21 Marzo 2016
CONFLICTO. La Bancaria se manifiesta frente a la sede central de la Caja Popular, en una imagen de 2013. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
El prolongado conflicto entre las autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y la Asociación Bancaria le costará al Estado provincial $ 12,5 millones. Ese monto es la suma de las indemnizaciones que acordó pagar la entidad crediticia a los 33 empleados que había cesanteado en 2013 en medio de la disputa con el gremio. A cambio, los trabajadores se comprometieron a poner fin al reclamo judicial iniciado tras los despidos.
El convenio es fruto del acercamiento entre la CPA, conducida por Armando Cortalezzi, y el sindicato, que comenzó a tomar forma con la llegada de Juan Manzur a la gobernación. En diciembre, los mismos agentes, que habían sido reincorporados como contratados a partir de una cautelar dictada por la Justicia Federal, fueron nombrados en planta permanente.
Las compensaciones en efectivo oscilan entre los $ 116.000 y los $ 684.000, de acuerdo al tiempo que duró la “discontinuidad laboral” de cada trabajador (entre 11 y 31 meses). Los ex cesanteados, por su parte, acordaron desistir en el reclamo iniciado ante la Cámara Nacional del Trabajo. El acuerdo fue firmado por el gerente general de la Caja, Luis Gómez Salas, y por el secretario general de la Asociación Bancaria, el legislador Eduardo Bourlé.
LA GACETA intentó, desde el lunes, comunicarse infructuosamente con Cortalezzi y con Bourlé para consultarles sobre el convenio.
Una pelea prolongada
El conflicto entre la CPA y el sindicato liderado por Bourlé comenzó en septiembre de 2012, a raíz de una disputa por el manejo del Club Caja Popular. Recrudeció a partir del mes siguiente, tras la renuncia del entonces interventor Eduardo El Eter y la llegada de Cortalezzi.
En paralelo, el entonces gobernador José Alperovich impulsó una ley mediante la cual el Poder Ejecutivo (PE) canjeó por Letras del Tesoro de la Provincia $ 172 millones del Fondo de Garantías de la Caja. La Bancaria denunció que la medida buscaba desfinanciar a la entidad crediticia, y comenzó a realizar medidas de fuerza.
Entre enero y agosto de 2013, las autoridades de la CPA decidieron no renovar los contratos de 33 empleados. Según denunció en ese momento la entidad gremial, las cesantías estaban motivadas por la afiliación de esos empleados en el gremio y su participación en protestas contra la conducción de la Caja.
Esa decisión, sumada a la represión efectuada durante una manifestación de los bancarios en marzo de ese año, provocaron la nacionalización del conflicto. En julio de 2014, la Sala 6 de la Cámara Nacional Laboral, integrada por los jueces Juan Carlos Fernández Madrid y Luis Raffaghelli, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Bancaria, y ordenó la reincorporación de los empleados cesanteados por la Caja Popular de Ahorros.
A fines del año pasado, luego de un año y medio de trámite judicial, las partes comenzaron a acercar posiciones. La primera medida fue la titularización de los agentes cesanteados.
El convenio es fruto del acercamiento entre la CPA, conducida por Armando Cortalezzi, y el sindicato, que comenzó a tomar forma con la llegada de Juan Manzur a la gobernación. En diciembre, los mismos agentes, que habían sido reincorporados como contratados a partir de una cautelar dictada por la Justicia Federal, fueron nombrados en planta permanente.
Las compensaciones en efectivo oscilan entre los $ 116.000 y los $ 684.000, de acuerdo al tiempo que duró la “discontinuidad laboral” de cada trabajador (entre 11 y 31 meses). Los ex cesanteados, por su parte, acordaron desistir en el reclamo iniciado ante la Cámara Nacional del Trabajo. El acuerdo fue firmado por el gerente general de la Caja, Luis Gómez Salas, y por el secretario general de la Asociación Bancaria, el legislador Eduardo Bourlé.
LA GACETA intentó, desde el lunes, comunicarse infructuosamente con Cortalezzi y con Bourlé para consultarles sobre el convenio.
Una pelea prolongada
El conflicto entre la CPA y el sindicato liderado por Bourlé comenzó en septiembre de 2012, a raíz de una disputa por el manejo del Club Caja Popular. Recrudeció a partir del mes siguiente, tras la renuncia del entonces interventor Eduardo El Eter y la llegada de Cortalezzi.
En paralelo, el entonces gobernador José Alperovich impulsó una ley mediante la cual el Poder Ejecutivo (PE) canjeó por Letras del Tesoro de la Provincia $ 172 millones del Fondo de Garantías de la Caja. La Bancaria denunció que la medida buscaba desfinanciar a la entidad crediticia, y comenzó a realizar medidas de fuerza.
Entre enero y agosto de 2013, las autoridades de la CPA decidieron no renovar los contratos de 33 empleados. Según denunció en ese momento la entidad gremial, las cesantías estaban motivadas por la afiliación de esos empleados en el gremio y su participación en protestas contra la conducción de la Caja.
Esa decisión, sumada a la represión efectuada durante una manifestación de los bancarios en marzo de ese año, provocaron la nacionalización del conflicto. En julio de 2014, la Sala 6 de la Cámara Nacional Laboral, integrada por los jueces Juan Carlos Fernández Madrid y Luis Raffaghelli, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Bancaria, y ordenó la reincorporación de los empleados cesanteados por la Caja Popular de Ahorros.
A fines del año pasado, luego de un año y medio de trámite judicial, las partes comenzaron a acercar posiciones. La primera medida fue la titularización de los agentes cesanteados.
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