14 Marzo 2016
Cristóbal López le debe $ 8.000 millones a la AFIP
Durante cuatro años retuvo el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de nafta que vendía Oil combustibles. Según una investigación publicada en La Nación, el empresario expandió sus empresas a través de una maniobra de evasión. Lazos con la familia Kirchner.
EN ADOLFO DE LA VEGA AL 400. Cristóbal López había abierto en 2005 un local con 300 maquinitas en el oeste de la ciudad; debió cerrar en 2007. la gaceta / foto de juan pablo sanchez noli (archivo)
Durante los últimos cuatro años del gobierno kirchnerista, el empresario Cristóbal López acumuló una deuda de $ 8.000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según una investigación publicada por La Nación.
De los balances de la empresa Oil Combustibles, surge que López no le pagó a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). “Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo”, señala la investigación.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas (grupo Indalo). Según el material analizado, se desprende que el crecimiento del “empresario de las maquinitas” no fue por las ganancias derivadas del juego, sino por la evasión impositiva.
Para que esto fuera posible, la AFIP le permitió acumular esa deuda. “Luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago”, consigna la investigación, que también detalla las relaciones cruzadas entre López y la familia Kirchner. Por ejemplo, dice que López le alquiló a los Kirchner dos departamentos, una oficina y cinco cocheras. También le giró fondos desde su hotel, El Retorno (Bariloche) hacia el hotel que la familia presidencial tiene en Santa Cruz. O, por ejemplo, que Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, actual gobernadora de esa provincia patagónica, es presidenta de Hotesur y trabaja en una de las empresas del grupo de López.
Apenas salió a la luz esto, la diputada por la Coalición Civica-(ARI), Elisa Carrió, anticipó que pedirá a la Justicia que avance en la causa por asociación ilícita contra el empresario Cristóbal López y la familia Kirchner, al sostener que siente “asco moral al ver que la impunidad continúa”.
Carrió tildó de escandalosa la complicidad de Ricardo Echegaray (ex titular de AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, AGN) y los Kirchner con Cristóbal López, que permitió llevar a cabo esta maniobra de evasión al fisco.
Por otra parte, el diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, pidió que se le expropien las empresas a López.
Un desembarco conflictivo, un fracaso comercial
La historia de Cristóbal López en Tucumán duró menos de cuatro años, pero fue lo suficientemente traumática como para no pasar inadvertida.
En 2004, ya en la gestión de gobierno de José Alperovich, la Caja Popular de Ahorros le dio a Casino Club, una de las firmas del empresario, la concesión directa para explotar 1.000 maquinitas. A cambio, López debía donar un centro de convenciones a la Provincia. Sin embargo, lo que parecía un mero trámite se empantanó y terminó en la Justicia.
En diciembre de ese año, una federación ambiental presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se suspendiera la construcción de la sala de juegos en el hipódromo, como lo pretendía Casino Club. La Justicia hizo lugar a la medida cautelar, a la espera de evaluar si las obras tendrían o no un impacto ambiental en el parque 9 de Julio. No obstante, frente a la demora en dilucidarse la cuestión judicial, la Caja Popular autorizó en 2005 a la empresa, en forma provisoria, a explotar 300 tragamonedas (sobre el cupo de 1.000 concesionadas directamente en 2004). Por ello, Casino Club se instaló en un cómodo local ubicado en avenida Adolfo de la Vega 473.
La polémica se había calmado hasta septiembre de 2006, cuando comenzaron a circular las versiones en torno de la permanencia de Casino Club en Tucumán, y el incumplimiento del convenio. Primero se habló de que el centro de convenciones sería construido en un predio contiguo a la sala de juegos. Luego, se mencionó que Casino Club se mudaría a un inmueble céntrico como estrategia comercial y que en su actual emplazamiento se levantaría el salón de eventos. Nada de eso, sin embargo, llegó a concretarse. Un año después, en septiembre de 2007, el propio Alperovich anunció que la empresa dejaría de operar en Tucumán.
Echegaray se defendió
El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclaró a través de sus voceros que durante el proceso penal (N° 8665/2013) se investigó el Plan de Pagos de Oil para financiar sus deudas impositivas, pero el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Romero Ramos, lo sobreseyó y que dicha circunstancia está firme en la Justicia. Además, le contestó a Carrió: “Sería oportuno consultarle a qué causa se refería (dijo que le pediría a la Justicia que avance en las causas por enriquecimiento ilícito) y, sobre todo, si será la misma por la que (Echegaray) ya fue sobreseído”. Los voceros del ex titular de la AFIP y actual presidente de la AGN dijeron que evalúa presentarse a la Justicia “para denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores que actúan como denunciantes crónicos y seriales, para mantenerse con visibilidad en los medios”, en referencia a Carrió.
De los balances de la empresa Oil Combustibles, surge que López no le pagó a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). “Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo”, señala la investigación.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas (grupo Indalo). Según el material analizado, se desprende que el crecimiento del “empresario de las maquinitas” no fue por las ganancias derivadas del juego, sino por la evasión impositiva.
Para que esto fuera posible, la AFIP le permitió acumular esa deuda. “Luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago”, consigna la investigación, que también detalla las relaciones cruzadas entre López y la familia Kirchner. Por ejemplo, dice que López le alquiló a los Kirchner dos departamentos, una oficina y cinco cocheras. También le giró fondos desde su hotel, El Retorno (Bariloche) hacia el hotel que la familia presidencial tiene en Santa Cruz. O, por ejemplo, que Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner, actual gobernadora de esa provincia patagónica, es presidenta de Hotesur y trabaja en una de las empresas del grupo de López.
Apenas salió a la luz esto, la diputada por la Coalición Civica-(ARI), Elisa Carrió, anticipó que pedirá a la Justicia que avance en la causa por asociación ilícita contra el empresario Cristóbal López y la familia Kirchner, al sostener que siente “asco moral al ver que la impunidad continúa”.
Carrió tildó de escandalosa la complicidad de Ricardo Echegaray (ex titular de AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, AGN) y los Kirchner con Cristóbal López, que permitió llevar a cabo esta maniobra de evasión al fisco.
Por otra parte, el diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, pidió que se le expropien las empresas a López.
Un desembarco conflictivo, un fracaso comercial
La historia de Cristóbal López en Tucumán duró menos de cuatro años, pero fue lo suficientemente traumática como para no pasar inadvertida.
En 2004, ya en la gestión de gobierno de José Alperovich, la Caja Popular de Ahorros le dio a Casino Club, una de las firmas del empresario, la concesión directa para explotar 1.000 maquinitas. A cambio, López debía donar un centro de convenciones a la Provincia. Sin embargo, lo que parecía un mero trámite se empantanó y terminó en la Justicia.
En diciembre de ese año, una federación ambiental presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que se suspendiera la construcción de la sala de juegos en el hipódromo, como lo pretendía Casino Club. La Justicia hizo lugar a la medida cautelar, a la espera de evaluar si las obras tendrían o no un impacto ambiental en el parque 9 de Julio. No obstante, frente a la demora en dilucidarse la cuestión judicial, la Caja Popular autorizó en 2005 a la empresa, en forma provisoria, a explotar 300 tragamonedas (sobre el cupo de 1.000 concesionadas directamente en 2004). Por ello, Casino Club se instaló en un cómodo local ubicado en avenida Adolfo de la Vega 473.
La polémica se había calmado hasta septiembre de 2006, cuando comenzaron a circular las versiones en torno de la permanencia de Casino Club en Tucumán, y el incumplimiento del convenio. Primero se habló de que el centro de convenciones sería construido en un predio contiguo a la sala de juegos. Luego, se mencionó que Casino Club se mudaría a un inmueble céntrico como estrategia comercial y que en su actual emplazamiento se levantaría el salón de eventos. Nada de eso, sin embargo, llegó a concretarse. Un año después, en septiembre de 2007, el propio Alperovich anunció que la empresa dejaría de operar en Tucumán.
Echegaray se defendió
El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, aclaró a través de sus voceros que durante el proceso penal (N° 8665/2013) se investigó el Plan de Pagos de Oil para financiar sus deudas impositivas, pero el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Romero Ramos, lo sobreseyó y que dicha circunstancia está firme en la Justicia. Además, le contestó a Carrió: “Sería oportuno consultarle a qué causa se refería (dijo que le pediría a la Justicia que avance en las causas por enriquecimiento ilícito) y, sobre todo, si será la misma por la que (Echegaray) ya fue sobreseído”. Los voceros del ex titular de la AFIP y actual presidente de la AGN dijeron que evalúa presentarse a la Justicia “para denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores que actúan como denunciantes crónicos y seriales, para mantenerse con visibilidad en los medios”, en referencia a Carrió.
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