Seguridad: modelo para armar
El enojo del intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, a propósito de las quejas vecinales por la inseguridad en Lomas de Tafí muestran el brete en que se están metiendo los jefes municipales en un asunto que les es ajeno. “No hemos disminuido la presencia policial en Lomas de Tafí. Incluso la hemos reforzado”, dijo, ante las aseveraciones de un agente de que sólo hay tres policías por turno para proteger a 5.000 habitantes de ese megabarrio. “Estoy preocupado por la seguridad de los vecinos. Incluso voy personalmente al barrio. Yo pongo la cara y el pecho”, recalcó. Pero el barrio igual está conmocionado. Luego de que la semana pasada dos familias sufrieran un asalto y un escruche, respectivamente, ayer hubo una concentración vecinal en reclamo.

La idea de que la seguridad es también un problema municipal ya viene desde hace tiempo. Hace tres años, Monteros ofreció a la Policía poner empleados de la intendencia a colaborar en el centro de monitoreo de cámaras de vigilancia. Las Talitas montó en 2014 una especie de guardia urbana que duró unos cuantos meses y ahora tiene como asesor un comisario retirado, hermano del intendente. La Banda del Río Salí ha dispuesto 100 empleados para recorrer las calles céntricas, y seis autos para patrullaje, en cada uno de los cuales circula un policía de la Regional Este con dos municipales. “El centro de La Banda está más tranquilo”, dice el comisario Luis Pereyra, jefe de la Regional, pero reniega con los asaltos a motociclistas en el río Salí, Alderetes, El Chañar y La Florida. Él sostiene que esos ataques han disminuido, pero también reconoce que tiene menos hombres porque le sacaron 23 policías de la desarmada Brigada Este, que fueron a engrosar el sistema de emergencias 911 capitalino.

Tafí Viejo también ha sido pionera en la municipalización ad hoc de servicios de seguridad. Hace un año y medio el ex intendente Javier Pucharras hizo una oficina de seguridad, contrató al ex subjefe de la Policía, Víctor Hugo Sánchez, preparó 60 hombres y puso autos a patrullar en coordinación con la Policía. Pucharras, que defendió lo sucedido en su gestión como intendente (dijo que bajó la cifra de arrebatos), se mostró preocupado, ya como legislador y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, para que se convoque a todos los estamentos de la comunidad para debatir el tema. Eso fue en octubre. Entonces pidió que en este tema se hagan “políticas activas... no reacciones espasmódicas”. Nunca se hizo la convocatoria, pero la Cámara sí se reunió para sancionar leyes de apuro: el 18 de febrero aprobó sin debate una reforma express del Código Procesal Penal, pedida por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, en Tafí Viejo el intendente Noguera es quien ahora debe dar la cara y la inseguridad se le está viniendo encima.

En Yerba Buena se están dando también fuertes sacudidas con los arrebatos y los escruches. Quieren hacer una oficina de seguridad, una guardia urbana y mientras se discuten siete proyectos municipales el intendente Mariano Campero acordó con el secretario de Seguridad de la Provincia, Paul Hofer, que se repararán dos comisarías y se hará operativos en los accesos. Hofer aplaudió que los municipales se hagan cargo de las custodias en las escuelas. Con 30 motociclistas, cuatro camionetas y siete autos policiales no les alcanza.

Habrá que ver cuánto pasará hasta que a Campero empiece a ocurrirle lo de Noguera, es decir que le caigan encima las protestas por la inseguridad. Y tendrá que poner “la cara y el pecho”. Pero la respuesta seguirá siendo policial, como acaba de ocurrir en Los Aguirre. Tuvieron que hacer marchas de protesta los vecinos porque ahí también hay motociclistas al acecho que encañonan a motociclistas para robarles sus vehículos. El segundo jefe de la Unidad Regional Oeste, Julio López, les prometió dos motociclistas y dos patrulleros del 911. Claro que en Los Aguirre el asunto es casi terminal: una construcción de 80 años que se cae a pedazos, sin teléfono y con dos policías de guardia, sin vehículo. La solución del subjefe de la URO es tan precaria como los operativos anunciados por el 911 hace dos semanas en Villa Urquiza y Villa 9 de Julio contra los motoarrebatadores: anteayer el joven Kevin Espinoza fue baleado por un motoasaltante que quería llevarse la cartera de una estudiante en Laprida y Chile. Esa esquina había sido centro del operativo “de pacificación” del 911. Pero no está pacificada.

En Concepción, el intendente está en duda acerca de crear o no una secretaría de seguridad, y ha pensado para la tarea en un ex jefe policial oriundo de la ciudad. Pero es complicado hacerse cargo. Es que ya la Municipalidad quedaría en absoluta soledad con el problema de la delincuencia que, al decir de los vecinos autoconvocados, está desbordada y reina en las calles. “Estamos peor que antes. Ahora no podemos caminar por las veredas porque nos asaltan”, cuenta la doctora Adriana Bueno. Agrega que los padres hacen de remiseros para llevar a sus hijos a donde vayan, que se reúnen en grupos para salir y que “a la gente le roban la moto y en la comisaría le dicen quién la puede tener. Los conocen a todos y están sueltos. No hay policía y no hay justicia. Los vecinos se defienden solos, apaleando a los arrebatadores cuando los atrapan”, describe. Tremendo.

Los funcionarios del Ejecutivo reconocen que ha habido un incremento de la violencia. Los fiscales dicen que los arrebatadores han perdido toda inhibición para actuar donde y cuando sea. El ministro de Seguridad, Regino Amado, sólo espera que se modifique el Código Procesal Penal (el mismo al que se le acaba de hacer una reforma express) “para ponerle un freno a la delincuencia”. El secretario Hofer, que atribuye la audacia de los delincuentes a las drogas, sostiene que “los índices delictivos se mueven según la fluctuación económica del país” y que estamos viviendo momentos difíciles. Por lo demás, ministro y secretario aseguran que hacen falta 3.000 policías más.

Pero lo cierto es que ante cada protesta por inseguridad, desde hace años, la única respuesta ha sido la de hacer operativos de pacificación y jurar que en el 911 está la panacea de la seguridad. Esta superestructura ha desangrado otras áreas: se despoblaron las comisarías, se cerraron las brigadas Norte y Este, y en la de la capital acaban de desplazar al subjefe, el comisario Miguel Gómez, por haber planteado el déficit estructural en el edificio, en la capacitación y en la asignación de recursos.

Mientras tanto, los patrulleros del 911 pasean por la capital como si estuvieran fuera de la realidad. Responden a las llamadas, pero el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, acaba de descubrir que el 911 ignora los protocolos a seguir en casos criminales (no protege la escena) y en dos casos recientes se vio evidente negligencia en esa tarea: cuando no se preservó el cuerpo del delincuente muerto en el parque Avellaneda y cuando no se recogió el bisturí manchado con sangre con el que fue atacada una joven embarazada en Villa Muñecas. Lo que el ministro fiscal ignora es que ningún policía sigue protocolos. No tiene cómo hacerlo. “¿Cómo vamos a preservar la escena de un accidente si no tenemos teléfono, vehículo, cintas ni conos? Vamos en nuestras motos particulares y preservamos con piedras”, dice un agente de Los Aguirre. Otra perla del sistema de emergencias: en estos días se reunieron, preocupados, el ministro Fiscal y el fiscal federal general, Antonio Gómez, por las llamadas falsas al 911. Sin embargo, ya en octubre de 2013, cuando se lanzó el sistema de llamadas, el entonces ministro Jorge Gaseenbauer decía que el 50% de las llamadas eran de bromistas y que los tenían identificados. Dos años después volvemos a descubrir el problema.

Mientras la policía da vueltas alrededor de sí misma con su respuesta única para todos los problemas y todos sus agentes se ofrecen como vigilantes del servicio adicional en una sociedad que se siente amenazada y atacada, la gente ya reacciona por sí misma. Hacen grupos de autodefensa. “Los linchamientos no salen en los diarios pero siempre golpean a los asaltantes cuando los atrapan”, dice Adriana Bueno. Hacen protestas. Y ahora se expande la seguridad municipal. Pero nunca se han analizado las causas ni se ha estudiado los datos, ni se ha pensado en las razones por las que ha fracasado la respuesta policial. Es que este modelo prehistórico está aún para armar.

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