Por Roberto Delgado
26 Marzo 2016
El 2 de enero de 2008, Juan Alberto Cerisola, entoces rector de la UNT, hizo un poderoso nudo gordiano al declarar extinguida la necesidad de concluir la Ciudad Universitaria y disminuir del 40% al 20% el porcentaje de fondos que recibía la universidad por regalías mineras de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Ese otro 20% pasó a otras 40 universidades argentinas. El manejo que el ex rector hizo de los aproximadamente $350 millones de pesos que recibió la UNT de la minería entre 2006 y 2009 (para hacer la Ciudad Universitaria) está siendo investigado por la Justicia desde 2009, a través de dos escandalosas causas llamadas “Eudal” y “Sigen”. Por ello, deberán declarar, ante el juez federal Fernando Poviña, entre el 9 y el 13 de abril, Cerisola; el ex subsecretario de Políticas Administrativas, Luis Sacca; su directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani; el ex sceretario Administrativo, Juan Carlos Reimundín; el inspector de obra Horacio Lobo y el director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino. En el Consejo Superior se intenta destrabar este nudo gordiano, pero la empresa, aunque parece sencilla y lógica (acusan al ex rector de irregularidades en las obras universitarias, crear un mecanismo paralelo para eludir procedimientos contractuales, pagar sobreprecios, eludir controles y no dar cuenta de lo sucedido con los intereses de los plazos fijos), es una tarea titánica. En 2010 se formó una comisión en el Consejo para investigar esto pero ese mismo año se disolvió (Cerisola aún era rector) y desde septiembre del año pasado se intenta, por un lado, que la UNT sea querellante en estas causas judiciales y, por otro, que se negocie con YMAD para que se acepte que ese acuerdo de 2008 es nulo, y con las otras universidades (a través del CIN) para que se reconozca que no les corresponde seguir recibiendo ese 20% de utilidades que perciben desde hace ocho años.
El martes pasado hubo un revoltijo en el Consejo Superior, cuyos integrantes le reclaman a la rectora, Alicia Bardón, que ha dejado vencer el plazo de 120 días (a partir de septiembre) para constituir una comisión que negocie con YMAD y con el CIN sobre estos temas. Hace una semana vino de visita al rectorado el nuevo presidente de YMAD, Santiago Albarracín, quien dijo que “no sabía nada” de las escandalosas causas judiciales vinculadas con YMAD, que revuelven las entrañas de la universidad desde hace más de un lustro, y que tampoco sabía que el Consejo Superior había declarado nulo el acuerdo de 2008. Como no se había formado la comisión para informar, el martes pasado fue integrada también con forceps y tensiones. Y el martes que viene se debatirá un informe de un estudio de abogados de Buenos Aires al cual se le pidió opinión acerca de si la UNT debía constituirse en querellante. Hubo un fuerte cruce entre rectora y la decana de Derecho, Adela Seguí, quien reclamó que es escandalosa la dilación que tiene este asunto con Cerisola. Recordemos que Bardón fue su vicerrectora, y, ya rectora, en junio de 2014 lo nombró provisoriamente, por decreto, director de YMAD. Nombramiento que se intentó voltear (sin éxito: YMAD se opuso y nada se pudo hacer) y que vence en pocas semanas más. ¿Lo elegirá de nuevo?
El nudo sigue firmemente atado. Cerisola hizo saber a través de su abogada, Silvia Peyracchia, que está “ansioso” por declarar y defenderse. Sacca rechazó cualquier imputación posible y dijo que todo se hizo en base a normas de control internas y externas. Lo cierto es que el juez Poviña está en la antesala de la causa que, en caso de ir a juicio, será jugosísima, si se atienden los detalles de la compleja pesquisa que hizo el fiscal federal Carlos Brito. Además de investigar presuntas irregularidades en 18 obras encaradas por construcciones universitarias -proceso en el cual Cerisola hizo que el área de Olga Cudmani dependiera directamente de él- se analizó especialmente lo sucedido con la ampliación de la Facultad de Derecho y la reconstrucción del anfiteatro que se derrumbó en Filosofía y Letras. “Los contratos fueron asignados arbitrariamente. No hubo transparencia en los procedimientos y se eludió todo mecanismo diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de la razonabilidad, la eficiencia, la transparencia, la publicidad y la responsabilidad”, djo Brito. Por ejemplo, la empresa Beton SRL que hizo la remodelación de Derecho pidió que se le pague $217.800 por 19 meses de alquiler de una cochera por calle Laprida y la Universidad, sin dar razones, decidió pagarle por 26 meses y un 37% más. En la obra de Filosofía y Letras, “sin que se justifique, se autoriza, mediante una simple indicación manuscrita, a que la directora de Construcciones... llame a licitación privada sin presupuesto previo, sin conocer el monto que insumirá la obra”.
La causa ambiental duerme
La Justicia federal parece haber comenzado a moverse en este escándalo. Sin embargo, el denunciante de esta causa, Ramón Eudal, acaba de advertir que esta diligencia de la Justicia es una “cortina de humo para ocultar el verdadero problema”, que es la denuncia por contaminación que hizo contra la Minera Alumbrera (carta de lectores “La causa YMAD-UNT”, 21/3), que “duerme en los cajones de la Justicia Federal”. Efectivamente, esta causa se vincula con la que hizo hace 15 años el ex director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien afirma que la minera no tiene certificado de aptitud ambiental definitivo ni en el electroducto, ni en el mineraloducto, ni en la planta de filtrado y secado de Ranchillos; y ha planteado dudas sobre el volcado de efluentes en el río Salí. El que empujó las investigaciones ha sido el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, a raíz de lo cual fue procesado en 2008 el ex directivo de la minera Julián Rooney. Este fue citado por Poviña a declarar, hace unos días, ocho años después del procesamiento, junto a Raúl Mentz y Michael Holmes. La empresa minera dijo (LA GACETA, 2/3) que cumplió con los requerimientos de las leyes y que tanto la UNT como la universidad de Santiago del Estero “han realizado durante años monitoreos externos sobre la calidad del agua de descarga y en el medio receptor y los resultados están en línea con las exigencias de la legislación de Tucumán”.
Pero a la minera la ensombrece la mancha de su actividad a cielo abierto, que genera controversias en todas partes y pánico por las consecuencias de la falta de control (actualmente conmociona el escándalo por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en el complejo Veladero de San Juan). Ni siquiera los informes universitarios acallan los miedos, porque tanto la UNT como la de Santiago han recibido las regalías. De las 40 casas de altos estudios del país, sólo se opusieron a recibir dinero de la minería las universidades de Córdoba, de Río Cuarto y de Luján (Página/12, 19/12/09), y una quincena de facultades en el país. La universidad tucumana quedó fuera de la posibilidad de ser independiente en esta cuestión hace muchísimos años. Y el fiscal Gómez, que ha dicho que en el Norte “hay delito ambiental para hacer dulce” (La Nación, 11/3/12) sostiene que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y que por lo general es el propio Estado el que presiona contra las investigaciones. En su opinión, sólo se puede vencer la impunidad cuando es el mismo Estado el que toma la decisión o bien con fuerte participación popular. Si no, la Justicia va boyando sin resolver, sin condenar ni absolver, como ha ocurrido en esta causa, que Eudal señala como la madre de todas.
Dilemas kantianos
El Consejo Superior también está boyando. El martes va a debatir si la UNT se constituirá en querellante, no sólo por el escándalo de las irregularidades en las obras, sino porque -como se señaló el martes pasado- en la investigación administrativa que hizo la misma UNT sobre el manejo de la plata de la minería se ha detectado que hay mucho daño patrimonial. Pero se trata de varios dilemas kantianos. Uno -el de la ética para hacer obras con fondos cuyo origen ha sido cuestionado- ya fue superado el día en que se empezó a recibir ese dinero. Otro es cómo se podría encarar ser querellante en las causas judiciales, siendo que varios sectores de la misma universidad han sido parte en esas presuntas irregularidades. Otro, cómo convencer a las otras universidades de que no les correspondía aún recibir ese dinero. Y todo esto ocurre ahora, cuando ya ha comenzado a discutirse el fin de mina: La Alumbrera ya está preparando las valijas para irse a otra parte, todo lo cual le da tintes absurdos a esta pelea del Consejo Superior: es que el nudo gordiano no se deja desatar por ningún lado.
El martes pasado hubo un revoltijo en el Consejo Superior, cuyos integrantes le reclaman a la rectora, Alicia Bardón, que ha dejado vencer el plazo de 120 días (a partir de septiembre) para constituir una comisión que negocie con YMAD y con el CIN sobre estos temas. Hace una semana vino de visita al rectorado el nuevo presidente de YMAD, Santiago Albarracín, quien dijo que “no sabía nada” de las escandalosas causas judiciales vinculadas con YMAD, que revuelven las entrañas de la universidad desde hace más de un lustro, y que tampoco sabía que el Consejo Superior había declarado nulo el acuerdo de 2008. Como no se había formado la comisión para informar, el martes pasado fue integrada también con forceps y tensiones. Y el martes que viene se debatirá un informe de un estudio de abogados de Buenos Aires al cual se le pidió opinión acerca de si la UNT debía constituirse en querellante. Hubo un fuerte cruce entre rectora y la decana de Derecho, Adela Seguí, quien reclamó que es escandalosa la dilación que tiene este asunto con Cerisola. Recordemos que Bardón fue su vicerrectora, y, ya rectora, en junio de 2014 lo nombró provisoriamente, por decreto, director de YMAD. Nombramiento que se intentó voltear (sin éxito: YMAD se opuso y nada se pudo hacer) y que vence en pocas semanas más. ¿Lo elegirá de nuevo?
El nudo sigue firmemente atado. Cerisola hizo saber a través de su abogada, Silvia Peyracchia, que está “ansioso” por declarar y defenderse. Sacca rechazó cualquier imputación posible y dijo que todo se hizo en base a normas de control internas y externas. Lo cierto es que el juez Poviña está en la antesala de la causa que, en caso de ir a juicio, será jugosísima, si se atienden los detalles de la compleja pesquisa que hizo el fiscal federal Carlos Brito. Además de investigar presuntas irregularidades en 18 obras encaradas por construcciones universitarias -proceso en el cual Cerisola hizo que el área de Olga Cudmani dependiera directamente de él- se analizó especialmente lo sucedido con la ampliación de la Facultad de Derecho y la reconstrucción del anfiteatro que se derrumbó en Filosofía y Letras. “Los contratos fueron asignados arbitrariamente. No hubo transparencia en los procedimientos y se eludió todo mecanismo diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de la razonabilidad, la eficiencia, la transparencia, la publicidad y la responsabilidad”, djo Brito. Por ejemplo, la empresa Beton SRL que hizo la remodelación de Derecho pidió que se le pague $217.800 por 19 meses de alquiler de una cochera por calle Laprida y la Universidad, sin dar razones, decidió pagarle por 26 meses y un 37% más. En la obra de Filosofía y Letras, “sin que se justifique, se autoriza, mediante una simple indicación manuscrita, a que la directora de Construcciones... llame a licitación privada sin presupuesto previo, sin conocer el monto que insumirá la obra”.
La causa ambiental duerme
La Justicia federal parece haber comenzado a moverse en este escándalo. Sin embargo, el denunciante de esta causa, Ramón Eudal, acaba de advertir que esta diligencia de la Justicia es una “cortina de humo para ocultar el verdadero problema”, que es la denuncia por contaminación que hizo contra la Minera Alumbrera (carta de lectores “La causa YMAD-UNT”, 21/3), que “duerme en los cajones de la Justicia Federal”. Efectivamente, esta causa se vincula con la que hizo hace 15 años el ex director de Medio Ambiente de la provincia, Juan Antonio González, quien afirma que la minera no tiene certificado de aptitud ambiental definitivo ni en el electroducto, ni en el mineraloducto, ni en la planta de filtrado y secado de Ranchillos; y ha planteado dudas sobre el volcado de efluentes en el río Salí. El que empujó las investigaciones ha sido el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, a raíz de lo cual fue procesado en 2008 el ex directivo de la minera Julián Rooney. Este fue citado por Poviña a declarar, hace unos días, ocho años después del procesamiento, junto a Raúl Mentz y Michael Holmes. La empresa minera dijo (LA GACETA, 2/3) que cumplió con los requerimientos de las leyes y que tanto la UNT como la universidad de Santiago del Estero “han realizado durante años monitoreos externos sobre la calidad del agua de descarga y en el medio receptor y los resultados están en línea con las exigencias de la legislación de Tucumán”.
Pero a la minera la ensombrece la mancha de su actividad a cielo abierto, que genera controversias en todas partes y pánico por las consecuencias de la falta de control (actualmente conmociona el escándalo por el derrame de cianuro de la minera Barrick Gold en el complejo Veladero de San Juan). Ni siquiera los informes universitarios acallan los miedos, porque tanto la UNT como la de Santiago han recibido las regalías. De las 40 casas de altos estudios del país, sólo se opusieron a recibir dinero de la minería las universidades de Córdoba, de Río Cuarto y de Luján (Página/12, 19/12/09), y una quincena de facultades en el país. La universidad tucumana quedó fuera de la posibilidad de ser independiente en esta cuestión hace muchísimos años. Y el fiscal Gómez, que ha dicho que en el Norte “hay delito ambiental para hacer dulce” (La Nación, 11/3/12) sostiene que detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y que por lo general es el propio Estado el que presiona contra las investigaciones. En su opinión, sólo se puede vencer la impunidad cuando es el mismo Estado el que toma la decisión o bien con fuerte participación popular. Si no, la Justicia va boyando sin resolver, sin condenar ni absolver, como ha ocurrido en esta causa, que Eudal señala como la madre de todas.
Dilemas kantianos
El Consejo Superior también está boyando. El martes va a debatir si la UNT se constituirá en querellante, no sólo por el escándalo de las irregularidades en las obras, sino porque -como se señaló el martes pasado- en la investigación administrativa que hizo la misma UNT sobre el manejo de la plata de la minería se ha detectado que hay mucho daño patrimonial. Pero se trata de varios dilemas kantianos. Uno -el de la ética para hacer obras con fondos cuyo origen ha sido cuestionado- ya fue superado el día en que se empezó a recibir ese dinero. Otro es cómo se podría encarar ser querellante en las causas judiciales, siendo que varios sectores de la misma universidad han sido parte en esas presuntas irregularidades. Otro, cómo convencer a las otras universidades de que no les correspondía aún recibir ese dinero. Y todo esto ocurre ahora, cuando ya ha comenzado a discutirse el fin de mina: La Alumbrera ya está preparando las valijas para irse a otra parte, todo lo cual le da tintes absurdos a esta pelea del Consejo Superior: es que el nudo gordiano no se deja desatar por ningún lado.
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