegiado, es imposible acceder a los proyectos de ley que pasan por mesa de entradas, algo básico para conocer la labor parlamentaria. Incluso, los electores no tienen acceso a las actas de las sesiones. Tampoco se difunde un registro sobre cómo votó cada representante del pueblo; mucho menos sobre las asistencias y faltas al recinto en los días de debate.

El Senado, cumpliendo con el deber de comunicar sus acciones, difunde la mayoría de esos datos. También las designaciones del personal que responde a cada senador. Gracias a esa política, por ejemplo, se supo que al menos tres autoridades de la anterior conformación legislativa tenían parientes nombrados bajo el ala del ex senador alperovichista Sergio Mansilla, cuya gestión concluyó en diciembre. Más allá de que cesaron sus contratos -en algunos casos en 2009-, pasaron por ese despacho: Silvana Amado, hija del ex titular subrogante de la Cámara y actual ministro de Gobierno, Regino Amado; Margarita Susana Moreno, Gustavo Ruiz Moreno y Matías Ruiz Moreno, esposa e hijos del ex secretario de la Legislatura, Juan Ruiz Olivares, hoy legislador oficialista; y Margarita Criado, esposa del actual secretario y ex tesorero, Claudio Pérez, cuyo paso por el despacho del ex senador fue fugaz. El abogado Oscar López, del peronismo disidente, sostiene que no se trató sólo de una cuestión de confianza. Si la Corte Suprema le da el visto bueno a la objetada reelección de Mansilla, el dirigente ultraalperovichista se reencontrará con algunas caras conocidas en el recinto.

Esquivos

Conocer quiénes fueron los beneficiarios de más de $ 500 millones de la partida “ayudas sociales a personas” de la Legislatura luce como un misterio de difícil resolución. De hecho, el oficialismo y la oposición esquivan el diálogo sobre el asunto (el macrista Luis Brodersen puede dar fe de ello). Aunque el Tribunal de Cuentas dé por rendidas todas esas erogaciones, el detalle de los supuestos subsidios sigue en los cajones de la Legislatura. ¿Dilucidará el asunto la Justicia? La última vez que el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila habló sobre la causa advirtió que trasladar dinero en valijas no era delito. Y el juez federal Daniel Bejas está a punto de declarar la incompetencia de ese fuero para investigar un delito contra la Administración Pública debido al origen de los fondos, tal como lo había aconsejado el fiscal federal Pablo Camuña.

Ayer, tras el acto en la Cámara, LA GACETA le preguntó a Manzur si la apertura al diálogo implicará la revisión de cuestiones del pasado reciente, como el notorio incremento del presupuesto legislativo de 2014 a 2015. “Está abierto el diálogo para todos”, dijo el gobernador, sin dar detalles en su respuesta sobre el salto de $ 860 millones de 2014 a unos $ 1.500 millones anuales en el 2015 electoral.

Dos potencias no se saludan

Si algo le está costando por estas horas a diferentes sectores de la oposición es el diálogo. La Unión Cívica Radical (UCR), detrás del funcionario macrista Cano, tiene a grandes rasgos dos columnas: una alineada detrás de la senadora Silvia Elías de Pérez, que integra la mesa nacional del partido; y otra detrás el vicepresidente 2° de la Legislatura, Ariel García, vicepresidente de la UCR local. Elías de Pérez y García fueron alguna vez colegas de bancada. Hoy tienen cada vez menos coincidencias. Van tres ejemplos recientes. 1) La radical había presentado un proyecto para que se impulsara un billete del Bicentenario en la Cámara Alta. Hace algunas semanas, García -en un trabajo conjunto con el alperovichista Marcelo Ditinis- logró la sanción de una ley y la creación de un concurso público con idéntico objetivo. 2) El mes pasado, los legisladores afines a Elías de Pérez (José Canelada, Eudoro Aráoz y Adela Estofán) se abstuvieron de votar en la elección de Defensor del Pueblo y evidenciaron la interna. García, en tanto, logró que una ex asesora suya, Lía López, fuera nombrada adjunta del peronista Fernando Juri Debo. 3) Esta semana, Canelada, Aráoz y Estofán instaron a García y a los dos “correligionarios” más cercanos a él, Raúl Albarracín y Fernando Valdez, a firmar el proyecto para declarar la emergencia en seguridad en la provincia. El trío se negó; según trascendió, manejaría otras iniciativas en esa materia. Lo paradójico: los legisladores afines a Elías de Pérez sí consiguieron el apoyo de cuatro peronistas disidentes y de dos macristas.

Tucumán dialoga. Ahora, resta ver hasta dónde está dispuesta la dirigencia a abrir ese diálogo.

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